¿Quién mata a lxs jóvenes brasileñxs?
Nuevos datos revelan una realidad aterradora: la policía ya es responsable del 44 por ciento de todas las muertes violentas de niñxs y jóvenes en San Pablo. Los jóvenes negros son 80 por ciento de las víctimas.
Por Jeniffer Mendonça para Ponte Jornalismo
“La policía no le da chance a la juventud”, fue la frase que enunció la conductora de ómnibus Ana Paula Rocha, de 45 años, cuando se cumplía un año de la muerte de su hijo, Igor Rocha Ramos, de 16. Ella le pidió que fuera a comprar cigarrillos y terminó muerto de un tiro en la cabeza, disparado por el sargento Nelson Gonçalves da Veiga Almeida, en Jardim São Savério, un barrio en la periferia de la zona sur de la ciudad de San Pablo, en abril de 2020.
El 80 por ciento de las muertes violentas de niñxs y adolescentes en Brasil son de chicxs negrxs. Además de él, otras 786 víctimas, de 10 a 19 años, fueron asesinadas por la policía en 2020, de acuerdo con el informe inédito publicado el viernes 22 de octubre por el Foro Brasileño de Seguridad Pública y Unicef, que aborda la violencia letal y sexual contra víctimas de 0 a 19 años.
Las entidades solicitaron información a los 26 estados y al Distrito Federal de Brasilia, pero sólo 18 enviaron datos que permiten hacer una comparación de 2016 a 2020. En estos cuatro años, fueron 26.413 las muertes violentas intencionales de niños, niñas y adolescentes, que incluyen homicidio, lesiones corporales seguidas de muerte, robo y muertes a manos de policías en servicio. Si bien los homicidios de niñxs hasta los 9 años tienen lugar principalmente en el hogar, las víctimas de 10 y más años, en especial las de 15 a 19, sufren lo que los investigadores denominan “violencia urbana”; la intervención policial se ha incrementado como causa de estas muertes.
“Durante dos años, hubo una reducción de los homicidios, pero la violencia policial siguió incrementándose y, en 2020, volvieron a aumentar tanto los homicidios como las muertes a manos de la policía. Esto tiene que ver con todo un debate sobre la lucha contra el narcotráfico, una estructura racista para enfrentar la criminalidad y una percepción de que ‘un delincuente bueno es un delincuente muerto’, en la que la acción policial tiene una justificación para la letalidad”, analiza la investigadora del Foro Brasileño de Seguridad Pública, Sofia Reinach.
En cuanto a los datos de 2020, la encuesta pudo obtenerlos de 24 unidades federativas (con las excepciones de Bahía, Goiás y el Distrito Federal), cuya suma de muertes a manos de la policía fue de 787 víctimas de 10 a 19 años (736 son de 18 estados) y 5.186 por las demás causas. En una proporción de muertes violentas en los 24 estados, San Pablo lidera la lista con 44 por ciento de estos homicidios cometidos por la policía. Reinach señala que la alta tasa refleja tanto la presencia de registros más calificados sobre esta franja etaria como la existencia de una cultura que apoya la letalidad.
El oficial de Monitoreo y Evaluación de Unicef Brasil, Danilo Moura, sostiene que los niñxs y adolescentes negrxs sufren más por no haber visto reconocida su condición de niñxs y adolescentes, y porque el trato es diferente por parte de las fuerzas de seguridad. “El chico blanco de 15 años es un chico, el chico negro no, se lo trata como un hombre, como un riesgo, y se envejecen los cuerpos negros en los que la muerte es el último de los grados de violencia, precedido por la desigualdad social y la falta de acceso a los servicios públicos”, critica. “Los policías no son entrenados para tratar con adolescentes”, agrega.
El relevamiento no contiene datos sobre niñxs y adolescentes con discapacidad ni con personas transgénero de esa edad. Moura indica que existe una dificultad para obtener esta información de las secretarías de Seguridad del Estado. “Son datos que no están estandarizados y, en general, son dos perfiles que no tienen registros específicos, y las organizaciones sociales se encargan de recolectar estos datos de manera individual, caso por caso, pero son importantes y deberían existir”, afirma.
Para Reinach y Moura, es necesario fortalecer los mecanismos de control de la actividad policial y también invertir en redes de apoyo a niños, niñas y adolescentes, como los consejos tutelares, para que puedan intervenir antes de que una situación llegue al extremo de la violencia, que es la muerte. “Es necesario que exista esta mirada a la niñez y adolescencia, no normalizando las muertes, y es fundamental que los profesionales actúen y estén cada vez más capacitados, trabajar con las distintas policías para invertir en protocolo y capacitación, fortalecer los asuntos internos y promover mejores salarios y condiciones de trabajo”, destaca la investigadora.
“Los consejos tutelares llevan algunos años sin recursos y estos actores que están a la vanguardia son fundamentales para velar por la protección de la niñez. De la misma forma que lxs docentes y lxs enfermerxs de los centros de salud, estos profesionales necesitan estar capacitados para reconocer signos de violencia para actuar cuando son identificados”, enfatiza el funcionario de Unicef.
El estudio también mostró que el medio más utilizado en las muertes es el arma de fuego, incluso contra niñxs de 9 años o menos. En 2020, este instrumento se utilizó en 85 por ciento de las muertes de niños de 10 a 19 años, y en 67 por ciento de las de niñas de esta franja etaria. Para los investigadores, la cifra está directamente relacionada con la facilidad de acceso a las armas por parte de la población, que aumentó con el gobierno de Jair Bolsonaro. “Se produce un agravamiento de la violencia urbana y la violencia doméstica, porque cuantas más armas de fuego hay en las casas, mayor es el riesgo de que la violencia se vuelva letal”, asegura la investigadora del Foro Brasileño de Seguridad Pública.
Si las muertes violentas afectan más a los niños y adolescentes varones, en el caso de la violencia sexual, las niñas y las adolescentes representaron el 86 por ciento de las víctimas de violación en 2020. En un año marcado por la pandemia, los investigadores entienden que la reducción de los números, en realidad, representa un sub-registro de los casos, ya que los meses de abril y mayo fueron los más restrictivos del año pasado y representaron las tasas más bajas, teniendo en cuenta que, de 2017 a 2020, en 67 por ciento de los casos el delito se produjo en el domicilio de la víctima. “Eran esos primeros meses en los que la gente se quedaba en casa, los niños no iban a la escuela y no tenían contacto con nadie más que el núcleo familiar, y la gente no sabía si muchos servicios estaban abiertos o cerrados, o cómo acceder a ellos, entonces la hipótesis es que no estaban denunciando y registrando los casos”, evalúa Moura.
La media de edad de las víctimas de violación que el estudio encontró con el mayor número de casos en este intervalo de cuatro años es de 14 años. Para Moura, la cultura de la violación afecta tanto a las niñas como a las mujeres y, por lo tanto, la discusión sobre el género es importante para evitar el abuso. “Las niñas son sexualizadas antes, hay una cierta normalización de las niñas de 12 y 13 años, que están en el inicio de la pubertad, que culturalmente son vistas como agentes sexuales aunque no lo son y esto las deja más expuestas y vulnerables”, asevera.
Ponte consultó a la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo sobre los datos relacionados con muertes violentas y letalidad policial, además de casos de violación.
La cartera envió un comunicado en el que cita que el estado tiene “las tasas de mortalidad más bajas entre niños y adolescentes”, y que “las ocurrencias de muertes por intervención policial que involucran a niños y adolescentes se redujeron casi a la mitad entre 2015 y 2020”, pero no menciona la proporción de muertes a manos de la policía en relación con las otras muertes violentas intencionales de niños y adolescentes de 10 a 19 años, ya que, de las 315 en San Pablo, 140 fueron por intervención policial.
*Por Jeniffer Mendonça para Ponte Jornalismo / Traducción: Nodal / Foto de portada: Mauro Pimentel – AFP.
