¿Por qué el proyecto del gobierno no va a solucionar, sino a empeorar los problemas de salud mental?
El colectivo nacional de salud mental está en pie de lucha, una vez más, ante este nuevo intento de modificar una ley que sigue siendo una referencia internacional, pero que a 15 años de su promulgación no se implementa de forma integral y efectiva en el país.
Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos para La tinta
Nada nuevo. Para las organizaciones de salud mental, más allá de los detalles de la redacción, no hay nada nuevo en este proyecto con el que el gobierno intenta derogar una ley de derechos humanos, degradando la salud como bien público para convertirla en una mercancía más y, de paso, tapar en la agenda pública las malas noticias que le genera la paupérrima evolución de la economía y la fuente inagotable de escándalos de corrupción, con Adorni a la cabeza.
Nada nuevo porque, desde el momento en que se promulgó, allá por 2010, la Ley Nacional de Salud Mental fue incesantemente blanco de ataques de sectores políticos conservadores, aliados de la corporación médico-psiquiátrica que nunca resignó el poder que ejerció desde siempre, para decidir el encierro sobre los derechos, la medicalización sobre la inclusión, el tratamiento individual sobre la intervención comunitaria. A un gobierno como el libertario, productor de malestar social y pérdida de derechos como política de Estado, le cierra por todos lados.
Ya había pasado con Macri. De hecho, en todo el país, recordamos vívidamente el intenso activismo desplegado en diciembre de 2017 para defender el derecho a la Salud Mental, cuando el gobierno intentó modificar el Decreto Reglamentario 603/2013 de la Ley Nacional de Salud Mental para responder, como lo hace el gobierno libertario ahora, al intenso lobby corporativo de la neuropsiquiatría privada. No había sido el primer ataque, pero sí el más nítido porque, en ese momento, el embate había llegado a tomar forma de un decreto que, más allá de la reglamentación, distorsionaba los aspectos centrales de la ley. Era una derogación encubierta, decíamos por entonces. Rápidamente ―muy rápidamente― organizaciones de todo el país instrumentaron acciones articuladas que obligaron al gobierno a volver con torpeza sobre sus pasos: movilizaciones en las plazas, radios abiertas, pronunciamientos de repudio que recolectaron miles de firmas en todo el país, presentaciones judiciales, múltiples conferencias de prensa y militancia digital mostraron una reacción fuerte, que demostró que existía un movimiento social que no estaba dispuesto a echar por la borda la conquista histórica de una lucha de décadas, conseguida apenas siete años antes.
También está presente la masiva reacción que tuvo el colectivo cuando el recién llegado gobierno libertario incluyó la modificación en la primera versión de la Ley Bases, que por entonces bautizaron como “ómnibus”. La movilización frente a ese proyecto normativo con aspiraciones de refundación fue transversal: desde las centrales obreras al movimiento universitario, desde la ciencia pública hasta los jubilados, en esos primeros días de Milei en el poder, se volcaron a las calles en todo el país para rechazar ese megaproyecto legislativo. Uno de los recortes de esa primera versión fueron los artículos que afectaban la integralidad de la Ley de Salud Mental. Nuevamente, quedaba claro ―esta vez, a un nuevo gobierno― que no les sería gratis.
Entre tanto, la agenda pública le prestó cada vez más atención a la cuestión de la salud mental como una problemática transversal, global y cada vez más compleja. La pandemia ya había dejado en claro para todo el mundo que el padecimiento psíquico no agota sus causas en lo biológico y está imbricado en la vida social, la economía, lo político. Sin embargo, las respuestas que insisten los sectores que quieren retroceder en el tiempo reiteran: atención individual, despojo de derechos, anulación de la voluntad, castigo como forma terapéutica, farmacología y privatización de los servicios. El campo de la salud mental vuelve una y otra vez a ser un campo de disputas que hemos descrito ya en múltiples informes.
En algo estamos todos de acuerdo: el aumento de los padecimientos psíquicos en la población son evidentes, transversales a todos los sectores, edades y clases sociales. Y las políticas libertarias los agravan. Y este nuevo intento de modificar no los solucionará, todo lo contrario.
Así llegamos a este nuevo intento, que volvió a cosechar el rechazo y repudio de todo el colectivo que hace tantos años lucha, primero, por tener un marco legal de derechos humanos en salud mental y, desde el 2010, por que se cumpla.
Múltiples voces han criticado alguna de las “perlas” del actual proyecto. En una reciente nota, Alberto Trímboli, referente de la Asociación Argentina de Salud Mental, destacó que el proyecto intenta destruir el entramado comunitario, que favorece al sector privado y la caracterizó como «inaplicable».
Por su parte, en sus redes sociales, Leonardo Gorbacz, uno de los legisladores que, en el 2010, firmó la autoría de la Ley 26657, ironizó que “la solución del gobierno a los problemas de salud mental es eliminar la pauta del 19% del presupuesto y la obligación de Nación de asistir económicamente a las provincias, permitir nuevos manicomios, restar competencias a los psicólogos y excluir a los usuarios del Órgano de Revisión”.
También en las redes, la organización Acción Civil Colectiva denunció que el proyecto «prioriza las internaciones en los hospitales monovalentes, que se elimina el equipo interdisciplinario, que vuelve el hospital neuropsiquiátrico (léase manicomio) a ocupar el lugar central como dispositivo; «que se vuelve a hablar de trastornos mentales» y también que propone regulaciones que ya existen en la actual ley y el gobierno incumple: aumentar dispositivos ambulatorios, crear el registro de personas internadas, entre otras.
El actual proyecto de ley no debe verse como una expresión inédita. No trae ninguna novedad, ya que se inscribe en una larga historia de ya 16 años de ataques a la Ley Nacional de Salud Mental. Como organización y como colectivo lo hemos dicho muchas veces: los problemas de salud mental no tienen su causa en la ley vigente, sino en su falta de implementación real, integral y efectiva.
Este nuevo intento fundamenta la necesidad de “centros especializados” (eufemismo para los “monovalentes” que, a su vez, es un eufemismo aún más viejo para “manicomio”) porque se sucedieron suicidios en hospitales generales, que el Estado no evitará, porque seguirán desfinanciados, sin equipos de atención, sin apoyo para los usuarios, si este proyecto se vuelve ley. Y además, nada dicen sobre la gran cantidad de muertes de las personas encerradas, abandonadas y olvidadas por el Estado en los hospitales neuropsiquiátricos y otros dispositivos “especializados” (como el tristemente célebre Centro Psico Asistencial-CPA).
Por eso, queremos cerrar aquí algunos nombres propios, historias reales, que son parte del colectivo cordobés por el derecho a la salud mental, son las historias de las víctimas del sistema manicomial, del modelo biomédico y coercitivo. Estos nombres y los de tantos son motivo de nuestra lucha.
Ezequiel Castro tenía 21 años cuando la Policía de Córdoba lo detuvo el 08/07/2022. Permaneció en el hoy cerrado Centro Psico Asistencial (CPA), por entonces dependiente de la Secretaría de Salud Mental, donde fue golpeado y torturado. Murió el 14/07/2022 en el Hospital Misericordia. Julieta Amaya tenía 27 años cuando estaba internada en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Falleció allí el 09/06/2023 estando esposada a su cama y con custodia policial. Matías Mariño fue detenido arbitrariamente en el año 2022. Estuvo alojado en el CPA. Matías pudo relatarle a su familia los malos tratos, sobremedicalización y torturas recibidas, las cuales generaron que hoy se encuentre en estado vegetativo. Dolores Sepulveda Broky tenía 45 años, estaba internada en el Hospital Neuropsiquiátrico de barrio Juniors en Córdoba capital. Falleció el 7/11/2023, en circunstancias no claras y confusas. Martina Mamonde Tapia tenía 20 años y falleció el 14 de febrero de 2025. Vivía en el Hogar La Arbolada, de la localidad de Pilar. Su familia ha denunciado a las autoridades y profesionales de este centro privado por las circunstancias de la muerte de Martina que implicarían abandono, negligencia y malos tratos hacia ella y la familia. Una vez más, y como siempre, desde nuestras organizaciones acompañamos a las familias y exigimos verdad y justicia.
En esta nota, pretendemos centrarnos en el sentido político de este nuevo intento de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental. Porque la discusión artículo por artículo no deja de ser una trampa. La pregunta de fondo es: ¿qué viene a hacer este proyecto? Como en las versiones anteriores, este nuevo intento de modificar nuestra Ley Nacional de Salud Mental, motivo de orgullo internacional, se asienta en la permanente campaña política y mediática en contra de una política pública para la salud mental.
Aunque esgrimen razones técnicas y hasta de epistemologías del siglo pasado, como en los intentos anteriores, hay otros motivos. Son otras las razones, mucho más materiales y de ejercicio real, cotidiano, de poder biomédico por un lado. Y de ajuste y destrucción del Estado (y de todo sentido de “lo público”) por el otro. Son retrocesos que van a producir más malos tratos y padecimientos.
*Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos para La tinta / Imagen de portada: Radio Kermés.
