Legisladores presentaron un pedido de Jury de Enjuiciamiento para los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez
El proceso de Jury previsto en la Constitución provincial permitiría investigar la actuación de los fiscales, denunciados por presunto mal desempeño, negligencia grave y morosidad en el ejercicio de sus funciones en las dos causas vinculadas a Barrelier, en el marco del abordaje judicial por el femicidio de Agostina Vega.
El lunes pasado, los bloques opositores de la Unicameral (Unión Cívica Radical, Frente Cívico, PRO, Valores Republicanos, La Libertad Avanza, Mejor Futuro, Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal Córdoba e Izquierda Socialista – FIT Unidad) presentaron oficialmente el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, ante la Sala Acusadora de la Legislatura de la Provincia de Córdoba por el accionar en el femicidio de Agostina Vega.
El Jury de Enjuiciamiento, para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que no están sujetos a juicio político, es el mecanismo previsto por la Constitución de Córdoba, en su artículo 159, para evaluar la conducta de jueces, fiscales y defensores públicos. Se analiza puntualmente si existió mal desempeño, negligencia grave o conductas incompatibles con el ejercicio del cargo. Es una herramienta que permitiría investigar la actuación de los fiscales Garzón y Rodríguez, determinar la suspensión preventiva de ambos funcionarios y, en caso de encontrar pruebas, su destitución.
“No se trata de prejuzgar ni de reemplazar el trabajo de la Justicia. Se trata de que los mecanismos institucionales funcionen y permitan determinar si las decisiones adoptadas estuvieron a la altura de las responsabilidades que exige la función judicial. Por respeto a Agostina, a su familia y a toda la sociedad cordobesa, creemos que cada actuación debe ser revisada con seriedad, transparencia y apego a la ley”, detalla el pedido de jury.
“Hay responsabilidades políticas que deben ser investigadas y funcionarios que tienen que dar explicaciones”, expresó Noelia Agüero, legisladora provincial de Córdoba por la Izquierda Socialista/FIT, quien junto a la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, presentó el primer pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Garzón, que luego tomó instancia oficial con el resto de los bloques. En diálogo con La tinta, precisa: “El primer lunes luego de que se supiera del femicidio de Agostina, formalicé ese pedido y también pedí el juicio político y posterior destitución del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por su accionar durante la investigación, pero además por el accionar represivo en contra de una comunidad que reclamaba justicia por Agostina. En esa misma línea, lo había hecho antes con los reclamos de justicia por Tomás Orihuela y en el caso de las y los docentes cuando hemos estado reclamando nuestra paritaria”.
A principios de esta semana, la mayoría de los bloques opositores formalizaron los dos pedidos de Jury y, desde la Izquierda, acompañaron porque entienden que cobra más fuerza la iniciativa. También se ha pronunciado enfáticamente Brenda Austin de la bancada radical, quien manifestó: “¿Cuál es la trama de poder que se juega alrededor del caso Barrelier? Está desnudando una trama de complicidad más compleja y profunda. En 25 años, los mismos nombres han construido una impunidad en el Poder Judicial”.
Por otra parte, Patricia Botta, del PRO, elevó un pedido de informe por el caso de Agostina al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia, pidiendo información de las actuaciones judiciales y administrativas desde el momento de la desaparición hasta el hallazgo del cuerpo. “Lo que motiva el pedido urgente de explicaciones es la cadena de antecedentes que rodeaban al agresor y con denuncias previas de violencia de género, qué valoraciones de riesgo y con cuáles criterios se tomó la decisión de dejarlo en libertad. Se trata de una exigencia de rendición de cuentas”, expresó desde su banca en el día de ayer.
“Garzón debe ser investigado porque hubo demoras y omisiones que no pueden quedar impunes. Esa demora no fue un detalle administrativo. En la desaparición de una niña o una mujer, cada hora cuenta. Los allanamientos y la detención no tuvieron la celeridad necesaria. Esa falta de decisión le dio tiempo al femicida para manipular pruebas. Defendió públicamente el accionar policial y del Gobierno provincial en lugar de explicar por qué no se actuó antes. Un fiscal no está para cubrir al poder político ni para cuidar la imagen de la Policía. Está para investigar y garantizar justicia”, sostiene la legisladora Agüero.
En el caso del fiscal Iván Rodríguez, por la causa anterior de Barrelier, se pide que dé explicaciones. Siendo que la causa incluía a una mujer privada de su libertad, amenazada con arma de fuego, contando con antecedentes previos, se le dio la libertad en 20 días. “¿Por qué no lo imputó con la gravedad del caso? ¿Por qué detuvo el impulso de investigación? ¿Por qué no hubo pericias?”, pregunta Austin y recuerda que, en ese caso, el abogado defensor fue Ricardo Moreno del PH, quien, hasta hace una semana, fue concejal y dejó la banca tras el escándalo.
Para la legisladora Agüero, el Jury es una herramienta política válida, pero en la que no confían en su totalidad, por los vínculos de la Justicia con el poder de turno y porque plantea que no hay independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, considera acertadísimo presentar ambos jurys, con las más diversas opiniones, de muy diverso acervo político y de muy diversa ideología. En ese sentido, marcó diferencias con el resto de los bloques: “Hay una lavada de cara y un aprovechamiento puntualmente de algunos bloques, como LLA, que a nivel nacional defienden las posturas misóginas y de ultraderecha del presidente Milei, cuyas políticas van en contra de las mujeres, no solo en un ataque desde lo ideológico, sino a través de la quita de presupuesto y vaciamiento de las políticas de género, y que en su expresión máxima significa que nuestros cuerpos sean encontrados desmembrados en un basural en descampado”.
También le llama la atención de bloques firmantes del pedido de Jury, “como el juecismo, Hernández Maqueda y LLA, que apoyan abiertamente el proyecto de falsas denuncias presentado por Carolina Losada, que deja absolutamente en jaque a las mujeres, a las disidencias, a las niñeces. Hay otros que ahora están diciendo que no fue un femicidio, sino un crimen mafioso. Son firmantes de estos proyectos y luego defienden políticas que son completamente contrarias a los intereses y necesidades de las mujeres, la diversidad, las niñeces, políticas antigénero. Parece entonces ser una cuestión con fines mediáticos”.
El caso de Agostina se nacionalizó, sigue estando en todos los medios del país y ha movido en múltiples sentidos el estado de las cosas. No solo volvió a impulsar un masivo Ni Una Menos el 3J y articular demandas desde los feminismos, también volvió a convocar a las jóvenes a enojarse y a pensar en sus vidas y futuros. Puso a toda una sociedad a decir algo, en diferentes niveles de expresión, pero tocó también los discursos de los varones, teniendo que preguntarse algo. En su máxima visibilidad, Ricardo Darín, en un programa de España, mencionó concretamente este caso. Y por primera vez, están los nombres de funcionarios y fiscales sobre las cuerdas, pidiéndoles explicaciones, no solo legisladores, sino una sociedad que empieza a mirar al Poder Judicial.
Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba capital).
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.
