Metan bala, por favor
El desarrollo de los juicios por los asesinatos de Fernando Báez Sosa y Lucio Dupuy obligan a repensar cómo estamos procesando ciertas situaciones de violencia. ¿Qué vínculos existen entre un hecho aberrante y el deseo, la manifestación y hasta la fantasía colectiva del escarmiento?
Por Gabriel Montali para La tinta
Siete de septiembre de 2022, Santiago del Estero. Un adolescente de trece años ingresa a un predio de canchas de fútbol 5 para robar cualquier objeto de valor, lo que encuentre, lo que sea, cualquier cosa que pueda trasportar al otro lado de la tapia que da a la calle y a la que fue ayudado a treparse por un grupo de amigos. El chico no sabe, no puede saber, que el predio está custodiado por un perro, aparentemente un pitbull o una cruza de pitbull, según los informes de la policía. El animal frustra el robo y no le da tiempo a huir. Es un segundo y el ataque del perro le provoca fracturas en una pierna y un severo traumatismo de cráneo.
Te pudo pasar a vos cuando cruzaste a la casa de aquel vecino para buscar la pelota. Pero este pibe andaba en otras travesuras y a eso no lo perdonan ni los perros guardianes ni las redes sociales, que tienen una íntima conexión a juzgar por lo mucho que los comentaristas se preocuparon, por supuesto, por la salud del perro: “¿Cómo se encuentra el perrito?”, “seguro que ahora lo sacrifican al pobre animal”, “¿Qué otra cosa iba a hacer, quedarse quieto? Si estaba defendiendo a su familia”, “actuó en legítima defensa”, “¿Qué tenía que hacer ahí ese delincuente? Que se joda”, “estamos hartos de las ratas”, “las basuras que roban siguen sueltas”, “un premio para el perro, lo felicito, así ese negro aprende de una vez por todas a trabajar”.
Los comentarios en las noticias sobre los asesinatos de Fernando Báez Sosa y Lucio Dupuy, los últimos casos de crímenes que, por sus condiciones aberrantes, ganaron una enorme centralidad pública, no fueron ni son demasiado diferentes. Hay un mismo tono general y sostenido: “Ojalá que los caguen a palos”, “que les rompan el orto en un pabellón común”, “que las maten”, “que se pudran en la cárcel”, “habría que eliminarlas”, “no deberían ir a juicio, sino sufrir ojo por ojo, porque esos seres degenerados merecen morir”.
Todo crimen aberrante –repetimos: ABERRANTE, para evitar cualquier índice señalador– exige una pena acorde a lo prescripto por la ley. Pero las demandas de escarmiento público, ¿acaso no expresan algo más que un deseo de justicia? Imaginemos que alguien abre sus redes para escribir uno de esos mensajes, ¿qué nos dice ese acto? ¿Qué tipo de modelo de sociedad se manifiesta en esos reclamos? Entre el crimen y la exigencia de que el asesino también sufra un castigo aberrante, ¿acaso no hay un punto o una lógica en común? Más allá de que, de un lado, tengamos hechos concretos y, del otro, fantaseos o bien discursos que no necesariamente implican un pase a la acción, aunque suelan celebrar cuando un tercero concreta sus aspiraciones, como en los casos en los que un asaltante es asesinado durante un robo.
En otras palabras, si la violencia obliga a la pregunta sobre qué es lo que lleva a una persona o a un grupo de personas a cometer un asesinato, lo sucedido en estos días agrega otra inquietud: ¿cómo llegamos a convertirnos en una emulación de la turba que festejaba los linchamientos en las plazas públicas de la edad media?
Narrativas polarizantes
Un primer elemento que destaca en las coberturas de estos casos es la apelación a la figura de la monstruosidad, que reduce los hechos, los simplifica y, en general, enfatiza en sus dimensiones morbosas, todo ello para beneficio de la cooptación de audiencia. Criticar la construcción de esa figura no implica desconocer que las personas somos capaces de cometer actos monstruosos, sea cual sea nuestra condición de clase, etnia o género. Al contrario, implica reconocer que la violencia, incluso la que es ejercida de manera individual, siempre ocurre en diálogo con un contexto: una sociedad, una historia, un sistema político, una cultura, un tipo de Estado, etcétera. De modo que si nuestro interés es evitar la repetición de esos actos, el desafío es analizar qué telón de fondo hay detrás de sus perpetradores, qué hay más allá de sus conductas.
Para Gabriela Bard Wigdor, doctora en estudios de género e investigadora del Conicet, el problema de esa categoría es que nos impide, precisamente, trazar un puente hacia el contexto. En un caso como el de Fernando, por ejemplo, hay toda construcción polarizante entre víctimas y villanos que deja en segundo plano los componentes étnicos y cierta manera de ejercer la masculinidad, que no es “la masculinidad en sí”, sino “el modo en que se la construye”, precisa la investigadora.
En sus palabras: “Creo que estos chicos ejercían la típica violencia entre varones, porque en las peleas, en las golpizas, en las palizas, se está haciendo masculinidad viril, se está mostrando que se tiene potencia. Todo ello anudado a la situación de que Fernando era un pibe marrón o de color, es decir, un chico que, en el lenguaje de la academia, podríamos decir que no estaba blanquizado. Pero, al mismo tiempo, hay una paradoja, porque desde ciertos medios se presenta a estos chicos como enfermos mentales o locos, ocultando que, en el deporte que practicaban, el rugby, en sus formas de tramitar las relaciones sociales, plantea un cruce entre raza, clase y género que construye un ideal de cómo debe hacerse la masculinidad”.
Otro problema de la figura del monstruo es la doble vara: a veces los roles se invierten y los culpables del crimen son presentados como víctimas mientras que, para la verdadera víctima, no hay ninguna conmiseración. “Es curioso, pero pareciera que, para poder duelar a alguien, la víctima tiene que ser una persona que cumpla con los requisitos de lo que se considera como un buen ciudadano”, afirma Bard Wigdor. Y agrega: “¿Qué hubiera pasado si Fernando no estudiaba o si hubiera sido un pibe que estaba cartoneando en la zona, o si el hecho se hubiera producido en un intento de robo? ¿Cuál hubiera sido la cobertura en ese caso? Las personas que se escandalizan por lo que hicieron los rugbiers, ¿se escandalizan cuando sus vecinos matan a patadas a un pibe por robar un celular?”.
Lo que manifiesta en esos casos, a criterio de la especialista, es que hay vidas que valen menos que otras y que, por ello, merecen menos contemplación, menos atención y, claro está, menos derechos. Se trata de una perspectiva que suele emerger en las coberturas y en las repercusiones de los femicidios. “Allí siempre tratan de culpar a la víctima, de revictimizarla diciendo que es la chica que salía a los boliches, que se vestía de determinada manera. Siempre construyendo la figura de la puta por oposición a la buena mujer, con el fin de generar la sensación de que, tal vez, la víctima se lo merecía. Cuando, en realidad, nadie se merece la muerte. No importa si quiere o no quiere estudiar, o si está o no está robando, porque nadie tiene derecho a tomar la vida de nadie”.
En ese sentido, la figura de la monstruosidad tuvo un protagonismo paradójico en los comentarios sobre el asesinato de Lucio Dupuy. Aun cuando la Justicia desestimó el concepto de “odio de género”, por considerar que el caso no remite a un crimen perpetrado por odio hacia otra persona en razón de su identidad sexual, sino a un episodio de violencia contra la niñez, abundaron los relatos que intentaron forzar esa lectura. De acuerdo con Bard Wigdor: “No es casual que ellas sean lesbianas y que produzcan todo ese sentimiento de bronca en la gente. Hay toda una construcción de monstruosidad sobre las feministas que, justamente en el caso de Lucio, las asesinas cumplen a la perfección, porque se las puede encajar en el estereotipo de la mala feminista, la abortera, la mataniños, la que representa lugares de peligrosidad de los que debemos mantenernos ajenos. Eso es querer forzar un discurso de odio hacia este sector de la sexodisidencia”.
El abordaje, sin embargo, obliga a la pregunta contrafáctica: supongamos que, en algún momento, somos testigos de un caso de violencia de género al revés, con una mujer como protagonista, un caso que merecería repudios por parte del feminismo porque el “ojo por ojo” no está en la base de sus propuestas. Ese acto, entonces, ¿invalidaría un reclamo que no apunta a otra cosa más que a la igualdad, a promover vínculos más equitativos y democráticos entre los géneros?
Ladrá, ladrá y mordé
Para Luis García, doctor en filosofía, también investigador del Conicet y coordinador del libro de ensayos titulado La babel del odio (2021), esta clase de expresiones conllevan una tercera problemática: la utopía del chivo expiatorio, es decir, la fantasía de que solo determinados sujetos son capaces de cometer ciertos actos a punto tal que, al ser responsabilidad de individuos específicos y al no tener ningún vínculo de contexto, suprimidos esos actores, la sociedad ya no tendría de qué preocuparse. En sus palabras, esta clase de discursos tiende a “reducir la complejidad de las causas de la violencia circulante, desviándolas en dirección a un grupo social señalado como causa irreal, pero bien visible y reconocible por la sociedad, porque justamente se trata de un grupo o clase o partido que ha sido objeto histórico de estigmatización”.
En cuanto al asesinato de Báez Sosa, García además sugiere otros elementos de contexto para pensar tanto el crimen como sus repercusiones: la consolidación de los discursos de odio, el creciente descontento social frente a la precarización de las formas de vida –sobre todo, de los jóvenes–, la crisis del modelo de sociedad neoliberal y el modo en que las extremas derechas están capitalizando dicho contexto. Según el investigador: “Creo que el asesinato de Báez Sosa podría ser situado en el infeliz encuentro entre dos historias de la violencia, una de larga data y otra más reciente. La de larga data refiere a la historia de la violencia patriarcal-masculinista, clasista y racista que eclosiona de manera muy visible en este caso. Y la historia más reciente, que acaso sea el principal promotor de las actuales manifestaciones políticas del odio como pasión pública, es la historia de la emergencia de una nueva derecha neoliberal radicalmente reaccionaria en su agenda social y cultural. Este neoliberalismo, que ya no oculta su distancia cada vez mayor de la democracia, está funcionando como el gran habilitador de estas violencias al interior de nuestras sociedades, llevando las contradicciones de un capitalismo en crisis hacia escenarios anómicos de guerra civil”.
Quizás la expresión más evidente de esta radicalización de los ánimos esté en el discurso punitivista. Aquí puede observarse la transversalidad de los fenómenos ligados a la violencia y su pregnancia en distintos sectores sociales. En los posteos sobre el asesinato de Báez Sosa, por ejemplo, también pueden observarse comentarios que despliegan una suerte de punitivismo progresista. La abogada Claudia Cesaroni lo definió en estos días como “un seudo punitivismo clasista que intenta postular una especie de reivindicación, en la cabeza de esos jóvenes, de todos los males que padecen a diario los jóvenes de los sectores populares”.
Para Bard Wigdor, este discurso no tiene nada que ver con un reclamo de justicia, ya que lo que se pide es escarmiento. Tanto es así que se desestima el análisis de los hechos, su correspondencia con lo que dicta la ley, la presunción de inocencia, los derechos que también asisten a un acusado y hasta sus posibilidades de reinserción social. Es como si, en el fondo del punitivismo, latiera un deseo de pena de muerte verbalizado en forma más decorosa: “Que se pudran en la cárcel”. Y así, la fantasía del monstruo se traduce no solo en la negación a pensar más allá de los actos, sino en otro rechazo a discutir qué herramientas podemos aplicar para evitar estos crímenes.
En sus palabras: “Acá hay que hablar del derecho de la familia a la justicia, pero también del derecho de estos chicos a un juicio justo, porque la verdad no sé qué es lo que repara, incluso, qué le repara a la familia de Fernando que estos pibes vayan a cadena perpetua. Es decir, qué es lo que repara en términos de duelo social. Y no estoy hablando de impunidad, estoy hablando de que tenemos que empezar a construir un sentido de justicia distinto, que tiene que ser situado en lo que necesita cada familia y en lo que necesitan también los involucrados, porque son chicos que tienen veintipico de años. Entonces, ¿los vamos a pudrir en la cárcel? ¿Y después qué? ¿Vamos a omitir toda posibilidad de que se reinserten socialmente? E, insisto, no hablo de impunidad. Hoy en día, la única herramienta que tenemos es la cárcel, perfecto. Pero hay que pensar también cómo acompañamos estos procesos porque estos pibes mañana podrían ser reemplazados por otros nombres”.
García coincide con la definición del punitivismo como un discurso deshumanizante, que opera en espejo de lo que intenta combatir. Sin embargo, también menciona una problemática en la que puede recaer la crítica a esta clase de expresiones. Según el investigador, el riesgo es entrar “en una visión dualista donde el mundo se reparte entre garantismo y punitivismo, y de nuevo se simplifica todo y, sobre todo, se le impone al campo popular un obstáculo ideológico demasiado gravoso para poder discutir, al interior de sus propios objetivos, la cuestión de la seguridad, la violencia, la ley”.
En su opinión, un ejemplo de esta problemática lo representa el debate en torno a los discursos de odio: “Allí, de manera aparentemente paradójica, es la derecha más rancia y punitivista la que se torna súbitamente garantista a ultranza, se rasga las vestiduras de la libertad de expresión, evoca la Primera Enmienda, etcétera. Cualquier esbozo que sugiriera la idea de regular de algún modo las formas de circulación de la violencia verbal en la esfera pública –ni hablar de volver a discutir la necesidad de una ley de medios– pareciera ser el epítome del totalitarismo. Y, aquí, necesitamos poder pensar formas democráticas de regulación y no caer en las trampas del discurso de la ‘libertad de expresión’. Entonces, parece que el problema es menos ‘garantismo vs. punitivismo’ que la pregunta por las formas de regulación democrática de los conflictos de la vida colectiva”.
Por último, cabe añadir que estos discursos suponen otra fantasía: la idea de que nunca nos vamos a ver envueltos en un caso controversial, la idea de que los monstruos son siempre los otros, como si los conflictos sociales fuesen una miniserie de la que somos simples espectadores pasivos.
Supongamos: mediodía cordobés, nos cae de sorpresa el rojo de un semáforo en una esquina y nos chocan de atrás, la puerta del otro auto se abre entre puteadas, la nuestra también y lo que empieza como una discusión en la que el accidente se suma a los líos que tenemos en casa y en el laburo, porque somos protagonistas de un modelo de sociedad en decadencia, deriva en un revoleo de piñas que vienen y van hasta que acertamos una, un escuálido golpe de aficionado y el otro trastabilla, se tropieza, se cae de espaldas con su exceso de kilos de perra vida y ya no se mueve, no reacciona. Es un golpe seco el que marca que ahora estamos del otro lado de la pantalla. Ahora somos nosotros la imagen que el público viraliza en redes sociales.
Los investigadores consultados coinciden en este punto: será difícil encontrar herramientas para procesar estos conflictos si no comenzamos a pensar en el carácter sistémico de la violencia, en el orden de relaciones de clase, raza y género que la hace posible, y en su vínculo con un ideal de sociedad que naturaliza la deshumanización no solo de los otros, los que se pudren en la cárcel, sino también la nuestra, que nos pudrimos en una oficina por un salario de miseria.
Pero fundamentalmente, será imposible ese desafío si no logramos entramar modelos no violentos de construcción de las identidades, modelos que nos descuelguen de esta inercia hacia un proceso de descomposición social que cada vez resulta menos compatible con la democracia.
*Por Gabriel Montali para La tinta / Imagen de portada: A24.
