«La Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada consolidará el despojo, la extranjerización y el retroceso ambiental»
El proyecto obtuvo dictamen en el Senado y será tratado las próximas semanas. Organizaciones sociales acusan que la norma afecta marcos legales fundamentales y amplía herramientas para la extranjerización y concentración de la tierra.
Por Noelia Feldmann para La tinta
El miércoles 21 de mayo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado de la Nación firmaron dictamen de mayoría para avanzar con el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsado por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger. El oficialismo presentó el texto con modificaciones de último momento y obtuvo el dictamen que lo habilita para su tratamiento en el recinto.
El proyecto es un paquete de reformas que toca simultáneamente cuatro marcos legales fundamentales: la Ley de Tierras Rurales y el Código Procesal Civil y Comercial de Nación para desalojos exprés; la Ley de Manejo del Fuego; la Ley de Expropiaciones; y la Ley de Barrios Populares.
Todas las modificaciones apuntan en la misma dirección: achicar los pocos resguardos jurídicos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y de los Estados provinciales para ampliar las herramientas para la extranjerización y concentración de la tierra de todo el territorio nacional.
La tierra rural y productiva, reducida a un plan de negocios
La reforma a la Ley de Tierras Rurales constituye uno de los ejes del proyecto. El texto vigente limita la adquisición de tierras por parte de extranjeros (personas físicas o jurídicas) para proteger la soberanía alimentaria, resguardando la venta de tierra productiva, pero el proyecto de ley amenaza con cambiar esa lógica.
Así lo explica Victoria Gauna, parte de Unión Campesina del Norte y de Córdoba Comunidad: «La modificación del art. 2 plantea un cambio de objeto de la ley (de Tierras Rurales) y propone que solo debe regularse la venta a Estados extranjeros y empresas con participación estatal, modificando la expresa limitación de venta de tierras a personas extranjeras. Con el agregado de que incluso estos Estados extranjeros o las empresas con su participación sí podrán comprar tierras cuando presenten un plan de inversiones que sirva al interés público y no constituya un riesgo a la seguridad y soberanía nacional. Pero no se establece cuándo se considera tal riesgo».
Eso ocurre en un contexto productivo que ya exhibe una concentración preocupante en las zonas más fértiles de la provincia, donde la diversidad alimentaria ya está en riesgo.
«Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba advierte que la producción provincial de frutas y verduras no alcanza para cubrir las recomendaciones mínimas de alimentación en la población. Esto refleja un modelo productivo cada vez más concentrado en pocos cultivos y con menor diversidad productiva», expresa Victoria.
Profundizar la concentración y habilitar la extranjerización de la tierra sin regulación real es atentar de forma directa contra la adquisición, defensa y desarrollo de tierras y bienes naturales de comunidades indígenas, campesinas, de la agricultura familiar, de los pequeños y medianos productores rurales, así como sus pymes. Con la gravedad de que es precisamente este sector el que produce los alimentos dentro del territorio nacional.
Desalojos exprés, sin soluciones de fondo
El artículo 7 del proyecto reforma el Código Procesal Civil de la Nación para establecer que los desalojos (urbanos y rurales) sucedan de manera exprés.
Para el abogado Sergio Job, integrante de Trabajadores Unidos por la Tierra (TRAUT) y Córdoba Comunidad, las implicancias jurídicas son directas: «El art. 7 del proyecto reforma el Código Procesal Civil de la Nación (…) y fija como regla que los desalojos urbanos y rurales tramitarán como procesos sumarísimos. También permite interponer medidas cautelares de desalojo anticipado, ya que habilita que una autoridad judicial pueda concretar la medida en las primeras etapas del proceso. Se acortan los tiempos sin instancias obligatorias de diálogo, mediación o soluciones alternativas que involucren a las autoridades estatales para resguardar los derechos de quienes son desalojados».
Los efectos sobre la práctica provincial también se señalan como un riesgo concreto: «Preocupa la instalación en nuestra provincia de un sentido común y un posible impacto en la práctica, legislación y/o jurisprudencia local, en donde se vulneren los derechos de la parte más vulnerable en un conflicto, existiendo un grave problema habitacional (…) alejándonos cada vez más del derecho que tiene toda persona a una vivienda adecuada».
Córdoba no llega a esta reforma en el mejor momento. Según el CIPPEC, solo la Capital tiene al menos 20.000 viviendas ociosas. Es decir, hay techo disponible, pero no para quienes lo necesitan. En ese contexto, acelerar los desalojos sin garantizar medidas reales no es una solución. El resultado previsible no es la regularización, sino más personas sin vivienda.
El fuego, especulación y riesgo ambiental
El capítulo sobre manejo del fuego completa el cuadro. La reforma elimina restricciones sobre qué puede hacerse con un territorio después de un incendio.
Nazarena Ludueña, integrante de Jóvenes por el Clima, comenta: “La modificación de la Ley de Manejo del Fuego implica desmantelar una de las principales herramientas de protección posteriores a los incendios: la prohibición de cambiar el uso del suelo durante períodos de 30 y 60 años. Al retirarse esa barrera, los incendios vuelven a convertirse en un mecanismo rentable para expulsar a productores, modificar el destino de bosques nativos y humedales, habilitando loteos, más desarrollo inmobiliario y más monocultivo, inmediatamente después del fuego«.
Además, la norma deja afuera de la protección vigente a ecosistemas fundamentales: «El impacto ambiental es profundo, especialmente en una provincia donde, en los últimos 20 años, se han perdido 1.570.000 ha por el fuego, equivalente al 10% de la superficie provincial. Hoy queda menos del 3% del bosque nativo original. Los incendios en Córdoba, en su mayoría, no son catástrofes naturales, sino que responden a una práctica sostenida y a un patrón previsible y conocido».
Barrios Populares, en la mira para su desarmado
En el registro del debate de comisión, se menciona que las reformas vinculadas a la Ley de Barrios Populares (27453, RENABAP) fueron excluidas del proyecto actual, aclarando que pretenden ser abordadas en el futuro.
Recuperamos entonces los argumentos centrales de la Mesa Provincial de Barrios Populares, que defienden la normativa que actualmente suspende la enorme mayoría de los procesos de desalojo en barrios populares y que ha facilitado obras de infraestructura con participación de la economía popular.
Javier Montalvo, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente de la Mesa Provincial de Barrios Populares, declara al respecto: «El 92% de las acciones tendientes al desalojo se encuentran actualmente suspendidas por la Ley 27453. De ese total, el 8% cuenta con resolución judicial o sentencia, mientras que el 84% está suspendido de hecho, independientemente de que haya o no resolución judicial. Esto revela que el artículo 15 no opera solo como norma procesal: es la columna vertebral que contiene la enorme mayoría de las amenazas de desalojo activas. Su derogación no sería neutral».
El proyecto avanza y lo hace sobre nuestro territorio. Afecta derechos fundamentales como son el acceso a la vivienda, la soberanía alimentaria, la protección ambiental, pero, sobre todo, profundiza una visión desmembrada de nuestra tierra y de quiénes somos en ella.
En vísperas del aniversario de la gesta libertadora del 25 de Mayo, y un poco antes de la proeza sanmartiniana, recordamos aquel Plan Continental, la Patria Grande liberada del yugo colonial, recuperando memorias de esa trama compleja y dinámica que somos.
Nuestros cuerpos tejen recorridos entre entornos urbanos, rurales, humedales, bosques nativos, estepas, aglomeraciones más o menos pequeñas, parajes, trayectorias nómades y todos y todas necesitamos urgente recuperar (o construir) una mirada integral y estratégica de nuestro suelo y aire. Lo requerimos para la conservación de la biodiversidad, la regulación de ciclos hidrológicos, la protección de suelos, la adaptación y mitigación frente a la crisis climática, para lograr una vida simple y plena.
*Por Noelia Feldmann, integrante del Encuentro de Organizaciones (EO) y Córdoba Comunidad.
