Parques Nacionales S. A.: el desfalco ecológico detrás del dogma fiscal
Bajo el dogma del equilibrio fiscal y la desregulación, el desfinanciamiento de la Administración de Parques Nacionales (APN) mediante la Decisión Administrativa 20/2026 paraliza la vigilancia ante incendios y delitos ambientales, precarizando a guardaparques y brigadistas. Este repliegue estatal abandona cinco enclaves biológicos estratégicos en Córdoba y desmantela el centro de formación de guardaparques en Embalse. Mientras se asfixia la conservación del patrimonio ecológico nacional, el Estado mantiene millonarios subsidios a combustibles fósiles, una asimetría blindada por el RIGI, que prioriza el extractivismo sobre las leyes ambientales.
La inmensidad de las áreas protegidas en Argentina genera una falsa sensación de seguridad; es un error creer que millones de hectáreas de bosques nativos, humedales y glaciares están a salvo por su estatus legal. La política del superávit a cualquier precio encontró en las partidas ambientales un terreno fértil para el recorte, inaugurando un escenario de vulnerabilidad territorial inédito en la historia del país.
Bajo el amparo de la Decisión Administrativa 20/2026, se consumó una amputación de recursos que anula la fiscalización territorial, el monitoreo biológico y la respuesta ante el fuego o el furtivismo. Este retroceso operativo deja al patrimonio natural indefenso frente a ciclos estacionales de alta vulnerabilidad ambiental.
En el mapa político, la convergencia del gobierno de Martín Llaryora con el esquema nacional profundiza este vaciamiento, aportando cuadros técnicos y complacencia política para consolidar el repliegue del Estado en ecosistemas estratégicos de la provincia de Córdoba.
El cordobesista Guillermo Díaz Cornejo personifica este nexo: tras liderar las políticas ambientales de la intendencia de Llaryora bajo el relato de la «Economía Circular» ―respaldado por la Bolsa de Comercio y el clan Tagle―, desembarcó en la APN como vocal y, luego, como jefe de Gabinete acompañando al presidente del organismo, Cristian Larsen. La notificación de este nuevo ajuste llegó a los 46 parques y reservas nacionales mediante una nota firmada por el exfuncionario cordobés que hoy forma parte del gobierno de Milei.
Con la conducción de Larsen, la APN profundizó una agenda de mercantilización que traslada la lógica de mercado a áreas que, por mandato constitucional, deben ser financiadas por el Estado. Así, el «cordobesismo» pragmático y el enfoque libertario nacional confluyen en una estrategia que viene debilitando la fiscalización pública y sometiendo los bienes comunes a criterios de rentabilidad comercial y explotación irracional.
La falacia de la «burocracia cero» en un territorio sin control
Este retiro sistemático del Estado quiebra el núcleo de la conservación e interrumpe procesos históricos de monitoreo. Leonardo Caro Barrios, técnico en Manejo de Recursos Naturales de la APN en la Delegación Regional Centro, detalla: “El ajuste afecta desde la investigación científica básica, el control de caza furtiva y la vigilancia perimetral hasta los convenios estratégicos con universidades para planes de manejo. Implica un retroceso abismal. Los guardaparques no solo conservamos el árbol aislado, sino recursos vitales sistémicos como las cuencas de agua de las que dependen las poblaciones. Este recorte genera un efecto cascada de degradación social”.
La crisis operativa se ve agravada por una precarización laboral extrema. Con una planta bajo contratos anuales o temporales, la amenaza constante de despido funciona como un mecanismo de censura silenciosa. Este panorama erosiona la articulación histórica y los proyectos de investigación conjunta que la APN mantenía con organismos científicos fundamentales como el CONICET, el INTA y el SENASA.
Al respecto, el economista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Matías Cena Trebucq, aporta una mirada macroeconómica indispensable: “Siguiendo los datos del último Monitor Ambiental del Presupuesto, la APN perdió cerca de un tercio de su presupuesto real respecto de 2023. Esto se explica tanto por la falta de actualización frente a la inflación como por la decisión política deliberada del Gobierno de subejecutar los fondos asignados”. Cena Trebucq advierte que, bajo la Ley Nacional 22351, las funciones de guardaparques y brigadistas son públicas e indelegables: “Su trabajo es indispensable para la prevención de incendios, el control ambiental efectivo y el acompañamiento a comunidades originarias y locales. Sin vehículos operativos, sin partidas para combustibles ni insumos mínimos de campaña, estas funciones estatales no pueden desarrollarse de manera segura ni digna”.
La asimetría de las cuentas: el sacrificio socioambiental en cifras
El aparato de comunicación oficial justifica el ajuste como un sacrificio indispensable para la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, las auditorías independientes desarman este argumento de forma matemática, demostrando que el recorte no responde a una emergencia financiera, sino a una decisión política.
El nuevo recorte consolidado por el Ministerio de Economía de la Nación sobre las partidas de conservación asciende a $3.879 millones. Al cruzar las variables del primer trimestre de 2026, la desproporción de prioridades queda en evidencia.
Como detalla Cena Trebucq: “El supuesto ‘ahorro’ representa menos del 0,003% del presupuesto nacional. La medida se inscribe de lleno en una política sostenida de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a la protección ambiental; estamos ante una grave regresión en términos de derechos ambientales colectivos”.
Para la contabilidad central, la poda representa un mero vuelto de caja estadísticamente insignificante. En contraste, para la supervivencia operativa de las áreas protegidas, significa la delgada línea entre la acción y la parálisis total. En el terreno, estos porcentajes se traducen en camionetas de patrullaje paradas por falta de combustible, la imposibilidad de adquirir motobombas y mangueras contra el fuego, y el abandono forzado de planes científicos para el control de especies exóticas invasoras.
Cartografía del desamparo en Córdoba: cinco oasis de riqueza biológica bajo asfixia
El silencio de la Secretaría de Ambiente de Córdoba ante el avance de la tijera presupuestaria federal expone los acuerdos políticos subterráneos entre ambas administraciones. A diferencia de otros distritos, como Misiones, por ejemplo, que reclamaron públicamente en la voz de su gobernador, entre otros, el Gobierno cordobés optó por la neutralidad complaciente. Esta postura se traduce en un costo territorial directo sobre un entramado biogeográfico que resguarda más de 805.000 hectáreas de altísima biodiversidad ―el 4,8% de la superficie provincial― amparadas por la Ley 22351.
El hachazo financiero golpea en cadena a enclaves estratégicos, comenzando su impacto en las alturas del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Allí se protege una grieta tectónica de más de 800 metros de profundidad que funciona como santuario evolutivo y sitio crítico de reproducción del cóndor andino. Al ser una isla biogeográfica, alberga especies endémicas únicas como el zorro colorado de Achala y el sapito de Achala, pero además cumple una función social invisible: actúa como la gran esponja hídrica natural que capta la humedad de las nubes, regulando las cuencas que proveen de agua potable superficial a más de dos millones de habitantes en el Gran Córdoba y valles linderos.
Si seguimos el curso de esas mismas aguas hacia la llanura del noreste provincial, la vulnerabilidad se traslada de inmediato al Parque Nacional Ansenuza. Esta enorme cuenca endorreica es la quinta laguna salobre más grande del planeta y un Sitio Ramsar de importancia internacional que aloja en sus costas al 66% de todas las especies de aves playeras y migratorias registradas en Argentina, siendo además el sitio de nidificación clave para tres de las seis variedades de flamencos del mundo. Allí, el recorte ya paralizó los programas de monitoreo de la salud de la avifauna ante amenazas zoonóticas y el apoyo técnico a los esquemas de trashumancia ganadera de las comunidades campesinas originarias.
Hacia el oeste profundo, en el Chaco Árido, el ajuste golpea con la misma fuerza al Parque Nacional Traslasierra (la históricamente denominada Estancia Pinas), territorio que custodia los últimos y más prístinos relictos del ecosistema del Chaco Seco cordobés. En este monte cerrado de algarrobos y quebrachales, resisten mamíferos y aves bajo amenaza crítica de extinción, como el pecarí quimilero y el águila coronada, pero la falta de fondos operativos congeló las investigaciones de campo y el monitoreo epidemiológico, dejando la frontera boscosa ciega ante el avance ilegal de las topadoras y el desmonte agroindustrial intensivo.
Finalmente, el desfinanciamiento sistemático desciende hacia las zonas de mayor fricción urbana y especulación inmobiliaria en las Reservas Naturales de la Defensa (RND).
En el corazón del Gran Córdoba, las más de 11.000 hectáreas de la RND La Calera mitigan el efecto de la isla de calor y regulan la cuenca del río Suquía para prevenir inundaciones catastróficas, pero hoy se encuentra acosada por proyectos viales y el avance de countries que pretenden fracturar su conectividad ecológica básica. Un destino espejo sufre la RND Ascochinga, ubicada en las Sierras Chicas, cuyas quebradas húmedas y algarrobales alimentan de agua dulce a las napas y valles productivos circundantes. El retiro de partidas federales elimina en ambas reservas los fondos mínimos para combustibles, viáticos e insumos de los técnicos de campo. Esto provocará la interrupción abrupta del control de la acacia negra ―una especie exótica invasora sumamente agresiva que desplaza el bosque nativo y seca las vertientes de agua―, una tarea crítica que históricamente se realiza mediante un trabajo coordinado entre guardaparques de la APN, científicos/as de universidades y soldados/as, reduciendo a su mínima expresión la presencia de control y vigilancia efectiva en el territorio de las sierras.
El hachazo sobre las aulas y el blindaje corporativo del RIGI
La voracidad del ajuste avanza también sobre las estructuras pedagógicas de la conservación nacional. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dispuso pasar a disponibilidad para su futura venta inmobiliaria el predio de la Unidad Turística de Embalse, en el Valle de Calamuchita, desafectando del dominio público de Parques Nacionales al histórico Bungalow 51, sede central del Centro de Formación y Capacitación de Áreas Protegidas con el argumento de que el inmueble es «prescindible» y que la escuela podría impartir clases en cabañas itinerantes. El desalojo destruye la mayor referencia académica de Latinoamérica en la formación de guardaparques, degradando el estatus de la carrera y contradiciendo el discurso oficial de austeridad al generar futuros y millonarios gastos logísticos de adaptación edilicia en estructuras privadas e inadecuadas.
Mientras se asfixia a la APN, el Estado mantiene subsidios por más de $651.600 millones a los combustibles fósiles, cifra cinco veces superior al presupuesto óptimo del organismo. Esta asimetría se blinda con el RIGI, al que Córdoba adhirió expeditamente, otorgando prioridad jurídica federal a proyectos extractivos de gran escala (minería, fracking, represas) por sobre leyes ambientales fundamentales. Equipos de campo advierten que este entramado privatiza de facto los bienes comunes, comprometiendo áreas protegidas y cuencas hídricas vitales para la resiliencia climática regional.
El desmantelamiento de la ciencia territorial: un punto de no retorno
La profundidad de la crisis se manifiesta en la ruptura de la continuidad científica. Durante décadas, la APN ha sido el laboratorio vivo más grande de Argentina. Los datos recolectados por guardaparques y técnicos sobre el comportamiento de glaciares, la salud de las cuencas y el desplazamiento de especies por el cambio climático son insumos críticos para la toma de decisiones soberanas. Hoy, ese flujo de información está herido de muerte. Sin monitoreo en el terreno, el Estado queda ciego ante las transformaciones drásticas que impone la crisis climática, dejando a las poblaciones civiles indefensas ante eventos extremos que ya no pueden ser previstos.
A la falta de datos técnicos, se añade una desprotección jurídica crítica: el RIGI relega las leyes ambientales a meras sugerencias frente a la inversión extranjera. Esta normativa prioriza proyectos extractivos sobre el agua de comunidades y Parques Nacionales, transformando al Estado en un facilitador del extractivismo que usa el patrimonio natural como moneda de cambio.
La pérdida de autoridad ambiental en el territorio es un incentivo directo para el crimen organizado, desde el tráfico de madera nativa hasta el avance de loteos ilegales en zonas de amortiguación. Lo que el dogma fiscal llama «eficiencia», en el bosque, se traduce como «anarquía de mercado».
Epílogo del vaciamiento: el despojo del capital natural en Argentina
Los ecosistemas vivos, las cuencas hídricas, los humedales y los bosques nativos no respondieron nunca a los tiempos políticos ni a las urgencias de las planillas de cálculo del Excel de los ministerios, ni mucho menos comprenden los conceptos abstractos de superávit financiero o metas de déficit cero. La hipoteca ambiental de la República Argentina no es una hipótesis de conflicto para las próximas décadas; ya se está ejecutando y cobrando en el territorio real a través de sierras secas, vertientes agotadas, bosques desprotegidos expuestos al fuego y aulas vacías.
Destruir de forma sistemática la institucionalidad histórica de la Administración de Parques Nacionales no constituye de ningún modo un proceso de ordenamiento económico; es, lisa y llanamente, un desfalco ecológico estructural. No hay superávit financiero que valga una cuenca seca o un ecosistema colapsado. La economía es una subsidiaria de la ecología y no al revés. Argentina está rifando su seguro de vida biológico y el costo de restaurar lo que hoy se está destruyendo será infinitamente superior al «ahorro» que se pretende exhibir. La viabilidad futura del país depende de su capacidad para proteger lo que es común, lo que es vital y lo que, una vez perdido, ninguna inversión podrá recuperar.
*Por Daniel Díaz Romero para La tinta / Imagen de portada: Daniel Díaz Romero.
