Gilda Morales, mamá protectora: “El daño es irreparable”
El 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias. Conversamos con Gilda Morales, mamá protectora de Córdoba, criminalizada por denunciar el abuso sexual de su hijo e impedida de verlo desde hace dos años. Una historia de múltiples violencias que se repite a lo largo del país.
Por Anabella Antonelli para La tinta
“Gilda con su hijo ya”, “Libertad a Flavia Saganías”, “Basta de criminalizar a las madres protectoras” fueron algunas de las pintadas en las calles de San Luis en el último Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries. Es que la criminalización de las madres y xadres protectoras tomó fuerte relevancia dentro del movimiento transfeminista. Se escuchan relatos a lo largo y ancho del país con similitudes asombrosas, pero no casuales.
En Argentina resuenan casos con patrones y lógicas similares: Gilda Morales, la niña Sol, Michelle, Arcoiris, la niña Alicia y Flavia Saganías, madre condenada en Córdoba a 23 años de prisión por denunciar públicamente al abusador de su hija. En todos los casos hay denuncias por abuso sexual de las infancias, una mujer que busca protegerles y un Poder Judicial que resuelve desde una mirada patriarcal, disciplinadora y mediada, en ocasiones, por tráfico de influencias. La llamada “doctrina de la falsa denuncia” es activada por la justicia que descree de la palabra de las infancias por el prejuicio de que las madres inventan cosas para que les niñes no tengan contacto con el padre. Las mujeres que intentan proteger a sus hijes son persiguidas y las infancias se ven obligadas a la revinculación con sus abusadores.
#GildaConSuHijoYA
Gilda Morales vive en Córdoba capital, es docente y madre de tres hijes. En el año 2014 denunció a Ricardo Galoppo, progenitor de uno de sus niñes, luego de que el menor manifestara señales de abuso sexual, con una historia previa de violencias y amenazas. Galoppo solicitó la custodia del niño acusando a Gilda de ser obstructora del vínculo. Comenzaron una serie de relevamientos ambientales: “El cuerpo técnico de familia estaba evaluando la situación porque procesalmente la jueza, en este caso Silvia Cristina Morcillo, no puede tomar una decisión sin una opinión del cuerpo técnico, pero mientras tanto empezó a ordenar allanamientos compulsivos a mi casa para llevarse a mi hijo -narra Gilda en conversación con La tinta-. Resultaron infructuosos porque las personas que iban lo entrevistaban y le respetaban su palabra, o sea que nunca se lo pudieron llevar”.
El cuerpo técnico expresó entonces la inviabilidad del cambio de guarda “porque el progenitor de mi hijo no estaba en condiciones de tenerlo debido a sus rasgos psicológicos y describieron prácticamente un psicópata”, sigue Gilda. Sin embargo, y pese a que la causa por abuso sexual todavía estaba abierta y sin investigar, la Jueza ordenó que el niño fuera entregado a su progenitor a través de una medida cautelar, acusando a Gilda de madre obstructora del vínculo paterno filial. “Ella dice que el cambio de guarda es por sanción, algo que no está legislado en nuestro país”, explica.
Gilda cuenta que los últimos meses de 2015 y comienzos de 2016, ella y su hijo sufrieron un sinfín de situaciones violentas desde el Poder Judicial. En ese tiempo, pasó dos meses detenida por impedimento de contacto y sustracción de menores, a pesar de que el niño había declarado en repetidas oportunidades y ante psicólogas, el deseo de permanecer con su madre.
Gilda relata la historia de un tirón, dice que la contó tantas veces que puede recordar todos los detalles. Resulta imposible transcribir y sintetizar el cúmulo de violencias que padeció, junto a su hijo y su familia, durante estos años. «Hay un ensañamiento personal de la jueza, porque desde la primera audiencia la asesora de menores me empieza a cuestionar que yo tenía tres hijos con tres padres diferentes y me empiezan a denigrar, entonces yo les hice mis reclamos, les dije que estaban haciendo una apreciación moral sobre mi vida personal. Siempre respondí educadamente, pero están acostumbrados a destratarte y decirte barbaridades”, relata.
Su historia obliga a preguntarnos si seríamos capaces de soportar tanto. Pero Gilda reniega del mote de víctima: “Esta gente quiere que vos ya no recuerdes más la vida que tenías antes y a la sociedad le gusta ver que andes llorando, que te des latigazos por la espalda, es una revictimización secundaria. Sé que soy una víctima, pero no elijo vivir como tal. Te quieren transformar en un fantasma que recorre los pasillos de tribunales vociferando cosas sin que pase nada. Quieren acostumbrarte a ese estado de monstruosidad, a que yo esté diciendo que tengo un niño con dos denuncias de abuso sexual de este tipo, pero que está con él”.
En este caso, como en tantos otros contra madres protectoras, aplicaron como estrategia judicial el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), que habla de un desorden psicopatológico en el que une niñe denigra e insulta sin justificación a su progenitor/a y se niega a tener contacto con él/ella. Si bien el síndrome es rechazado por la Organización Mundial de la Salud y por distintas entidades, el sistema judicial lo utiliza para tildar a las madres de obstructoras del vínculo paterno filial y separarlas de sus hijes. Así, terminan entendiendo que la violenta es la madre porque, a base de mentiras, les aleja de los progenitores. “No es un falso síndrome, porque eso quiere decir que hay uno que es positivo, y tampoco es inexistente, porque existe en el Poder Judicial y es ampliamente utilizado”, señala Gilda.
“Hace 7 años que sacaron a mi hijo de mi hogar y ahora hace 2 años que no tenemos absolutamente ningún tipo de contacto”, explica. Actrices Argentinas difundió un video donde hablan de la situación de Gilda, su hijo y la tortura sufrida desde el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. “Todo lo que dicen está respaldado en instrumentos públicos. Fueron amenazadas, sintieron mucho miedo. El Tribunal de Familia dijo que debido a la visibilización amplia que había tenido la causa, mi hijo se había visto afectado y que entonces yo no lo podía ver más. Aunque es mentira, pero ellos tienen el poder y es una causa personal de determinados funcionarios públicos que tienen responsabilidades muy grandes y que apelan a que yo me muera, que me abandonen mis abogados y entonces ‘acá no pasó nada’. Mientras tanto, pasaron dos años, hemos perdido estar juntos este tiempo, el daño es irreparable. Estamos pidiendo la restitución”, señala.
Las violencias institucionales no paran. Gilda apunta a la actual Jueza de Familia del juzgado de cuarta nominación de la ciudad de Córdoba, María Constanza Firbank, de negarse a recibirla en una audiencia. Actualmente el Tribunal Superior de Justicia que interviene en la causa está integrado por María Marta Cáceres, Juan Domingo Sesin, y Martín Luis Eugenio Angulo (antes Ministro de Justicia de la provincia). “Todas estas personas niegan que el progenitor de mi hijo esté hoy imputado por los cuatro delitos menores y que esté en investigación por dos denuncias de abuso sexual, una por abandono de persona y lesiones gravísimas más coacción y amenazas», afirma Gilda.
Ella no es la única, en su lucha se ha encontrado con otras madres y xadres que atraviesan situaciones similares. “Esto es sistemático, lo que me ha pasado a mí abunda y peor aún, porque yo conocí a un montón de madres que hoy están muertas, que fueron compañeras de camino mías, que se han agarrado un cáncer y murieron en tres meses. Otras que se quedan económicamente fundidas o que se vuelven realmente locas, porque esto es insoportable”, concluye.
Movilización de pañuelos rojos: ¡Yo sí te creo!
Todos los 19 de noviembre se realizan acciones globales de prevención y lucha contra el abuso sexual en la infancia (ASI). En este marco, Argentina realizará marchas en todo el país organizadas por diferentes agrupaciones y colectivos articulados a través de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual y el movimiento #YoSiTeCreo.
En Córdoba, la movilización se realizará hoy a las 18 horas desde Tribunales de Familia (Tucumán 360) hasta SENAF (Vélez Sarsfield 771). La convocatoria se realiza desde el espacio de sobrevivientes, madres y xadres protectoras, junto a la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, organizaciones sociales y autoconvocades. “El reclamo central será hacia el poder judicial y la SENAF por la cantidad, gravedad y sistematicidad de casos de violencia institucional”, señalan desde la convocatoria.
Exigirán que Poder Judicial garantice los derechos de infancias, adolescencias, maternidades y xaternidades en situación de violencia y vulnerabilidad extrema y que se deje de criminalizar a xadres y madres protectoras. “La espantosa realidad de los abusos sigue siendo sistemática, oculta e impune en nuestro país: 1 de cada 5 niñes sufre violencia sexual durante su infancia. Se estima que sólo 1 de cada 100 abusos es denunciado ante el poder judicial. El panorama empeora al considerar la terrible estadística de que sólo 1 de cada 100 denunciados es condenado”, explican y apuntan como responsable al “poder judicial adultocéntrico que silencia la palabra de las infancias y adolescencias vulneradas, y que les obliga a revincularse e incluso convivir con sus abusadores, como es el caso del hijo de Gilda Morales”.
*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.
