La calma que precede a la tormenta
Por Horacio Rovelli para El Cohete a la Luna
El informe del staff del FMI del 13 de julio de 2018, sobre el acuerdo con la Argentina que le eleva a su Directorio, advierte que “el programa enfrenta riesgos sustanciales” y, particularmente, con relación a la sustentabilidad de la deuda pública, puntualiza que las altas necesidades de financiamiento, con una alta proporción en moneda extranjera, plantean “riesgos importantes“. Paralelamente, el acuerdo avala que el Banco Central de la República Argentina se vaya desprendiendo de LEBAC (Letras del BCRA que son deuda de la autoridad monetaria y en pesos) y que el Tesoro de la Nación coloque LETES (Letras del Tesoro) o Bonos Duales que es deuda en dólares, lo que, obviamente, apuntala los llamados “riesgos importantes”.
Roberto Cardarelli, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional en Argentina, brindó una nota al blog del FMI para América Latina, donde explicó los principales puntos del acuerdo alcanzado con el gobierno de Cambiemos: a) aumento de tarifas, b) baja de salarios y c) menor trasferencia de recursos a las provincias y empresas estatales. Cardarelli explicó que la principal meta es reducir el déficit fiscal. La meta del Gobierno es lograr un balance primario equilibrado, es decir, el balance de ingresos y gastos a nivel federal previo al pago de intereses para el año 2020.
Además, Roberto Cardarelli consideró que “el Banco Central ha adoptado una nueva trayectoria de metas de inflación más creíble, por ejemplo, la meta de inflación para finales de 2019 pasó del 10% al 17%”, esto afirma el funcionario del FMI cuando este año va a ser mayor al 35%, con un indudable efecto arrastre para el año que viene y eso, a pesar de que las tasas de interés que pagan las LEBAC en el comienzo del mes de agosto de 2018 para un mes es del 46,5% anual y que han tomado todo tipo de medidas para absorber dinero con el fin de mantener el precio del dólar y la suba de los precios.
Reducir la nómina salarial
El informe interno del FMI sostiene claramente que hay que “reducir la nómina salarial, ajustando el empleo público a través del recorte sostenido de empleados no prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la administración federal”. También, propugna recortes para subsidios “ineficientes de energía y transporte“. Además, se indica en el informe que el gobierno dispuso que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES sea utilizado “para financiar parcialmente el pago de los reclamos judiciales en temas previsionales”. A su vez, suman a las medidas acordadas el recorte en la obra pública, que será remplazado por el sistema PPP (participación público privada) y la venta de tierras e inmuebles públicos.
Leyendo la página 38 de Staff Report para lo que resta del año 2018 y el año 2019, se observa una fuerte reducción en la masa salarial, que se comprometieron a “cerrar” este año en un 3,7% del PIB y que sea solo el 3,6% del PIB en el año 2019. Esto explica el Decreto 632/2018 que, con fecha 10 de julio de 2018, se publicó en el Boletín Oficial. El total de salarios del Presupuesto de la Administración Nacional 2018 es de $ 316.435,3 millones y de Bienes y servicios de $ 94.508,5 millones. Por ende, quiere decir que, si se trata de cumplir con el acuerdo firmado con el FMI, las remuneraciones se deben reducir, en lo que resta del año, en $ 16.200 millones
En un presupuesto para remuneraciones que inferimos, ya se gastó más de la mitad, por ende, queda para el pago de salarios menos de $ 158.218 millones (el 50% restante de la partida total de $ 316.435,3 millones), hay que ajustar $ 16.200 millones, con el agravante que se exime de la reducción del pago, por el Decreto 632/2018, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, más el servicio penitenciario, más la AFIP, por ende, el ajuste alcanza a aproximadamente el 40% de las remuneraciones restantes, con lo que deberían reducir en $ 16.200 millones sobre un bruto de remuneraciones de $ 63.287 millones (que es el 40% de la partida para el segundo semestre y que comprende solamente la remuneración de todo el personal alcanzado por el Decreto 632/2018). Como esto no es posible, sí lo que harán es reducir más que proporcionalmente el gasto en bienes y servicios (bienes y servicios que son insumos en la prestación pública), pero tampoco, dado la altura del año, tienen mucho margen para ajustar.
Como consecuencia, lo que sí podemos prever, que van a seguir despidiendo gente de la administración pública y de empresas públicas (los ejemplos del INTI, SENASA y TÉLAM son testigo de lo que afirmamos), que van a paralizar la actividad (desde corte de luz, comunicaciones, falta de medicamentos, de documentos y papelería, etc.) y, así y todo, no van a poder cumplir la meta de reducción del gasto público comprometido con el FMI en materia de salarios y bienes y servicios.
Otro tanto pasa con el ajuste en el subsidio a la energía, que debe ser del 1,1% del PIB para este año y solo del 0,9% del PIB para el año que viene. Ídem con el subsidio al transporte, que debe ser del 0,7% y del 0,6% del PIB respectivamente. Cuando ambos representaban el 2,2% del PIB en la ley de presupuesto del corriente año 2018.
Esto explica la presión sobre las provincias, que reciben la restitución del 15% del porcentaje de la coparticipación (que antes iba a la ANSES por los Pactos Federales I y II de 1992 y 1993), que representan para el conjunto de las provincias unos $ 150.000 millones anuales, y los subsidios al transporte significan, en un año, unos $ 100.000 millones (de los cuales unos $ 25.000 millones corresponden al servicio ferroviario y los restantes $ 75.000 millones a colectivos). La idea es que las provincias se hagan cargo de la totalidad del subsidio al transporte. Por supuesto que el peso mayor recaería en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, que tienen las tarifas más atrasadas en relación al resto del país.
Igual con el subsidio a la energía, el Memorándum menciona el compromiso de reducir la cobertura vía subsidio del 80% en 2017 al 90% en 2020 en gas y de 60% a 90% en el mismo período en electricidad. Esto representa unos $ 56.250 millones de recorte en el año 2019.
Finalmente, el cuadro de la página 38 del Staff Report reduce fuertemente el gasto de capital (básicamente, la obra pública) de solo un 0,8% del PIB para este año 2018 y del 0,5% del PIB para el año 2019, cosa que se viene realizando desde comienzo de este ejercicio fiscal y que demuestra la pobre ejecución de la misma en lo que va del año, cuando en el año 2017 se ejecutó el equivalente al 1,4% del PIB.
Semejante ajuste fiscal, comprometiendo a las provincias que reciben menos recursos y deben afrontar, si es que pueden, con la continuación de la obra pública tal como estaba planificada en los pliegos de la licitación y de los planes de obra, para alcanzar un déficit primario de la Administración Nacional (antes del pago de los intereses de la deuda) del 2,7% del PIB para este año 2018 y del 1,3% del PIB para el año 2019, cuando en el mismo informe se observa que el pago de los intereses pasan a ser del 2,3% del PIB para este año. No sabemos cómo se hace ese cálculo cuando la deuda es mayor y la depreciación de nuestra moneda hace que se deba contar con más pesos para pagar una deuda que se dolariza, del 2,4% del PIB para el año 2019.
Conclusión
El Staff Report presenta dos escenarios. Uno, el propuesto por el FMI de retrasar la rebaja de impuestos como la reducción de la alícuota de los derechos de exportación de la soja, que se ajustan al 0,5% anual para ser de solo del 18% para diciembre de 2019. Así como frenar la elevación del monto de las remuneraciones no sujetas a aportes patronales previsionales, etc. Y el otro es el que persigue el gobierno de Cambiemos, de que el ajuste solo sea del lado del gasto y que se prosiga con su reforma tributaria, disminuyendo los ingresos fiscales (beneficiando a los exportadores de soja en particular y a los patrones en general).
Propuesta del FMI:
Infiere en pesos presupuestarios que el PIB es de $ 13.256.000 millones para el año 2018 y que el déficit fiscal total es del 5% del PIB, correspondiendo al déficit primario 2,7% y con un déficit financiero del 2,3% del PIB, por ende, suman a pesos presupuestarios $ 662.800 millones, convertido en dólares aproximadamente unos U$s 26.700 millones.
Para el año 2019, el PIB presupuestado en pesos es de $ 16.080.000 millones, plantean un déficit primario del 1,3% y financiero del 2,4%, conformando un déficit total 3,7% del PIB, en pesos, unos $ 595.000 millones y, en dólares, aproximadamente U$s 19.000 millones.
Para el año 2018, el gobierno de Cambiemos propone mayores ajustes del gasto para compensar los menores ingresos que implican la reforma tributaria, siendo el déficit igual del 2,7% primario y 2,3% financiero, conformando un 5% del PIB, aproximadamente unos U$s 26.700 millones.
En cambio, para el año 2019, tal lo que informa el Staff Report del FMI, se alcanza del déficit primario del 1,3% del PIB, pero los intereses pasan a ser del 2,8% del PIB, lo que hace un déficit total de 4,1% del PIB que se estima en $ 16.080.000 millones de pesos, por lo que el déficit en pesos sería de $ 660.000 millones. (En dólares, unos U$s 21.100 millones.)
Por lo que, en ambos casos y hasta que termine constitucionalmente la gestión de Mauricio Macri, se deben obtener fondos para cubrir el déficit total esperado, acordado con el FMI, en el primer escenario por 45.700 millones y en el segundo caso, 47.800 millones de dólares.
Esta es la razón por la que el FMI acordó un crédito de 50.000 millones de dólares, pero no se tuvieron en cuenta dos elementos fundamentales:
a) La Fuga de Capitales
En todas las planillas acordadas, no hay un solo número que estime la compra de dólares en el mercado interno para fugarlo, lo que se publica en el Balance Cambiario del BCRA como FAE (Formación de Activos Externos de residentes argentinos) que, desde el 1° de enero de 2016 al 30 de junio de 2018, suman 47.453 millones de dólares y que prosiguió desde el 22 de junio de 2018, en que ingresaron los primeros 15.000 millones de dólares a la fecha (conformando, de esa manera, Reservas Internacionales del BCRA por 63.274 millones) y va a continuar, como lo demuestra el Balance del BCRA que, al 3 de agosto de 2018, declara Reservas Internacionales por 57.799 millones en divisas, lo que hace una pérdida de reservas de 5.475 millones de moneda extranjera en 35 días hábiles.
Y que fue la razón por la que el gobierno de Cambiemos pidió licitar la mitad de lo ingresado el 22 de junio en el mercado interno por el acuerdo con el FMI, para satisfacer la demanda de dólares de los “fugadores seriales” de este país. Y que, incluso, el actual Presidente del BCRA, Luis Caputo, solicitó más partidas para emplear con ese fin y, por supuesto, le dijeron que no.
Por ende, no hay dólares para financiar la fuga; por ende, los fugadores, cuando compran dólares, están desfinanciando al Tesoro de la Nación que no va a poder pagar en tiempo y forma sus compromisos, y, por más que reduzca el gasto, no va a poder reducir el déficit; por ende, se ingresa en un default selectivo al principio y generalizado después.
b) Recesión:
Esto sí lo advierte el mismo informe de los técnicos del FMI en el Staff Report al Directorio de ese organismo en julio de 2018. “El riesgo de la dinámica propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional reside en caer en un círculo vicioso de más ajuste y menos actividad, que demande nuevos recortes del gasto por caída de ingresos. Es que, en última instancia, el cumplimiento de la meta fiscal depende del crecimiento: la economía entró en recesión y no sabemos cuándo saldrá”.
En síntesis, sin tomar una sola medida que frene la compra de divisas (como sería la de fijar un impuesto que encarecería dicha moneda y significaría un ingreso genuino al fisco), el gobierno de Cambiemos avanza a pasos firmes a un proceso recesivo que siempre se sabe cómo comienza, pero no cuándo y cómo se sale, y a qué costos. Y sin dólares para cumplir con sus compromisos externos, entre la tasa que se paga en el mes de agosto de 2018 dólares por los títulos de deuda argentino —que ronda el 9% anual— y la creciente demanda de divisas, pese a las altas tasas de interés que paga por el BCRA por las LEBAC recreando el carry trade, se confirma que no solo el presente es de crisis, sino que el gobierno de Cambiemos no tiene futuro.
*Por Horacio Rovelli para El Cohete a la Luna
