Paramos porque sufrimos
Hoy se realiza una nueva «Marcha Federal» por la educación pública, la universidad y la ciencia nacional. En distintas ciudades del país, se exigirá el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y se denunciará el ajuste sobre las universidades nacionales. En Córdoba, la convocatoria es a las 15 horas en el Monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria; a las 15:30 comenzará la movilización y a las 17:30 se realizará el acto central en avenida Hipólito Yrigoyen y bulevar San Juan. Convocan la UNC, la UTN, ADIUC, la FUC, UPC y AGTUNC. En esta nota, la docente e investigadora, Cecilia Dionisio, escribe sobre el impacto subjetivo y afectivo que atraviesa a quienes sostienen la universidad pública en este momento de precarización, pérdida salarial, vaciamiento presupuestario y naturalización del sufrimiento como problema individual.
Por Cecilia Dionisio para La tinta
Este 12 de mayo, todas las organizaciones universitarias convocaron a una cuarta Marcha Federal Universitaria, «en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional». Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre la situación que atravesamos lxs docentes universitarixs en la actualidad. No quisiera tener que repetir los datos que los gremios señalan casi a diario. Y, sin embargo, para comprender el impacto que esta coyuntura está teniendo, no puedo dejar de mencionar lo ya dicho. Desde noviembre de 2023, los salarios docentes cayeron más de un 33%, es decir, descendieron 44 puntos desde el pico que supimos conseguir en 2011. Estos números a veces no nos ayudan a imaginar cómo se traduce el deterioro sistemático de nuestro poder adquisitivo en la vida cotidiana. Para dimensionarlo, hay que entender que nos han arrebatado más de siete salarios mensuales equivalentes a los que cobrábamos en noviembre de 2023. Este despojo, que bien podríamos llamar saqueo, ha llevado a que nuestros salarios se encuentren en el nivel más bajo en los últimos 23 años y en uno de los más bajos desde el retorno de la democracia.
El presupuesto universitario inicialmente se detuvo en el tiempo, prorrogándose desde el 2023 al 2024 y así se mantuvo durante el 2025 también. En ese contexto, se construyó un gran consenso desde diversos sectores políticos en torno a la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo derrotero no retomaré aquí, pero nomás vale recordar que fue aprobada y ratificada seis veces, incluyendo el rechazo del veto presidencial, y, aún así, el Poder Ejecutivo se niega a cumplirla.
Este año, se planteó un nuevo presupuesto que vino ―para sorpresa de nadie― con más ajustes para las universidades, ya que pasó de representar el 1,6% del PBI en 2016 al 0,5% en el 2026, inaugurando así el presupuesto universitario más bajo de las últimas dos décadas. Esta decisión, a pesar de la negación del gobierno de estar vaciando las universidades, solamente confirma lo obvio: no solo los salarios docentes y los gastos propios del funcionamiento de las universidades no alcanzan, tampoco resisten las becas estudiantiles, los programas de bienestar estudiantil se debilitan y las actividades de investigación y extensión se retraen. Asistimos al asfixiamiento del sistema universitario y de todxs quienes estamos dentro.
No somos el único sector atravesado por una crisis profunda; la gran masa de personas trabajadoras nos encontramos cada vez en peores condiciones. Porque el trabajo es un derecho y vivir en la incertidumbre erosiona la posibilidad de planificar a futuro, sostener decisiones y construir una identidad ligada al trabajo. También, porque someternos a una organización del trabajo estructurada en la imprevisibilidad constante hace de la vida una apuesta con altas probabilidades de perderla. Las condiciones precarias de contratación, el pluriempleo, el endeudamiento, el no llegar a fin de mes nos están enfermando; tenemos ansiedad, depresión, ataques de pánico, apatía y un largo etcétera. Pero estos malestares están desigualmente repartidos y lxs trabajadores nos sentimos cada vez peor. Lo subrayo: el sufrimiento está desigualmente distribuido y el consuelo también.
El sistema neoliberal en el que vivimos nos tiende una trampa: hacernos creer que esos malestares son producto de una falla individual, parte de un fracaso y un déficit propio que debemos resolver con un poquito más de esfuerzo, con un poquito más de aguante. Sin embargo, nuestros cuerpos precarios y precarizados ya no pueden seguir adaptándose a este sistema sin romperse.
Estamos ante una lógica de privatización del malestar y mercantilización emocional que ha sido tematizada por diversos autorxs como Mark Fisher, Sara Ahmed o Eva Illouz, y que puede encontrarse también en el concepto de la estadounidense Laurent Berlant, del optimismo cruel que abarca las lógicas del bienestar con imperativos que nos dicen que salgamos a correr y comamos sano para bajar los niveles de cortisol, que gestionemos mejor nuestros tiempos para trabajar más y tener más éxito. Pero que también “soltemos” lo que nos disgusta o lo que nos molesta para disfrutar de la vida como si solo dependiera de nosotrxs, como si no viviéramos en un sistema que produce estratégicamente el estrés que soportamos ―y que, encima, después nos vende las fórmulas para aliviarlo, que no solo son inefectivas, sino que no podemos pagarlas―.
Esos modos de hacer vivir, nos dicen a quienes incluso tenemos el privilegio de trabajar de algo que amamos como es la docencia, que el trabajo es vocación y que, donde hay vocación, no hay trabajadores ni hacen falta salarios. El componente cruel y funcional de la privatización del malestar está en decirnos que deberíamos aprender a autogestionar nuestras emociones, a autooptimizarnos, a autorregularnos, a ser resilientes y a no quejarnos, a no llorar a pesar de que, ya sabemos, a nuestro presidente le encanta vernos llorar, tal como él mismo dice.
En este contexto, en Argentina, no solo se nos pide que nos adaptemos a un modelo empobrecedor y explotador, sino también a un modelo político de violencia y crueldad sistemática. Como docentes universitarios, recibimos insultos, descalificaciones, acusaciones, amedrentamientos y ataques permanentes por parte del Poder Ejecutivo. Nuestrxs rectores son amenazadxs y nuestros gremios son vapuleados, como bien ha mostrado la última comunicación del Ministerio de Capital Humano, que no solo desconoce completamente la autonomía universitaria y el derecho a huelga, sino que utiliza mecanismos autoritarios de imposición, intimidación y disciplinamiento. Gran parte de la población entra en ese grupo objetivo, como las personas con discapacidad, jubiladxs y empleadxs estatales en general.
Pero también sabemos que hay un ensañamiento particular con las universidades y sus trabajadores. ¿Qué tipo de convivencia plantea este modelo? ¿Dónde queda la democracia cuando los adversarios políticos se entienden como enemigos y se busca exterminarlos? ¿Dónde están nuestras garantías cuando no se cumplen las leyes votadas en el Congreso? Lo que nos pasa no es falta de inteligencia emocional, es que estamos siendo arrasados material y subjetivamente.
“¿Por qué no trabajamos de otra cosa si no nos alcanza el sueldo?”, nos dicen desde algunos sectores. Esa pregunta supone varias cosas: en primer lugar, que tenemos una amplísima gama de ofertas en el mercado laboral y que es solamente una cuestión de voluntad de mejoría, como si no tuviéramos aprobada una reforma laboral que precariza estructuralmente todos los trabajos. En segundo lugar, si lxs trabajadores abandonamos la universidad y los hospitales públicos, ¿qué sucedería con el sistema público de salud y educación argentino que es reconocido a nivel mundial? Trabajar de otra cosa asume que debemos alinear nuestros cuerpos y mentes a las demandas del mercado y a su supuesta autorregulación, legitimando así las condiciones políticas y económicas que producen injusticias y que nos llevan a sufrir en primer lugar. Esto es fácil de ver en lxs docentes que, cada vez más, nos vemos empujadxs a buscar otras “changas”: trabajamos en aplicaciones de transporte o vendemos comidas para llegar a fin de mes porque ajustarnos a nuestro magro salario ya tampoco nos asegura la supervivencia. Y, por la misma razón, muchxs docentes y no docentes están renunciando a sus cargos, yéndose al sector privado o, lisa y llanamente, yéndose del país ante la falta de horizontes aquí.
En la década del 90, en Canadá, nació el movimiento político del Orgullo Loco que reivindica la experiencia de usuarixs, exusuarixs y supervivientes de los dispositivos psiquiátricos hegemónicos. A lo largo de esa década, el movimiento se expandió por diversos países y continentes, manifestándose de formas diversas entre las cuales encontramos el conocido cántico: “No era depresión, era capitalismo”. Durante la revuelta chilena en 2019, esa frase se convirtió en grafiti en el marco de una discusión acerca de los efectos del modelo económico de ese país ―tan alabado por algunos dirigentes argentinos― en las condiciones de vida y la salud mental de las personas donde, entre otras cuestiones, se abordó el acceso a la educación superior. Esa consigna se refiere a este sistema político económico que produce y privatiza el malestar, que institucionaliza la precarización. Tenemos ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, porque no cuajamos en este sistema y el mindfulness no va a hacer nada por nosotrxs en términos estructurales como tampoco lo harán los manicomios. A pesar de ello, desde hace unas semanas, también nos encontramos discutiendo nuevamente por qué la reforma de la Ley de Salud Mental n.° 26657 no va a ayudarnos. Parece necesario volver a desmontar la idea de que ser saludable es sinónimo de ser productivo o, como dice Micha Frazer-Carroll, que “ser explotable es parte de la definición de cordura”. Para ella, si bien todxs terminamos encontrando modos de lidiar con este sistema, en última instancia, necesitamos también resistirlo. Quizá lo que necesitamos hoy es construir comunidad, encontrarnos, recuperar nuestros sindicatos, habitar y disputar nuestra universidad.
En una Carta abierta a nuestrxs estudiantes que escribimos desde el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Rafaela, planteamos que “enseñar no es solamente estar en las aulas, es también estar en la lucha”.
Esta nueva Marcha Federal es una protesta, un reclamo por las condiciones en las que nos encontramos y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Pero es también una declaración de que nos rehusamos a vivir dentro de la lógica que nos están proponiendo.
Nos negamos a aceptar los términos de su discusión, nos negamos al insulto y a la aniquilación del que piensa diferente. Nos oponemos a resignar la calidad educativa, la destrucción y el vaciamiento de las instituciones democráticas como es la universidad pública. Rechazamos enfáticamente vivir con miedo permanente a ser atacados, al ahogo económico, al sufrimiento inoculado, al odio y la crueldad desplegada sin límites. Nos rehusamos a ser chivos expiatorios o daños colaterales porque el Estado es responsable de garantizar las condiciones que hagan posible sostener una vida digna.
Silvia Bleichmar, que no solo fue una brillante psicoanalista, sino que además mantuvo un compromiso político remarcable, en sus producciones sobre la construcción del sujeto ético, subraya algo que nos vendría bien tener en cuenta en este momento: “La crueldad no es solo el ejercicio malvado sobre el otro; es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro y sobre estos principios es que tenemos que educar”.
*Por Cecilia Dionisio para La tinta / Imagen de portada: ADIUC.
