Si diez años después se vuelve a quemar, ¿vos qué vas a hacer?
Los nuevos incendios en el departamento de Santa María configuraron el foco más importante en lo que va del año. Diez años atrás, un desastre similar conmovía la misma zona. Continuidades y rupturas en una Córdoba bajo fuego.
En septiembre de 2013, un dólar costaba 9,54 pesos, Cristina Fernández promediaba su segundo mandato presidencial y el renovador Sergio Massa se aprestaba a derrotar al kirchnerismo en las elecciones legislativas. En Córdoba, gobernaba José Manuel de la Sota, las autovías no habían invadido aún las sierras y las ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes) no estaban en la mente de nadie, a pesar de que, ese mes, una serie de incendios arrasó miles de hectáreas en el departamento Santa María.
A diez años, Cristina sigue teniendo un rol importante, pero ya no gobierna; Massa es candidato por el kirchnerismo o lo que de él queda; al delasotismo le siguió la renovación cordobesista y las brigadas forestales comunitarias se configuraron en un actor clave para entender por qué cada año el monte nativo es arrasado por el fuego.
Porque todo cambia, pero algo no: es el mismo monte lo que vuelve a arder una década después.
Todo fuego es político
Papacho habla por teléfono, le urge pasar la posta a una brigada local para salir a pelearle mano a mano a otro foco. Lleva tres días combatiendo la cabeza de fuego en el campo de Amengual, entre Anisacate y José de la Quintana, y aunque el cansancio se siente, no para. Camina de un lado al otro, implora contactos, pide silencio para poder escuchar lo que le dicen del otro lado de la línea. Trackeo, base, logística son palabras que resuenan en el diálogo con sus compañeres y que bien conocidas son en el Refugio Libertad, donde ahora mismo se concentran los brigadistas forestales y donde, el año pasado, 350 hectáreas ardieron de manera intencional. En el recuperado ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana, centro clandestino de detención durante la última dictadura, al día siguiente del siniestro, se encontró la leyenda: «Volvé Videla, el pueblo de bien te perdona».
La galería que asiste al frenético andar de Papacho es la del ex Casino de Oficiales, hoy una de las cinco sedes nacionales de La Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP). Completan el equipo Cecilia y Augusto, de la brigada comunitaria unquillense Chiviquín. Todos ellos pasaron de ser vecinos, en el mejor de los casos, con cierta conciencia ambiental a especialistas del ataque contra el fuego. Una expertise que les permite trazar un análisis más centrado en las causas que en las consecuencias de los fuegos que azotaron la provincia en la última década.
«En quince años, se ha duplicado la cicatriz del fuego; donde hubo fuego, negocios quedan y se empezó a ver que una de las patas del ecocidio eran los incendios, una forma de desmontar abruptamente y hacer negocios de minería, de loteo», señala Cecilia y apunta que «todo ese negocio se empezó a develar en su magnitud cuando las comunidades se dieron cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a organizarse».
Fue en 2020 cuando toda Córdoba ardió y surgió el fenómeno de los brigadistas, vecines que se hartaron de ver cómo el monte sucumbía ante la voracidad capitalista se organizaron. «Las instituciones estatales no estaban dando una respuesta a esta situación -historiza Augusto-, la gente veía cuerpos de bomberos esperando bajo una loma, viendo cómo se quemaba, situación que nos pasó en este incidente el lunes. Ya no da que se queme ni un poco más». El brigadista señala entonces que «la mayor tarea que tenemos es política y social. ¿Qué vamos a hacer con el territorio? ¿Vamos a dejar que se queme?».
Cecilia aporta claridad: «Después de las quemas, vienen las modificaciones en el uso de suelo. El fuego no se está utilizando para hacer renovales de pasturas como hace 50 años, sino para reventar lo poco que queda y avanzar con una idea de progreso muchas veces disfrazada de ecosustentable». La integrante de Chiviquín asegura que «sucedían los incendios, pero esta forma se amplificó y, al organizarse la comunidad, se notó la envergadura; las ETAC se formaron a raíz de esta respuesta de las comunidades». Desde las brigadas nacidas de aquellos fuegos pandémicos, señalan: «Tenemos un montón de problemas con toda esta gente porque claramente son personas que van a ser funcionales a la quema, han creado hasta cuerpos para sostener esta quema a nivel institucional». Su compañero marca como recurrencias la inacción judicial, el discurso sobre la responsabilidad individual y la reiteración de focos en zonas específicas del territorio. «Una de las causas de la recurrencia de incendios en Córdoba son los basurales a cielo abierto. Y por otro lado, por ejemplo, en la zona del río Panaholma, este año se quemó lo que había quedado sin quemar entre dos manchas de fuego del año pasado. O la traza de la autovía, que se quema constantemente», insiste.
Desplazamientos de pueblos originarios, una emergencia agropecuaria que favorece al agronegocio y el extractivismo de recursos completan el combo. «Todo es de acuerdo al negocio. El Estado es responsable y cómplice de un sistema judicial que no condena a los responsables», cierra la brigadista.
Mapa de calor
Una serie de gráficos producidos por la Asamblea Paravachasca permite ver la tragedia del fuego del 2020 en la zona, el mapa de brigadas forestales articuladas en red y los focos de calor en el departamento Santa María de 2011 a 2020. Es un mapa en lamentable desactualización, dado que el fuego suma hectáreas devastadas cada año. El último incendio de 2023 en Loma Alta, Potrero de Garay, quemó unas dos mil hectáreas. Este agosto, con temperaturas superiores a 30 grados, también se registraron focos en el oeste de Alta Gracia, en La Rancherita, Villa Los Aromos y José de la Quintana.
Codicia que mueve fronteras
Con la brigada, Juan Spicogna comparte el espíritu de trabajo, pero critica una lógica de organización «castrense». Docente e investigador, es referente de Jardineres sin Fronteras, una organización que se ocupa de la gestión de espacios verdes, de tareas de remediación y del aprovechamiento de energías renovables, entre otras tareas. Consultado para esta nota, señala: «Existe un mecanismo profuso y difuso entre el interés de dominación del ambiente serrano y la codicia, con modelados urbanos en la zona serrana que tienen que ver con los caminos y la extracción de la superficie». Otros males que afectan hoy al monte nativo son la ganadería extensiva, la extensión de la frontera inmobiliaria y el cambio de uso de suelo, «un cambio de uso de suelo no necesariamente enlazado a lo político-administrativo, sino a las prácticas sociales», dice y ejemplifica: «Si yo tengo una bajada al río que tiene bosque, esa bajada al río es de dominio público, de turismo de fin de semana, de recreación, disfrute… pero si el territorio está quemado, avasallado, detonado, no queda en dominio público, queda a merced de quien le saca provecho».
Spicogna asegura que «esto se ha concentrado porque ha disminuido la superficie de acceso al uso; en estos últimos diez años, lo que ha pasado es que se ha incrementado la codicia, disminuyó la superficie a causa del crecimiento del fuego y entonces la superficie de bosque de interés público ha quedado muy acotada. Hay una frontera de codicia por un lado y otra asociada a la necesidad, a la demanda, y el sistema ecológico vive esa tensión con un trauma concreto como es el fuego«.
Destaca el rol de las brigadas en tanto «grupos sociales que también son parte intrínseca de la trama que ocupa el bosque en las sierras y que se organizan», explica que con el modelo de brigada comparte el principio de protección, pero no los cómo. «Soy crítico del modelo que las brigadas bajan y, de alguna manera, están copiando doctrinas castrenses en la regulación de los grupos en el dominio de las prácticas y creo que por ahí hacen agua en función de que diluyen los esfuerzos materiales del trabajo comunitario por absorber doctrinas castrenses. Creo que habría que pensar en otro modelo de gestión grupal y de gestión de manejo del fuego. Esa es, me parece, parte de la matriz filosófica-política que hay que discutir y por qué el fuego avanzó y tiene una lógica de permanencia en los territorios, se está engordando al mecanismo de recurrencia de incendios en las sierras de Córdoba. Con esta recurrencia, el bosque se ve degradado en su calidad; sigue vigente, pero con menos riqueza y volumen de materia orgánica», detalla.
Muchos mitos
A los incendios forestales los sobrevuelan no sólo hidrantes. Hay varios mitos revoloteando alrededor, algunos fogonazos desde el mismo Estado. Para empezar, la existencia de «temporada de incendios», si bien hay épocas del año de indudables condiciones de sequedad y vientos propicias para estos fenómenos, no son los incendios episodios que ocurren de manera regular en los mismos tiempos y espacios, como podría ser una temporada de monzones.
Otro mito está anclado en la intencionalidad de casi todos los focos que se registran en Córdoba. Los dos mitos se anulan entre sí, porque si hay intencionalidad, no hay «temporada» y viceversa. Y un tercer mito abreva en la responsabilidad individual y, especialmente, en la práctica serrana de quemar campos para mejorar las pasturas. En esa, el puestero pobre suele ser el que paga el pato, sospechoso sólo por serrano.
«Una década de desmanejo ambiental deliberado como política de Estado«
Desde su portal Sala de Prensa Ambiental, Daniel Díaz Romero es el periodista cordobés que más sistemáticamente viene alertando sobre las derivas de la problemática en el último tiempo. En esa línea, indica «un contexto de emergencia ambiental a la que los cordobeses hemos llegado después de varias décadas de desidia e inacción, y de políticas deliberadas para el desarrollo inmobiliario y la expansión de la frontera agropecuaria». Con la cancha marcada, insiste en «un desorden territorial absoluto» y en que «falta una política de ordenamiento territorial con participación popular».
«La modificación de la ley de políticas ambientales flexibilizó los estudios de impacto ambiental y la obligación de realizar audiencias públicas. La última década en la provincia está signada por los designios del gobernador Juan Schiaretti, ocho años de aplicación de políticas erráticas donde la cuestión ambiental no tuvo ningún peso», considera.
Díaz Romero no se priva de señalar que «quien estuvo a cargo del Plan Provincial de Manejo del Fuego en esta última década fue Diego Concha, que hoy está aguardando un juicio por violencia de género», y recuerda que el funcionario público «fue apañado hasta el último segundo».
Para el comunicador, «en la figura del gobernador Juan Schiaretti, el Gobierno provincial ha alentado el corrimiento de la frontera agropecuaria en el norte provincial y el Plan Provincial de Manejo del Fuego ordenaba muchas veces a los bomberos voluntarios no actuar en los incendios que se desarrollaban en territorios serranos. La orden que tenían era de proteger solo viviendas y vidas humanas; se dejó que se quemaran miles y miles de hectáreas de bosque nativo en esta década. El desmonte está prohibido por ley, pero, a través del fuego, se sigue desmontando con total impunidad», completa.
«Los incendios forestales son hoy el problema principal que tiene Córdoba en materia ambiental. Hay incendios prácticamente a diario, en muchos casos, no son incendios de grandes dimensiones, son desmontes por goteo. Las políticas de prevención del Estado provincial brillan por su ausencia, uno puede sospechar que es deliberado como política de Estado para favorecer a algunos proyectos e inversiones».
Además de alertar sobre los costos económicos de la lucha contra el fuego -«una hora de combustible de hidrante cuesta 1.400 dólares»-, Díaz Romero destaca el rol de los brigadistas y alerta sobre la existencia de refugiados ambientales. «Los incendios son una verdadera tragedia social para las personas que habitan los territorios y terminan produciendo el fenómeno de refugiados ambientales, gente que pierde su vivienda, su pequeño campo, su cultura y que tienen que migrar a las grandes ciudades porque ya no les queda nada».
«Asistimos a una década de desmanejo ambiental deliberado como política de Estado. Nada ha hecho el Gobierno provincial por mejorar la situación. La pregunta es, tras esta última década, el Gobierno provincial: ¿deja en mejores condiciones los ecosistemas de la provincia? En esta última década, la delincuencia ambiental ha utilizado a los incendios como herramienta y ha crecido de manera exponencial, mientras el gobierno observa, describe y nos cuenta cuántas hectáreas se quemaron», concluye el periodista.
Diez años después
En este septiembre, los hidrantes que sobrevuelan el departamento Santa María durante días ya son parte del paisaje, como el humo y las cenizas. En 2013, escribí esta crónica que daba cuenta del estado de situación en los fuegos del departamento Santa María y cómo se comenzaban a organizar grupos de vecines ocupades en cuidar los territorios en los que viven. A diez años, creció tanto el ecocidio como la conciencia social sobre los incendios.
Mirar para otro lado ya no es una posibilidad. Cuando se vuelva a quemar, ¿vos qué vas a hacer?
*Por Adrián Camerano para La tinta / Imagen de portada: Natalia Roca para Brigada Inchín.
