El caso de Irene Cuevas: Apross y la Provincia niegan prestaciones a la joven con discapacidad
Desde hace 23 años, la joven con discapacidad motriz severa reclama ante la Justicia poder acceder a los apoyos que necesita para vivir, estudiar, comunicarse y sostener su autonomía. En septiembre del 2025, el juez de primera instancia dictó una resolución que reconoce la urgencia del caso y obliga la entrega de una silla de ruedas y garantizar las prestaciones esenciales. Apross y la Provincia de Córdoba se niegan a cumplir su obligación, y el caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia que, desde hace diez meses, no se expide.
Irene Cuevas es una mujer de 23 años con discapacidad motriz severa que se comunica mediante tecnología asistida y necesita una red permanente de apoyos para desplegar su autonomía: dispositivos tecnológicos, elementos de rehabilitación, asistencia terapéutica y socioeducativa, transporte y enfermería nocturna.
Desde hace años, reclama al Estado que le otorgue los apoyos necesarios para vivir una vida digna y autónoma. Finalmente, en septiembre del año pasado, el juez de primera instancia escuchó sus necesidades actuales y dictó una resolución ―el Auto n.° 86― que dispone: un plan de simplificación burocrática, canales directos de comunicación, cobertura integral de prestaciones, regularización de pagos adeudados, entrega de equipamiento y un subsidio mensual que debe el Ministerio de Desarrollo para que Irene pueda cursar la carrera universitaria.
Lejos de cumplir con las obligaciones que dispone la resolución, tanto la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) como el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba apelaron y, tras la confirmación de la Cámara, presentaron recursos de casación que el máximo tribunal debe resolver y expedirse.
Hicieron exactamente lo contrario a lo que remarca la resolución cuando indica que la vida de Irene no puede quedar atrapada en trámites administrativos que terminan funcionando como barreras de acceso. El propio fallo sostuvo que el caso exige respuestas estatales especiales, porque no se trata solo de una cobertura médica, sino de garantizar condiciones concretas para que Irene pueda vivir con dignidad, estudiar, comunicarse y sostener un proyecto de vida propio.
Para la defensa, encabezada por las abogadas Paula Gastaldi y Magalí Montes, el expediente muestra una situación sostenida en el tiempo: Irene necesita apoyos continuos y actualizados porque sus necesidades no son las mismas que cuando era niña. Hoy es una mujer adulta con un proyecto de vida propio, una estudiante universitaria que necesita una silla de ruedas acorde a su tamaño. Por eso, las prestaciones no pueden quedar congeladas en resoluciones antiguas ni sometidas a circuitos burocráticos que no responden a su realidad actual.
El caso también cuenta con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictada en 2016, que ordenó al Estado argentino adoptar medidas para preservar la vida y la integridad personal de Irene, y garantizarle el acceso a los apoyos especiales indicados por profesionales.
Las abogadas enfatizan que la espera no es abstracta, que cada demora impacta en su cuerpo, en su comunicación, en su educación, en su madre, en su familia y en su vida diaria. Después de años de juicio, Irene sigue reclamando algo elemental: que el Estado cumpla.
En diálogo con La tinta, la joven oriunda de Alta Gracia cuenta que su familia inició los reclamos desde el primer día en que nació, ya que Apross no quería afiliarla porque su madre no estaba casada. La conciencia de lucha llegó desde muy pequeña, cuando a los 7 u 8 años fue a marchar frente al Apross acompañada de amigos y vecinos de Alta Gracia y de Córdoba, el Diario Tortuga y el programa el Cuarto Patio. Se sumaron batucadas, tambores, murgueros bailando con carteles de reclamos: «todos con Irene, Irene es tu hijo, tu madre, tu hermano«, y así fue entendiendo la potencia colectiva de las marchas.
Cuando le negaron la inclusión en la escuela primaria, salió el documental de El cuarto patio y, años después, Verónica González Bonet junto a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) realizó el documental La Ire.
En ese camino, fue construyendo su identidad política, poniendo en foco los derechos de las mujeres con discapacidad y las luchas colectivas que los visibilizan. Se sumó a organizaciones como REDI y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, participó en foros, asesoró a profesionales en facultades y en UNICEF, expuso en México, siempre con el horizonte puesto en promover también la defensa de otres.
“Se transformó en social lo personal, el dolor en conquista y el conflicto en resistencia. Una nueva faceta de aprendizaje, reivindicación y empoderamiento dio vuelta la perspectiva de sufrir, soportar y naturalizar vulneraciones”, declara Irene.
Con tanto recorrido e interacción, y la posibilidad de expresar en la escritura muchas de esas vivencias, Irene además publicó el libro de poemas Entonces soñé, editado por Chirimbote.
A casi un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, su incumplimiento y la profundización del colapso del sistema de prestaciones y medidas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad, el panorama nacional no podría ser más hostil.
Mientras se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirme definitivamente lo que ya fue reconocido en las instancias anteriores, que Apross y la Provincia deben garantizar de manera efectiva, integral y oportuna los apoyos que hacen posible la vida cotidiana, la autonomía y el proyecto universitario de Irene, se despide con un anhelo y el mismo espíritu de lucha que la sostiene cada día: “Llegar a la facu para seguir sembrando y conseguir herramientas que me permitan ir contra la discriminación y reconstruir sentidos desde la empatía y la equidad, reivindicando derechos”, finaliza Irene.
*Por Fernanda Albornoz para La tinta / Imagen de portada: A/D.
