Libres, pero sin libros: Milei contra la lectura
El 27 de diciembre del (¡ya!) año pasado, entró al Congreso de la Nación la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, famosa Ley Ómnibus que propone el gobierno de Milei. Entre los múltiples puntos que abarca, las diversas leyes que modifica y deroga, se revoca la Ley 25.542, que establece una reglamentación para los precios de venta al público de los libros. Y entre el mareo que producen las más de trescientas páginas del proyecto de Ley, en el que desfilan jueces en toga, privatizaciones de empresas estatales y manicomializaciones de telenovela, vos dirás, ¿qué es esto de los libros y qué me importa? Mabel, vení que te cuento.
PVP: Precio de venta al público
La Ley en cuestión fue promulgada el 8 de enero de 2002 y se desprende de una normativa previa, de mediados de 2001, que es la Ley 25.446, Ley de Fomento del Libro y la Lectura. Esta ley dice que “el Estado nacional reconoce en el libro y la lectura instrumentos idóneos e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura”, es decir, reconoce el rol fundamental de la escritura, la publicación y la producción creativa e intelectual nacional. Además, establece criterios federales para la publicación y promueve que sea la industria editorial y gráfica de nuestro país la que “dé respuesta a los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad”. O sea, producción local, acceso igualitario al libro y promoción de la lectura.
¿Por qué es tan importante una Ley de Precio Uniforme de Venta al Público? Bueno, porque el mercado editorial, como todo mercado, tiene grandes y pequeños productores, y grandes y pequeños intermediarios y comerciantes, y en esa disparidad de escalas, también son dispares las posibilidades de llegada a lxs compradorxs. La norma establece que los precios de venta al público los ponen las editoriales y que son iguales en todos los lugares en los que se vendan los libros. Esto, primero, deja que quienes somos productorxs de libros —las editoriales— y afrontamos los costos de su escritura, edición, corrección, diseño, impresión, difusión y presentación definamos el valor de todo ese trabajo para encarar las inversiones y pagar a quienes realizan toda esa cadena: autorxs, diseñadorxs, maquetadorxs, correctorxs, editorxs, imprenta, distribuidorxs y librerxs.
En segundo lugar, el precio uniforme protege a las librerías medianas y pequeñas frente a las grandes cadenas (ya sea un Ateneo o un hipermercado), que podrían ofrecer descuentos asociados a sus volúmenes de venta y establecer diferencias entre editoriales de mayor tirada y editoriales pequeñas. Así, Las Malas vale lo mismo en Cúspide, en Rubén y en La Hojarasca, y esto vuelve el mercado un poco más equitativo. En tercer lugar, y aquí se juntan todos los universos de la lectura, protege la bibliodiversidad.
UPDH: Un poco de historia
Estas leyes de las que venimos hablando se promulgaron luego de la crisis devastadora que fue resultado de la época de la convertibilidad. En los 90, grandes grupos editoriales españoles bajaron de sus barcos y absorbieron editoriales nacionales. Planeta, el grupo editorial Bertelsmann (Penguin Random House) y PRISA adquieren Emecé, Tusquets, Paidós, Seix Barral, Sudamericana, Santillana, Alfaguara y Aguilar, entre otras. Ante este escenario del país prendido fuego, privatizado, desfinanciado y desregulado —cualquier similitud con la actualidad es puro neoliberalismo—, el mundo del libro se organiza y surgen las leyes que les vengo contando. Sobre todo, esas editoriales independientes que quedaron haciendo la resistencia y procurando la existencia de otros títulos, de otros géneros, de otras lecturas posibles.
Durante los gobiernos kirchneristas de principios de milenio, el mercado del libro se amplió. Las editoriales crecieron en número y variedad, se multiplicaron las publicaciones y los libros llegaron a más hogares. Ahora me pongo un poco Julia Strada y les tiro unos números: según el SINCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina), la cantidad de títulos publicados en nuestro país en el año 2002 fue de 9.560, mientras que en 2015, tras un crecimiento continuo, fue 28.966, ¡más del triple! Si bien las editoriales están concentradas en la CABA, el aumento de las publicaciones se da de forma más o menos pareja en todas las provincias a lo largo del mismo período.
Esto nos da una muestra de un mercado que creció y que entendió la importancia de la bibliodiversidad, palabra que vuelve a aparecer y que nos habla de diversidad de autorxs, géneros, temáticas, lectorxs posibles y formatos. Esto sucede en la convivencia de grandes y pequeños grupos editoriales, pero también con la reivindicación de la soberanía en términos culturales, la patrimonialización de las propias obras y la llegada de los libros a públicos más amplios. ¿Qué pasa si esta convivencia sostenida por un precio uniforme se rompe? Bueno, las editoriales medianas y pequeñas tenemos menos control sobre los valores en la relación costo-beneficio e imprimir se vuelve más difícil, las librerías medianas y pequeñas tienen problemas para sostenerse, y el mercado editorial —que muchas veces entiende el libro solo como una mercancía en una góndola— se bestselleriza, los grandes grupos económicos terminan eligiendo qué se lee, a cuánto se lee y dónde se lee. Cuando esto sucede, se atenta contra las voces locales, desconocidas, minoritarias y lo que nos queda es un grupo de chongos escribiendo narrativa y autoayuda, tristísimo.
NMEMA: Necesitamos más Estado, mi amor
No llama la atención que la propuesta mileísta sobre la cultura siga esta línea de empobrecimiento, embrutecimiento y vaciamiento de las ideas. Esta medida —una forma legal de hacer una quema de libros futuros— aún está en el Congreso siendo tratada con tantas otras y le pega duro a una industria que viene teniendo serios problemas para sostenerse. Durante los últimos dos años, los costos de impresión aumentaron más del 350% fruto de la inflación, la crisis del papel devenida de la pandemia y el oligopolio argentino del papel, que destina que la pasta se usa para hacer cartón corrugado, cada vez más demandado por los e-commerce. El encarecimiento de los costos impacta directamente en los precios de los libros, en las tiradas de impresión que se vuelven más pequeñas y de menor calidad, y en el consumo: con los niveles de pauperización de los salarios, las personas tienen menos posibilidad de comprarlos.
Distintas organizaciones, editorxs, autorxs, librerxs y trabajadorxs del libro venimos manifestando esta inquietud. La derogación de la Ley 25.542 sería una última embestida para esta industria que tambalea. Lo único que puede resultar de este ataque a la bibliodiversidad, además de la pérdida de puestos de trabajo y circuitos económicos de consumo, es un empobrecimiento intelectual, recreativo y educativo. En lugar de menoscabar la industria editorial, necesitamos un Estado para, como versa la Ley de Fomento del Libro y la Lectura: “Incrementar y mejorar la producción editorial nacional”, “preservar y asegurar el patrimonio literario, bibliográfico y documental de la Nación editado o inédito”, “promover el acceso igualitario al libro”, “apoyar a los autores, editores, comercializadores e industriales gráficos del libro”, entre otros. Defender el libro es, también, defender nuestra soberanía creativa y nuestra soberanía de pensamiento.
*Por Vir del Mar para La tinta / Imagen de portada: Volcán Azul.
