Honduras: otra vez suspenden juicio por el asesinato de Berta Cáceres
El tribunal que lleva adelante el juicio por el asesinato de lideresa hondureña suspendió nuevamente el inicio del proceso.
Por La tinta
El inicio del juicio por el asesinato hace más de dos años de la ambientalista hondureña Berta Cáceres fue nuevamente suspendido este lunes y todavía no se conoce la fecha en que se reanudará.
El juicio oral y público “se suspendió” debido a que “la acusación privada interpuso una apelación”, indicó a la prensa la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars. “La acusación privada considera que el tribunal (de sentencia) no tiene competencia de conocer la causa”, subrayó Villars, quien indicó que la Sala de lo Penal conocerá el recurso.
Es la segunda vez que la familia de Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza -pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía-, presenta una apelación contra el tribunal de sentencia.
En tanto, el equipo legal que representa a la familia de la defensora de derechos humanos y al COPINH, presentó una denuncia al Ministerio Público contra la Corte de Apelaciones por falsear información. Además, los abogados señalaron que la acusación privada exige un debido proceso y no se puede un juicio con todas las irregularidades existentes.
Los ocho imputados por el asesinato son Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (ex militar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético (DESA,) a la que Cáceres denunció para defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. A estos imputados se suman Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas.
Todos son acusados por el Ministerio Público por el asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien ese día era su huésped y resultó herido de bala.
El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20, según el Código Penal.
Laura Zuniga Cáceres, una de las hijas de Berta, declaró en la puerta del tribunal van a seguir “exigiendo justicia verdadera” porque los familiares de la ambientalista y el pueblo hondureño “lo merecemos y lo necesitamos”. “Hemos visto también cómo la impunidad hace que la población hondureña tenga que irse del país, porque ni siquiera hay condiciones para vivir. Esta pelea es parte de eso”, destacó Zuniga Cáceres.
Al referirse al juicio, explicó que “que debería ser oral y público, pero se nos niega la entrada a los espacios, e incluso se ha negado la transmisión en vivo. Eso es parte para que este caso siga en secreto y así cubrir todas las irregularidades que van haciendo. No estamos dispuestas y dispuestos a permitir eso. Vamos a seguir denunciando y contando al mundo entero todas las chanchadas que pretenden hacer para lavarse la cara de este asesinato, del cual el Estado es responsable”.
Durante la jornada de ayer, cuando los militantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) llegaron al tribunal la policía intentó detenerlos, pero luego de una negociación se les permitió ingresar al edificio. Igualmente, el tribunal de sentencias ordenó el decomiso de los teléfonos de las personas que presenciarían el juicio en la sala.
La ambientalista hondureña se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Según un informe divulgado en octubre de 2017, el asesinato de la ambientalista fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA -cuyo presidente ejecutivo, Roberto David Castillo, fue detenido en marzo como presunto autor intelectual del crimen-, en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.
Para Erika Guevara Rosas, directora para las América de Amnistía Internacional (AI), “es fundamental que las autoridades hondureñas garanticen que en este juicio se cumplen las normas internacionales de justicia procesal y que la justicia prevalece en uno de los crímenes más emblemáticos de la historia reciente de la nación”.
AI, que durante el proceso se encuentra como observadora, indicó que el objetivo es “supervisar el cumplimiento por las autoridades de las salvaguardias de justicia procesal para garantizar que todos los responsables de la muerte de Berta Cáceres responden ante la justicia”. La organización expresó en múltiples ocasiones su preocupación por las “graves deficiencias” de las que adolece la investigación del asesinato por parte de las autoridades hondureñas.
*Por La tinta
