Más de 300 organizaciones rechazan la posible derogación de la Ley de etiquetado frontal
El pasado 22 de mayo, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto para derogar en su totalidad la ley popularmente conocida como de «etiquetado frontal», firmado por el presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Pese a la contundente evidencia científica local e internacional que demuestra su efectividad, con un solo artículo, plantean la necesidad de reducir las «limitaciones regulatorias, económicas y armonizar criterios dentro del Mercosur”. Más de 300 organizaciones rechazan la iniciativa e instan a defender lo que hoy constituye la política alimentaria y de salud pública más importante de nuestro país.
La buena alimentación tiene que ver con muchas cosas, pero, sobre todo, con la importancia de saber qué comemos cuando comemos, conocer los ingredientes que tiene cada alimento y cuáles de ellos son dañinos para la salud.
Desde la sanción, en el año 2021, de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable n.° 27642 (Ley PAS), conocida popularmente como Ley de etiquetado frontal, contamos con una política integral diseñada específicamente para proteger la salud de la población ―especialmente, la de niños, niñas y adolescentes― y el acceso a la información de consumidores. Esto implica que podemos ejercer tres derechos fundamentales: el derecho a la información sobre lo que estamos consumiendo, el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud.
El 22 de mayo, el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones, enviaron al Congreso de la Nación un proyecto para derogar en su totalidad esta ley. Frente a esto, más de 300 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, asociaciones médicas y profesionales que vienen trabajando desde hace muchísimos años en cuestiones referidas a la alimentación y la salud realizaron una declaración en defensa de la Ley PAS, que insta al Congreso a votar en contra del proyecto presentado por el Ejecutivo.
Las organizaciones firmantes solicitan que se priorice la evidencia científica que avala la efectividad de los sistemas de etiquetado frontal de alimentos y la implementación de la Ley PAS, considerando que, desde una perspectiva sanitaria, no existen argumentos que puedan justificar la modificación de la norma existente y, menos aún, su derogación.

¿Por qué el gobierno quiere derogar una ley que beneficia a toda la población?
Una de las organizaciones que firma el documento es la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), que trabaja de manera sostenida desde el año 2009 en Córdoba para que se garanticen derechos humanos y, específicamente, incluye en su agenda la promoción de la alimentación saludable.
A pocos días de conocerse el proyecto de derogación, desde Fundeps junto con Fundación Sanar, Fic Argentina, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y Consciente Colectivo, impulsaron un comunicado con datos que alertan sobre la falacia de la unificación regional para avanzar hacia una armonización regional dentro del Mercosur. Organizaciones y especialistas advierten que los modelos que hoy se discuten en la región son considerablemente menos efectivos que el sistema argentino vigente, basado en el Sistema de Perfil de Nutrientes (SPN) de la Organización Panamericana de la Salud, considerado el más preciso y protector de toda la región.
María Laura Fons, abogada y encargada de proyectos del área de salud de Fundeps, explica que “quienes se benefician con la derogación de esta normativa son las grandes industrias alimentarias que prefieren ocultar la información y la verdad sobre lo que contienen los productos que ofrecen para que las personas continúen comprando productos que hacen daño en su salud”.
Para ella, las razones para rechazar esta iniciativa del Poder Ejecutivo son múltiples y detalla las principales, que tienen que ver con el carácter democrático y los fundamentos técnicos en que se sostiene y se logró la sanción de esta ley, su efectividad ampliamente comprobada y la falta de evidencia que explique, desde el punto de vista sanitario o económico, por qué habría que desmantelar esta política pública.
La abogada pone énfasis al recordar que la ley fue sancionada en el 2021 con más de 200 votos a favor en Diputados y 64 en el Senado, es decir, con un apoyo de todas las fuerzas políticas. También fue el resultado de 10 años de investigación, debate y trabajo colectivo que dieron como resultado 15 proyectos presentados por distintos bloques políticos, discutidos en reuniones informativas en las que participaron más de 150 organizaciones científicas de salud, derechos humanos y expertos, y que tuvieron como resultado esta ley ampliamente apoyada por la ciudadanía y por los distintos partidos políticos.
“Se consiguió que Argentina no solo sancionara una ley de etiquetado frontal, sino que sancionara la mejor ley de etiquetado de la región, que es reconocida a nivel mundial como una ley modelo, gracias a que se logró capitalizar los aprendizajes y las experiencias de otros países que habían avanzado antes en este sentido, como Chile, Perú y Uruguay”, remarca Fons.
A tres años de la implementación plena de la normativa, la abogada explica que las evidencias producidas tanto por el Ministerio de Salud en 2023, por UNICEF, por la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina y también por consultoras privadas indican que más del 90% de las personas reconoce e identifica los sellos, y que más del 60% cambió su decisión de compra debido a los sellos. Otro punto a considerar es que la ley prohibió el uso de estrategias de marketing verde ―que usaban palabras como «bajo en azúcar» y «light»― sobre muchos productos que eran dañinos para la salud y aparecieron en la góndola con los sellos.

“El gobierno nacional no presentó ningún tipo de estudio que justifique la necesidad de arrojar por la borda esta ley y todos los esfuerzos invertidos desde el sector público para lograr la plena implementación de esta normativa que no se limita al sello, sino que también establece una batería de medidas que busca regular el consumo de ultraprocesados”, concluye la abogada Fons.
Cuidarnos entre todxs y sobre todo a las infancias
¿Se acuerdan cuando, en las cajas de cereales, veíamos a un simpático tigre? La publicidad con dibujos animados y personajes infantiles dirigida a las infancias es una de las estrategias de marketing más utilizadas por las industrias alimentarias. El comunicado de las organizaciones sostiene que: “Argentina se encuentra entre los países con mayores cifras de sobrepeso en menores de 5 años (12,6%) y de obesidad en adultos en la región, superando el 25%. En este sentido, resulta preocupante el patrón de consumo de alimentos caracterizado por un alto aporte de productos ultraprocesados”.
Considerando que ya es bastante difícil salir a hacer las compras, intentar llevar todo lo que necesitamos con el poco dinero que tenemos y volver con alimentos saludables, la posible derogación de la ley se presenta como una amenaza directa a nuestra salud. Defender la Ley de etiquetado frontal no es tarea solo de las 300 organizaciones que rechazan la iniciativa del Poder Ejecutivo; es un compromiso que debemos asumir lxs habitantes de este país porque su derogación nos perjudica a todxs, pero, especialmente, a las infancias.
*Por Fernanda Albornoz para La tinta / Imagen de portada: A/D.
