El autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres a juicio
El martes, comenzó el juicio contra Roberto David Castillo, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la ambientalista y lideresa hondureña Berta Cáceres.
Por Redacción La tinta
El juicio contra Roberto David Castillo, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la ambientalista y lideresa campesina hondureña Berta Cáceres, perpetrado el 2 de marzo de 2016, comenzó el martes pasado en el Tribunal de Sentencia, con competencia nacional, en Tegucigalpa, capital de Honduras.
En el proceso judicial que se lleva adelante, la familia y las organizaciones defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos buscan que se conozca y condene cómo operan las empresas extractivas que, con la complicidad de funcionarios públicos, montan estructuras que utilizan la violencia y la criminalización de los pueblos campesino e indígena para arrasar con los recursos naturales del país.
Berta Cáceres fue asesinada en la ciudad de La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
En diciembre de 2019, un tribunal condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por la muerte de Cáceres, y a 16 años por intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
Después de 11 suspensiones a lo largo de los últimos meses, el juicio contra Castillo, considerado el enlace entre los propietarios de la empresa Desarrollo Energético (DESA) y los sicarios que asesinaron a Cáceres, pudo resultar fundamental para confirmar quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de la activista.
Castillo, un militar hondureño, es directivo de DESA, encargada de ejecutar un proyecto hidroeléctrico en la comunidad lenca de Río Blanco. Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en 1993, se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde la compañía pretendía construir la represa Agua Zarca, iniciativa denunciada por los profundos daños que produciría al medioambiente.
Las hijas de la dirigente del COPINH, Bertha y Olivia Zúñiga Cáceres, hoy líder de la organización y diputada, respectivamente, relataron al diario Gara que los ocho condenados hasta ahora solo eran “los gatilleros, el eslabón más bajo” del crimen, y temían que se utilizara su encarcelamiento para frenar la investigación. Berta y Olivia apuntaron contra a familia Atala, banqueros y empresarios ligados al proyecto de la represa.
Un día antes de que se inicie el juicio, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el COPINH realizaron frente a la Corte Suprema de Justicia una ceremonia en memoria de Berta Cáceres.
Al intervenir en el acto, Bertha Zúñiga expresó: “Nosotras les regresamos toda su maldad, todo su odio, toda su saña y nos quedamos con esta apuesta por la vida, con este camino de justicia”. Por su parte, Olivia Zúñiga recordó que, el 3 de abril, se cumplieron 61 meses sin justicia para su madre, quien, un año antes del crimen, fuera galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, a los defensores de la naturaleza y considerado el Nobel de la Ecología.
En declaraciones a la agencia EFE, uno de los abogados de la familia de Cáceres, Víctor Fernández, aseguró que el asesinato de la ambientalista está relacionado con “actos de corrupción, violaciones de derechos humanos, otros asesinatos y con el modelo de concesión corrupta que hay en el país”.
Fernández dijo que espera que el juicio se desarrolle con “perspectiva de género y de derechos humanos”, porque la víctima era una mujer y su condición fue “un elemento que favoreció a los criminales para que la ejecutaran”.
El abogado destacó que el caso de Berta Cáceres “no termina” con el juicio contra Castillo, porque él “no es un autor intelectual calificado del proceso, los autores intelectuales son sus empleadores, tienen capacidad económica para hacer este tipo de cosas y corrompieron a la institucionalidad”.
Desde la familia Cáceres, expresaron su preocupación por el próximo vencimiento de la prisión preventiva contra Castillo, ya que podría “salir en libertad, huir del país o pueden quitarle la vida para evitar más investigaciones y detener cualquier proceso contra los demás autores intelectuales” del asesinato.
En tanto, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) lamentó su exclusión por parte del tribunal como observadora en el juicio. A través de Twitter, la agencia de la ONU lamentó “la decisión del Tribunal de Sentencia de no permitir la observación y acompañamiento presencial de la audiencia de la Causa Berta Cáceres. Esta decisión limita nuestro ejercicio efectivo de monitoreo y asistencia técnica a las instituciones nacionales”.
A principio de marzo, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnès Callamard, se pronunció sobre el tema y dijo que “mientras no se responsabilice a los autores intelectuales, no se ha hecho justicia para Berta Cáceres”. “Se necesita una campaña formidable, investigaciones eficaces, múltiples juicios en diferentes países y determinación”, remarcó Callamard.
A su vez, la Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres (MOCCBC) solicitó al Estado hondureño que garantice la aplicación de los estándares internacionales de justicia en el proceso judicial en curso. Además, demandó que se respete “la normativa nacional que conduzca a la obtención de la verdad, la justicia integral y la reparación en un caso de interés mundial”.
Desde la MOCCBC, aseveraron que, como resultado de su lucha y trabajo, Berta Cáceres “fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización, hostigamiento y criminalización, lo que llevó a la CIDH a otorgarle medidas cautelares durante los siete años previos a su asesinato”.
La MOCCBC, integrada por 19 organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos internacionales y nacionales, también denunció la situación de impunidad estructural existente en Honduras. Por eso, advirtió que el momento actual constituye un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumple con los estándares internacionales en esta materia.
El 18 de febrero de 2020, se celebró una audiencia de proposición de pruebas que aceptó 88 medios de pruebas vinculantes del acusado David Castillo con el asesinato de la lideresa hondureña.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: Orlando Sierra – AFP
