El cine resiste, la cultura no caduca
Por Julieta Pollo para La tinta
En 2017, se aprobó una reforma que dice que el último día de 2022, caducan los Fondos de Fomento que hace décadas se asignan a los organismos de cultura, retroalimentando la producción nacional de sectores como el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares, la televisión y las radios comunitarias.
Esta es la punta del iceberg de la crisis que atraviesa hoy la industria del cine. Este lunes, les trabajadores audiovisuales salieron a la calle contra el vaciamiento del sector: por una nueva Ley de Cine, por la defensa de la autarquía del INCAA, por la sostenibilidad de la cultura, diversa y federal.
Lo que está en juego es la identidad, que se afianza en la producción y circulación de nuestra cultura. La soberanía y la diversidad cultural, que es nuestra y no puede depender del mercado.
Una punta de ovillo -sencilla, inacabada- para pensar a dónde van los dineros de nuestro cine.
Resistencia, represión, renuncia: ¿y ahora?
Tras dos años de disconformidad con la gestión de Luis Puenzo, trabajadores del sector audiovisual se reunieron ayer por la tarde para pedir la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), así como la toma de medidas urgentes ante la inminente caducidad del fondo de fomento cinematográfico, en diciembre de 2022.
Más de una treintena de colectivos de la industria audiovisual (presentes en el lugar y a través de redes sociales desde otros puntos del país) denunciaron una gestión ineficiente y un presidente que en dos años nunca escuchó al sector ni al propio Consejo Asesor del INCAA, como lo estipula la Ley de Cine.
Cuando la marcha pacífica estaba llegando al edificio del INCAA en el centro porteño, un numeroso operativo policial comenzó a presionar con escudos a la multitud hacia la vereda, para que abandonara la calle. Entre golpes y empujones, se desató una represión que terminó con fotógrafos, cineastas y artistas heridos, y con cuatro personas detenidas y posteriormente liberadas: los estudiantes de la ENERC Agustín Ríos, Manuel Alam y Andrés Martiervich, y el cineasta Juan Mascaró, presidente de Documentalistas Argentinos (DOCA).
Ayer por la noche, el ministro de Cultura Tristán Bauer dio a entender que apartaría de su cargo a Luis Puenzo y se comprometió a cambiar el rumbo del Instituto: llamar a concurso al rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y reincorporar a su secretaria académica, además de convocar al Consejo Asesor para que retome sus actividades de co-gobierno.
Según manifestaron a través de comunicados, en el INCAA no se están realizando concursos ni convocatorias para óperas primas o historias regionales; la vigencia del Plan de Fomento 2017 obstruye el cobro de cuotas y adelantos para películas; la falta de políticas para revertir las enormes desigualdades de género que persisten; no hay fomentos federales; faltan políticas en materia de distribución y exhibición del cine nacional; se han desfinanciado festivales y muestras; no se ha impulsado la red de Espacios INCAA ni se puso en marcha la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (CINEAIN); se incumple la cuota de pantalla (y en plataformas es inexistente).
Por si fuera poco, sostienen que Puenzo no hace partícipe al Consejo Asesor de las decisiones -organismo de cogobierno por ley- y que delineó un proyecto de nuevo Plan de Fomento que ahonda la crisis estableciendo topes de financiamiento menores a los que estipula la ley y costos medios de producción que favorecen sólo a las grandes productoras. En pocas palabras: favorece al cine como negocio y entretenimiento, limitando su desarrollo como proyecto cultural.
Uno de los puntos más críticos y preocupantes, fue la inacción del presidente del INCAA para evitar la caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico, que tiene fecha para el 31 de diciembre de 2022. ¿De qué va esta ley que pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones culturales y el financiamiento de les artistas?
La cultura no tiene fecha de vencimiento
El 6 de diciembre de 2017, se aprobó una reforma tributaria impulsada por la gestión de Mauricio Macri, que estipuló que a partir del 31 de diciembre de 2022 caduquen los fondos que actualmente y hace décadas se asignan de manera directa a los organismos de la cultura, con los cuales se financia producciones nacionales de cine, teatro, música, bibliotecas populares, y televisión y radios comunitarias. La quita de fondos directos alcanza a instituciones como el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).
El artículo 4° de la Ley 27432, que se modificó en 2017, estipula que esos recursos seguirán siendo recaudados, pero irán al Tesoro Nacional para su “uso discrecional” por parte de la Jefatura de Gabinete de turno. Es decir que en vez de ingresar de manera directa a los organismos culturales para el fomento de producciones, engrosarán las Rentas generales del Estado y cada año se decidirá si se destinan la misma cantidad de recursos, menos, la mitad o nada. De esta manera, entidades como el INCAA ya no contarán con recursos propios para funcionar, sino que dependerán de lo que cada año se le asigne a través de la Ley de Presupuesto. En el caso del INCAA, esto significaría perder la autarquía definida desde su fundación.
Los Fondos de Fomento que están en riesgo de desaparecer tienen una particularidad: financian al mismo sector que los genera. Estos fondos no salen de impuestos generales, sino de impuestos específicos a las actividades vinculadas al mismo sector. El Fondo de Fomento del Cine, por ejemplo, proviene de un impuesto del 10% sobre entradas de cine (a cargo del espectador), lo recaudado por el actual ENACOM (a cargo de los licenciatarios) y otros gravámenes menores previstos por la Ley de Cine.
Estos fondos son destinados a producciones alternativas, comunitarias y también a grandes producciones que llevan nuestra cultura a todas partes del mundo -festivales, encuentros, premiaciones-, y permiten el crecimiento y desarrollo de les profesionales de la industria audiovisual. Se trata del derecho a ejercer, potenciar y compartir nuestra soberanía y diversidad cultural. Sin este fomento, las dos películas argentinas que han ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera -una de ellas, dirigida por el propio Luis Puenzo- probablemente nunca hubieran pasado del papel a la pantalla.
Frenar el decreto
Pablo Carro, diputado del Frente de Todos, presentó un proyecto para detener el desfinanciamiento de las industrias e instituciones culturales argentinas, anulando la caducidad de sus asignaciones específicas, impuesta en la reforma tributaria de 2017. “Sólo el 2 % es el porcentaje del Presupuesto Nacional que representan los fondos que se destinan para fomentar todas las industrias culturales, en todo el país”, según sostuvo Diego Rossi, asesor del diputado.
El proyecto establecía inicialmente la anulación total del decreto, pero se acortó a una suspensión durante 50 años -y podría seguir disminuyendo-, en la búsqueda de consenso entre les funcionarios indecises: una solución momentánea, que prorroga el conflicto por un periodo de tiempo -¿cuál será el color político mayoritario cuando la pelota vuelva a caer?-, pero de momento parece ser la única alternativa al inminente desguace cultural.
Otro factor determinante a la hora de pensar prórrogas es que los procesos de producción cinematográfica son muy extensos: pueden abarcar cinco años desde que se empieza a esbozar un guión, hasta que se filma y pos produce. Plantear prórrogas de 10 o 20 años es realmente insuficiente para el sector audiovisual.
El proyecto todavía no obtuvo estado parlamentario, sigue en debate en las comisiones. Cuenta con el apoyo del ministro de Cultura, Tristán Bauer, y si bien habría consenso en Diputados para detener el desfinanciamiento de la cultura, en Senadores el panorama podría ser adverso.
Una nueva Ley de Cine
Este conflicto pone sobre la mesa la desactualización de la Ley de Cine, sancionada en 1994, que requiere una modificación acorde a las transformaciones de la industria audiovisual. Más allá de los puestos de trabajo que generan y la oportunidad económica que representan, las plataformas de streaming han acaparado la escena, libres de políticas y regulaciones que preserven y retroalimenten la producción nacional.
¿Sabías que el copyright de Maradona es yanqui? La cuestión de fondo es cómo preservar nuestra identidad y nuestra cultura a través del fomento a la producción audiovisual nacional independiente: “Cuando uno filma para las plataformas filma por encargo aquello que ellas deciden, y hasta se reservan los derechos de copyright. No es que esté mal, es una alternativa provechosa en términos económicos, pero si no se estimula la producción propia dejamos de generar cine propio, y con ello desaparece la cultura propia”, explicó Vanessa Ragone, productora y presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), en diálogo con Página/12.
Uno de los puntos más importantes de la necesaria actualización de la Ley de Cine es gravar a las plataformas, establecer un marco legal a lo que pueden hacer en cada uno de los países, y destinar esos fondos al fomento de la producción local, diversa y federal. Hay también otras deudas pendientes que la actualización de la Ley de Cine debería contemplar, como los nuevos formatos y tecnologías, el siempre pendiente cupo femenino y disidente, y el federalismo. Según Hernán Findling, presidente de la Academia Argentina del Cine, el 89% de las producciones audiovisuales son de Buenos Aires y entre las demás provincias se distribuye el 11% restante.
*Por Julieta Pollo para La tinta / Imagen de portada: Mariana Nedelcu.
