Brasil: Estado al servicio de la reelección del presidente
A poco menos de 50 días para las elecciones y con las intenciones golpistas cada vez menos viables, una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Jair Bolsonaro buscan acortar la distancia con Lula da Silva, a quien las últimas encuestas ubican como posible vencedor en primera vuelta.
Por Ana Dagorret para La tinta
Con la proximidad de las elecciones en Brasil y la certeza de que el resultado que el proceso arroje será incuestionable, el presidente Jair Bolsonaro parece haber optado por echar mano del Estado que preside para intentar garantizar su reelección. A diferencia de lo que sucedió en otras ocasiones donde quien detentaba el cargo corría con ventaja para reelegirse, en esta oportunidad, el actual mandatario se ubica en segundo lugar, 12 puntos por debajo del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, a menos de 50 días de la primera vuelta.
Según arrojó la última encuesta Ipec, difundida el lunes 15 de agosto, Lula tiene 44% de las intenciones de voto contra 32% que tiene Bolsonaro. A su vez, la suma de los votos de todos los candidatos que corren por detrás de Lula llega a 41%, lo cual muestra que, de realizarse hoy, la elección quedaría definida en primera vuelta con la victoria de la fórmula Lula-Alckmin.
Para intentar revertir ese escenario y aumentar su popularidad, el actual mandatario decidió implementar una serie de medidas económicas para destinar dinero a las familias más pobres, reducir el precio de los combustibles y generar un proceso deflacionario. A inicios de 2022 y con los ojos puestos en la elección, Bolsonaro determinó que se ampliara el margen de gasto, bajó impuestos, anticipó el pago del aguinaldo a los jubilados y pensionistas, y autorizó el retiro de hasta 1.000 reales para los trabajadores con saldo en sus cuentas de retiro.
Según llegó a declarar en marzo el ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, quien también es uno de los coordinadores de la campaña del presidente, “el gran diferencial de este gobierno es que no está haciendo todo pensando en las elecciones. Bolsonaro será reelegido por una combinación de factores, como la estabilidad, el respeto al techo de gasto y la credibilidad”. En ese momento, se estipulaba que en mayo Bolsonaro y Lula estarían empatados en intención de votos, lo cual no ha sucedido hasta el momento.
Ante tal escenario, la principal apuesta del oficialismo está en las medidas económicas que contradicen las declaraciones del ministro de la Casa Civil por tratarse no solo de medidas electoralistas, sino por el incumplimiento de las metas fiscales y la situación de inestabilidad que esto puede generar a partir de 2023. La más importante es, sin duda, el aumento hasta diciembre del Auxilio Brasil de 400 a 600 reales, un subsidio destinado a la población más pobre -donde Lula tiene mayor intención de voto-.
A esta medida, se le suma también la enmienda constitucional que posibilitó la reducción del precio del combustible, un reclamo no solo del grueso de la ciudadanía, sino también y principalmente de los camioneros, categoría ideológicamente cercana al presidente. Además del esfuerzo para disminuir el costo del combustible, los camioneros también fueron beneficiados con un subsidio de mil reales mensuales que será pagado desde agosto hasta diciembre.
Pero la maniobra no solo permite bajar los precios de la nafta y el gasoil, sino que también reduce el costo del gas de cocina, insumo básico entre las familias más pobres, principalmente aquellas que son beneficiarias del Auxilio Brasil.
Si bien la propia constitución brasileña establece que ningún gobierno podría otorgar beneficios de estas características a menos de seis meses de la elección por ser entendidos como “compra de votos”, la figura de enmienda constitucional y una declaración de Estado de Emergencia permitieron al ejecutivo modificar el texto original de la carta magna a partir de la articulación con su base en el Congreso.
¿Golpe o elección?
La utilización del Estado como instrumento para la campaña de reelección de Bolsonaro ganó importancia vital en las últimas semanas. Luego de que el presidente convocara a un grupo de embajadores a su residencia en Brasilia, a mediados de julio, para cuestionar el sistema electoral con el cual se eligió, la reacción del mercado financiero y las élites ante las ya recurrentes y desproporcionadas amenazas golpistas produjeron una serie de movimientos que, al momento, parecieran hacer del golpe militar una estrategia inviable.
La primera reacción llegó de parte de la embajada de Estados Unidos un día después del evento en Brasilia, que en nota pública sostuvo que «las elecciones de Brasil, conducidas y probadas por su sistema electoral y sus instituciones democráticas, sirven de modelo para las naciones del hemisferio y del mundo». La embajada británica también expresó su apoyo al proceso electoral brasileño tras los ataques del presidente, al afirmar que el sistema y las urnas electrónicas utilizadas en el país son seguros y «han sido reconocidos internacionalmente por su rapidez y eficacia».
Dentro de la tradición política latinoamericana, es conocida la influencia de Estados Unidos en cada uno de los golpes de Estado que derrocaron a gobiernos soberanos. Ante ese contexto, una declaración oficial de estas características no solo avala el proceso electoral de Brasil, sino que echa por tierra cualquier intención golpista por parte del gobierno.
Además de estos pronunciamientos, la reciente publicación de la “Carta a los brasileños en defensa del Estado Democrático de Derecho”, presentada en San Pablo el último jueves, lleva la firma de varias entidades financieras que se distanciaron del gobierno tras la convocatoria de Bolsonaro a los embajadores para cuestionar la confiabilidad del proceso electoral.
Sin el apoyo de la élite y el mercado financiero, fundamentales para cualquier aventura golpista tanto en Brasil como en toda la región, las posibilidades de que Bolsonaro sea capaz de encabezar una ruptura institucional parecieran desvanecerse.
Aún ante un contexto por demás desfavorable, la radicalización del discurso resulta una herramienta fundamental del presidente para mantener movilizada a su base de apoyo, a la cual convocó para el próximo 7 de septiembre en lo que pretende ser una prueba para medir la fuerza que le resta en las calles. Así como sucedió en 2021, Bolsonaro pretende adueñarse de la celebración por la independencia de Brasil y transformarla en un ensayo de golpe para el cual se espera que se disponga de la estructura del gobierno federal para garantizar la masividad del evento en las calles de Río de Janeiro.
La reciente asunción del ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, como presidente del Tribunal Superior Electoral, más que un acto protocolar, es un gran acto político que atrajo a toda la clase política de Brasilia y parte del país, y dejó en claro la fuerza de la Justicia frente a los intentos golpistas del Ejecutivo. Con un discurso que dejó visiblemente incómodo y aislado a Bolsonaro, la escena mostró que la única salida que le queda al mandatario para mantenerse en el poder es ganar la elección, objetivo que buscará alcanzar, aunque deba ampliar la lista de bondades que le garanticen, al menos, forzar una segunda vuelta.
*Por Ana Dagorret para La tinta / Imagen de portada: A/D.
