Todo dolor es político: ¿por qué la Argentina no logra frenar sus suicidios?
En 2025, se registraron 5.209 muertes por suicidio en el país, un 22,6% más que el año anterior. Desde 2023, es la primera causa de muerte violenta. La hipótesis de esta nota es incómoda: no es solo que suframos más, es que ya no sabemos qué hacer, colectivamente, con lo que sufrimos.
Es un domingo cualquiera en Argentina. Trece argentinos decidirán quitarse la vida. Ese es el promedio de suicidios durante todos los domingos del año. El lugar, con altísima probabilidad, es un domicilio particular: la casa, el living, la habitación de siempre. Dos de cada tres suicidios en la Argentina ocurren ahí, en el sitio que se supone protegido. Es un varón, en ocho de cada diez casos. Tiene entre 20 y 34 años, la franja etaria más castigada del país. Nadie fuera de esa casa lo sabe todavía. Será una cifra más de una tabla que publica cada año, con prolijidad notarial, el Ministerio de Seguridad de la Nación. El número frío es de 5.209 personas que se han suicidado durante el año 2025 o, dicho de otra manera, un suicidio cada una hora y cuarenta minutos. Desde 2016, la tasa de suicidios en Argentina viene subiendo, pero el último año dio un salto que ninguna proyección anterior había anticipado: aumentaron 22% en relación al 2024. Y sin embargo —esta es la escena que ninguna tabla registra—, nadie va a hablar de eso en la sobremesa del domingo.
La cifra que no está en ninguna tapa
Empecemos por el dato que debería encabezar la agenda pública, pero no lo hace. En 2025, según información estadística publicada por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), murieron en Argentina 11.111 personas por causas violentas. De ellas, 5.209 se suicidaron: el 46,9% del total. Ninguna otra causa provoca más muertes. Ni los homicidios dolosos (15%), ni los siniestros viales (32,2%), ni los homicidios culposos por otras causas (5,7%), considerados por separado, se acercan a esa cifra. Dicho de otro modo, y sin metáforas: hoy muere en la Argentina más gente por su propia mano y voluntad que en un choque o que a manos de otra persona. Desde 2023, el suicidio es la primera causa de muerte violenta del país, un podio que hasta 2019 ocupaban los accidentes de tránsito.
Diez años, una curva que no cede
La serie histórica no deja lugar a la ambigüedad. En 2016, se registraron 2.897 suicidios, con una tasa de 7,3 cada 100.000 habitantes. Desde entonces, la única caída significativa de toda la serie ocurrió en 2020, en plena pandemia y con el país encerrado: 3.262 casos. Después, la curva no volvió a mirar para atrás.
El salto de 2025 (22,6% más víctimas, 22,0% más tasa respecto de 2024) es, con diferencia, la variación interanual más pronunciada de toda la década; el segundo salto más fuerte de la serie, el de 2018, había sido del 18,1%. Corresponde un paréntesis metodológico, porque el propio informe oficial lo exige: buena parte de esa suba nacional está explicada por una mejora en el sistema de carga de datos de la provincia de Buenos Aires, que por primera vez cruzó sus registros policiales con la Procuración General y con las actas de defunción. Eso hizo que Buenos Aires pasara de 1.267 a 1.977 casos (+55,4%) entre un año y otro, y el propio Ministerio de Seguridad Nacional aclara que esa suba puntual no debería leerse como un cambio real y repentino del fenómeno, sino como la corrección de un subregistro histórico. No es una buena noticia, es la confirmación de que el problema, durante años, fue incluso más grande de lo que nuestras propias estadísticas lograban mostrar.
En Córdoba, en cambio, el aumento fue mucho más modesto: de 366 a 371 casos, apenas un 0,8%, con una tasa que ronda los 9,9 cada 100.000 habitantes y que se mantiene relativamente estable. Sin embargo, la distribución dentro de la provincia está lejos de ser equitativa, según el informe del Observatorio en Seguridad y Convivencia de la Provincia de 2025. Mientras en el departamento Colón se registran 5,5 suicidios cada 100.000 habitantes; en Capital, son 7 y, en San Justo, 8; en Calamuchita, la tasa asciende a 20,2; en San Javier, llega a 21,4 y, en Tercero Arriba, alcanza los 26,6.
En otras provincias, las diferencias también son marcadas en relación a la media nacional. Entre Ríos, con 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes, presenta actualmente la tasa provincial más alta del país. La Rioja, Catamarca y Santa Cruz también se encuentran muy por encima de la media nacional.
Una comparación que incomoda
La Organización Mundial de la Salud calcula que, cada año, se suicidan en el mundo cerca de 1.000.000 de personas más que las que mueren por malaria, VIH/sida, cáncer de mama, guerras u homicidios, todas juntas. Y advierte algo que rara vez se dice en voz alta: por cada suicidio consumado, hay más de veinte que lo intentaron. Si esa proporción se sostuviera en la Argentina, los 5.209 suicidios registrados en 2025 serían apenas la punta visible de un iceberg de más de 100.000 intentos en un solo año. No existe, en rigor, un sistema de salud pública capaz de decir con precisión cuántos fueron. Esa es, también, una forma de invisibilización.
La tasa mundial de suicidios es de 9,2 cada 100.000 habitantes. En Argentina, alcanza los 11,8. Es decir, desde 2025, estamos por encima del promedio mundial. En Argentina, se suicidan más personas que en el promedio del mundo. Y esa diferencia no es un dato menor: son vidas que se pierden y que, sin embargo, todavía no ocupan el lugar que deberían en la agenda pública.
El mandato de potencia en un mundo de impotencia
Si el suicidio tiene una cara en la Argentina, es una cara de varón. Durante el 2024, de los 4.249 suicidios registrados, 3.425 fueron varones (el 80,6%) y 807 fueron mujeres (el 19,0%). La proporción se mantiene estable desde 2017: casi ocho de cada diez personas que se quitan la vida en este país son varones. De cada cinco suicidios, cuatro son de varones. Hay una hipótesis que la estadística sola no explica, pero que sí puede iluminar: el mandato de potencia en un mundo de impotencia. La masculinidad hegemónica como mandato no ofrece para la derrota más repertorio que la ira hacia afuera ―contra la pareja, contra el otro, contra el enemigo imaginario de turno― o la ira hacia adentro que, en su forma más extrema y más silenciosa, es el suicidio. El neoliberalismo agregó capas a los mandatos viejos: ya no alcanza con ser fuerte, hay que ser exitoso, productivo, emprendedor de uno mismo. Cuando el proyecto de vida no rinde, el varón contemporáneo no tiene sindicato, no tiene comunidad, no tiene siquiera un lenguaje disponible para nombrar el fracaso como experiencia compartida: solo tiene culpa. Y la culpa, cuando no encuentra salida colectiva, se convierte en la forma más silenciosa y más letal del dolor: la que se resuelve puertas adentro, en el domicilio particular donde ocurren dos de cada tres suicidios del país.
Los que se van jóvenes
Hay otro dato que debería reordenar todas las políticas de juventud del país: en 2024, el 38% de los suicidios se concentró en la franja etaria de 20 a 34 años. Las edades de mayor frecuencia —de 20 a 24 y de 25 a 29 años— son, exactamente, aquellas en las que se supone que una persona termina sus estudios, se inserta en el mercado laboral, construye un proyecto de pareja, imagina un futuro y participa de espacios colectivos, políticos o creativos.
Son también las edades en las que la promesa neoliberal de movilidad social mediante el esfuerzo individual choca con una realidad muy distinta: pluriempleo, salarios insuficientes, trabajos cada vez más precarios y alquileres que absorben una porción creciente de los ingresos. A eso, se suma un fenómeno que merece mucha más atención: el endeudamiento temprano. Cada vez más jóvenes recurren a tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos ofrecidos por billeteras virtuales, no para financiar un proyecto extraordinario como la compra de una casa, un terreno o un automóvil, sino para sostener gastos cotidianos, pagar servicios, llegar a fin de mes o cubrir consumos básicos. La deuda deja entonces de ser una herramienta excepcional y se convierte en una condición permanente de ingreso a la vida adulta.
El problema no es solamente económico. Endeudarse en una sociedad que celebra el mérito individual produce una traducción íntima de un fenómeno estructural: aquello que es consecuencia de un mercado laboral incapaz de ofrecer estabilidad, de un costo de vida expulsivo y de un acceso desigual a la vivienda suele vivirse como un fracaso personal. Y cuando el futuro empieza con cuotas, intereses y la sensación de correr siempre detrás de una deuda que no termina de pagarse, también empieza a erosionarse la expectativa de un proyecto de vida.
Otro dato revelador es que el 11,7% de los suicidios se produce mediante armas de fuego, el segundo método más utilizado. El dato habla, entre otras cosas, de accesibilidad: cuanto más disponible está un medio letal, mayores son las posibilidades de que sea utilizado en una crisis. Por eso, la restricción del acceso a medios letales constituye una de las estrategias de prevención del suicidio con mayor respaldo internacional y, en particular, en el caso de las armas de fuego, una intervención que puede salvar vidas. Sin embargo, en Argentina, se abandonaron las políticas de desarme voluntario y se flexibilizaron las condiciones para portar armas de fuego bajo una exaltación estúpida de la libertad.
La estadística, para no convertirse en necrológica fría, necesita una hipótesis. La mía es que lo que estamos viviendo no es únicamente un aumento del sufrimiento humano. Es la ruptura de una dialéctica que, durante buena parte del pasado, permitió que el dolor se transformara en derechos. Cada generación se encuentra con sus propios sufrimientos, la clave está en cómo los gestiona. Los derechos humanos no fueron nunca una concesión moral de los poderosos: fueron conquistas arrancadas a partir de dolores que lograron ser tematizados socialmente y articulados políticamente. La jornada de ocho horas no nació de la piedad patronal, sino de obreros que convirtieron su fatiga individual en reclamo colectivo. El voto femenino no nació de un cambio de humor legislativo, sino de sufrimientos convertidos en movimiento organizado. Cuando un dolor logra descifrarse como injusticia ―cuando deja de vivirse como destino personal y empieza a leerse como consecuencia de una estructura―, se activa el único mecanismo históricamente comprobado para transformarlo: la acción colectiva.
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla de la sociedad algofóbica: una sociedad fóbica al dolor que, en lugar de tramitarlo colectivamente, despliega una ingeniería de la analgesia individual. El dogma es conocido y es brutal: si no te sentís bien, es porque no te esforzaste lo suficiente. Cuando todo el sufrimiento se interpreta como error de cálculo personal o falla de carácter, el dolor deja de ser motor de transformación política y se convierte en condena de silencio. Y el silencio, cuando se acumula lo suficiente, en algunos cuerpos, en algunas historias, termina en la estadística del suicidio.
Hay una capa más que complejiza el fenómeno: las redes sociales nos venden felicidad. Y eso individualiza aún más el dolor, porque el riesgo es creer que uno se encuentra solo en el sufrimiento mientras el resto posa con un cuerpo escultural y una caipirinha en una playa paradisíaca. Hay que tomar dos litros de agua, hacer ejercicio, ser triunfador en la vida profesional, salir con amigos, visitar a la familia, dormir ocho horas, comer sano. Hay que estar bien. Y, si no lo estamos, pareciera que el problema somos nosotros: no sabemos cómo bajar el cortisol, no hacemos suficiente ejercicio, no comemos lo suficientemente sano, no somos lo suficientemente exitosos.
Todo esto ocurre, además, en un mundo atravesado por mayores niveles de precarización de la vida. Y hay algo que sabemos, al menos a partir de la experiencia latinoamericana: el sufrimiento no es el resultado de un plan divino ni una falla individual. Tiene causas políticas. Parafraseando a Foucault, el suicidio no se puede encontrar en estado salvaje, no existe sino en una sociedad. Los dolores se producen y se profundizan con gobiernos que precarizan el trabajo, deterioran los vínculos comunitarios, debilitan las redes de protección y hacen cada vez más difícil sostener una vida digna. El problema, entonces, no es solamente qué terapia usaremos para estar mejor, sino también qué tipo de gobiernos elegimos.
Repolitizar el dolor
No hay salida individual para un problema estructural. No hay meditación que resuelva la precarización laboral ni técnica de respiración que pague el alquiler, ni frase motivacional en una remera que sustituya a un sistema público de salud mental con presupuesto real. Repolitizar el dolor ―hacerlo público, nombrar sus causas estructurales, exigirle al Estado políticas de prevención con presupuesto y con continuidad, exigirle a la masculinidad un repertorio emocional que no sea solamente el enojo o el silencio― no es una tarea terapéutica. Es una tarea política.
La potencia de los derechos humanos no está solo en aliviar el sufrimiento. El sufrimiento es el motor de los derechos. Lo que pueden aportar los derechos humanos es la pregunta sobre la repolitización del dolor: hacer visible que, detrás de cada sufrimiento individual, existen unas estructuras transformables colectivamente. Porque cuando el dolor deja de vivirse como destino individual y se reconoce como experiencia común, puede abrir un camino hacia la emancipación.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis emocional o pensamientos de suicidio, se puede llamar a la línea 0800-888-5555, un servicio gratuito y confidencial que otorga apoyo las 24 horas a los vecinos y vecinas de Córdoba. A nivel nacional, la línea 0800-345-1435 otorga asistencia a personas con pensamiento suicida. Hablarlo con alguien —un amigo, un familiar, un profesional— ayuda y no hay que atravesarlo en soledad.
*Por Lucas Crisafulli para La tinta / Imagen de portada: Línea Sindical.
