Nodocentes de la UNC: defendiendo la dignidad de lo cotidiano
El trabajo nodocente en las universidades está históricamente asociado a la realización de alguna tarea administrativa: el expediente, el turno, la atención al público. Tareas y responsabilidades que, en estos momentos críticos de vaciamiento, ajuste y deterioro de la educación pública, decidimos colmar de sentido político. ¿Puede un pedido de equivalencia tener un sentido político? ¿Es una oficina vacía una decisión política de transformación? ¿Hay un modelo de universidad en disputa en un Despacho de Estudiantes cerrado? ¿Podemos los y las nodocentes ser, ante todo, sujetos políticos? Sí, apostamos colectivamente a que sí. Y por eso, sostenemos un plan de lucha desde hace meses.
Por Cecilia Culasso, Roberto Martínez, Ismael Rodríguez y Jazmín Iphar para La tinta
Seguimos reclamando por la Ley
A seis meses de su aprobación, el Gobierno nacional continúa sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario 27795, una normativa que fue votada seis veces por el Congreso de la Nación y contó con el respaldo de tres enormes movilizaciones en todo el país hasta conseguir su sanción.
El hito más reciente es el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró inaplicable el decreto presidencial que suspendía la ejecución de la Ley 27795 y ordenó al Ejecutivo cumplir en forma inmediata con los artículos 5 y 6, y actualizar salarios docentes y nodocentes, y becas estudiantiles. Sin embargo, la gestión de Javier Milei, en alianza con gobernadores, insiste en sostener la asfixia presupuestaria.
En este marco, los días martes 14 y miércoles 15 de abril, nodocentes estamos realizando un abandono de tareas a partir de las 11 horas para instalar y sostener, junto a docentes, estudiantes, graduades y autoridades universitarias, la «Carpa por la Universidad y la Soberanía» en Obispo Trejo y Caseros, Córdoba capital. La acción de protesta está recorriendo el país hasta el 24 de abril, impulsada por el Frente Sindical Universitario y el Consejo Interuniversitario Nacional, y convocada en Córdoba desde ADIUC, la Gremial San Martín y la Federación Universitaria de Córdoba.
El horizonte es otra movilización a nivel nacional. En la antesala de la organización de una 4º Marcha Federal Universitaria, la acción política involucra una grilla de actividades para hoy que abarca clases públicas, volanteadas, la transmisión en vivo del programa radial «Tanta Trampa», la presentación del libro Lo imposible solo tarda un poco más. 30 años de la lucha de H.I.J.O.S. y una feria de científicos y extensionistas.
El plan de lucha de trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Córdoba, que tracciona desde hace meses, también incluye jornadas de paro los días 17 y 23 de abril. Estas acciones, además del reclamo por el deterioro salarial, las condiciones de vida de trabajadores y la plena aplicación de la Ley, defienden la soberanía científica y el derecho a la educación superior pública, laica e inclusiva en nuestro país.
Sin nodocentes, no funciona la universidad
Para resumirlo en una sola idea, quienes somos nodocentes hacemos que la universidad funcione todos los días. Compañeros y compañeras del área de mantenimiento y servicios generales, o despachos de estudiantes ocupan, quizás, los lugares más visibles para quienes transitan las facultades como estudiantes y como docentes, pero somos muchas más personas que diariamente gestionamos, producimos, creamos, sostenemos, proponemos, impulsamos.
Cada trámite, certificado o expediente que sigue su curso; cada ingreso al aula virtual conseguido con éxito; cada mesa de examen publicada en Guaraní y difundida en redes sociales; cada aula con insumos y lista para usarse; cada bengala prendida después de aprobar una tesis; cada foto con el título en mano frente al Pabellón Argentina involucra el trabajo de nodocentes.
Desde 2023, el salario nodocente perdió alrededor de un 40% de su poder adquisitivo. No es un número abstracto: es no llegar a fin de mes, es tener que multiplicar trabajos, es el deterioro concreto de nuestras condiciones de vida.
Hoy, las paritarias están vaciadas de contenido: los aumentos son arbitrarios y llegan tarde, por debajo de la inflación y sin recomponer lo perdido. El resultado es claro: menos personas trabajando, mayor sobrecarga laboral y un deterioro creciente de las condiciones en las que sostenemos la universidad.
Existe un discurso que intenta instalar a los y las trabajadoras del sector público como un problema. También, en ese contexto, las herramientas históricas de lucha —paros, movilizaciones, asambleas— son cuestionadas. No desconocemos ese escenario. Pero somos firmes en algo: no somos enemigos o enemigas de estudiantes y docentes, no obstaculizamos trayectorias académicas, no impedimos el normal funcionamiento de las instituciones. Todo lo contrario.
Si la universidad se vacía, se deteriora, se abandona, quien primero va a ser afectado es el estudiantado, el cuerpo político que le da sentido a la institución. A la vez, nosotros y nosotras somos quienes la hacemos funcionar todos los días. Y si se ataca a uno de estos pilares, se pone en riesgo a toda la universidad.
Y es por esto mismo que cuando proponemos y aplicamos “medidas de fuerza” (o medidas de “no nos queda otra porque así no se puede seguir”), no lo concebimos como una lucha sectorial o estrictamente gremial. Creemos que es una lucha histórica entre trabajadores/as y estudiantes en defensa de la educación pública. Una lucha que involucra a quienes somos parte cotidiana de la universidad, pero también a toda la sociedad que indefectiblemente se vincula de manera directa o indirecta con lo que nuestra universidad produce, gesta y propone.
A 19 años del convenio colectivo de trabajo nodocente
Hace unos días, el 5 de abril, el convenio colectivo de trabajo nodocente cumplió 19 años. Hoy, decidimos recuperarlo, no como un dispositivo técnico, sino como una conquista que materializa una determinada concepción de universidad, de comunidad y de democracia.
El momento en que el Estado argentino homologó el convenio colectivo nodocente no fue un hecho aislado ni meramente administrativo: fue el resultado de una historia larga, atravesada por luchas, silenciamientos, ausencias y reconstrucciones. Fue, en definitiva, una respuesta concreta a aquella universidad rota que dejó la dictadura, a lo que se sumó el impacto de la crisis de 2001, que profundizó la precarización y puso en evidencia, una vez más, la urgencia de fortalecer derechos y estructuras en el ámbito universitario.
Un convenio colectivo de trabajo es, en términos concretos, un acuerdo entre trabajadores organizados y empleadores que fija de manera obligatoria condiciones laborales: salarios, licencias, categorías, formas de ingreso, estabilidad, carrera, capacitación y mecanismos de resolución de conflictos. Pero su sentido va mucho más allá de lo normativo. Antes de su existencia, esas condiciones quedaban libradas en gran medida a decisiones unilaterales, discrecionales o fragmentadas, donde cada trabajador o sector negociaba en desventaja y sin garantías comunes. La ausencia de un convenio implicaba mayor desigualdad, incertidumbre y vulnerabilidad frente a arbitrariedades. Por eso, su conquista no solo ordena y protege, sino que transforma profundamente la relación laboral: establece reglas colectivas, limita el poder unilateral, reconoce derechos como piso y no como excepción, y convierte a los trabajadores en interlocutores legítimos en la definición de sus propias condiciones de trabajo. En ese proceso, no solo se mejoraron condiciones materiales, sino que se amplia la participación y el reconocimiento de los trabajadores como parte constitutiva de la comunidad universitaria.
Sin embargo, lejos de clausurar la discusión, el convenio también señala todo lo que aún queda por hacer. Persisten desafíos vinculados a la plena implementación de sus disposiciones, a la actualización de sus contenidos frente a nuevas formas de trabajo, a la reducción de desigualdades internas y al fortalecimiento efectivo de la carrera nodocente. Sostener y profundizar esta herramienta implica no solo defender lo conquistado, sino también ampliar derechos, garantizar su cumplimiento en todos los ámbitos de la universidad y seguir construyendo espacios de participación real. Porque todo convenio es, en definitiva, una base: un punto de partida desde el cual proyectar nuevas conquistas colectivas.
La universidad es un espacio donde se juega la tensión entre cultura, política y sociedad, entonces el convenio no puede pensarse por fuera de esa trama. Es, en sí mismo, una forma de democratización: amplía derechos, redistribuye poder y fortalece la idea de comunidad frente a las lógicas individualistas que reducen la universidad a una organización eficiente al servicio del mercado. En ese sentido, el convenio colectivo es una pieza clave en la disputa política-académica: instituye derechos laborales, pero también produce un desplazamiento simbólico. Nombra, reconoce e integra a un claustro históricamente invisibilizado, incorporándolo no solo como fuerza de trabajo, sino como sujeto político de la vida universitaria.
En un presente atravesado por nuevas disputas, donde desde el Estado nacional se despliegan políticas y discursos que cuestionan, desfinancian y deslegitiman la educación pública, el convenio reafirma otra lógica: la de la solidaridad, la organización colectiva y la dignidad del trabajo.
Y en estos tiempos de incertidumbre, volver a estas marcas históricas no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de intervenir en el presente. Recuperamos este convenio como una forma de entender la universidad como derecho, como espacio público y como proyecto compartido. Porque no se trata solo de salario ni únicamente de condiciones de trabajo. Se trata de pertenencia, de reconocimiento y de participación real en la vida institucional. Se trata, en definitiva, de construir una universidad que no solo funcione, sino que sea justa, inclusiva y verdaderamente habitable para todas las personas que la sostienen día a día.
*Por Cecilia Culasso, Roberto Martínez, Ismael Rodríguez y Jazmín Iphar para La tinta / Imágenes: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
