El puma en Córdoba: ¿casa o caza?
El conflicto entre pequeños productores y campesinos con los pumas en el Parque Nacional Traslasierra y sus alrededores marca la brecha entre las políticas de conservación de escritorio y la realidad socioambiental en la región. Colindante al área protegida nacional, se ubica la Reserva Provincial Chancaní, ambas están rodeadas de numerosos campos privados cuyo manejo ganadero extensivo convierte al territorio en una compleja zona de amortiguamiento teniendo en cuenta los históricos conflictos que se producen con la vida silvestre. Un estudio del Conicet revela cómo la retirada de vacunos en la antigua Estancia Pinas y la escasez de presas silvestres en los predios particulares dispararon los ataques del puma en el departamento Pocho, luego de la creación del Parque Nacional. Sin embargo, los especialistas observaron que la presencia de la especie se concentró en los años posteriores en el área protegida, evitando los campos ganaderos. Esto pone en evidencia lo complejo del conflicto que implica la depredación del ganado por parte del puma y la necesidad de un involucramiento del Estado mediante fondos públicos para el ordenamiento productivo y herramientas de mitigación para evitar la cacería de represalia y garantizar una convivencia real entre la conservación y la producción.
El paso del silencio sobre el polvo
El sol cae de golpe detrás de las serranías de Pocho, dejando una franja ocre que se apaga despacio sobre el Chaco Seco. El monte se tiñe de sombras largas entre los troncos grises de los quebrachos y los espinillos secos. En el corazón del Parque Nacional Traslasierra, donde el aire todavía huele a tierra caliente y resina, una silueta leonada emerge sin ruido desde la espesura del arbustal.
Se mueve con soltura, apoyando las almohadillas sobre el suelo cuarteado sin partir una sola rama seca. El pelaje denso del puma absorbe los últimos destellos de la luz crepuscular, volviéndolo casi invisible frente a la corteza de los árboles. La cola, larga y con la punta oscura, marca un péndulo suave que equilibra cada paso cauteloso. Detiene la marcha en una pequeña loma y gira las orejas hacia los cuatro puntos cardinales, olfateando la brisa fresca que empieza a bajar de la sierra.
A su alrededor, el monte protegido de la antigua Estancia Pinas respira un ritmo propio: el rastro fresco de un pecarí de collar en la tierra blanda, el crujido distante de una vizcacha que sale de su cueva y el aleteo bajo de un ave serrana cerca de la vieja represa. El predador avanza varios kilómetros bordeando las picadas abiertas entre la vegetación espinosa, siguiendo la huella de la fauna silvestre que se multiplica bajo el amparo de la reserva.
Sin embargo, el gran felino continúa su marcha hacia el sur, sin advertir el hito que señala el límite jurisdiccional del área protegida. Al cruzar la línea de alambre de cinco hilos que separa el dominio nacional de las tierras privadas de Chancaní, el paisaje sonoro cambia de pronto. El susurro del monte nativo se interrumpe por el ladrido distante de un perro, el olor a bosta de vacas cerca del corral y el destello intermitente de una luz blanca que parpadea a lo lejos, marcando la frontera donde la casa del puma se transforma en territorio de caza.
La casa en el papel y la frontera real
Existe una pretensión política, urbana y burocrática, que asume la conservación de la naturaleza como un acto declarativo. Se supone que basta con desplegar un mapa sobre la mesa, trazar un círculo con marcador sobre un área de monte y redactar un decreto oficial para dar nacimiento a un Parque Nacional. Bajo esa lógica, el problema ambiental se considera resuelto, como si el trazo en el papel aislara la flora y la fauna de la intervención humana. Sin embargo, la realidad territorial no responde a decretos: los animales no conocen las leyes de áreas protegidas ni la cartografía oficial al cruzar los límites de un predio.
La reciente publicación del estudio «Human–Puma Conflict in the Dry Chaco: Species’ Occupancy and Ranchers’ Perception Before and After the Creation of a Protected Area», realizado por investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, Conicet-UNC) ―Fernando R. Barri, Thiago Costa, Jessica Manzano García y Flavio Cappa― y publicado en la revista científica internacional MDPI, aportó datos concretos para medir el impacto territorial de esta planificación. La investigación analiza en detalle el conflicto entre los pobladores rurales y el puma en el Chaco Seco cordobés, centrándose en el Parque Nacional Traslasierra y las comunidades campesinas de su zona de influencia.
En diálogo con La tinta, el Dr. Fernando Barri analiza las claves de este escenario: “La creación del Parque Nacional Traslasierra efectivamente generó un incremento en la tensión de este conflicto. Particularmente, el año posterior a que se retiraran 6.000 cabezas de ganado que estaban en el Parque Nacional, ocurrió una fuerte depredación en los campos circundantes. Pero eso se explica porque algunos individuos puntuales de la población de pumas de la región, que se habían acostumbrado a depredar ganado, se movieron hacia áreas fuera del nuevo Parque a seguir predando. Sin embargo, con el correr de los años, la situación se estabilizó y ya no hubo tanta depredación, probablemente porque esos individuos fueron cazados. Es decir, los productores, cuando sienten que las pérdidas superan lo tolerable, se organizan para cazar a esos pumas ‘cebados’. A su vez, vimos que los pumas prefieren zonas con mayor presencia de presas silvestres y tienden a evitar las áreas ganaderas, aunque algún animal viejo o una hembra con crías puede atacar por facilidad, lo que mantiene el conflicto”.
La persecución histórica en el monte seco
Para entender la dimensión del problema, es necesario precisar las condiciones del entorno. El Chaco Seco es un ecosistema caracterizado por precipitaciones de entre 300 y 500 milímetros anuales concentradas en verano, con una estación seca prolongada y temperaturas elevadas. Esta subregión del noroeste alberga la masa forestal de bosques nativos en mejor estado de conservación de toda la provincia de Córdoba. En este contexto de sequía marcada, la agricultura resulta inviable a escala de subsistencia; por ello, la alternativa productiva histórica ha sido la ganadería extensiva a monte abierto.
Esta actividad constituye el sustento diario de la economía campesina (en un región históricamente empobrecida de la provincia); cualquier pérdida en el rodeo impacta de lleno en los ingresos familiares. Por esa razón, la historia del territorio está marcada por la cacería de predadores como respuesta defensiva para evitar pérdidas económicas. Esa práctica provocó, a principios del siglo XX, la extinción local del yaguareté, el mayor depredador tope de la región. Fernando Barri señala el registro histórico de esa presencia: “Hay registros de yaguaretés en esa zona hasta principios de 1900; un colega me decía que la antigua hostería de Villa de Soto tenía un cuero de yaguareté colgado”. Tras su desaparición, el puma quedó como el único gran carnívoro en la cadena trófica regional.
Una eventual erradicación del puma reeditaría el colapso ecológico desatado tras la pérdida del yaguareté. Sin la presión del regulador biológico, las poblaciones de herbívoros silvestres y la invasión del jabalí europeo crecerían de forma descontrolada. Este desequilibrio provocaría el sobrepastoreo de los brotes jóvenes de quebracho y algarrobo, impidiendo la regeneración natural del bosque nativo y acelerando la desertificación.
Respecto al rol del felino frente a exóticas invasoras, Barri aclara: “Creemos que el puma no está pudiendo controlar la invasión de jabalí en la zona, que es bastante problemática. Probablemente, contribuya a predar un poco sobre algunas crías, pero la ausencia histórica del yaguareté hace que la invasión de jabalí sea mucho más acelerada y este animal exótico trae graves problemas ecológicos, económicos y productivos en la actualidad”.
La Reserva protege, el conflicto se desplaza
Para registrar el desplazamiento de la fauna, un equipo de investigación interdisciplinario del IDEA y el IDACOR del Conicet instaló una red de cámaras trampa dentro del Parque Nacional y en las estancias ganaderas vecinas, abarcando más de 2.000 noches de registro continuo.
Los datos recolectados permiten sistematizar el conflicto en tres fases bien definidas. En la etapa de creación del parque, en 2018, la presencia del puma en la reserva alcanzaba un 23% de ocupación, conviviendo con 6.000 vacunos y una fauna silvestre diezmada, lo que generaba un promedio histórico del 10% en pérdidas de ganado perimetral. La fase de transición ocurrió en 2020 con el retiro masivo del ganado del área natural protegida, desencadenando un fenómeno de privación de presas que disparó los ataques externos a un pico crítico del 25%. Finalmente, en la etapa de estabilización entre 2021 y 2022, la ocupación del felino dentro del parque ascendió a un rango de entre el 70% y el 73%, reduciendo los ataques en los campos vecinos al 12% a medida que se recuperaron las poblaciones autóctonas protegidas.
El análisis de la dieta dentro del Parque Nacional reveló que, libre de ganado doméstico, el puma reorienta casi por completo su espectro alimenticio hacia presas autóctonas como el pecarí de collar, la corzuela parda y la vizcacha, entre otras. La evidencia demuestra que cuando el ecosistema recupera su biodiversidad interna y se frena la caza furtiva, el felino prioriza naturalmente la fauna silvestre.
Sobre este proceso de recuperación interna y desequilibrio territorial, el Dr. Fernando Barri explica: “La creación del Parque Nacional no solo contribuyó a que las poblaciones de pumas se mantengan estables o se incrementen, sino que toda la diversidad de pequeños y medianos mamíferos de los cuales se alimenta el puma ―como pecaríes, corzuelas y vizcachas― también aumentó. Se genera una retroalimentación positiva entre presas y predadores dentro del área protegida. Pero ese equilibrio fuera del Parque está roto o afectado. ¿Por qué? Porque la cacería en la zona no solo se enfoca al puma por la depredación de ganado, sino también a sus presas para consumo de carne, a lo que se suma el desmonte selectivo. Esa falta de biodiversidad fuera de la reserva aumenta los conflictos socioambientales”.
La presión económica sobre el espacio campesino
El epicentro del conflicto se sitúa en Chancaní (departamento Pocho), comunidad colindante con las 44.000 hectáreas operativas del Parque Nacional Traslasierra y la Reserva Natural Provincial Chancaní. La continuidad del monte convierte a los predios privados en un corredor biológico no oficial y primera línea de impacto ante el desplazamiento del felino.
El estudio de MDPI revela que entre el 45% y el 78% de los pequeños productores tiene un margen de tolerancia a la pérdida de hacienda de apenas entre el 0% y el 1%. En economías de subsistencia, la muerte de un solo ternero descalabra el presupuesto mensual. La frustración social se sintetiza en los testimonios recolectados durante el trabajo de campo: “En el pasado, se cazaba y no pasaba nada; ahora, el Gobierno lo prohíbe, pero nadie nos compensa económicamente”, señala un poblador. Otro vecino sintetiza el malestar con una frase categórica: “Ahora resulta que el puma tiene más derechos que nosotros”.
El Dr. Fernando Barri contextualiza la dura realidad socioeconómica de la zona: “Haría hincapié en que esta es una región que tiene los peores indicadores socioeconómicos de la provincia. Históricamente, fue una región olvidada por las políticas públicas del Estado. Los campesinos productores de la zona tienen el mismo derecho que un sojero de Villa María o Río Cuarto a que el Estado le brinde asistencia para la producción y para evitar pérdidas. Si no se entiende que tiene que estar presente ―justamente en un contexto nacional donde el discurso oficial promueve la ausencia estatal, pero que en realidad está ausente para la gran mayoría y presente solo para unos pocos―, este tipo de situaciones de conflicto no van a hacer más que incrementarse”.
Ante la ausencia de indemnizaciones estatales, la cacería de represalia persiste. Barri calcula la magnitud de esta práctica en la región: “La población total de pumas para todo el noroeste es acotada; de hecho, en Córdoba, está categorizado como especie vulnerable, no hay una sobreabundancia. Lo que pasa es que están concentrados allí porque queda algo de monte. Pero se deben cazar entre 20 y 30 pumas por año en la zona de Chancaní y alrededores como forma de resolver el conflicto”.
La experiencia en el territorio compartido
Frente al control mortal, emergen alternativas validadas en el campo. Orlando Villarreal es un poblador de Chancaní de 65 años. Es pequeño productor ganadero y mantiene un rodeo de 60 vacas en un campo ubicado sobre el camino al Parque Nacional Traslasierra: “Me dedico a las vacas, sí, es de lo que vivo. Tengo unas 60 cabezas porque eso es para lo que me da el campo, no podría tener más. Siempre he tenido un daño del puma: un promedio entre 5 y 7 terneros en el año durante la parición ―entre octubre y enero―, pero yo lo consideraba normal porque, bueno, a mí no me gusta matar a los animales silvestres y digo: a lo mejor, no le es suficiente lo que tienen para cazar”.
Sobre el incremento puntual de pérdidas que sufrió, relata: “Hace como 10 años, un puma me cazó 12 terneros; entonces, dije: ‘Este año, se le fue un poco la mano’. Pero el anteaño pasado, uno muy grande, según un rastro, porque no lo vi nunca, me agarró 25 terneros y 4 vaquillonas. Fue exagerado, al igual que a un vecino mío que le pasó lo mismo”.
Para frenar las pérdidas, el equipo de investigación instaló en su predio un sistema de luces disuasivas intermitentes (Foxlight) impulsadas por fotocélulas en los puntos de aguada. “Él (Fernando Barri), como es de la universidad, ha puesto en mi campo unas luces que se empiezan a prender cuando el puma pasa, para que imagine que anda gente. He podido ver un resultado bueno porque la pérdida ya no es la misma: en esta temporada, desde octubre a enero, no he tenido ninguna pérdida ahí donde están las luces. En otros sitios del campo, he perdido dos vacas nada más, muy poquito comparado con lo que venía siendo. Eso sí, ha seguido atacando cabras. Creo que es algo que daría resultados, pero, claro, tienen que ponerlos todos los que tienen aguadas, porque, en este caso, lo pusimos en una represa donde el bicho va a tomar agua después de comer”, explica.
Su testimonio plantea una perspectiva de profunda empatía con la vida silvestre: “Si usted ve un puma, es un bicho tan bonito que no da ganas de matarlo. Lo único es que, cuando uno tiene este problema, da mucha bronca; a lo mejor, si yo fuera una persona que anda armada y lo encontraba en el momento, capaz que sí lo mataba, pero de bronca nomás. Por matarlo porque sí, no; ni a un puma ni a ningún otro bicho. Es más, a mi campo le tuve que poner llave porque se metían cazadores de liebres, de la Mara que le llaman, y esa es la comida preferida de los pumas: la mara, la vizcacha, los pecaríes. No cazo ningún bicho porque, de acuerdo a lo que se dice, se regulan entre ellos. Al puma, no hay quien lo regule, no hay otro superior. A mí me parece un bicho hermoso y entiendo que por algo está aquí. Capaz uno lo nota perdiendo zonas donde reproducirse y me hace pensar que uno también lo está invadiendo. Claro que no todos los productores pensamos lo mismo; capaz le hacés la consulta a otro y te dice: ‘¡Lo mato si lo encuentro!'».
Herramientas públicas para reemplazar la caza
Fernando Barri sostiene que estas medidas son viables si se estructuran políticas de apoyo estatal a los productores: “Estamos convencidos de que es absolutamente viable la convivencia de la vida silvestre con la producción ganadera y la vida campesina. Se trata de buscar un equilibrio donde ganen todos. Es importantísimo mantener el bosque nativo y las especies silvestres tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. La solución puede ser sencilla si se brindan herramientas técnicas: uso de luces intermitentes en corrales, asesoramiento para el manejo del rodeo, subsidios para mejorar los establecimientos, perros protectores y compensaciones económicas por pérdidas comprobadas. Si el Estado se involucra y reduce el daño económico, los productores van a cambiar su percepción y dejarán de cazar al puma como única salida”.
Esta perspectiva coincide con el análisis de la Dra. María del Rosario Ahumada, médica veterinaria, doctora en Ciencias Agropecuarias (UCC) y coordinadora del Centro de Rescate Tatú Carreta, quien detalla los factores de vulnerabilidad en las explotaciones ganaderas: “Sabemos que hay una mayor susceptibilidad de ataque de pumas para lo que es ganado menor: ovinos y caprinos; en menor medida, terneros, algunas vaquillonas y potrillos. No existe una receta única, sino que hay que adecuarla al campo y a su geografía, dependiendo de si tiene quebradas o lugares de acecho. Primeramente, hay que ordenar el sistema productivo estacionando los servicios, para tener los terneros, corderos y cabritos en un momento determinado del año y concentrar allí los esfuerzos de cuidado. En nuestra zona, los toros o chivos están todo el año, y los nacimientos se van espaciando, lo que prolonga el riesgo. Cuando hay nacimientos, hay que reforzar el encierre nocturno y colocar luces Foxlight en los corrales”.
Sobre el uso de animales de guarda y el manejo del predio, Ahumada añade: “Para los animales en pastoreo, lo más aconsejable son los perros cabreros o razas especiales de perros protectores seleccionadas genéticamente, que pesan más de 45 o 50 kilos, y son de las estrategias más eficaces, aunque requieren un costo de mantenimiento alimenticio. Otra alternativa muy efectiva y de menor costo son los burros: criados desde chiquitos junto a la majada, desarrollan un instinto protector muy fuerte y, al ser herbívoros, consumen pasto. Además, en el armado de potreros, hay que evitar ubicar a las vacas con ternero al pie o animales muy jóvenes en los potreros más alejados o cercanos a quebradas donde el puma tiene sus madrigueras. Y fundamentalmente, hay que conservar las presas silvestres ―como vizcachas, pecaríes, mulitas y corzuelas― e impedir que ingresen cazadores furtivos al campo. Si le dejamos presas suficientes, el puma buscará su alimentación natural”.
La encrucijada política
Proteger al puma no es un capricho conservacionista ni un lujo estético: es una imperiosa necesidad ecológica de la que depende la salud entera del Chaco Seco. Como último predador tope tras la desaparición del yaguareté, el felino es el arquitecto silencioso que regula las poblaciones del monte, frena la degradación de la cubierta vegetal y sostiene el delicado equilibrio de un ecosistema castigado por décadas de desmonte. Perder al puma significaría condenar al bosque nativo a una degradación irreversible.
Sin embargo, exigirle a las comunidades campesinas de subsistencia que financien de sus propios bolsillos la protección de la especie representa una profunda contradicción en las políticas públicas. Aunque el puma está amparado como Especie Vulnerable por las leyes provinciales n.° 7343 y n.° 8051, y la Ley Nacional n.° 22421, la prohibición legal de su caza se reduce a un mandato de papel cuando no existen recursos en el territorio para hacerla viable.
La problemática expone, además, una preocupante fragmentación institucional. Por un lado, el Gobierno nacional ejerce la tutela del Parque a través de la Administración de Parques Nacionales, pero los severos recortes presupuestarios y de personal limitan su capacidad para intervenir en las zonas de amortiguamiento. Por otro lado, el Gobierno de Córdoba detenta la jurisdicción sobre la fauna fuera de la reserva, pero carece de un fondo ágil de indemnización por daños o de programas masivos de reconversión productiva para los pobladores.
En un contexto de sequías prolongadas y cambio climático que empujan a la fauna fuera de las reservas, resguardar la vida del puma exige que el Estado asuma con urgencia su responsabilidad económica y técnica. Financiar la mitigación y compensar las pérdidas rurales no es un gasto, sino una inversión pública para garantizar la supervivencia del gran felino del monte. Sin apoyo directo a quienes comparten el territorio con la fauna silvestre, la cartografía oficial seguirá trazando una frontera ficticia donde la casa del puma se sostiene sobre la ruina campesina y su caza seguirá siendo la trágica respuesta ante la ausencia estatal.
*Por Daniel Díaz Romero para La tinta.
