El terror en Córdoba empezó antes de 1976
Silvia Taborda y Marta Ledesma son dos de las personas identificadas de los restos hallados en la Loma del Torito, sitio de enterramientos clandestinos vinculado al ex centro clandestino La Perla. Fueron secuestradas tres meses antes del golpe de Estado, lo que nos obliga a preguntarnos: ¿qué pasaba en Córdoba antes del inicio de la dictadura? ¿Y cómo es posible que hubiera personas desaparecidas antes del golpe?
Por Alicia Servetto para La tinta
El pasado 12 de mayo del 2026, el Juzgado Federal n.° 3 dio a conocer nuevas identificaciones de restos hallados en la Loma del Torito, sitio de enterramientos clandestinos vinculado al ex centro clandestino La Perla (sobre la Ruta Nacional 20, continuación de la Av. Fuerza Aérea en dirección a Carlos Paz). Entre los restos identificados, se destaca el de los pertenecientes a dos personas, Silvia Taborda y Marta Ledesma, que fueron secuestradas el 10 y 11 de diciembre de 1975. Es decir, tres meses antes del golpe de Estado de 1976 y del inicio del terrorismo de Estado.
Este dato invita a hacerse una pregunta: ¿qué pasaba en Córdoba antes del inicio de la dictadura? ¿Cómo es posible que hubiera personas desaparecidas antes del golpe?
La provincia de Córdoba se encontraba intervenida desde el 15 de marzo de 1974, después del golpe policial conocido como el “Navarrazo”. El 28 de febrero de 1974, el jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, teniente coronel Antonio Navarro, con la colaboración de los sectores de la derecha peronista y del sindicalismo ortodoxo, destituyó al gobernador y al vicegobernador, Ricardo Obregón Cano y Atilio López. Durante dos días, las máximas autoridades provinciales permanecieron detenidas mientras la policía imponía un virtual estado de sitio. En respuesta a los sucesos de Córdoba, el 1° de marzo, el presidente de la República, Juan Domingo Perón, envió al Congreso de la Nación el proyecto de intervención al Poder Ejecutivo de la provincia.
Desde fines de los años 60, Córdoba se convirtió en uno de los principales escenarios de la conflictividad política y social del país. Después del Cordobazo, la movilización obrera y estudiantil, el surgimiento de un sindicalismo clasista y el crecimiento de las organizaciones revolucionarias alimentaron un intenso proceso de radicalización política. Para algunos, Córdoba era la «meca revolucionaria»; para otros, una «venenosa serpiente» o un «foco infeccioso».
El “Navarrazo” puso fin a ese ciclo de movilización y protesta social. Desde entonces, se sucedieron tres interventores federales o cuatro si somos estrictos con los números: Duilio Brunello, elegido por Perón (abril-septiembre de 1974); Raúl Lacabanne (septiembre 1974-septiembre de 1975), designado por Ma. Estela Martínez de Perón, y Raúl Bercovich Rodríguez (septiembre de 1975-marzo de 1976), nombrado por Ítalo Luder. Días antes de la designación de este último, y frente a los temores de un nuevo «Navarrazo», el presidente provisorio del Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Ítalo Luder, designó interinamente en el gobierno provincial al comandante del III Cuerpo de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, hasta tanto se hiciera cargo de la titularidad el nuevo interventor federal.
Durante el período de las intervenciones federales, en Córdoba, comenzó a consolidarse una nueva modalidad represiva. Fue durante el gobierno de Lacabanne que el operativo “limpieza” cobró mayor singularidad. “Yo estoy en guerra”, fueron sus primeras declaraciones. Inició entonces un proceso de “depuración ideológica” de las instituciones, llevado adelante a través de las operaciones del Comando de Libertadores de América, la versión local de la Triple A, la estructura clandestina del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba que desató una sostenida acción criminal cuyas principales víctimas fueron activistas y dirigentes políticos y sociales, a quienes calificaba de “subversivos”, “terroristas”, “guerrilleros”, “zurdos” o “izquierdistas”.
Entre los asesinatos más notables por su impacto simbólico, figuran los del abogado de los presos políticos, Alfredo Curutchet, la familia Pujadas y el exvicegobernador y dirigente sindical del gremio de UTA, Atilio López. En la misma lógica de acción, se ordenó la captura para los dirigentes Agustín Tosco y René Salamanca, la intervención a los sindicatos de Luz y Fuerza, y del SMATA, la prohibición de asambleas gremiales, atentados a domicilios particulares, sedes sindicales y el control de todos los espacios de participación pública. También se produjo un atentado en los talleres gráficos del diario local La Voz del Interior el día 25 de enero de 1975, que recibió el repudio de la prensa nacional e internacional. Lacabanne afirmaba que prefería “ir haciendo las cosas” y aplicar “la cirugía mayor para terminar con el cáncer que carcome a las instituciones cordobesas”. Paralelamente a estas medidas represivas, hacia fines de octubre de 1974, Lacabanne dictó el decreto 165, por el cual indultó al Tte. Cnel. (R) Antonio Domingo Navarro, procesado por los delitos de sedición, usurpación de autoridad, privación de libertad.
La segunda mitad de 1975 marcó un cambio en la represión. Asumió características nuevas, cada vez más ilegales y clandestinas, de la mano de la injerencia directa de las fuerzas armadas y su titular, Luciano Benjamín Menéndez, quien expresó: “El Ejército combatirá noche y día hasta aniquilar a los delincuentes subversivos”. Junto con las persecuciones, detenciones y torturas, los secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas comenzaron a ser cada vez más frecuentes.
Las acusaciones a las autoridades gubernamentales de fomentar el terrorismo y la violencia aumentaron su intensidad luego de la ola de violencia y secuestros que se sucedieron desde los últimos meses de 1975. El 16 de noviembre, por ejemplo, el «Comando Libertadores de América» dinamitó el Centro de Panaderos, donde se debía realizar el 1º Congreso Nacional del Partido Auténtico. Asimismo, desde diciembre, comenzaron a efectuar el método de desaparición de personas alojadas en la Prisión Militar Campo La Rivera, próxima al cementerio San Vicente, que funcionaba como centro clandestino de detención de civiles.
Según el Informe de la CONADEP, delegación Córdoba, las denuncias registradas sobre desaparición de personas antes del 24 de marzo de 1976 fueron 52, de las cuales 42 se contabilizaron entre el 6 de diciembre de 1975 y el 20 de marzo de 1976. Por eso, las fechas de los secuestros de Silvia Taborda y Marta Ledesma —10 y 11 de diciembre de 1975— no fueron una excepción. Precisamente en esos meses, comenzaron a multiplicarse las desapariciones en Córdoba. Para las historiadoras Oviedo y Solís, la aplicación temprana de la metodología de la desaparición anticipa la esencia del imperio del terror que sobrevendrá tras el golpe de Estado.
La combinación de dispositivos legales e ilegales, abiertos y clandestinos, y la coordinación de las fuerzas policiales y militares fueron exacerbando el clima de violencia que llevó a la otrora Córdoba combativa y resistente de los años 60 hacia un abismo hundido en la tragedia y la oscuridad.
Las voces públicas de lo que se vivía en Córdoba eran dispares y opuestas. El gobierno provincial evitaba dar cuenta de lo que sucedía realmente en las calles de la ciudad. En enero de 1976, el ministro de gobierno, Carlos Risso, declaró a La Voz del Interior: “Nosotros no tenemos otra versión que la que da la policía (…). No tengo certeza si los secuestros son secuestros o detenciones, pero la policía no tiene ninguna participación en esas desapariciones (sic)». Por su parte, el diputado nacional por la UCR, Fernando Nahum, denunciaba ante la prensa: “En Córdoba, se mata, se secuestra, se ponen bombas sin respetar a nadie y jamás se conoce que hubiera un detenido, siquiera una averiguación de los hechos”.
La respuesta social estuvo a cargo de las asociaciones de defensa y solidaridad. Se multiplicaban demandas por la libertad de los detenidos, así como también consignas por la aparición de los secuestrados. En enero de 1976, se formó la primera Comisión Provisoria de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos. Mucho antes del golpe, funcionaban organizaciones como la Unión de Familiares de Presos Políticos Estudiantiles y Gremiales (U.P.P.E.G.), Comisión Peronista de Solidaridad (COPESOL), Comisión Nacional Provisoria, Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos Estudiantiles y Gremiales, y la Comisión Provisoria de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos. A esta lista, se sumaba la Mesa Provisoria de Gremios en Lucha y las organizaciones vinculadas a las asociaciones de profesionales, como la de los abogados.
Todos estos datos demuestran que, si bien la dictadura de 1976 dio comienzo a una política sistemática y planificada del terrorismo del Estado, durante el período previo, se fueron habilitando y legitimando las condiciones políticas, jurídicas y represivas que lo hicieron posible. La identificación de Silvia Taborda y Marta Ledesma obliga a revisar una idea todavía muy extendida: que el terrorismo de Estado comenzó el 24 de marzo de 1976. El golpe inauguró una dictadura que convirtió esa represión en una política sistemática y planificada de Estado. Pero, en Córdoba, buena parte de sus mecanismos ya estaban en funcionamiento desde, al menos, 1974.
Las intervenciones federales, la creciente participación de las Fuerzas Armadas, la actuación del Comando Libertadores de América y la práctica de las desapariciones forzadas muestran que el terror no irrumpió de un día para otro. Se fue construyendo. Comprender ese proceso permite entender mejor por qué el golpe pudo desplegar con tanta rapidez un aparato represivo que, en muchos aspectos, ya había comenzado a ensayarse.
EI EAAF convoca a familias que tengan un persona desaparecida entre 1974 y 1983 a aportar su muestra de sangre de forma confidencial, gratuita y voluntaria, comunicándose al WhatsApp +54911 2348 5229, al teléfono 0800 345 3236 o al correo electrónico iniciativa@eaaf.org.
*Por Alicia Servetto para La tinta.
*Reflexiones en los 50 años de la última dictadura militar. Programa de Estudios sobre Historia Reciente Argentina del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales UNC.
