Condenan a siete de los responsables materiales del asesinato de Berta Cáceres
La justicia hondureña sentenció a los responsables materiales de asesinar a la reconocida ambientalista hondureña, aunque su familia criticó la decisión judicial.
Por Redacción La tinta
El Tribunal de Sentencia de Honduras que juzga el caso del asesinato de la dirigente campesina y feminista, Berta Cáceres, condenó, el jueves, a siete personas y absolvió a otra más por sus responsabilidades en el hecho. Entre los condenados, están los tres sicarios que dispararon contra Cáceres el 2 de marzo de 2016, dos ex militares y dos trabajadores vinculados a la empresa DESA (Desarrollos Energéticos), que construiría la presa hidroeléctrica a la que la ecologista se oponía frontalmente.
El tribunal declaró culpables a Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano Díaz (mayor en activo del ejército de Honduras), Douglas Bustillo (teniente retirado y ex jefe de seguridad de DESA), Henry Hernández (ex militar) y a los sicarios Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, como coautores del asesinato.
Tras un juicio de cinco semanas, los magistrados consideraron, también, que está probado que los directivos de la empresa DESA planificaron el asesinato con el objetivo de dañar la lucha encabezada por Cáceres.
Según la reconstrucción de la Sala I del Tribunal de Sentencia, el gerente de la empresa DESA pidió ayuda a uno de sus jefes de seguridad para que terminara con la vida de la ecologista. En concreto, se lo pidió al teniente retirado Douglas Bustillo. A su vez, Bustillo recurrió a otro amigo de los cuarteles, el mayor Mariano Díaz, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a los sicarios.
Ahora, se espera que, el 10 de enero del próximo año, se leerá la individualización de la pena contra los autores materiales del asesinato de Cáceres.
Cáceres fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras. La lideresa campesina encabezaba una lucha sostenida en contra de la presa Agua Zarca, de la empresa DESA, que cambiaría el rumbo del río Gualcarque. Una nueva hidroeléctrica en la línea de la política de grandes obras públicas concesionadas a un puñado de familias que ha llevado a cabo, los últimos años, gobiernos de Honduras. Un año antes de su asesinato, Cáceres había recibido el reconocido premio Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso entre los defensores del medio ambiente.
Luego de conocerse la sentencia, la familia de la líder comunitaria y feminista expresó en un comunicado que “este fallo que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA, no significa que se ha alcanzado justicia”. En el texto, agregaron que “el veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro”, quien, el día del ataque, se encontraba junto a la dirigente campesina.
Los familiares de Cáceres apuntaron que “las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como éste de manera impune”.
También, recordaron que, desde el inicio del proceso judicial, hace casi tres años, fue claro que el asesinato de la feminista “fue planificado por los directivos de la empresa DESA para, luego, ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado, debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real”.
A principios de noviembre, la familia de la lideresa social se declaró “en rebeldía contra la farsa y la injusticia” y ante “la confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres y evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato”. En ese momento, explicaron que el sistema de justicia hondureño no permite la participación en el juicio de ninguno de los familiares ni de los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), así como tampoco del testigo Gustavo Castro.
En el comunicado difundido ayer, los familiares de Cáceres advirtieron que ellos fueron “expulsados” del proceso judicial, “debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que, a diario, fueron sucediendo en los tribunales”. En el texto, denunciaron que la familia Atala Zablah, accionistas y dueños de DESA, “están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres”.
Además, los familiares de la dirigente manifestaron “que los hechos criminales” cometidos por DESA “van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e, incluso, de la administración pública y del Estado de Honduras”.
“¿Qué intereses están en juego y motivan que, con sus comportamientos, protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? –se preguntaron en el comunicado-. ¿Por qué, existiendo evidencia de su participación, no han sido procesados al día de hoy, después de casi tres años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad?”.
Para los familiares, en esta fase del proceso judicial, se condenó “al eslabón más bajo de la estructura criminal, con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia”. “La impunidad que, hasta hoy, muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen –agregaron-, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas, juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia prevalezcan en esta causa, y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo”.
*Por Redacción La tinta
