Con una nueva versión más polémica, frenaron el tratamiento del proyecto de falsas denuncias en el Senado
Este jueves 6 de agosto, se pretendía tratar el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal en delitos de falsa denuncia y agravar las penas para las mujeres que denuncien violencias de género, violencia familiar contra menores y contra la integridad sexual. Con modificaciones a la versión original para negociar votos, la senadora Losada no logró el apoyo necesario para una ley que ya cosecha un rechazo contundente de amplios sectores. Ayer se sumó el radicalismo y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal con fuertes críticas a la propuesta.
En las últimas 48 horas, dos nuevos femicidios. Johana Mailén Antonich fue asesinada en Mar del Plata, en el lugar donde había sido convocada para una entrevista de trabajo; y Débora Giuliana Bordón, en Santa Fe, asesinada dentro del departamento de quien se supone era su pareja, quien se encuentra detenido. Ellas dos se suman a una larga y dolorosa lista en lo que va del año. Desde el Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá, registraron 153 femicidios entre el 1 de enero y el 30 de julio de este 2026 y destacaron: “Solo el 9% de las víctimas denunciaron a su agresor previamente, se evidencia que faltan denuncias como consecuencia de la ausencia de políticas de difusión, sensibilización, prevención y asistencia. Y el 67% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor. Además, el 60% de los agresores fueron parejas, exparejas o familiares”.
Es complejo entender cómo logra hacer pie la idea de que hay un crecimiento exponencial de falsas denuncias cuando, por ejemplo, en Córdoba, en lo que va del año, de los siete femicidios que hay registrados, en tres casos los femicidas tenían denuncias y condenas previas. Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega, había obtenido la libertad condicional en una causa vinculada con el secuestro de una mujer. Juan Galván es investigado en Morteros como presunto femicidio seguido de suicidio; había recuperado recientemente la libertad tras cumplir una condena por agredir a una expareja. Maximiliano Baudraco está acusado de apuñalar y asesinar a su expareja. Cumplía con una condena previa de prisión en suspenso en situación condicional bajo el cumplimiento de una serie de condiciones por violencia familiar contra la misma víctima en Santa María de Punilla.
Al altísimo porcentaje de mujeres que no denuncian, se suma la inoperancia judicial en muchos de los casos de quienes denuncian. ¿Por qué entonces una ley que agrava penas para las mujeres que supuestamente denuncian falsamente a varones agresores?
El proyecto original fue redactado por Andrea Guacci, que encabeza el Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias, conformado en 2023. También se referencia como activista del Observatorio de Falsas Denuncias, que tomó visibilidad en el 2022. Es esposa de Diego Guacci, el entrenador de la selección femenina de fútbol que, en 2021, fue denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras, y, al día de hoy, suma un total de ocho denuncias, más las que no se animaron a denunciar. La periodista Mariana Iglesias lo cuenta en esta nota. Parece una ley hecha a medida, ¿no?
Lo que se pretende es instalar la idea de que hay un crecimiento exponencial de mujeres que denuncian falsamente por despecho, por beneficio económico, para generarle un daño al varón violento. Los datos oficiales, sin embargo, indican que no hay evidencias empíricas de un aumento de tales denuncias. El Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó un relevamiento de más de ocho millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante los últimos tres años. El delito de falsa denuncia es un “fenómeno marginal” que solo explica el 0,09% del total de causas penales registradas y concluyó que no existe un fenómeno criminal que justifique el endurecimiento de las penas.
El proyecto de falsas denuncias fue presentado en la Cámara Alta por la senadora por la UCR, Carolina Losada, pero responde a un lobby que es parte de una avanzada antifeminista que busca la modificación del Código Penal en sus artículos 245, 275 y 277, que ya tipifican como delitos la falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento. Lo que buscan es introducir agravantes en las penas con prisión en el caso de supuestas falsas denuncias de violencia de género y delitos contra la integridad sexual contra niñas, niños y adolescentes. Desde que salió a la luz como tal, ha sido cuestionado por organizaciones feministas y de derechos humanos, con pruebas argumentales contundentes y posicionamientos de amplios sectores profesionales y políticos. Aun así, el oficialismo avanzó, pero tuvo que hacer modificaciones al texto original para negociar políticamente votos y conseguir apoyos incluso dentro de su propio bloque y aliados. Obtuvo despacho de comisión en abril de este año por parte de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y ya con dictamen de comisión, estaba previsto su tratamiento en el pleno este próximo 6 de agosto, un día complejo para el futuro de la soberanía de los cuerpos y los territorios, pero el cuarto intermedio desplazó el temario de ese día. La presión contra la santafesina no cede y viene desde su propio partido.
“Cambian las palabras, persisten los riesgos”
Organizaciones feministas, de derechos humanos y de la sociedad civil expresaron, en un documento titulado «Cambian las palabras, persisten los riesgos«, un análisis detallado de la nueva versión del proyecto que circula extraoficialmente y explicaron que “suprime las referencias explícitas a la violencia de género, violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes, y delitos contra la integridad sexual. No obstante, sigue considerando implícitamente estos delitos como agravantes, pero sustituyéndolos por conceptos indeterminados como «delito doloso grave» o que tenga como víctimas a «personas vulnerables». Esto resulta igualmente preocupante, ya que introduce un problema de discrecionalidad judicial: “Su impacto puede ser aún peor que el proyecto original porque la ambigüedad de la nueva redacción permitirá ampliar el campo de aplicación”, detallaron.
Según lo analizado, la nueva propuesta aumenta la pena de prisión para la falsa denuncia en general, llevándola a prisión de entre 1 y 3 años, y combinándola con una multa fija de 75 salarios mínimos vitales y móviles. Y crea dos agravantes: si se refieren a la comisión de un hecho delictivo doloso grave o tuvieren como víctimas a menores de edad o personas vulnerables (con penas de 2 a 5 años de prisión); y si resulta en la detención de la persona ofendida o en la restricción de derechos patrimoniales o familiares (con penas de 3 a 6 años de prisión). En caso de aprobarse esta reforma, se daría la paradoja de que tendríamos penas más severas para las falsas denuncias y falsos testimonios que las contempladas actualmente para el delito de abuso sexual, que está penado con prisión de seis meses a cuatro años.
También duplica el mínimo y el máximo de la pena por encubrimiento cuando se trate un “delito de falsa denuncia agravada”, pero exime de responsabilidad a quienes cometan encubrimiento en favor del cónyuge, excónyuge, pareja o expareja, parientes naturales, por adopción o producto de técnicas de reproducción asistida, o un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La excusa opera cuando el delito precedente es «especialmente grave», pero la impide si es una falsa denuncia agravada. Así, un familiar podría quedar exento por encubrir ciertos delitos de enorme gravedad (como un homicidio o un abuso sexual), pero no por encubrir una falsa denuncia agravada.
Y agregaron: “Tanto la versión original como la nueva propuesta de modificaciones, refuerzan prejuicios históricos sobre las mujeres y suman una barrera adicional a las innumerables dificultades que enfrentan en el acceso a la justicia cuando deciden pedir ayuda ante situaciones de violencia por razones de género”.
¿Qué dicen quienes asisten a mujeres en situaciones de violencia de género? La Asociación con Voz acompaña y orienta a mujeres que atraviesan situaciones de violencia machista, brindando contención, información sobre sus derechos y acompañamiento durante el proceso de acceso a la justicia. Melisa y Guadalupe son voluntarias del equipo de orientación y primera escucha de ConVoz, y por la tarea cotidiana que llevan adelante, conocen de primera mano las dificultades y los obstáculos que enfrentan muchas mujeres al momento de decidir y animarse a denunciar.
“La denuncia constituye el punto de partida para que el Estado, en sus órganos competentes (Poder Judicial), investigue, reúna las pruebas y determine, respetando el debido proceso, si existió o no el hecho denunciado. Es fundamental recordar que la víctima no tiene la obligación de probar los hechos denunciados. La intención del proyecto de trasladar a las víctimas la idea de que deberán ‘demostrar’ la violencia para no ser cuestionadas solo incrementa el temor y desalienta el acceso a la justicia. Una ley específica sobre falsas denuncias puede generar un efecto no deseado: que muchas mujeres decidan no denunciar por miedo. Quienes acompañamos estas situaciones sabemos que denunciar ya implica enfrentar miedos, dependencia económica, manipulación, culpa y desconfianza hacia las instituciones”, expresaron.
En estos años de trabajo, Melisa, Guadalupe y el resto del equipo saben que el camino no es generar nuevos obstáculos para denunciar, sino fortalecer las investigaciones, garantizar el debido proceso y brindar respuestas rápidas, eficaces e integrales, protegiendo a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia machista y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. “Si bien hoy existen más canales de denuncia y una mayor visibilización de las violencias de género que años atrás, el Gobierno nacional recortó el presupuesto de todos los programas de asistencia, acompañamiento y prevención de las violencias, y el acceso efectivo a la justicia tiene importantes dificultades. Muchas mujeres llegan asustadas, sin información suficiente o con experiencias previas de desconfianza institucional, y el recorrido hasta obtener una respuesta suele ser complejo y desgastante”, explican.
Cualquiera que estuvo cerca de una persona en situación de denuncia sabe de las demoras en las intervenciones, los recursos limitados y las desigualdades en el acceso a servicios de acompañamiento, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.
“El debate público debería centrarse en mejorar el acceso a la justicia, la calidad de las investigaciones, fortalecer los equipos interdisciplinarios y las políticas de prevención, ya que acompañar a una víctima no se limita a recibir una denuncia, sino que implica brindar contención, orientación y seguimiento durante todo el proceso. Que haya políticas de prevención y que garanticen respuestas oportunas para estas situaciones tan complejas y delicadas que atraviesan las víctimas de violencias debería ser el eje”, concluyen las integrantes de la Asociación con Voz.
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.
