«Nuestra Tierra» de Lucrecia Martel: una historia sobre identidad originaria, territorio y Estado
Por Sabrina Villegas Guzmán para La tinta
«Yo en la vida que he pasado, nunca he pensado en la vida», dice don Cata, uno de los protagonistas del invalorable documental Nuestra Tierra que nos ofrenda Lucrecia Martel, quien recibirá este viernes el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba.
No haber pensado en la vida parece querer significar que el pensamiento estuvo circunscrito a lo que era necesario para sostenerla y que solo el paso de los años pudo habilitar la pregunta por cómo se había vivido y por cómo había sido esa vida.
La adquisición de esa perspectiva supuso, en su caso, una reflexión sobre la identidad, sobre la memoria y la historia de su pueblo, sobre su territorio y el complejo vínculo con las instituciones del Estado.
El documental, para quienes aún no lo sepan, recupera extractos del juicio oral y público realizado tras el asesinato del líder indígena Javier Chocobar a manos del titular de un emprendimiento minero y dos policías retirados.
Dichos extractos se van enhebrando con imágenes y testimonios en los que nada, y repito, nada, queda librado al azar. Muy por el contrario, cada elemento que es capturado por la cámara cobra un sentido preciso que, en su conjunción, produce una conmoción profunda en los cimientos de la triada compuesta por propiedad, patria y religión.
¿A qué institución de la República le importa que la propiedad sea legítima?
Una primera toma desde el aire permite percibir las distintas tonalidades y texturas que en la superficie terrestre se traducen en la diferencia entre un territorio domesticado —perfectamente delimitado con su alambre y destino productivo— y un territorio silvestre —en el que la vegetación sigue siendo abundante y donde encuentran cobijo múltiples especies, entre ellas, la humana—.
La domesticación del territorio de la comunidad Chuschagasta tiene una historia que, como casi todas las historias de este lado del mundo, se remonta a la colonia. Ese acontecimiento es el primer eslabón de toda una cadena sistemática de violencia, expropiación y despojo.
Al comienzo fueron pueblos de indios, pero luego fueron apareciendo los propietarios españoles y sus descendientes, quienes decidían su dominio con solo plantar un mojón en algún lugar. Ese hecho, por sí solo, ya era suficiente para disponer sobre el señorío de las tierras.
Entre transferencias de propiedad, expropiaciones y remates, los chuschas, habitantes de ese territorio desde tiempos inmemoriales, se vieron obligados a asegurar su permanencia por medio del pago de arriendo. Esos recibos —¡vaya si la historia de la propiedad en este valle no es un completo contrasentido!— sirvieron de prueba de tenencia de la tierra para los no originarios.
Mientras tanto, los chuschas se pasaron la vida haciendo trámites, respetando las instituciones, trajinando expedientes, a la vez que soportando los abusos, los atropellos y la presión constante que se ejerció sobre su lugar de vida.
Cuando el Poder Judicial hace su entrada en el conflicto tras el asesinato de Javier Chocobar, refuerza el tratamiento desdeñoso y arrogante que siempre estuvo dirigido hacia este pueblo.
La prepotencia y la falta del más mínimo de los respetos hacia la dignidad de los otros se hace presente con frecuencia y alcanza uno de sus puntos más álgidos cuando someten a un careo a Alberto, un joven atleta de la comunidad de 22 años, que tenía tan solo 13 al momento del hecho. Al frente de Alberto está sentado uno de los imputados, policía retirado, que en otra oportunidad durante las audiencias no había tenido ningún prurito en señalar que «el Estado lo había entrenado para eso» —¿habrá querido decir para matar?—.
La defensa y el Tribunal les preguntan insistentemente qué hacían las personas de la comunidad en el lugar, por qué estaban ahí. Parecen tener dificultades para comprender lo más simple, lo obvio: ellos están y estaban ahí porque viven allí desde siempre, y antes de ellos vivieron sus ancestros, sus bisabuelos, sus abuelos. Estaban ahí cuidando la tierra, para que no vayan personas ajenas a quitarla. Porque los propietarios del «Campo amigo» —amigo por la unión de Amín y Gómez, el colmo del oxímoron— se habían cansado de esperar los tiempos de las instituciones y esta vez habían llegado al lugar con la intención de realizar justicia por mano propia.
La república que respetó los papeles de la colonia
Es sabido que el Estado argentino se forjó bajo la idea de una ficción. La nación imaginada estuvo conformada por contingentes de inmigrantes provenientes de ultramar que formaron un «crisol de razas», en el que no tuvieron ninguna participación los habitantes originarios de este país.
Sobre esa invisibilización o, mejor dicho, sobre esa «presencia ausente» —como apuntan Gordillo y Hirsch—, se sentaron las bases de la identidad nacional. Para decirlo de otro modo, los pueblos originarios estaban ausentes en la historia, excepto en los momentos en los que su presencia se constituía como una amenaza para la integridad nacional. Porque si algo queda claro en el relato oficial es que ser indio era el equivalente a ser malo, tratándose durante mucho tiempo de una condición vergonzante, que producía una inmediata disminución en la persona portadora de la categoría.
Ese cuento, que el poder colonial y luego las élites dominantes impusieron a fuerza de campañas militares y una multitud de actos de rapiña, no tuvo solo un efecto sobre la población en general, sino que afectó profundamente la forma en la que los propios originarios se vieron a sí mismos.
La identidad permaneció como algo negado, apenas reconocido en privado, en la palabra transmitida por algunos progenitores a sus hijos: «Mi mamá nos sabía decir que nosotros éramos descendientes de indios, hijos de indios». Así, en las escuelas se daba lección sobre el descubrimiento de América, las tres carabelas y los héroes de la patria, y nada se decía sobre la cultura aborigen.
En ese marco, el camino estaba allanado para decretar la desaparición de los pueblos y exigir la venta de sus tierras bajo el argumento de que se habían extinguido. Se trataba de un país que había sido habitado por los indios. Así, en pretérito. Poco o nada se decía sobre que habitaban todavía, aunque camuflados por otros ropajes; porque de indios pasaron a ser peones, gauchos, trabajadores, ciudadanos —aunque nunca plenos— de este país.
Señor, ten piedad de nosotros
Si su señoría tuviera la posibilidad de escuchar realmente, le preguntaríamos si cree en Dios y si acaso Dios está siendo testigo de todo esto, desde aquella plataforma omnisciente de la que nada se escapa.
Cuesta procesar que el Dios en el que hoy creen sea capaz de estar en contra de su pueblo. Es por esto que tienen la mirada desencajada y guardan una actitud incrédula ante los frescos de la iglesia que muestran a unos ángeles valiéndose de sus poderes celestiales para impedir el ingreso de los aborígenes a la ciudad. ¿Es posible que hasta Dios quiera borrarnos? ¿No es que éramos todos iguales ante el creador? ¿Cómo puede la condición de indio incidir en ser digno de su protección?
Darse cuenta
«¿Es una elección pertenecer o no a la comunidad?», le pregunta la presidenta del tribunal a uno de los testigos convocados por la defensa y éste, un poco atónito y titubeante, le dice que él nunca ha pertenecido a la misma. Ella sigue insistiendo, reformulando de mil modos: «¿O sea que, con el solo hecho de vivir ahí y haber nacido ahí, no son miembros de la comunidad? Con solo nacer, por ejemplo, nace un hijo suyo, ¿ya es miembro de la comunidad o tiene que hacer algo para ser miembro? ¿Hay que asociarse? ¿Se tiene que acercar a las actividades? ¿Cómo se hace para ser parte de la comunidad? ¿Es por nacimiento o por opción? ¿No me entiende la pregunta?».
Claro, no se entiende porque, por un lado, entran en colisión visiones de mundo completamente contrapuestas, y porque, por otro lado, lo que la presidenta del tribunal busca establecer de un modo claro y preciso es algo intangible, que no se explica; «un sentimiento que le entra a uno, yo no sé cuando».
Pertenecer no implica pasar ninguna prueba, hablar con fluidez un idioma, ni coincidir con equis cantidad de rasgos. Por eso, a algunos funcionarios del Estado y también a algunos historiadores les cuesta trabajo asimilar que hayan (re)aparecido así, de golpe.
Uno de los comuneros relata con pesar que haberse dado cuenta de que era descendiente de sus ancestros le costó mucho; «sí, me ha costado». Solo cuando pudo visualizar y poner en palabras que sus antecesores no venían de ningún otro lugar, sino de aquí, de esta misma tierra, es que se cerró el círculo.
Estar finalmente en paz con su linaje les dio la fuerza para no aflojar, para no abandonar su tierra, para aprender a escuchar sus propias voces, para saber dónde están parados, porque la historia —dicen— “tiene que nacer de aquí”.
* Por Sabrina Villegas Guzmán para La tinta. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Directora de la carrera de Licenciatura en Sociología de la misma casa.
