¡Que viva la Ley por el derecho al aborto de calidad!
Hace dos años, se sancionaba la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, y Atención Postaborto, una de las normativas más trabajadas, discutidas y, sin lugar a dudas, más luchadas desde el movimiento transfeminista. Conversamos con activistas cordobesas para conocer la vida de esta Ley, su implementación en la provincia y el contexto político actual, en el marco de las recientes detenciones a militantes socorristas de Villa María.
Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky para La tinta
“También lo aprendimos: a la Ley habrá que expandirla, cuidarla, impulsarla, alojarla,
hacerla de y por puentes, y exigirla para que viva. ¡Que viva la 27.610!”.
Fragmento de la Declaración de Socorristas en Red, febrero 2021
La emoción del 30 de diciembre de 2020, día histórico para el movimiento transfeminista, vino acompañada de la certeza de que la tarea no estaba terminada. La Ley 27.610 supuso un cambio radical, no solo por el marco legal que contempla al aborto voluntario como derecho, sino también porque, ahora, la práctica está legitimada socialmente. Los espacios que venían trabajando por el acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos tomaron mayor visibilidad y se transformaron radicalmente las subjetividades de quienes se acercan al sistema de salud para interrumpir embarazos. No es poco, pero no es suficiente y las organizaciones, activistas y profesionales que garantizan este derecho son guardianas de su implementación.
El proyecto de Ley fue escrito, debatido, re-escrito y presentado en reiteradas oportunidades por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En 2020, y con algunas modificaciones, ingresó una propuesta del Ejecutivo Nacional que fue aprobada en diciembre de ese año. Allí, se detalla que, hasta las 14 semanas inclusive, las personas gestantes pueden decidir, de manera voluntaria, interrumpir un embarazo sin dar motivos de su decisión. Eso se conoce como Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). A partir de las 15 semanas, las personas pueden decidir no continuar con su gestación basándose en causales, es decir que se puede acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cuando este ponga en riesgo la salud de manera integral o la vida de la persona gestante, o provenga de una situación de violencia sexual.
El sistema de salud, en una crisis histórica y golpeado por la pandemia, debió responder a una nueva demanda. Desde distintas geografías cordobesas, activistas y profesionales de la salud hablan de problemáticas similares para el acceso a este derecho en la provincia. “Las dificultades tienen que ver con los obstáculos dentro del sistema, con los tiempos, con la capacitación del personal, con la estigmatización que sigue existiendo y con la atención en segundo y tercer trimestre de gestación”, explica Dayana, trabajadora social e integrante del equipo municipal que acompaña la IVE en Villa María.
Un primer gran obstáculo: la criminalización
El pasado miércoles 21 de diciembre, nos sorprendió la noticia. La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, ordenó allanamientos y las detenciones de cuatro activistas socorristas de esa localidad bajo la acusación de “ejercicio ilegal de la medicina” y de una médica por “encubrimiento”.
Las socorristas llevan 10 años de activismo visible y público por la legalización del aborto en Argentina, 10 años de diálogos, articulaciones y acciones conjuntas con diversas instituciones y organizaciones. Para las activistas, la persecución judicial es una herramienta de la que se vale la derecha antiderechos. Lo mismo pasó con Miranda Ruiz, médica salteña detenida en septiembre de 2021 por asistir a una interrupción legal de embarazo. “A dos de las socorristas de Villa María, las detuvieron mientras estaban brindando un taller donde, justamente, se da información sobre el uso seguro de la medicación y sobre cómo cuidarse durante el proceso, cuáles son los controles que se deben hacer, cuáles son los lugares a los que podemos ir a pedir un control post. Información que da seguridad y acompaña amorosamente el proceso de aborto que, a veces, es vivido en soledad”, explica Andrea González, integrante de Socorro Rosa Comarca Andina en Socorristas en Red, a La tinta. “A las otras dos compañeras que estaban fuera del país de vacaciones, se les hizo un pedido de captura como si fuera un delito tremendo el que están cometiendo”, agrega.
La activista explica que la letra de la Ley y las nuevas Directrices y Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instan a detener la criminalización de quienes abortan y quienes acompañan, señalando la importancia de la salud comunitaria en la autogestión del aborto, “porque es una práctica que produce salud, que cuida la salud y exactamente es ese paradigma el que nosotras venimos desarrollando como activistas socorristas”, refiere Andrea.
El lunes 26 de diciembre, fueron liberadas luego de que se presentara, en el Juzgado de Control, el pedido de excarcelación acompañado por 40 organizaciones sociales y políticas. “Este apoyo muestra que el activismo socorrista es socialmente valioso y está vinculado a la promoción de la salud reproductiva y no reproductiva, y que estas detenciones son violatorias de la Ley 27.610 y a los derechos que ahí se establecen”, añade.
Escasez de personal
La falta de profesionales que garanticen abortos es uno de los obstáculos que se repite en toda la provincia. A esto, se le suma el sistema de turnos y los horarios de las consultas que “no son ni accesibles ni amplios, ni tienen una perspectiva de derechos o de género para quienes son cuidadoras y para quienes trabajan fuera del hogar -explica Betiana Cabrera Fasolis, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de la organización Mumalá-. Tenemos todos los déficits de un sistema de salud que no da respuesta a la demanda espontánea que existe”.
Uno de los factores de desigualdad más importantes en las políticas públicas provinciales es la inequidad en el acceso a derechos en la ciudad capital, en localidades cercanas a centros urbanos y en lugares más alejados de la provincia. Para la activista, se trata de falta de voluntad política: “Hoy, garantizan la práctica quienes pertenecen a la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, no muchos más, y esta desigualdad afecta, sobre todo, a quienes están por fuera de la capital provincial”, explica.
En algunas ciudades, la situación es dramática. Desde la Red, explican que, en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, hay un solo médico que no es objetor de conciencia y atiende IVE, pero las ILE son derivadas a la Maternidad Provincial. Ante la falta de recursos, acordaron que el Centro de Salud Municipal atendería las IVE de la ciudad y, en el Hospital, se recibirían las de la región. “En todo el sur provincial, además de Río Cuarto, hay solamente dos localidades que están atendiendo IVE (Berrotarán y Laboulaye) -afirman-. Contamos solo con una enfermera que hace todos los seguimientos (…) Como en el resto de las instituciones, el personal no está dedicado solamente a una problemática, entonces estamos con otras funciones y otras tareas”, un cuello de botella que se agudiza ante licencias del personal en actividad.
La objeción de conciencia es un obstáculo para el acceso al aborto. La Ley estipula que solo pueden ser objetores quienes tienen contacto directo con la práctica, es decir, quien receta medicación o hace el procedimiento, no quienes deben garantizar la atención integral de la salud realizando ecografías, tomando la tensión arterial o la temperatura, como parte de los procedimientos pre y post aborto. Además, tienen la obligación de asesorar sobre el procedimiento con información segura, de calidad y fehaciente, y hacer una derivación efectiva señalando dónde tienen que ir y con qué profesional.
Desde distintas instituciones, aseguran que esto no se cumple y que cualquier persona trabajadora dice ser objetora, generando una sobrecarga en las pocas que sí realizan la práctica. “Se ha podido avanzar en municipios y comunas que garantizan el primer trimestre de IVE. Como hospital de segundo nivel, nos corresponde garantizar las ILE del segundo trimestre con internación, pero solemos tener dificultades por falta de personal y de médicas o médicos no objetores”, explica Rosario Vega, trabajadora social del hospital de Villa Dolores.
“Seguimos creciendo en base a la militancia y a la concientización, pero, sobre todo, a la militancia feminista y con perspectiva de derechos. El problema es que eso no se hace desde una perspectiva del Estado y los gobiernos, sino desde quienes seguimos activas en la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y en todas las organizaciones feministas”, asegura Betiana Cabrera Fasolis.
Sin opciones en el tratamiento
El Ministerio de Salud de la Nación publicó, en 2021, el Protocolo de atención a personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo que, basado en lo que establece la OMS, detalla las mejores condiciones para acompañar a las personas que deciden interrumpir. Para la IVE, existen dos tipos de tratamientos seguros y de calidad: el farmacológico y la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), que debe ser una elección de les usuaries. Sin embargo, en Córdoba, el AMEU se reserva para situaciones especiales en el sistema de salud pública y aún no se cuenta con la capacitación para realizarlo con mayor alcance y de manera ambulatoria. En el Hospital Iturraspe de San Francisco, empezaron a realizarlo a mitad del 2021, cuentan sus trabajadoras, pero en quirófano y con internación de un día, lo que supone otras complejidades para quienes necesitan volver rápidamente a su casa y sus tareas, en una práctica que podría ser de corta estancia en la institución.
La medicación para el tratamiento farmacológico se garantiza, en general, desde los centros de salud. El más difundido es el uso del misoprostol, sin embargo, la mifepristona, como tratamiento combinado, se agregó este año con un alcance limitado y reservado para algunas situaciones, según recomendación del Ministerio de Salud y solo en el ámbito público. No se comercializa en farmacias, aunque contar con esta medicación mejora notoriamente la experiencia del aborto, es más efectivo y disminuye la posibilidad de que se presenten complicaciones.
La Ley establece que quienes acceden a la IVE o ILE pueden elegir un método anticonceptivo, pero los faltantes frecuentes en muchos espacios de salud limitan una decisión libre, que se adecue a su estilo de vida y permita una continuación a largo plazo.
El segundo trimestre en debate
Un gran desafío es la respuesta en un nivel de salud de mayor complejidad, ya sea para embarazos de segundo trimestre o situaciones de posibles riesgos que necesitan contar con atención hospitalaria. “Las derivaciones al hospital local no son recibidas por falta de personal y, si hay que derivar a otras localidades, se gestiona directamente desde el Centro de Salud porque es la única manera de cumplir los plazos de la Ley -refieren desde el Equipo de Salud Municipal de Río Tercero-. Las realidades de las personas gestantes con más de doce semanas, muchas veces, son adversas para viajar, internarse en otra ciudad, perder días de trabajo en contextos de informalidad y precarización, falta de redes de apoyo en las tareas de cuidado, miedo al maltrato por el personal de salud, etc.”. Como consecuencia, quienes se realizaron un aborto, muchas veces, dilatan la consulta a las guardias cuando aparecen complicaciones, a veces, de gravedad.
Muches trabajadorxs se niegan a dar atención en este periodo de gestación argumentando ser objetorxs de conciencia y recurren a maniobras dilatorias que van en detrimento del acceso al derecho. En el Hospital Iturraspe de San Francisco, a más de 20 semanas de gestación, no se realizan abortos por decisión del jefe de tocoginecología: “Derivamos y, hasta las 20 semanas, acompañamos con internación, lo que genera problemas por las resistencias del personal de enfermería, que muchas dicen ser objetoras de conciencia”, explican las trabajadoras.
Sistema privado de salud
La práctica de interrupción de embarazo fue incorporada al Plan Médico Obligatorio, es decir que debe estar incluida en la cartera básica de prestaciones de manera gratuita en todo el sistema de salud, tanto público como de obras sociales y prepagas. Profesionales que garantizan la práctica sostienen que uno de los obstáculos radica en que la mayoría de las obras sociales y prepagas no dan información clara sobre dónde pueden recurrir les usuaries para realizarse la práctica, aunque la norma establece que no deben pasar más de diez días entre la consulta de la persona y la respuesta del centro de salud. La cobertura, además, es limitada y son pocos los lugares donde se puede realizar la interrupción. Todo esto genera demoras sin personal encargado de realizar seguimiento de la atención efectiva a les usuaries y sin control hacia la respuesta que brindan las instituciones.
Sin acceso a la información, no hay derecho
El debate impulsado por la marea verde logró que se conociera la existencia de la Ley, pero no hay una política sistemática y eficiente desde el Estado municipal, provincial o nacional que difunda el alcance del derecho al aborto, tampoco dirigida a les trabajadorxs de la salud. La desinformación, la falta de formación y la resistencia a las capacitaciones de enfermería, médicxs y otres profesionales es una realidad que aqueja a gran parte de la provincia.
Muchas organizaciones transfeministas impulsaron iniciativas militantes, comunitarias y autogestivas para dar a conocer el derecho al aborto, comunicando, explicando y debatiendo la normativa en distintos ámbitos. Para el personal de salud, es claro que, cuando acceden a la información, quienes deciden interrumpir un embarazo llegan a las consultas con otra seguridad, “viviendo esa experiencia como algo naturalizado, como una práctica legal y legítima de ejercicio de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Ahí es cuando caés en que lo logramos, en que es una realidad y que ya está siendo”, agrega Betiana.
Las instituciones educativas son lugares privilegiados para difundir y acompañar, principalmente, a niñeces y adolescencias. La Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realiza numerosas acciones para que se incorpore este derecho como un contenido de la Educación Sexual Integral (ESI). En pleno debate de la normativa, en 2020, realizaron una capacitación virtual con más de seis mil personas inscritas. La sanción de la Ley supuso cambiar el eje: el aborto ya no es una problemática ética o un tema de debate, como establecían los lineamientos curriculares.
Natalia Di Marco, activista feminista e integrante de la Red, explica que son tres las líneas a trabajar desde las escuelas: “Por un lado, adecuar la manera de incorporarlo a la ESI desde la mirada de derechos; también recuperar el movimiento que hizo posible la sanción de la Ley, porque merece una atención muy profunda para analizar los procesos sociales en Argentina y Latinoamérica. La tercera línea es el acompañamiento ante situaciones de niñez y adolescentes que puedan necesitar nuestro apoyo y la información desde una posición de transparencia activa para tomar una decisión y acompañarlas”. Estas tareas implican, para la activista, tener conciencia de la necesidad, reconocerlo como parte de la tarea educativa y una responsabilidad como agentes del Estado, como militantes y como feministas.
Pañuelazo
Hoy, viernes 30 de diciembre, a las 18 horas en Patio Olmos, se convoca a un pañuelazo y un abrazo feminista a las socorristas detenidas en Villa María.
“La marea verde conquistó el derecho al aborto legal y a decidir sobre el propio cuerpo, y lo vamos a seguir reafirmando todas las veces que sean necesarias. Ante cualquier zarpazo reaccionario al movimiento y a nuestros derechos, estaremos en las calles. Así, logramos que Miranda Ruiz fuera sobreseída y seguiremos dejando en claro que el aborto es legal y acompañarlo, también”, expresan en las redes desde la Asamblea Ni Una Menos Córdoba.
*Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky para La tinta / Imagen de portada: Eloísa Molina para La tinta.
