UNC: declaran las últimas personas imputadas por la toma del Pabellón Argentina
Por Redacción La tinta
Cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se presentarán a declarar este jueves ante el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Vaca Narvaja, en el marco de la causa que investiga si se produjeron delitos en la toma del Pabellón Argentina.
Se trata del último grupo de personas -de un total de 27 estudiantes y una docente- que tuvo que presentarse a prestar declaración indagatoria ante el magistrado, tras ser imputadas por la fiscal Graciela López de Filoñuk por el presunto delito de «usurpación» por permanecer, durante un mes, en la ocupación del establecimiento, como medida de acción directa en defensa de la educación pública.
«Estas acciones están mostrando una clara política del Estado y las autoridades en contra de las rebeliones estudiantiles. Está siendo usado como amedrentamiento y precedente de lo que le puede pasar a cualquiera que se levante contra la miseria y el ajuste establecido por el gobierno», expresaron desde la Asamblea Interfacultades, órgano que nucleó la lucha estudiantil universitaria los últimos meses.
Y agregaron: «Bajo una causa con carátula de usurpación, sustentada por las notas de los medios hegemónicos cordobeses, armada con la intención de criminalizar los procesos de lucha en defensa de derechos adquiridos y que nos están siendo arrebatados por un sistema educativo en vías de destrucción y mercantilización, apostamos a la continuidad de la lucha articulada».
En este marco, lxs estudiantes convocan a concentrar este jueves desde las 08:30 en Tribunales Federales (Concepción Arenales 690). «Las políticas de Estado de desarticulación y desorganización son, en un punto, lo que debe motorizar a que, ahora como antes, es necesario encontrarnos todes juntes en la calle, hoy por les compañeres imputades/procesades de todo el país como por cualquiera de las distintas luchas que se enmarcan contra este gobierno de ajuste y represión», señalaron desde la Asamblea.
Reclamo justo y criminalización de la protesta
El conflicto por la educación pública se desató apenas comenzó el segundo cuatrimestre -de hecho, tardó semanas en iniciar de manera regular-. Los ejes del reclamo que unieron a docentes, estudiantes y el resto de la comunidad educativa fueron en primera instancia: mayor presupuesto universitario y salario digno para los docentes. Tras meses de paritarias congeladas, finalmente, lxs docentes universitarios consiguieron un incremento salarial prácticamente 10 puntos por encima del 15% en cuotas que habían ofrecido en primer lugar desde el Ministerio de Educación de la Nación. Aún así, muy lejos de la estimación inflacionaria del año; según INDEC, en los últimos 12 meses, la inflación llegó a 45,9 por ciento.
Más allá del reclamo por salarios dignos y las denuncias de vaciamiento y recorte presupuestario, la Asamblea Interfacultades impulsaba en simultáneo un pliego de reivindicaciones propio del sector que pretendía garantizar derechos estudiantiles que se hallaban en peligro ante la avanzada privatizadora y, a su vez, garantizar nuevos derechos.
Algunas de las demandas de la Asamblea Interfacultades fueron: transparencia de informes sobre la gestión; revisión del convenio entre la UNC y la Policía de Córdoba; desarrollo del Plan Integral Contra la Violencia de Género en la Universidad; convenio con la Municipalidad sobre jardines de infantes para estudiantes con hijxs; extensión de la regularidad; régimen de alumnx embarazadx y en situaciones de violencia; régimen de alumnxs trabajadorxs; laicidad de los programas de estudio y de los espacios de donde se imparten cursos; seminarios sobre Educación Sexual e ILE; regularizar la situación salarial de adscriptxs, jefxs de trabajos prácticos y ayudantes; comisión de relevamiento de infraestructura; creación de una Secretaría de Inmigración que bregue por la defensa de los derechos de las personas migrantes; rescisión de contratos de la UNC con empresas privadas que gestionan bares, imprentas, cantinas y fotocopiadoras, a fin de que sean cooperativas estudiantiles las que se hagan cargo de las mismas; y aplicación efectiva del Cupo Laboral Trans y la Ley de Identidad de Género en toda la UNC.
Lxs estudiantes decidieron el método asambleario como forma de consensuar decisiones y la acción directa de las tomas como medio para ser escuchadxs por las autoridades. Tras más de un mes de tomas pacíficas en casi una decena de establecimientos de la Universidad Nacional, la Asamblea levantó la última toma que permanecía vigente, la del Pabellón Argentina, con la promesa de formar una mesa de trabajo conjunta con las autoridades para avanzar sobre los puntos del pliego de reivindicaciones.
Fogoneados por los medios de comunicación hegemónicos, las autoridades académicas denunciaron a una treintena de estudiantxs ante la Justicia Federal por «usurpación«. La imputación penal contra integrantes de la comunidad educativa que ejercían su legítimo derecho a la protesta política significa un grave antecedente punitivista que pone en riesgo la libertad de expresión y la salud del debate público argentino.
* Por Redacción La tinta / Imagen de tapa: MEDIONEGRO
