Villa Allende: el conflicto por los portones y la denuncia de un sistema basado en la «selectividad y estigmatización»
Desde fines de junio, comenzó a implementarse en Villa Allende el sistema de cierre nocturno de calles que el municipio presenta como una herramienta para prevenir el delito. La medida, inédita en el país, abrió un fuerte conflicto con vecinos autoconvocados que cuestionan su eficacia, advierten sobre riesgos para la circulación y reclaman que no existen datos públicos que justifiquen la iniciativa.
Desde el 22 de junio, Villa Allende comenzó a poner en marcha un esquema de seguridad que no tiene antecedentes en Argentina. Con el nombre de «Nuevo Sistema Integral de Seguridad y Prevención Vecinal«, la gestión del intendente Pablo Cornet inició la instalación de portones en calles secundarias de los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, una prueba piloto que prevé restringir el tránsito entre las 22 horas y las 6 de la mañana.
Según la Municipalidad, la iniciativa busca reforzar la prevención del delito mediante cierres nocturnos, incorporación de cámaras, mayor monitoreo y coordinación con la Policía provincial. El gobierno local sostiene que el programa no restringe la libre circulación porque todos los barrios mantienen accesos habilitados y asegura que la medida surgió de la participación ciudadana.
Sin embargo, la comunidad no dice lo mismo. La implementación abrió un conflicto que ahora está judicializado. Vecinos autoconvocados presentaron un amparo, cuya resolución espera el Tribunal Superior de Justicia, mientras continúan las movilizaciones para exigir la suspensión del sistema y una audiencia con el intendente. El 7 de julio, se concentraron frente al edificio municipal para rechazar la colocación de los portones y reclamar que el Ejecutivo reciba a quienes cuestionan la iniciativa.
Seguridad o prejuicio
«Son seres humanos cerrándose el paso a otros seres humanos, a partir de criterios de selectividad y estigmatización», señala Inés León Barreto, integrante del Movimiento Vecinal Villa Allende, organización que desde hace un año y medio cuestiona distintas decisiones de la actual gestión municipal. Para la vecina, uno de los principales problemas es que nunca se hicieron públicos los datos que respalden una intervención de estas características. “Determinar que una calle se cierra es una medida muy contundente. Es algo inédito en todo el país», afirma.
El municipio sostiene que el objetivo es reducir las vías de escape utilizadas por quienes cometen delitos y facilitar el control preventivo mediante corredores monitoreados. También asegura que la circulación permanece garantizada porque existen accesos alternativos y que los portones son operados por personal municipal.
A pocas semanas de iniciado el sistema, los vecinos aseguran haber detectado fallas en su funcionamiento. León Barreto afirma que uno de los portones de Lomas Sur permaneció cerrado fuera del horario previsto por la ordenanza.
«Debía restringir el paso únicamente entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, pero comprobamos que no se abría con esa regularidad y permanecía cerrado gran parte del día», sostienen. La situación se produjo mientras el municipio avanzaba con la instalación del resto de la infraestructura prevista para el programa, que incluye cámaras de seguridad y un sistema de monitoreo. Según la referente vecinal, estos dispositivos aún no funcionan plenamente, por lo que —plantea— el esquema termina dependiendo únicamente del cierre físico de las calles.
A ese escenario, se sumó un episodio ocurrido durante los primeros días de julio, cuando uno de los portones fue forzado con un vehículo. El secretario de Gobierno, Felipe Crespo, confirmó que el mecanismo de cierre cedió por la presión ejercida y anunció que el municipio incorporaría refuerzos para evitar nuevos hechos de vandalismo.
Rodeos, calles oscuras y emergencias
Las críticas vecinales no se limitan al funcionamiento técnico de los portones. Quienes rechazan la medida sostienen que el nuevo esquema ocasiona múltiples inconvenientes. Modifica recorridos cotidianos y obliga a transitar por sectores que presentan problemas de iluminación y mantenimiento.
«Las personas que regresan de trabajar ya no pueden volver por su recorrido habitual. Deben caminar varias cuadras más por calles baldías, sin desmalezar y con poca iluminación. Lo más importante es que esos recorridos alternativos no cuentan con todos los servicios. Es decir, se obliga a las personas a transitar por lugares que no están en condiciones y eso también genera inseguridad», plantea León Barreto.
El Movimiento Vecinal también cuestiona cómo podrían resolverse situaciones de urgencia durante el horario de cierre. «Las emergencias médicas, un incendio o un caso de violencia de género pueden ocurrir de noche. En esos casos, lo prioritario es contar con corredores libres y accesos rápidos», advierten.
Una discusión que va más allá de los portones: las prioridades del gasto público
Para este grupo de vecinos y vecinas, el debate no se limita a la eficacia del dispositivo de seguridad, sino al modelo de ciudad que propone y sostienen que la inversión destinada a los portones evidencia un orden de prioridades que deja de lado necesidades urgentes para la ciudad y la región. Entre ellas, ubican la situación del Hospital Gato Romero, un edificio que ya fue construido, pero que todavía no comenzó a funcionar.
«El edificio está terminado, con sus letreros, señalización y toda la infraestructura lista, pero no se abre. Es un hospital imprescindible para Sierras Chicas», afirma León Barreto. La referente vecinal recuerda que la obra se ejecutó a partir de un convenio de asistencia técnica y colaboración recíproca, firmado el 29 de octubre de 2021 entre el entonces gobernador, Juan Schiaretti, y el entonces intendente de Villa Allende, Eduardo Romero.
«En ese convenio, la Provincia se comprometió a construir el hospital, ubicado sobre calle Mariano Moreno, entre Urquiza y Güemes. El convenio es muy claro: la Provincia tenía a su cargo el estudio, el proyecto, la construcción y el financiamiento del 100% de la obra. Y eso se cumplió, porque el edificio está terminado. Esa obra se hizo con recursos públicos, con el aporte de todos los contribuyentes a través de los impuestos provinciales. Ya estamos en 2025 y el edificio sigue cerrado», explica. Para el movimiento vecinal, el problema ahora pasa por la decisión política de poner en funcionamiento un establecimiento que consideran clave para descomprimir la atención sanitaria en la región.
«Nosotros hacemos esta comparación: los 200 millones de pesos que se destinaron a los portones equivalen, aproximadamente, a un año de insumos hospitalarios para áreas como farmacia y bioquímica. Si realmente existiera la voluntad de que el hospital funcione, esos recursos podrían haberse utilizado para ponerlo en marcha», plantea.
Y concluye: «Si la infraestructura ya está terminada, pero esta intendencia vuelve a fracasar en su capacidad para hacerlo funcionar, entonces que le den otro destino. Lo que no puede pasar es que un edificio tan necesario permanezca cerrado mientras la comunidad sigue esperando un hospital para toda la región».
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: El Doce.
