¿Qué quiere entregar Milei con la reforma de la Ley de Tierras? La soberanía nacional en riesgo
Si la Ley de Tierras fija un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales y hoy ese porcentaje ronda el 5%, entonces, ¿qué busca modificar el proyecto que el Senado volverá a discutir el 6 de agosto? Para el historiador e investigador del CONICET, Matías Oberlin, la respuesta no está en el promedio nacional, sino cuando se mira el mapa. Esa búsqueda dio origen al Observatorio de Tierras y a una herramienta que muestra dónde se concentra realmente la disputa por el territorio.
Si la legislación vigente todavía permite que capitales extranjeros adquieran una superficie equivalente, casi, a toda la provincia de Buenos Aires, ¿por qué el Gobierno libertario considera necesario modificarla? La pregunta es el eje de toda la conversación con Matías Oberlin, historiador, investigador del Programa de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, integrante del CONICET y miembro del Observatorio de Tierras. Y abre una explicación que, según sostiene el investigador en diálogo con La tinta, permite comprender por qué el oficialismo insiste en avanzar con una reforma que pone en discusión mucho más que el régimen de propiedad rural.
“Lo primero que hay que decir es que el Gobierno está empecinado con derogar la Ley 26737, la llamada Ley de Tierras”, dice Oberlin y que, como sabemos, no es el primer intento. Apenas iniciado el mandato de Milei, la derogación de la norma fue incorporada al DNU 70/2023. Esa decisión quedó suspendida por un amparo presentado por excombatientes de Malvinas y la Justicia frenó ese capítulo del decreto en enero de 2024. La discusión ―que salió por un tiempo de la agenda pública, pero no de los planes del Gobierno nacional― volvió a ser impulsada ahora por la vía legislativa.
Después de la renovación de las cámaras, el 9 de diciembre, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que el Ejecutivo avanzaría con la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. El anuncio fue el disparador para que, apenas veinticuatro horas después, un grupo de investigadores decidiera reunir y hacer pública la información que venían produciendo durante años. Así nació el Observatorio de Tierras, un espacio integrado por especialistas de distintas disciplinas, dedicado a estudiar la concentración y la extranjerización de la propiedad rural. Su principal herramienta es un mapa interactivo construido con información oficial e investigaciones académicas, acompañado por informes que buscan traducir esos datos en un lenguaje accesible.
“Nosotros ya veníamos investigando y decidimos poner toda esa información a disposición de la sociedad. Lo pensamos como una herramienta académica, científica, pero también didáctica y política”, resume Oberlin. A los pocos meses, llegó el proyecto que el oficialismo intenta convertir en ley y que se tratará este jueves 6 de agosto.
Una ley ómnibus y con nombre falso
La iniciativa, redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue presentada bajo el título de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». Para Oberlin: “Es un nombre de fantasía. El corazón del proyecto es derogar la Ley de Tierras. Por eso, nosotros hablamos de una ley de extranjerización, saqueo y desalojos”.
«Cuando hablamos de extranjerización, nunca nos referimos a ciudadanos que nacieron fuera de Argentina, vienen a vivir acá, se quedan, se instalan y desarrollan sus vidas en nuestro territorio. Nos referimos a procesos a través de los cuales grandes corporaciones, multinacionales, empresas, fondos de inversión o magnates se quedan con una porción importante de nuestro territorio y la controlan desde afuera», aclara el investigador.
Como explica a La tinta, aunque el proyecto tiene alrededor de cuarenta páginas y modifica distintas normas, le llaman una ley ómnibus porque el cambio central ocupa un artículo: el que deroga los artículos 5, 8, 9, 10, 12, 16 y 18 de la Ley 26737. Dichos artículos son justamente los que establecen todos los límites que la ley impuso al proceso de extranjerización. Desde que obtuvo dictamen en comisión, el texto sufrió modificaciones y hubo cambios producto de las negociaciones políticas y nuevas versiones del proyecto, y la que hoy circula es la número dieciséis.
La normativa que el gobierno de Javier Milei quiere eliminar fue sancionada en diciembre de 2011, después de un largo debate parlamentario. Obtuvo una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y apenas un voto en contra en el Senado. Su aprobación respondió a un diagnóstico compartido por amplios sectores políticos: el avance sostenido de grandes capitales extranjeros sobre extensiones cada vez mayores del territorio argentino, un proceso que se había acelerado durante el menemismo. De ese período, surgieron algunos de los casos más emblemáticos, como las tierras adquiridas por Joe Lewis en la zona de Lago Escondido o las cerca de un millón de hectáreas que controla el grupo Benetton en la Patagonia. “Ese proceso se profundizó con los 90, siguió creciendo durante los 2000 y finalmente, en 2011, como sociedad asumimos el problema que implicaba la extranjerización de tierras y se aprobó la Ley”, resume.
“Hoy, los límites son: un máximo del 15% a nivel nacional, que se replica a nivel provincial y subprovincial; que ese 15% no pueda quedar en manos de una sola nacionalidad; que personas o empresas de una misma nacionalidad extranjera no concentren mas del 30% de ese porcentaje que se permite a extranjeros (es decir un 4,5% del total); que no puedan adquirir más de mil hectáreas en la zona núcleo —o su equivalente en otras regiones del país— y que no puedan quedarse con tierras que contengan espejos de agua permanentes o de gran envergadura ni zonas ribereñas”.
Entonces, va de nuevo: si la Ley de Tierras todavía permite que la propiedad extranjera alcance el 15% del territorio nacional y hoy ese porcentaje apenas supera el 5%, ¿por qué el Gobierno libertario busca eliminar las restricciones que siguen vigentes? La respuesta, dice, surge cuando se cruzan los datos oficiales con el mapa.
El mapa: los territorios donde el límite ya fue superado
En agosto del año pasado, los investigadores del Observatorio crearon un mapa interactivo que permite observar la situación por provincia y por departamento.
El dato general indica que, en Argentina, hay más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas. Para dimensionar esa superficie, Oberlin propone dos referencias: “Es el equivalente a la provincia de Santa Fe. También podemos pensarlo en términos de países europeos: es una superficie similar a Inglaterra. Es una provincia entera de la que perdimos soberanía”.
Con la ley vigente, «todavía se podrían extranjerizar otros 26 millones de hectáreas, que es, más o menos, forzando un poco los números, el equivalente a la provincia continental más grande que tenemos, que es la provincia de Buenos Aires», dice Matías en la entrevista y corre el ojo del porcentaje nacional para ponerlo en la escala departamental. De lo que se trata, además de ver la cantidad de hectáreas bajo propiedad extranjera, es de saber qué territorios son esos y qué contienen.
El mapa del Observatorio muestra que existen 36 departamentos donde la propiedad extranjera alcanza o supera el límite del 15% establecido por la ley, y la concentración aparece sobre la cordillera de los Andes, en los límites con Chile, Paraguay y Brasil, y en regiones donde existen recursos naturales considerados estratégicos.
«Cuando uno mira la distribución, solo con observar el mapa se da cuenta de que esos departamentos están ubicados, todos o casi todos, en zonas de frontera: en la cordillera de los Andes, en el límite con Chile, con Paraguay o con Brasil; en zonas ricas en recursos hídricos, hidrocarburíferos y minerales críticos, y a la vera de la principal cuenca fluvial de nuestro país, la mal llamada Hidrovía del Paraná”, enfatiza Oberlin y agrega:
“Lo que está en juego, lo que está en riesgo, es la soberanía nacional. Es la soberanía sobre recursos estratégicos, necesarios para la vida, como el agua; recursos fundamentales en esta etapa particular del desarrollo del capitalismo, como los minerales críticos o los hidrocarburos; y también sobre zonas clave para garantizar la soberanía nacional, la seguridad interior y la integridad territorial, como las zonas de frontera».
Cuando empezaron con el Observatorio, la primera versión del mapa era más acotada. Incluía información sobre extranjerización de tierras y los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, pero siguió ampliándose y fue incorporando nuevas capas. A esto, se sumaron parques nacionales, explotaciones mineras, comunidades originarias y glaciares.
Esta superposición, para el investigador, permite observar una disputa territorial que no aparece cuando cada conflicto se analiza por separado. En un mismo espacio, confluyen territorios de comunidades indígenas cuyo reconocimiento dominial continúa pendiente y zonas de interés para grandes empresas transnacionales, magnates y fondos de inversión vinculados a recursos estratégicos.
Con la sesión del 6 de agosto muy cerca, desde distintos sectores sociales, se insiste en la importancia de la presión sobre los senadores provinciales. De los tres senadores cordobeses, Carmen Álvarez Rivero, perteneciente al bloque de La Libertad Avanza, votará a favor y se cree lo mismo de Luis Juez. La semana pasada, la senadora peronista (cordobesista), Alejandra Vigo, comunicó que votará en contra.
Para Oberlin, la decisión que se tome en el Congreso tendrá consecuencias que exceden la discusión sobre la propiedad y advierte: “Esto puede aumentar la conflictividad social, las migraciones, el costo de los alquileres y el valor de las tierras. También puede generar problemas de habitabilidad, conflictos vinculados al acceso al agua y dificultades por la extracción de recursos de maneras poco prudentes. Además, puede generar conflictos vinculados a la seguridad interior, especialmente en las zonas de frontera. Son territorios muy sensibles en términos de soberanía nacional y seguridad, y particularmente codiciados por grupos que se dedican a actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de personas. Una ley de estas características puede aumentar los índices de violencia, la presencia del delito organizado y los problemas de seguridad”, concluyó.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: A/D.
