Trabajadores petroleros: precarización y pandemia
La Agencia Internacional de Energía (AIE) pronosticó, el pasado miércoles 15 de abril, una caída histórica de la demanda de petróleo en 2020 de -9,3 millones de barriles por día, debido a la parálisis económica generada por la crisis mundial que tuvo a la pandemia de covid-19 como detonante.
Por Jorge Montero para El Furgón
Este desplome de la demanda hará que el consumo mundial retroceda a niveles de 2012, hasta los 90,6 millones de barriles diarios, según los cálculos de la agencia con sede en París. Sólo en el mes de abril se prevé una caída de 29 millones de barriles por día en comparación con 2019, cifra inédita en el último cuarto de siglo.
Paralelamente, se derrumban los precios y el barril de referencia, el WTI (West Texas Intermediate) estadounidense, registra su precio más bajo desde noviembre de 2001. El viernes 17 de abril el barril se desplomó a 18,27 dólares.
La depreciación del petróleo repercutió inmediatamente sobre el mercado financiero, amenazando con dar el golpe de gracia a las empresas energéticas y especialmente a las vinculadas a la producción de petróleo y gas no convencional. En su mayoría estas compañías, altamente endeudadas, están al borde de la quiebra y afectadas por la acelerada disminución de la productividad de los pozos. Constituyen un sector importante dentro del universo de deuda corporativa estadounidense que hoy asciende a 10,5 billones de dólares, y con 1,5 billones considerada deuda basura (con altísimo riesgo de impago) compone uno de los puntos más débiles de su sistema financiero. Hasta ahora, la industria del fracking se mantuvo en Estados Unidos con endeudamiento. Con el pretexto de la pandemia comienza ahora la etapa de tratar de sobrevivir con el subsidio estatal.
El colapso bursátil de marzo, puntapié inicial del terremoto financiero internacional, tuvo su origen en la puja de Arabia Saudita con aliados de ocasión, colisionando de frente con las petroleras estadounidenses especialmente aquellas productoras de shale oil, en torno al precio del petróleo. No solo quedó al desnudo la gravedad de la competencia intercapitalista en todas las áreas sino, y más significativamente, mostró a Washington sin capacidad arbitral.
El sueño de la independencia energética, que persiguieron por igual demócratas y republicanos desde la crisis petrolera de 1970, y que llevó a Estados Unidos a ser el mayor productor mundial de petróleo en base a la técnica de la fractura hidráulica (fracking) a principios de 2019, se transformó en pesadilla. Un acuerdo como el que Donald Trump está negociando con Rusia y Arabia Saudita, podría dar un poco de oxígeno a la industria, pero no solucionará su problema fundamental con la rentabilidad. La independencia energética era un sueño febril, alimentado por deudas baratas e inasibles mercados de capitales.
El 8 de marzo, se derrumbaron el precio del barril y las acciones de las compañías energéticas. La producción de petróleo y gas no convencional en Estados Unidos -y por supuesto en otras latitudes, muy especialmente en la formación de Vaca Muerta en Argentina– se tornó inviable por su altísimo costo. Whiting Petroleum Corp, una de las corporaciones más grandes, ya se declaró en bancarrota y decenas de miles de tejanos fueron despedidos en la cuenca del Pérmico, mientras toda la industria se prepara para lo peor.
La perspectiva es que detone una cadena de quiebras de grandes petroleras y de bancos asociados, con las obvias consecuencias económicas y sociales en todo el mundo. Además, provocará escasez de petróleo en Estados Unidos, cuyo abastecimiento volverá a depender del aumento de sus necesidades de importación. Es obvio que esta nueva situación empuja a Washington a acentuar su embestida contra el gobierno de Venezuela y al riesgo cierto de una invasión militar.
En este cuadro, queda destruida la fantasía de ciertos sectores políticos argentinos que pretendían saldar la deuda externa con los recursos de Vaca Muerta.
Las consecuencias de la crisis de sobreproducción mundial petrolera no se hicieron esperar en Argentina. Si con el congelamiento de los precios de combustibles en agosto de 2019, como medida de corte electoral y el hundimiento del precio internacional del barril de crudo desde principios del año, ya se había bosquejado una aguda crisis en las proyecciones de la producción de hidrocarburos, especialmente la de petróleo y gas no tradicional de Vaca Muerta; ahora se plantea directamente la inviabilidad del actual esquema de explotación hidrocarburífera nacional.
Las empresas multinacionales, como siempre en Argentina, salieron a demandar subsidios del Estado. Apoyadas en los gobernadores de las provincias productoras y en la burocracia de los sindicatos petroleros, cuando se extendió el confinamiento por la pandemia, planteaban contar con un precio sostén del barril. Es decir, volver al esquema del “barril criollo” viabilizado por Cristina Fernández en 2015, cuando se produjo otro cimbronazo en el precio internacional del petróleo. El debate se concentraba entre las demandas de las empresas productoras, que pretendían un precio superior a 50 dólares y las refinadoras que reclamaban que se ubique en torno de los 40 dólares, garantizando que el precio de los combustibles se mantuviera en los actuales niveles. En síntesis, se profundizaría el traspaso de renta del conjunto de la población hacia las empresas petroleras.
Para la exportación de un barril de valor significativamente menor, con ingentes dificultades dada la sobreproducción mundial, las empresas reclamaban la eliminación de las retenciones a las exportaciones.
Hoy, todo este mecanismo ha saltado por los aires. Profundización de la crisis y confinamiento han redundado en una caída -según los últimos datos- del 70 por ciento de la demanda de hidrocarburos y en un excedente de 210 mil barriles de petróleo diarios en el país.
Se sucedieron los frenéticos “acuerdos” entre las cámaras empresarias y las direcciones de los sindicatos petroleros que comenzarán a concretarse el lunes 20 de abril. Formidables pasos hacia la restricción de la producción y drástica reducción de salarios. En primera fila se situaron los sindicatos de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y Chubut, encabezados por Guillermo Pereyra y Jorge Ávila.
Pereyra, ex senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino y dueño de múltiples empresas de servicios petroleros, fue taxativo: “Es lo que hay, no hay nada para pelear”, aceptando así un recorte que va desde el 50 por ciento al 70 por ciento del salario, con consecuencias ruinosas para los 24.000 trabajadores del sector. El convenio será retroactivo desde el primero de abril y regirá hasta el 31 de mayo, aunque se trata de una fecha tentativa y el propio sindicalista reconoció que “nadie sabe cuánto durará esta crisis, si dos meses, cinco meses o un año”.
Ya antes del desembarco de la pandemia, Guillermo Pereyra -oficiando más como gerente de recursos humanos de las empresas que como secretario general del gremio petrolero- había planteado que en la industria neuquina sobraban más de 3.000 trabajadores. Luego, ya con el decreto de aislamiento obligatorio corriendo, el dirigente sindical adelantó que la crisis actual sería “peor que la de 2008”, cuando fueron suspendidos miles de petroleros con drásticas reducciones salariales.
“No encontramos la solución deseada por todos porque no fue una negociación. Nosotros quisimos cambiar algunas cosas y nos dijeron: ‘señores esto es lo que tenemos, el que quiere firmar que firme y el que no que no firme’… Siempre hemos peleado en todos los frentes pero en esta no hay nada para pelear”, afirmó Pereyra anunciando su decisión en un audio por WhatsApp enviado a los trabajadores.
Por su parte, el dirigente Jorge ‘Loma’ Ávila, se justificó en el panorama complejo de la situación que vive el sector petrolero de Chubut. “Hay más de 7.000 trabajadores en sus casas, con el sueldo básico y la vianda nos conformamos para pasar la cuarentena”. Cabe destacar que la producción en la cuenca chubutense se mantiene con otros 3 mil trabajadores en los yacimientos, donde se mantienen 33 equipos de pulling en funcionamiento.
Ávila, quien participó activamente en la represión contra trabajadores docentes y estatales que reclamaban al gobernador Mariano Arcioni por el no pago de sus salarios, afirmó que “todos vamos a perder plata, si no hacemos algo, vamos a quedarnos sin trabajo”.
El acuerdo a firmar prevé que las petroleras aportarán 10.000 pesos por cada trabajador alcanzado por el acuerdo que irá a las arcas de los sindicatos en concepto de gastos de obra social, punto clave, según sostuvieron las partes, ante la crisis sanitaria provocada por el covid-19.
Además, el salario que pagarán las empresas durante los próximos dos meses tendrá carácter no remunerativo. Es decir, no se pagarán cargas patronales ni obra social. Lo cual implica para las empresas, un recorte adicional del 17 por ciento en lo que consideran el costo laboral.
Los gremios díscolos, en esta oportunidad están representados por el Sindicato de Santa Cruz, que lidera Claudio Vidal, y la otrora poderosa Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible, que tiene su masa de afiliados reducida a las refinerías, con Pedro Milla como secretario general; que admiten una rebaja salarial, pero “solamente” del 30 por ciento.
Sin duda, las multinacionales petroleras se vienen beneficiando desde hace años con enormes subsidios gubernamentales, precios dolarizados de los combustibles que pagan los consumidores con tarifas exorbitantes, y una flexibilización laboral criminal impuesta a los trabajadores, con saldo de centenares de accidentados y catástrofes ambientales irreparables.
En este cuadro, ¿qué tienen para decir hoy los trabajadores?, cuando corren riesgo de ser devorados por la crisis sus puestos de trabajo, sus salarios y su salud. Pese a la orfandad sindical, los petroleros están ante una enorme oportunidad. Es inaplazable el debate sobre la recuperación y el control de la producción, transporte y comercialización de los hidrocarburos, deteniendo el saqueo de petróleo, gas y demás recursos naturales. Garantizando el abastecimiento a todo el país, la recuperación de la renta para nuestro pueblo y la búsqueda de alternativas energéticas que no continúen destruyendo ni el medio ambiente ni nuestras vidas, para así edificar una Argentina próspera e igualitaria.
*Por Jorge Montero para El Furgón / Imagen de portada: El Furgón.
