No hay vacunas para Palestina en el apartheid israelí
Tras el aparente éxito de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Israel, se esconde una realidad poco difundida por los medios de comunicación: la privación de vacunas a la población palestina.
Por Víctor M. González para La tinta
El gobierno israelí se jacta de ser el primer país en el mundo que inocula completamente a más del 50 por ciento de su población -alrededor de 5,3 millones de personas- con la vacuna contra el nuevo coronavirus, liderando el índice mundial y acercándose a la tan ansiada inmunidad de grupo. El Instituto Nacional de Ciencia hebreo ha reportado en lo que va de año un descenso del 96 por ciento de casos positivos por la COVID-19 en todas las franjas de edad y una reducción del 85 por ciento de las muertes provocadas por el virus.
Es importante destacar que, para conseguir semejante suministro de vacunas, el gobierno del ultraconservador Benjamín Netanyahu pagó mucho más que cualquier otro país por cada dosis; casi el doble que, por ejemplo, la Unión Europea (19,5 euros por inyección frente a los supuestos 12 euros de la UE). Algunas fuentes señalan que podría llegar a ser el triple, algo difícil de saber dado el hermetismo que rodea los contratos que las naciones suscriben con las empresas farmacéuticas. Además, Tel Aviv se comprometió a compartir de forma semanal datos médicos de sus pacientes con Pzifer a cambio del flujo ininterrumpido de vacunas.
En Israel y en el resto del mundo, los titulares, ajenos a este detalle, se suceden: desde los que proclaman el “milagro” de la campaña de vacunación, elogiando el buen hacer del gobierno, o el comportamiento ejemplar de su población, hasta lo que hemos podido leer en los últimos días, donde se pregona que es el “primer país libre de mascarillas en espacios abiertos”. Sin duda, un éxito a todas luces, si no fuera porque se produce en detrimento de la población palestina que habita los territorios ocupados.
Más de cinco millones de palestinos en Gaza y Cisjordania, además de 300.000 que habitan Jerusalén Este, y por supuesto un incontable número de refugiados en Siria, Líbano o Jordania, viven desde hace meses en una situación de emergencia sanitaria, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En uno de los lugares con mayor densidad de población del planeta, la crisis provocada por la epidemia del coronavirus ha puesto en jaque unas infraestructuras básicas ya de por sí fuertemente diezmadas por los ataques militares que el ejército de Israel ejecuta sistemáticamente sobre estos territorios y su población desde hace décadas. Los pocos hospitales y centros de atención médica que quedan en pie están colapsados y padecen escasez de todo tipo de suministros debido al bloqueo. Y las vacunas no son una excepción. En esta parte olvidada del mundo, ni llegan ni se las espera.
La comunidad internacional insta a Israel a facilitar la vacunación de los palestinos
La Organización de Naciones Unidas (ONU), así como varias organizaciones no gubernamentales, locales e internacionales, demandan que Israel -como potencia invasora- tiene la obligación y el deber de proveer servicios médicos a la población palestina. Uno de los primeros en referirse a esta responsabilidad fue el noruego Tor Wennesland, el nuevo coordinador de la ONU para Oriente Medio. Incluso Estados Unidos, tradicional y principal aliado de Tel Aviv, ha pedido que se facilite el suministro de vacunas en estos territorios.
Así lo refleja también el derecho internacional humanitario regulado por el Convenio de Ginebra, y las numerosas declaraciones y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que estipulan que, tras la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel es una potencia ocupante en los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Allí, aproximadamente 600.000 colonos israelíes viven en 256 asentamientos considerados ilegales por la legislación internacional, recuerda Amnistía Internacional (AI). Así, el artículo 56 del IV Convenio de Ginebra, relativo a la Higiene y Salud Pública, refleja que “la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios en el territorio ocupado, en particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias. Se autorizará que el personal médico de toda índole cumpla su misión”.
Israel desoye estas resoluciones y acude a los Acuerdos de Oslo de 1993 para negar cualquier asistencia, según los cuales la Autoridad Nacional Palestina (ANP) adquirió ciertas competencias y una jurisdicción limitada sobre sus territorios. Dichas competencias establecen que la ANP tiene potestad exclusiva sobre su sistema sanitario, aunque, como hemos visto, haya sido totalmente desmantelado por las fuerzas de ocupación israelíes y, por tanto, con un poder de actuación casi nulo a la hora de enfrentar una pandemia de estas dimensiones.
Sin embargo, algunos palestinos sí están empezando a ser vacunados. El gobierno de Tel Aviv ha autorizado recientemente que se comience a inmunizar a cerca de 120.000 árabes que cada día cruzan desde Cisjordania con permisos para trabajar en Israel y en los asentamientos ilegales de los territorios ocupados, ya que podrían suponer nuevos focos de contagio que hagan perder el control epidemiológico. Además de las recomendaciones de los expertos del Ministerio de Sanidad israelí, ha sido la Asociación de Empresarios de la Construcción la que ha presionado al gobierno para que se suministre la vacuna a los 65.000 palestinos que emplean como mano de obra. “Llevan muchos años trabajando con nosotros. Creemos que es justo y moral dar este paso”, indicaba la carta que han remitido al Ejecutivo. Para ello, la Estrella de David Roja (el equivalente a la Cruz Roja) abrió en febrero pasado un centro de vacunación en el paso fronterizo de Qalandia, entre Ramallah y Jerusalén.
Este hecho pone de relieve el margen de actuación que tiene Israel frente al virus, capaz de movilizarse rápidamente si consideran que la población hebrea puede verse atacada por nuevos brotes y entorpecer así su plan de vacunación. Del mismo modo, también evidencia la desatención a la hora de cuidar de la salud de la población palestina, ni siquiera la de mayor riesgo, siempre y cuando no les afecte.
Matthias Kennes, enfermero titulado y referente médico de la respuesta COVID-19 de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Hebrón, Cisjordania, asegura en un texto publicado por la organización que “hay 60 veces más probabilidades de vacunarse en Israel que en Palestina”, al tiempo que recuerda cómo ni siquiera llegan dosis suficientes para vacunar al personal de salud, mientras que a escasos kilómetros ya se están inmunizando a adultos y jóvenes sanos. “Si me preguntan por qué no se puede vacunar a las personas vulnerables en Palestina, no sé cómo responder. Es inexplicable e increíble. Peor que eso: es injusto y cruel”, lamenta Kennes.
El bloqueo también es sanitario
A la falta de respuesta sanitaria hay que sumarle el bloqueo que Israel ejerce desde 2007 sobre todos los suministros que tratan de ingresar desde terceros países a la Franja de Gaza, la zona más golpeada por la pandemia. El gobierno de Netanyahu mantiene puestos de control en todas las entradas y salidas desde Cisjordania a Gaza, donde también vigila la mayor parte de su costa y, al sur, la estrecha frontera que comparte el enclave mediterráneo con Egipto, colaborador necesario en el control del paso de Rafah.
Ya en febrero, el Ministerio de Sanidad palestino emitió un comunicado en el que denunciaba que las autoridades de ocupación israelíes habían impedido el acceso de vacunas contra el coronavirus a la Franja de Gaza. En total, fueron 2000 dosis de la Sputnik V que Israel mantuvo retenidas en la frontera de Cisjordania durante dos días, y que posteriormente fueron enviadas de vuelta a Ramallah para ser analizadas, bajo riesgo de quedar inservibles por no ser correctamente conservadas.
Esta primera remesa de la Sputnik V formaba parte de las 10.000 que Rusia se ha comprometido a donar a la ANP, encargada de distribuirlas. En este caso, iban destinadas a inmunizar al personal médico gazatí. La ministra de Sanidad palestina, Mai Al Kaila, calificó la medida de “arbitraria y contraria a todas las normas, leyes y acuerdos internacionales”.
El Consejo Nacional de Seguridad israelí, de quien depende esta decisión, no quiso hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, y según recoge el diario hebreo Haaretz, el comité de Asuntos Exteriores y Defensa mantuvo un debate parlamentario sobre este tema. El propio presidente de esta comisión, el diputado Zvi Hauser, del partido sionista Nueva Esperanza, mostró su oposición a la entrada de vacunas en Gaza, argumentando que esta partida no iba destinada a vacunar al personal médico, sino a los líderes de Hamás que gobiernan la Franja, “responsables del secuestro de israelíes”. Otros miembros que participaron en el debate pidieron que el acceso de vacunas se produzca a cambio del retorno de dos civiles israelíes retenidos en la Franja, lo que supone condicionar la ayuda humanitaria a la agenda bélica, y que el conjunto de la población palestina pague con su salud las actuaciones de grupos que operan en Gaza y que son considerados terroristas.
Además de la cooperación rusa, las autoridades palestinas esperan recibir 37.000 dosis de la Alianza COVAX, el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 de la OMS, encargado de garantizar su acceso equitativo y de ejercer de contraparte a un mercado farmacéutico enfocado en hacer llegar las vacunas a los países ricos de manera prioritaria. Gracias a este mecanismo, se estima que sea inmunizado el 20 por ciento de la población de los países más empobrecidos, entre ellos Palestina.
Sin embargo, ni siquiera las vacunas de la OMS están garantizadas ya que las infraestructuras necesarias para su avituallamiento y distribución, como aeropuertos y carreteras, están controladas por Tel Aviv, que hasta el momento impide que lleguen a destino.
La desolación que dejó “Margen Protector”
Recordemos que tras la última ofensiva israelí a gran escala de 2014, denominada “Margen Protector”(que le costó la vida a 2.251 palestinos -1.462 civiles, de los cuáles 551 niños-, y a 67 soldados israelíes y seis civiles), la destrucción que dejaron los bombardeos y la artillería del ejército sionista fue inmensa: un porcentaje importante de las infraestructuras quedaron totalmente derruidas o muy dañadas, entre las que hay que contar hospitales, escuelas, depuradoras de agua, subestaciones eléctricas o industrias agrícolas, entre otras. Además se calcula que alrededor del 50 por ciento de las viviendas fueron destruidas o gravemente afectadas, según informes del propio ministerio palestino. Los efectos de este ataque se agudizarían más aún en los años siguientes, a pesar de los 3.500 millones de dólares en fondos comprometidos por la comunidad internacional.
El empobrecimiento de la población general es una de las consecuencias más palpables. El último informe de la Asamblea General de Naciones Unidas, de agosto de 2020, relata que “entre 2007 y 2017, la tasa de pobreza en Gaza aumentó del 40 al 56 por ciento; la brecha de la pobreza se amplió del 14 al 20 por ciento; y el costo mínimo anual de la eliminación de la pobreza se cuadruplicó de 209 millones de dólares americanos a 838 millones”.
A pesar de la pandemia, los ataques dirigidos por las Fuerzas de Defensa de Israel hacia los territorios controlados por la ANP no han cesado. En agosto de 2020, el cielo de Gaza se iluminó durante diez noches consecutivas por los bombardeos israelíes que atacaron una Franja que ya enfrentaba un corte general del suministro eléctrico. El corredor humanitario quedó cerrado y el bloqueo por tierra, mar y aire se intensificó, lo que también impidió la entrada de combustible para alimentar los generadores. Tel Aviv presentó la ofensiva como una nueva operación contra Hamás, a la que acusaba del lanzamiento de globos y cometas incendiarias desde el otro lado del muro, y aseguró que estaba dirigida únicamente contra objetivos militares. La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) salió al paso de estas declaraciones y aseguró que los bombardeos habían alcanzado varias escuelas en el campo de Al-Shati, entre ellas una de la propia ONU, además de un centro de salud.
Algunos responsables de la agencia, como Raquel Martí, directora ejecutiva de la sección española de la UNRWA, también quisieron poner el foco en el absoluto silencio con que se perpetraron estos ataques, tanto por parte de los medios de comunicación como de la comunidad internacional, seguramente más ocupada en enfrentar la creciente pandemia.
Desde entonces, son continuas e incontables las operaciones encubiertas que Israel ejecuta mediante el uso de drones (vehículos no tripulados de combate aéreo) sobre estos territorios.
¿La pandemia como pretexto?
Hace meses que Israel está vendiendo el éxito de su campaña de vacunación con unas cifras que alientan la esperanza de acabar de una vez con la pandemia de coronavirus a nivel global.
Pero lo cierto es que, mientras el resto del mundo padece la escasez de vacunas, la nación hebrea no ha hecho más que situarse como el mejor postor en el opaco mercado farmacéutico para así acaparar dosis, haciendo gala, una vez más, de un nacionalismo conservador, codicioso y profundamente insolidario. Porque los datos que presenta Tel Aviv desconocen a costa de quién se producen. Mientras que la mayoría de los colonos israelíes goza de un acceso pleno a las vacunas, los más de cinco millones de palestinos que resisten la ocupación y la segregación sobreviven al bloqueo sin saber cuándo podrán ser inmunizados. Al mismo tiempo, comprueban cómo otros países se están beneficiando del excedente de vacunas israelí. La prensa hebrea ha publicado que estrechos aliados como Guatemala, Honduras y República Checa están recibiendo remesas de Pzifer donadas por el gobierno de Netanyahu a cambio, eso sí, de haberse comprometido en el pasado a trasladar sus delegaciones diplomáticas a Jerusalén.
En este contexto, no es de extrañar que el pueblo palestino piense que Israel está aprovechando la pandemia para apretar un poco más la soga alrededor de su cuello. Una estrategia tristemente conocida por una población que sufre 54 años de ocupación militar y una década de bloqueo en todos los frentes, que se traduce en una gran escasez de productos básicos: de alimentos, de agua, de materias primas y de recursos energéticos, incluidos los que se producen en tierra palestina y que son sistemáticamente incautados por los colonos. La ANP no se cansa de denunciar que la entrada de víveres en los territorios ocupados se realiza a cuentagotas, en lo que consideran lo mínimo indispensable para mantenerlos con vida.
“Gaza es una granja de animales”, sintetizaba Raji Sourani, el abogado fundador del Centro Palestino para los Derechos Humanos. En la misma línea, aún resuenan aquellas palabras pronunciadas en 2008 por el ex consejero del gobierno israelí, Dov Weissglass: “No vamos a matarlos; sólo vamos a someterlos a una dieta de adelgazamiento”.
*Por Víctor M. González para La tinta / Foto de portada: Palestina Post 24
