Soberanía fracturada (parte II)
En esta segunda parte, recuperamos el trabajo de Sergio Job, abogado y doctor en Ciencias Políticas, escrito originalmente para la serie “Vivir Juntos”, de la Editorial de la Universidad Provincial de Córdoba, y publicado ahora en el marco del libro que reúne aquellos aportes. A partir de una lectura de Carl Schmitt, el autor profundiza su análisis sobre la soberanía argentina y se pregunta por las condiciones políticas que hicieron posible la constitución del Estado nacional y por las razones que, desde su perspectiva, impidieron consolidar una soberanía plena. En este tramo, aborda las nociones de decisión, pueblo y “enemigo” político para recorrer distintos momentos de la historia argentina, desde las guerras de independencia y la organización nacional hasta el peronismo, la cuestión Malvinas y las relaciones de dependencia, y desarrolla su hipótesis sobre una soberanía históricamente fracturada.
Por Sergio Job para La tinta
Para abordar esa problemática, creemos útil alejarnos de la matriz teórica desde la que pensaba la generación de mayo e inscribirnos en una mirada decisionista del poder desde la que afirmaremos, junto a Schmitt, que la soberanía es “el monopolio de la decisión” (2009: 18). En este caso, estamos hablando de la decisión excepcionalísima de fundar un nuevo Estado, una nueva nación que carecía aún de un orden jurídico propio (y así fue por más de medio siglo), por lo que podría afirmarse que estaban en un verdadero estado de excepción, y tal como afirma el autor alemán, “el estado de excepción tiene en la jurisprudencia análoga significación que el milagro en la teología” (2009: 37).
Este “milagro”, ese Estado de excepción creativo, seminal, debía hallar fundamento; y rotos los lazos que unían (sometían) a esta tierra al rey de España ―y alejándonos de toda idea contractualista―, el mismo no podía tampoco encontrar razón en una relación de fuerzas coyuntural, ya que las mismas “son, desde la perspectiva del propio Schmitt, algo condicionado, cambiante, inseguro; en último extremo, no podrían fundar con firmeza y claridad un Estado” (Agapito en Schmitt, 14: 1999). Quizá encontramos en esa oración condensado gran parte del drama argentino.
Por esa razón, en la propuesta schmittiana, solo el principio democrático parece “la vía adecuada para alcanzar una decisión clara y unívoca sobre los criterios o pautas desde los que se constituye un Estado, para llegar a lo que él llama la ‘decisión fundamental’ que subyace a todo Estado dotado de una identidad clara y precisa” (Agapito en Schmitt, 1999: 14). Ahora, hay que comprender que la noción que Schmitt tiene de democracia está en las antípodas de la democracia formal o procedimental liberal, y refiere a una democracia sustancial que define como la voluntad unitaria del pueblo que se organiza alrededor de principios o ideas directrices.
Esa voluntad unitaria constituye para Schmitt el momento político de la fundación de un Estado y su ordenamiento jurídico, el que se presenta como “una decisión constitutiva y polémica” (1999: 26). “Es constitutiva porque es a través de ella como se definen o se determinan los contenidos en torno a los cuales se va a configurar la identidad de un pueblo frente a otro […] Y es polémica porque con ella se establece lo político como una relación amigo-enemigo, tanto hacia el exterior, en relación con otros pueblos o Estados, como hacia el interior, frente a aquellos que no comparten o respetan la identidad concreta y específica del Estado. La función de lo político, de esa decisión originaria, es pues la de agrupar al pueblo en torno a un determinado contenido fundamental y defenderlo frente a los que no comparten esa identidad, ya procedan del exterior o del interior” (1999: 26).
Sin esta instancia, que es anterior al derecho, ya que “no cabe aplicar derecho alguno al caos” (1999: 26), se padece un déficit de autoridad del Estado que sumerge a la dinámica política a los vaivenes de una democracia de mayorías, oscilando en una mera imposición coyuntural de intereses de un sector sobre otro. He ahí la descripción de 200 años de existencia del Estado argentino y una soberanía popular que nunca pudo asentarse en algo similar a una voluntad unitaria ni a una democracia sustancial. Mientras San Martín, Belgrano, Monteagudo, Güemes y Castelli (entre otros miles) dejaban jirones de su vida luchando contra los realistas, las elites porteñas los abandonaban a su suerte para hacer negociados con la corona inglesa. Mientras las montoneras federales guerreaban para una distribución equitativa del poder, las elites unitarias buscaban afianzar un país a imagen y semejanza de la Europa occidental, asentando su poder como intermediarios y aduaneros respecto del comercio principalmente británico. De un lado, quienes tuvieron gestos de entrega para esa patria que construían; del otro, sectores para quienes la patria era, cuando mucho, una circunstancia geográfica a la que debían sobreponerse para ser la Europa de Sudamérica.
No haber asumido o comprendido con claridad suficiente al enemigo en términos schmittianos es parte del problema constitutivo de nuestro Estado, si analizamos desde esta perspectiva conceptual. Detengámonos un momento en clarificar cómo lo define Schmitt: enemigo debe entenderse “en su sentido concreto y existencial” (58: 1999), el enemigo político no es una persona moralmente mala, un competidor económico o un adversario en una discusión, sino un conjunto de hombres cuya existencia representa una amenaza para la propia comunidad política. Por ello, la distinción entre amigo y enemigo expresa la posibilidad de distinguir quién pertenece a la unidad política y quién representa una amenaza para su existencia, constituye el grado máximo de intensidad de la disociación política. Y para despejar cualquier duda, puntualiza que la distinción entre amigo y enemigo presupone siempre la posibilidad real del enfrentamiento, de la guerra como su realización extrema. No obstante, aclara que “la guerra no es en modo alguno objetivo o contenido de la política, pero constituye el presupuesto que está siempre dado como posibilidad real” (Schmitt, 1999: 64).
A esta altura, siguiendo este razonamiento, solo resta ponerle nombre al enemigo constitutivo de nuestra comunidad política. Contrario a una lectura apresurada y de manual de secundaria, nuestra existencia como comunidad política nunca estuvo en riesgo por la metrópoli española, quien no quiso, no supo, no pudo, amenazar seriamente los gobiernos patrios y fue repelida una y otra vez en sus 13 intentos de avanzar desde el Alto Perú, principalmente, por las tropas gauchas al mando de Martín Güemes. Por el contrario, fue la corona inglesa, su armada y sus piratas quienes intentaron invadir militarmente en tres oportunidades nuestro suelo, poniendo en riesgo real y concreto lo que éramos hasta ese entonces (siendo las dos primeras resistencias las que permitieron consolidar la idea de ser una comunidad política autodeterminada, porque se tuvo la certeza que podía defenderse a sí mismo), sumado a la ocupación colonial concretada en 1833 sobre nuestras Islas Malvinas y mar adyacente, lo que hace que, hasta el día de hoy, nuestra soberanía se encuentre desmembrada por la ocupación total de un cuarto de nuestro territorio. Resta sumar los crímenes de guerra que la corona inglesa cometió durante la guerra de 1982.
Más allá de la concreción más extrema del enfrentamiento, Inglaterra es la única comunidad política con la que tuvimos, al menos, cuatro contiendas armadas (1806, 1807, 1845 ―Batalla de Obligado―, 1982) y la responsable de la ocupación colonial aún persistente, así como de innumerables operaciones diplomáticas que, sembrando intrigas y discordias, tuvieron éxito en el desmembramiento de la unidad continental e incluso del mapa de la administración colonial española, fragmentando el virreinato del Río de la Plata en varias experiencias nacionales particulares. También resulta una amenaza permanente al desarrollo independiente de nuestra economía nacional, tal como relata de manera minuciosa Scalabrini Ortiz en Política Británica en el Río de la Plata (1940) o en Historia de los ferrocarriles argentinos (1940). Lo es asimismo en el plano cultural y espiritual, dado que, contrario al legado hispano y católico, que imbricado y mixturado con el de los pueblos originarios, se volvió un tronco sólido de una particularísima y sincrética cultura criolla (tal como demuestran Rojas, Hernández Arregui, Murena, Ugarte, entre muchos otros), la cultura anglosajona y protestante es ajena lingüística, cultural y espiritualmente a la nuestra.
Pero las amenazas no se limitaron a un enemigo existencial foráneo, sino que su eficacia consistió y consiste en haber penetrado mediante una profunda colonialidad cultural (vía intereses económicos, claro está) en las clases dominantes argentinas, principalmente porteñas. En ese marco, incluso nuestro texto constitucional, lejos de ser el producto de un acto político incondicionado por quienes habían vencido luego de 50 años de guerra intestina, fue redactado bajo la extorsión porteña y concluido por la traición en la batalla de Pavón. Un texto foráneo, mal adaptado a una realidad social, popular, que las elites desconocían y/o negaban. Esas elites creyeron que asestando violencias sistemáticas podrían acallar la realidad popular que latía y fue así que, luego de una cruenta guerra civil y un genocidio sobre pueblos indios enteros, se envalentonaron para dar nacimiento a un Estado liberal que poco y nada tenía que ver con lo que los pueblos de esta nación democráticamente expresaban. Las elites argentinas intuyeron rápidamente que el fundamento de lo político se asienta en la tensión amigo/enemigo ―que ellos nominaron civilización o barbarie―. Sin embargo, en términos schmittianos, podríamos afirmar que olvidaron el fundamento democrático sustancial que permitiera una identidad clara y firme a la nación, más allá de las relaciones de fuerzas circunstanciales que lograran por algunos periodos.
Es por ello que afirmamos que estamos en presencia de una soberanía fracturada. Lo estuvo en el momento fundacional y no pudo luego ser saldada a lo largo de la existencia política como nación independiente. Así, esa soberanía fracturada se encontró siempre limitada estructuralmente en un doble sentido: por la inserción dependiente en el mercado capitalista mundial y la ocupación colonialista que aún persiste, las que bloquearon los diversos intentos por materializar la soberanía nacional; y debido a la erosión de la soberanía popular por parte de las elites locales (principal, pero no exclusivamente, porteñas), que aceptaron siempre su papel de mercaderes intermediarios entre esta tierra y Europa.
Fue, sin lugar a dudas, durante el primer peronismo el momento donde mayores posibilidades existieron de resolver esta fractura en favor de una soberanía plena (en el sentido nacional y popular que venimos señalando). El golpe de Estado del 55 acabó con ese experimento soberanista, en parte, por la acción conjunta de elites locales, poder imperialista y sectores culturalmente colonizados, pero también por la falta de decisión y radicalidad del movimiento peronista y el resto del campo popular-nacional. Desde allí a esta parte, el derrotero y la relación de fuerzas han sido muy adversas a los sectores soberanistas, salvo periodos muy cortos en términos históricos donde tampoco llegó a consolidarse una nueva voluntad nacional y popular lo suficientemente potente, homogénea y organizada para hacer frente a la acción del imperialismo y sus elites aliadas; las que no han parado de crecer y multiplicar las palancas que les permiten sabotear cualquier proyecto soberanista y desarrollar cada vez más profundamente un proyecto colonial de subordinación absoluta ―tanto geoestratégica, como económica y cultural― de nuestro país a los intereses occidentalistas y, particularmente, anglosajones.
En un contexto tremendamente complejo, donde se reactualiza el peligro real y concreto de un nuevo desmembramiento territorial y poblacional de nuestra patria, es necesario volver a la actitud heroica y la mirada estratégica de los revolucionarios de mayo: recuperar el proyecto sanmartiniano (que es también el de Belgrano, Monteagudo, Castelli, Güemes, Azurduy y un largo etcétera) y observar ahí cómo se gestaron los triunfos, pero también comprender las razones de las derrotas que hicieron de nuestro continente una multiplicidad de países sin peso específico en el concierto de las naciones ni presencia bioceánica. Preguntarnos si no faltó asumir de manera más plena y contundente que el enemigo es bifronte y que no se puede ganar a Braden sin derrotar a las elites locales ni al rey sin derrotar de manera categórica a quienes solo querían cambiarlo por uno anglosajón. Son preguntas ―aunque dolorosas― necesarias en la derrota.
Quizá la complejidad de nuestras sociedades y el valor que la democracia (al menos, formal) tiene para nuestra historia reciente no permitan hablar de voluntad unitaria del pueblo, pero sí de la necesidad de construir (gramsciana y no laclaunianamente) una voluntad hegemónica del pueblo, que permita abrir un proceso refundacional, constituyente, que exprese toda la potencia popular que seminalmente atesoramos. Para consolidar constitucional, institucional y culturalmente una patria soberana.
*Por Sergio Job para La tinta / Imagen de portada: La tinta.
