Lanzan campaña internacional de solidaridad con el pueblo haitiano
El pueblo haitiano atraviesa momentos críticos: por el país se propaga una epidemia de cólera y la violencia estatal y paraestatal aumenta. Además, el gobierno insiste en el pedido para que ingresen, otra vez, tropas extranjeras.
Por Redacción La tinta
Roger Waters, Noam Chomsky, Vijay Prashad, Ana Esther Ceceña, Joao Pedro Stedile y una larga lista de músicos, académicas, intelectuales y dirigentes sociales y políticas de todos los continentes alertaron sobre los nuevos intentos de injerencia militar extranjera en Haití, el país caribeño que, en las últimas semanas, vivió fuertes protestas contra las políticas gubernamentales.
En la declaración ¡Por un Haití digno y soberano, libre de ocupación!, impulsada por Alba Movimientos, les firmantes advirtieron que, en los últimos cuatro años, el pueblo haitiano se encuentra en permanente movilización “contra el enorme empobrecimiento de las masas, las escandalosas desigualdades que condenan a la mayoría de la población a vivir en condiciones inhumanas y contra los beneficios económicos de los que goza una pequeña minoría”.
Las últimas protestas en Haití apuntan contra el aumento de la inflación y de los precios del combustible, y, desde hace dos semanas, para rechazar la solicitud del gobierno del primer ministro, Ariel Henry, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que despliegue tropas militares extranjeras para recuperar el control de puertos y aeropuertos. La solicitud fue aprobada por el Consejo de Ministros, bajo el argumento de “detener, en todo el territorio, la crisis humanitaria provocada, entre otras cosas, por la inseguridad que genera la actuación delictiva de las bandas armadas y sus patrocinadores”.
Ante esta situación, en la declaración de solidaridad internacional, se manifestó que el país, uno de los más pobres del mundo, “se encuentra frente a una posible nueva ocupación militar directa de la ONU, tal como ocurrió entre 2004 y 2017 a través de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH)”.
Les firmantes también remarcaron que “son preocupantes” las declaraciones del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, “quien ha solicitado al Consejo de Seguridad la aprobación de dicha intervención de carácter militar, que se suma al reciente arribo de aviones militares enviados por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos”.
El sábado 16 de octubre, se conoció que las administraciones de Washington y Ottawa hicieron llegar a territorio haitiano vehículos blindados. Las ministras canadienses de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, y de Defensa Nacional, Anita Anand, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y su homólogo en Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, realizaron una declaración conjunta argumentando que “junto con los socios internacionales, nuestros gobiernos trabajarán con los socios haitianos para reforzar la capacidad de Haití para formar policías adicionales y mejorar las operaciones de aplicación de la ley”.
En la solicitada difundida el fin de semana pasado, además, se expresó que “llama especialmente la atención que las razones por las cuales el gobierno de Henry, y las Naciones Unidas, justifican esta posible intervención militar son provocadas precisamente por las ocupaciones anteriores en la isla, como es la propagación del cólera y la crisis humanitaria ocasionada por los numerosos casos de violaciones sexuales y de derechos humanos cometidos por los cascos azules (fuerzas militares de la ONU) contra la población civil”.
Por estas razones, quienes firmaron la declaración demandaron a la comunidad internacional, a los mecanismos regionales de integración -como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)- y, en particular, “a los gobiernos populares y progresistas de nuestro continente a rechazar de forma tajante estos nuevos intentos de ocupación en Haití y rechazar todo intento de injerencia”.
A su vez, se explicó que “aludiendo a los principios del Derecho Internacional de no intervención, igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos e igualdad soberana consagrados en la Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la solución a los problemas domésticos de Haití debe ser impulsada por el mismo pueblo haitiano sin ningún tipo de intervención extranjera y priorizando la soberanía, autodeterminación y democracia en el país”.
Días atrás, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, por unanimidad, una resolución que impone sanciones y el embargo de armas a los grupos parapoliciales que, desde hace varios años, se despliegan por el país caribeño. La medida del Consejo, redactada por Estados Unidos y México, también establece la prohibición de viajar fuera del Haití a los líderes de esos grupos y la congelación de sus bienes bancarios.
El viernes pasado, al menos 12 personas resultaron muertas en un choque armado por los grupos Vitelhomme y 400 Mawozo, que se disputan la comuna La Croix-des-Bouquets, en el departamento oeste del país. Los enfrentamientos entre bandas armadas –muchas de ellas con vínculos directos con el poder político- tienen, entre sus consecuencias, el desplazamiento forzado de la población.
El domingo, el Instituto Nacional de Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales denunció que decenas de personas se encuentran refugiadas en el polideportivo Carrefoure, Puerto Príncipe, “en total privación y extrema pobreza”, al haber sido desplazades hace un año y medio de Martissant en Haití debido a acciones de los grupos paraestatales.
El Instituto alertó que las personas no reciben ayuda de las organizaciones de derechos humanos ni asistencia gubernamental, a pesar de ser “brutalmente” expulsadas de sus casas por bandas fuertemente armadas “ante la mirada de las autoridades estatales”. La organización exigió al gobierno haitiano aplicar políticas públicas para garantizar los derechos de les ciudadanes refugiades y de la población en general. Al mismo tiempo, anunció que, si el Ejecutivo se queda de brazos cruzados, el Instituto presentará una denuncia ante la Justicia.
En un despacho de la agencia Prensa Latina de la semana pasada, se recordó que “desde junio del pasado año, cuando los grupos armados ocuparon Martissant, en el sur de la capital, y bloquearon el trasiego hacia los departamentos meridionales, al menos 50 mil personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por la acción de las bandas”. A esta cifra, se debe agregar que, en abril, debido a los enfrentamientos entre pandillas en Croix des Bouquets, al noreste de la capital haitiana, más de 20 mil personas se desplazaron por la fuerza, mientras que, en julio, los conflictos armados en Cité Soleil aumentaron esa cifra hasta 30 mil.
En Haití, además de la violencia estatal y paraestatal, por estos días, se sufre un nuevo avance del cólera que ya dejó más de 120 personas muertas. Debido a la precarización acelerada de la sociedad, la pobreza y la falta de un sistema sanitario eficiente, la enfermedad se propagó a buena parte del país.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: Héctor Retamal / AFP.
