Segmentación energética inquilina: el 45% de los ingresos económicos se destina a pagar el alquiler
Agrupaciones de inquilines de todo el país reclaman que la adjudicación de subsidios a los servicios públicos tome en consideración los gastos de alquiler. Actualmente, este rubro no es tenido en cuenta en la canasta básica alimentaria, por lo que las estimaciones se alejan del costo de vida real de las personas inquilinas.
Por Julieta Pollo para La tinta
Frente a la crisis económica que atraviesa el país, el Estado nacional propuso segmentar los subsidios de energía y gas, asegurando que el beneficio se mantenga en aquellos hogares socio-económicamente más vulnerables. En este marco, organizaciones de inquilines de todo el país nucleadas en el Movimiento Inquilino Nacional expresaron preocupación y alerta por el desarrollo de una segmentación de subsidios para los servicios públicos que no tiene en cuenta a la población inquilina.
Según la Bolsa de Comercio de Córdoba, el costo de los alquileres aumentó 169% en dos años, superando la inflación acumulada y profundizando el endeudamiento y la crisis habitacional en Córdoba. Si bien casi la mitad (45%) de los ingresos económicos de las familias, son destinados a cubrir costos de alquiler, este rubro sigue siendo omitido por el INDEC al establecer el monto de la Canasta Básica Alimentaria. Es decir que cuando el Instituto calcula el monto mínimo que necesita una familia tipo para satisfacer sus necesidades de alimentación, lo hace considerando un grupo familiar que no alquila: si agregamos costos de alquiler a la ecuación, el básico necesario para subsistir en Argentina se eleva considerablemente.
Si bien desde el gobierno nacional tomaron la propuesta del Movimiento de Inquilinos de que no sea necesario tener el servicio de energía o gas a tu nombre para poder ser beneficiario del esquema de subsidios, no dieron lugar a otros requerimientos clave: que el esquema de clasificación de ingresos tenga en cuenta los costos de alquiler en la canasta básica; habilitar una oficina de reclamos para recibir denuncias sobre la negación de los propietarios de brindar las boletas de servicios para que les inquilines puedan llenar el formulario; y la conformación de una mesa de trabajo para familias inquilinas que no cuentan con red de gas, a los fines de actualizar programas de apoyo económico para adquirir garrafas a un precio accesible.
“Creemos acertada la decisión de racionalizar los subsidios que proporciona el Estado a los servicios energéticos, pero la misma no puede tener una visión parcializada de la realidad, y mucho menos seguir invisibilizando la real situación económica (y de gastos) que tiene una familia que debe pagar un alquiler”, puntualizó la agrupación de inquilines en un comunicado.
Desde La tinta conversamos con Maximiliano Vittar, presidente de Inquilinos Córdoba y coordinador del Movimiento de Inquilinos Nacional, para conocer más sobre regulaciones y libre mercado, la implementación efectiva de la Ley de Alquileres, y el acceso a la vivienda desde una perspectiva de derechos y no de consumo.
—¿Qué es la segmentación energética inquilina?
—El planteo tiene que ver con la invisibilización de un gasto que tenemos las familias que alquilamos: hace más de 8 años que el INDEC no releva alquiler, entonces cuando INDEC informa cuánto es lo que necesita una familia tipo para no ser pobre, se toma en cuenta a una familia que no alquila. Si esa familia alquilara, la canasta básica sería mucho más alta. Para ser más concreto, este mes la canasta básica en la Ciudad de Buenos Aires dio $100.000, mientras que para una familia que alquila esa canasta básica aumenta a $140.000.
La segmentación es una clasificación de acuerdo a los ingresos y a la capacidad económica que tiene una familia, y en base a esa clasificación se va a determinar cómo va a ser el esquema de subsidios de ahora en adelante. Lo que proponemos es la segmentación energética inquilina, que se tenga en cuenta lo que se paga de alquiler porque en la canasta básica no está incorporado este gasto. El pago del alquiler es un rubro que no se tiene en cuenta en la clasificación de ingresos medios, altos o bajos. Y es un rubro muy representativo del ingreso familiar: de acuerdo al relevamiento que realizamos, a nivel nacional el gasto de alquiler insume en promedio más del 45% del ingreso familiar. En base a esa discusión, creemos nosotros que no podemos seguir estableciendo un mismo segmento cuando hay un rubro que no es tenido en cuenta siendo tan representativo de la economía de las familias que alquilamos.
—En este marco de crisis económica, el aumento de alquileres está fuera de control: en Córdoba, aumentó 169% en dos años. ¿Qué pasa con las regulaciones?
—La suba de alquileres está fuera de control porque no hay un control por parte del Estado. Es una discusión mucho más profunda, pero se trata de imponer la lógica de mercado, una lógica de consumo, cuando en realidad nosotros no estamos consumiendo vivienda, si no que estamos planteando que se garantice un derecho constitucional, que es el acceso a la vivienda digna. Es como si nos posicionaran como consumidores de salud o consumidores de educación, cuando en realidad es el Estado el que tiene que estar presente para la salud, la educación y la vivienda. Que la situación de los alquileres se regule en función de las leyes del mercado sin un Estado presente, favorece a los más fuertes y perjudica a los más débiles, que en este caso son las familias que alquilan.
—A dos años de la Ley de alquileres, ¿cuál es tu lectura sobre su implementación y efectividad?
—Creemos que la ley vino a fijar ciertos pisos de distribución, debate y derecho. Es una ley que se puede mejorar para buscar una regulación que favorezca a las familias que alquilan. Al igual que cualquier tipo de reglamentación, la ley necesita ser aplicada por un Estado presente, con un órgano de control y políticas que vayan acompañando todo ese proceso.
Hay que seguir profundizando la ley, mejorando su implementación, más que discutir la ley sí o no. La alternativa es la libertad de mercado y es errado pensar que va a generar justicia para las familias que alquilan o baja de precios de alquileres, ya ha quedado demostrado en la historia de la Argentina y del mundo que no es así, más en un rubro donde la demanda es inelástica -es decir, no es que frente al aumento de los precios de los alquileres, la gente no alquila más… se va a la calle o se empieza a achicar, que es lo que está pasando actualmente-.
A la hora de analizar la ley no se habla, por ejemplo, de que estuvo un año sin poder ser aplicada por el decreto que suspendió los desalojos, renovó de manera automática los contratos y congeló el precio del alquiler. Eso sumado a un contexto de pandemia y un proceso devaluatorio que venía desde 2018, de los cuales los empresarios han intentado recuperarse en los últimos meses. Todo esto tiene que ver con la retracción de la oferta, pero hoy es mucho más fácil salir a decir que fue por culpa de la ley, lo cual es mentira. Con la ley de alquileres intentan justificar los aumentos que hoy son injustificables. Ahora es el dólar, antes la nafta, la guerra Ucrania-Rusia… siempre va a haber un motivo por el cual se trata de justificar aumentos injustificables, cuando la única justificación es la especulación inmobiliaria y eso es lo que vino a plantear la Ley de Alquileres.
Se está discutiendo una ley cuyo primer contrato firmado bajo la misma, todavía no se venció, además de que las inmobiliarias no la están cumpliendo, entonces ¿qué análisis podemos hacer? Generemos un órgano de control y la pongamos en funcionamiento. La ley tenía un programa de alquiler social -que hubiera sido muy bueno en esta situación de vulnerabilidad- y un programa para mujeres o disidencias víctimas de violencia de género -que hubiera sido útil en el marco de la alta violencia género que hubo la pandemia, y es un programa que ni siquiera se reglamentó-.
Sea alto, bajo, mejorable o no, hoy la ley plantea un índice de alquiler con un parámetro objetivo. Por ejemplo, la familia que firmó un contrato de alquiler con la ley nueva en julio del 2020, al finalizar su contrato va a terminar pagando un aumento del 123%, es decir, 123% de aumento en tres años. La inflación en solo dos años -sin contar la de 2022- ha sido del 145%. El índice es alto y la situación económica no ayuda, pero creo que es mejor que la alternativa de la oposición: la libertad de mercado. Quienes plantean una modificación de la ley proponen que los aumentos sean sin ningún tipo de tope, en un rango de 3 a 12 meses, y a libertad entre las partes, así que te pueden aumentar de acuerdo a la inflación y cada tres meses si quieren.
—¿Cuáles son los principales componentes que nos han arrastrado a esta situación?
—Por un lado creo que hay una doble vara de la regulación y una gran contradicción de discursos, porque plantean que lo mejor que puede existir para que se estabilice el rubro alquileres es el libre mercado, pero al momento de generar inversiones, pedir incentivos, pedir modificaciones de uso del suelo, pedir desarrollos en servicios públicos como extensión de energía eléctrico, gas, cloacas; ahí sí tiene que estar el Estado. Entonces, ¿cómo es esta doble vara de que no tiene que intervenir el Estado para regular a favor de las familias para que alquilen un precio que sea justo, pero sí tiene que intervenir el Estado para fomentar el desarrollo inmobiliario individual, que compra hectáreas de tierra sin inversión y le exige al Estado que les brinde los servicios?
Lo que nosotros venimos viendo y lo que le planteamos al gobierno nacional, es que el proceso de inquilinización no es un proceso transitorio por la situación económica y laboral que existe en Argentina, sino un proceso que se va profundizando, y esto es porque se sigue una lógica internacional en la cual el Estado brinda servicios y mejores condiciones de vida a la gente, y el mercado inmobiliario aumenta los precios y expulsa a esa misma gente a las periferias. Lo que hoy tenemos es un Estado -todos somos el Estado- aportando al desarrollo de metrópolis y ciudades para que el mercado inmobiliario mismo nos expulse a nosotros.
Por otro lado, creo que hace muchísimo que en Argentina no existe una política de la construcción y de vivienda que tenga como objetivo solucionar el déficit habitacional. Lo que viene haciéndose es utilizar la inyección de la construcción como un dinamizador de la economía y como una cuestión anticíclica, no como un desarrollo y para buscar solucionar el déficit habitacional. Lo vienen haciendo todos los gobiernos hace años. Por ejemplo, en el PROCREAR, que fue un gran programa, no había una política de distribución y desarrollo en términos de territorio que evitara que -como pasó en Salsipuedes y en muchos lugares más- te cobraran lotes que valían $25.000, a $150.000 cuando salió. Y no había ningún tipo de cambio salvo que ese era el límite que tenía aquel que solicitaba el crédito para poder destinarlo a pagar el terreno.
Hay que avanzar en una política que sea integral. No tenemos que discutir una ley de alquiler, sino una ley de acceso a la vivienda de manera integral, donde haya una discusión en términos de hábitat, de ambiente, de distribución de la tierra. Y desde ahí buscar el objetivo de garantizar un techo a la ciudadanía.
Por último, nosotros también traemos el debate de la vivienda ociosa, porque no es que faltan viviendas para construir, sino que hay especulación inmobiliaria. Río Cuarto, por ejemplo, se caracteriza por tener edificios vacíos y es la tercera ciudad en el país con mayor población inquilina (30%).
—¿Qué acciones están impulsando desde el movimiento de inquilinos?
—Las acciones que venimos realizado a nivel local han sido la discusión de que la comisión inmobiliaria la pague el dueño; que exista un registro público de administradores, como para generar una claridad con respecto a la liquidación de expensas -lo que está sucediendo con el tema de las expensas es catastrófico-; y que haya un Defensor del Inquilino en la Provincia de Córdoba. También hemos avanzado en algunas articulaciones con la Municipalidad para poder desarrollar guías y capacitaciones para la gente que alquila, pero principalmente para que las víctimas de violencia de género puedan tener claridad sobre cuáles son las herramientas que tienen para acceder a una vivienda si están sufriendo violencias. A nivel nacional, sostuvimos la discusión de la Ley de Alquileres y ahora estamos con la discusión en cuanto a la Segmentación.
*Por Julieta Pollo para La tinta / Imagen de portada: A/D.
