¿Qué migrante merece quedarse? Una presencia bajo discusión y vigilancia
¿Qué tienen en común un proyecto para cobrar la salud y la educación a extranjerxs, la frase dicha al pasar sobre el “mal uso de una residencia precaria” y un DNI sobre el mostrador de un comercio? Todos encuentran en un “otrx no nacional” un terreno privilegiado para organizar el debate público, reorganizar la acción estatal y justificar nuevas formas de control.
Por Florencia Rovelli para La tinta
Días después de la derrota de Argentina frente a España, mientras las redes sociales estuvieron atravesadas por acusaciones cruzadas y discusiones nacionalistas exacerbadas, se reinstaló el debate sobre si lxs extranjerxs debían seguir accediendo gratuitamente a la salud y la educación pública. Ante ese clima, el legislador bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, anunció en la red social X un proyecto de ley para arancelar ambos servicios a “extranjerxs sin residencia legal” en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto se apoya en un contexto discursivo que viene tomando forma en declaraciones públicas, redes sociales y reformas normativas e institucionales. Aunque busca legislar en la provincia de Buenos Aires, la discusión desbordó sus límites. En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, ya había instalado la propuesta de cobrar la atención sanitaria a personas extranjeras no residentes, bajo el argumento de que el sistema público debía dejar de financiar lo que definía como “tours sanitarios”. En medio de esta nueva discusión, reaparece con declaraciones públicas: “Extranjero que se atiende en la ciudad, extranjero que paga”. No tardaron en circular versiones sobre la posibilidad de avanzar en una regulación de alcance nacional.
La figura del extranjerx aparece, una vez más, como una cuestión capaz de condensar malestares y ordenar diferencias. Las sospechas que se construyen sobre esta figura no quedan restringidas al discurso político, también se incorporan a las prácticas cotidianas de aquellos espacios estatales donde la migración es administrada.
Semanas atrás, en un encuentro de trabajo entre instituciones vinculadas a la migración, se conversaba sobre trámites de radicación. Ante reiteradas consultas sobre algunos procedimientos burocráticos, la delegada de la Dirección Nacional de Migraciones sostuvo que existía un “mal uso de la precaria”. La residencia precaria es el documento que el Estado argentino entrega mientras resuelve una solicitud de radicación. Durante ese tiempo, certifica una espera.
Ante esa expresión, la preocupación no estaba puesta en un hospital ni en una universidad, sino en otro tipo de recurso: el tiempo y los procedimientos administrativos del Estado. Según explicó, la vigencia máxima de la residencia se había reducido de 180 a 90 días. La norma fija un plazo máximo, pero no establece un plazo mínimo. Estas modificaciones se sostienen porque, según su diagnóstico, muchas personas ingresaban al país, iniciaban el trámite de residencia, declaraban domicilios que no podían verificarse y, luego, abandonaban el país antes de que el trámite se resolviera. “Los recursos administrativos se desgastan”, agregó quien ocupa un cargo público.
La frase “mal uso de la precaria” permite ver cómo la sospecha se desplaza hacia un control minucioso y constante sobre la migración. Ya no se trata únicamente de quién accede a los recursos públicos, sino de quién utiliza un procedimiento estatal y qué uso hace de él. La espera, que en principio es una instancia administrativa mientras se resuelve una residencia, comienza a ser interpretada como un indicio de irregularidad, de aprovechamiento o desgaste institucional. El argumento que subyace es “cuidar los recursos públicos”. Pero detrás de esta justificación, se despliega otra operación: administrar el tiempo de espera, verificar el lugar y las condiciones de permanencia.
Esta lógica no aparece de un día para el otro. Se construye en distintas escalas de gobierno: en los discursos públicos, en las reformas normativas y en las prácticas administrativas. Vistos en conjunto, estos cambios reordenan el lugar de la migración dentro de la acción estatal, justifican su intervención y legitiman su control.
En mayo de 2025, a través del DNU n.º 366, el Poder Ejecutivo endureció el régimen de residencias. El anuncio de la reforma dejó ver el diagnóstico que la sostiene: el gobierno presentó la legislación migratoria vigente como un sistema demasiado permisivo, incapaz de distinguir entre quienes merecen permanecer y quienes se aprovechan del Estado. Propuso una distinción sencilla de ser reproducida: de un lado, quienes trabajan, respetan las reglas y aportan; del otro, quienes vienen a aprovechar los servicios públicos y a permanecer al margen de la ley. Un dato importante es que este DNU todavía se discute en los tribunales. A comienzos de julio de este año, la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad por considerar que el Poder Ejecutivo había avanzado sobre materias que no podía modificar por decreto. El gobierno apeló y la decisión quedó en manos de la Corte Suprema. La discusión judicial no detuvo, sin embargo, la circulación de ese diagnóstico.
La migración construida como una amenaza encontró rápidamente lugar en discursos, procedimientos y prácticas cotidianas. La reforma planteó nuevas facultades para la Dirección Nacional de Migraciones en materia de control. Entre ellas, la posibilidad de requerir documentación ante la sospecha de una situación irregular, retener temporalmente documentos, realizar operativos en el espacio público, en lugares de trabajo y alojamiento, y coordinar acciones junto a las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, la permanencia empezó a depender de nuevas comprobaciones administrativas. Acceder o cambiar la categoría de residencia requiere más pruebas, los requisitos se multiplican. También se multiplican las posibilidades de rechazo.
El desplazamiento hacia el control no se expresó solamente en procedimientos administrativos, sino también en la arquitectura institucional del Estado. En noviembre del año pasado, a través del DNU n.º 793, la Dirección Nacional de Migraciones fue transferida desde la órbita del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad. La política migratoria ocupa explícitamente un lugar central dentro de la agenda de seguridad. Con esto, se fortalece una mirada que construye un “adversarix”, un “otrx no nacional” cuya presencia debe ser identificada, observada y controlada.
En un contexto de creciente centralidad de las redes sociales en la comunicación política, esas prácticas cotidianas son mostradas, narradas y puestas en circulación, por ejemplo, en un video de la DNM que dura menos de un minuto. Camionetas se detienen, mientras suenan sirenas y se bajan agentes de Migraciones junto a efectivos de la Policía Federal. En plena jornada de trabajo, entran a los comercios en un nuevo “operativo de control”. La cámara enfoca documentos sobre un mostrador, chalecos azules y credenciales. Sigue los movimientos, pero no registra voces. En la descripción, una promesa: “Seguimos multiplicando los controles migratorios para garantizar el cumplimiento de la ley”. La cifra aparece como prueba de esa expansión: más de 10.000 operativos realizados en rutas, comercios, lugares de trabajo y domicilios en distintos puntos del territorio nacional. El cierre condensa el mensaje: “En Argentina, hay reglas claras: sin documentos, no hay permanencia”.
El video hace algo más que mostrar operativos. Nos dice dónde mirar y sobre quién detener la atención. La figura del migrante en situación “irregular” o “ilegal” ocupa el centro de la escena. A su alrededor, se ordenan documentos, verificaciones, denuncias y operativos. Se define quiénes quedan bajo la mirada del Estado y sobre quiénes se justifica el control.
Todas las imágenes narradas aquí forman una misma escena donde la persona migrante vuelve a ocupar un lugar central en las discusiones públicas. No es un fenómeno nuevo; su figura a lo largo de nuestra historia y durante diversas gestiones de gobierno ha sido puesta en cuestión y convertida en objeto de debate. El riesgo es que estas discusiones desplacen la mirada hacia un viejo recurso de la política: construir un otrx sobre el cual depositar malestares y demandas. La migración no es un problema que existe por fuera de las formas en que es mirada y gestionada. No se convierte en una amenaza por sí sola. Empieza a ser construida como tal cuando se la nombra de determinada manera, se clasifica y crean mecanismos para intervenir sobre ella.
*Por Florencia Rovelli para La tinta / Imagen de portada: DNM.
