Disminuye el hambre y la inseguridad alimentaria en Brasil
El informe anual mundial de la ONU sobre el hambre demuestra que solamente 0,6% de los brasileños viven con inseguridad alimentaria grave y que sostienen con una política de Estado deliberada para estar fuera del mapa del hambre. Estos datos contrastan fuertemente con la realidad de Argentina.
Por Fernanda Zwirtes para La tinta
En poco más de una semana, Brasil vivió una efervescencia política contrastante. En medio de la confirmación de las candidaturas para las elecciones de octubre, una crisis diplomática con el país vecino tomó forma después del 25 de julio, día en que el presidente Javier Milei asistió al acto de oficialización de la candidatura a la presidencia de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente preso. «Basura socialista» y «ladrón» fueron algunos de los insultos proferidos por Milei al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esto escaló con el paso de los días y el país vecino decidió que su embajador, Julio Bitelli, no regresará a Buenos Aires y el vínculo diplomático queda con una figura de menor rango, con un “encargado de negocios”.
Las ofensas de Javier Milei reflejan, también en el plano diplomático, las diferencias en la forma de gobernar y sus efectos sobre la calidad de vida de la población. Ese contraste quedó aún más evidente con el informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, publicado el 21 de julio ―cuatro días antes del acto de Milei y Flávio Bolsonaro― por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los datos más recientes muestran que, mientras Brasil registra una caída histórica de la inseguridad alimentaria, Argentina prácticamente la duplicó. Es la segunda vez, desde que Lula volvió al Palácio do Planalto en 2023, que los datos muestran una disminución del hambre en Brasil.
Hoy, se estima que menos del 2,5% de la población brasileña, equivalente a 5,3 millones de personas, vive en situación de subalimentación, es decir, consume una cantidad insuficiente de alimentos para llevar una vida saludable. Entre 2020 y 2022, esa proporción era del 4,2%, casi el doble, como reflejo de la crisis provocada por la pandemia y también de la reducción del gasto en políticas públicas de seguridad alimentaria. Además, en ese mismo período, 21,1 millones de brasileños —casi uno de cada diez habitantes— no tenían qué comer todos los días. Actualmente, esa proporción cayó al 0,6% de la población, lo que representa alrededor de 1,2 millones de personas.
Parte de la mejora registrada por la FAO ocurre después de un período de deterioro de los indicadores sociales durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022). En ese período, el presupuesto destinado a los programas de combate al hambre se redujo un 38%, lo que representó un recorte de aproximadamente R$ 3,6 mil millones. Durante esos años, alimentos básicos como el arroz y los frijoles dejaron de contar con reservas públicas, según datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB).
Sin embargo, alimentarse de manera saludable sigue siendo costoso. El informe señala que un brasileño necesita gastar, en promedio, 4,89 dólares PPA (paridad del poder adquisitivo) por día para acceder a una dieta saludable. Es un costo incluso superior al de Estados Unidos (2,86 dólares PPA) y al promedio europeo (3,97 dólares PPA). Aun así, también hubo avances en el acceso económico a una alimentación adecuada: en 2021, el 31,2% de la población no podía costear una dieta saludable; hoy, esa proporción se redujo al 21,1%.
El hambre también es un reflejo político
Brasil salió del Mapa del Hambre en 2025 (considerando el promedio del período 2023-2025) por segunda vez en su historia. La primera ocurrió en 2014, durante el primer mandato de Dilma Rousseff, tras más de una década de fortalecimiento de las políticas de seguridad alimentaria y de asistencia social impulsadas tanto por ella como por los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva.
La recesión económica, la inflación y la crisis política que marcaron los años posteriores, entre ellas, el proceso de destitución de Dilma Rousseff, los escándalos de corrupción y la creciente polarización política que culminó con la elección de Jair Bolsonaro en 2018 contribuyeron al aumento de la desigualdad social y al deterioro de los indicadores del hambre.
Durante la pandemia, se vivió el período más grave: 33 millones de brasileños pasaban hambre, según el estudio de la Red Penssan, publicado en 2022. Más de la mitad del país se encontraba en situación de inseguridad alimentaria. Imágenes de personas haciendo fila para recibir donaciones de huesos o restos de carne descartados por los supermercados circularon por los periódicos. Para muchos, esa era la única manera de consumir proteínas, ya que el precio de los alimentos aumentó un 21,39% desde el comienzo de la pandemia hasta octubre de 2021.
Ese fue el pasado reciente del país que Lula encontró cuando volvió a la presidencia en 2023. Entonces, se hizo cargo de impulsar nuevas políticas de combate al hambre. Entre ellas, destaca el Plan Brasil Sin Hambre, creado con el objetivo de sacar nuevamente al país del Mapa del Hambre antes de 2030. La meta fue alcanzada cinco años antes de lo previsto, aunque el programa continúa en ejecución. Aunque la proporción de personas en situación de inseguridad alimentaria y subalimentación haya disminuido considerablemente, millones de brasileños todavía conviven diariamente con el hambre.
El contraste con su vecino
Argentina sigue una trayectoria opuesta, pero similar a la de Brasil durante el gobierno de Bolsonaro durante la pandemia.
Según el mismo informe de la FAO, mientras Brasil registra hoy una disminución sostenida, Argentina prácticamente duplicó la inseguridad alimentaria grave en menos de una década. La proporción pasó del 5,8% de la población (2,5 millones de personas) en 2016 al 11% (5 millones) en 2025. Si se consideran en conjunto la inseguridad alimentaria moderada y grave, el aumento también es significativo: pasó del 19,2% de la población (8,3 millones de personas) al 31,7% (14,5 millones) en el mismo período. En otras palabras, hoy casi tres de cada diez argentinos viven con incertidumbre sobre si tendrán qué comer al día siguiente.
Aunque el gobierno de Javier Milei sostiene que las medidas de ajuste económico permitieron estabilizar la economía, los datos más recientes de la FAO muestran que esa recuperación todavía no se refleja plenamente en las condiciones de acceso a la alimentación. Tampoco lo muestra ninguna de las mediciones locales más recientes, como el caso del Informe del Centro de Almaceneros de Córdoba que, en su edición de julio, expresó que, en el 27,8% de los hogares con niños, se redujo la comida por falta de dinero y, en el 38,3% de los hogares, los adultos comieron menos para alimentar a las infancias, y concluyó que el 57,1% de las familias cordobesas no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria. A esto, se suman datos alarmantes de familias que se endeudan para comprar alimentos.
*Por Fernanda Zwirtes para La tinta / Imagen de portada: Ricardo Stuckert/PR.
