La Legislatura prohíbe el trabajo de limpiavidrios, regula el de naranjitas y suma potestad a la Policía
La Unicameral aprobó el proyecto de ley que prohíbe en toda la provincia el cuidado de autos en la vía pública, a menos que los municipios decidan regular y habilitar la actividad localmente. El trabajo de limpiavidrios, por otra parte, queda prohibido en su totalidad. Un modelo que busca cambiar el control de espacio público con más prohibición y endurecimiento de sanciones que posibilidades de regulación e inclusión para la informalidad laboral y aumento de la desocupación.
En 2025, se intentó avanzar en una normativa que prohíba o regule el cuidado de autos en la vía pública, pero no prosperó. Ayer, el oficialismo aprobó el proyecto presentado por Oscar Agost Carreño (PRO), “compatibilizado” con las iniciativas del socialista aliado al peronismo cordobés, Matías Chamorro, los radicales Matías Gvozdenovich e Inés Contrera, y sumando la propuesta de prohibición de la actividad de limpiavidrios del libertario Gregorio Hernández Maqueda.
La medida, impulsada por el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se fundamentó en un discurso de prevención de conflictos, como el cobro en zonas donde no rige el estacionamiento medido, tarifas superiores a la oficial, ausencia de habilitación o situaciones de violencia. Sin embargo, las cooperativas de trabajadores ya advirtieron que estos episodios se deben a la falta de regularización del servicio por parte de Tránsito de la Municipalidad, mientras que la concesión a organizaciones funciona como un impedimento para hechos delictivos.
Con 51 votos a favor y 19 en contra durante la sesión de ayer y hacia la medianoche en la Unicameral, se aprobó la modificación del artículo 60 del Código de Convivencia, que prohíbe el cuidado de autos en la vía pública sin habilitación, con hasta 6 días de arresto, y la sanción podrá duplicarse cuando actúen varias personas organizadas, cuando participen menores de edad o cuando se aproveche la situación de vulnerabilidad de otras personas. O si la actividad se realiza durante eventos masivos, cerca de hospitales o escuelas, en zonas de alta circulación o en situaciones extraordinarias como emergencias o evacuaciones y por usar credenciales falsas. Queda en manos de los municipios la regulación de la actividad y se le da más poder al aparato policial para la sanción. En el caso de naranjitas habilitados, pueden ser sancionados también con multas o arresto en caso de que incumplan las condiciones fijadas por los municipios. En el caso del trabajo de limpiavidrios, queda prohibido en su totalidad, queda penalizado con hasta seis días de arresto, trabajo comunitario o multas, fijadas en el valor de Unidades Económicas Municipales, que hoy equivalen al precio de 8 litros de nafta super.
Durante la jornada de deliberación, se realizaron protestas de cooperativas frente al Palacio Municipal. La Cooperativa El Bicentenario, que se hizo presente, expresó: «Somos 250 familias en el Kempes que dependemos de este trabajo». Cerca de 2.000 personas que hace años realizan sin inconvenientes su trabajo en las calles de Córdoba se quedarían sin su fuente de ingresos. De esas, 1.500 funcionan por fuera del sistema y 500 están organizadas en seis cooperativas. Quienes están organizados en cooperativas, ven como positivo que se avance en más posibilidades de trabajo reconocido, y afirman que es una forma concreta de mejorar la situación y el trato de la gente.
Socialmente, el tema se vuelve difícil de abordar, por ejemplo, desde el Centro Vecinal de Nueva Córdoba piden la eliminación de los cuidacoches, y que se busquen soluciones de reinserción de las personas que hoy resuelven sus situaciones de vulnerabilidad de esa manera. En muchos casos, las opiniones de vecinos, tanto a favor como en contra, coinciden en la desconfianza de que lo sancionado ayer resuelva de alguna manera la problemática.
“Esta ley le da a la Policía de Córdoba una herramienta concreta para intervenir y restablecer el orden público en nuestras calles”, declaró el ministro Quinteros. Para el legislador Juan Manuel Llamosas, “cuando hay agravantes, el juez de Faltas puede ordenar arresto, pero también se prevén el trabajo comunitario o las multas».
Hernández Maqueda fue el primero en presentar el proyecto de ley en esta materia. Su propuesta de prohibición total de los naranjitas no prosperó, pero sí la de la prohibición de limpiavidrios, que ayer celebró como el primer logro de su mandato. Hace tiempo que el liberal mileísta es un acérrimo detractor de los naranjitas y limpiavidrios. Considera que cuidar coches no es un trabajo legítimo: “Es innegociable la prohibición de naranjitas legales de cooperativas, como de los que ya son ilegales”. Hay un eco que recoge el legislador libertario: la idea de que el orden público, la libertad, la ley y la seguridad se conseguirán a partir de la prohibición de las personas que se ganan el pan en estas actividades en la vía pública. Sobre quienes pesa un estigma, que ha crecido en este último tiempo, con un discurso generalista que dice que “todos son violentos y agresivos”, “que coaccionan a las personas”, “que la ciudad es tierra de nadie”. Basta ver comentarios de cualquier nota sobre el tema.
Con una situación de precariedad y sin posibilidades de acceder al mercado laboral, las personas que limpian vidrios en las esquinas son una foto de la pobreza en alza. Con esta ley, quedan en una situación de ilegalidad y se prohíbe la actividad en toda la provincia. Sin prever políticas de inclusión, resulta preocupante pensar cómo se gestionará esta nueva política y qué pasará con todas estas personas que hoy logran llevar unos pesos a sus hogares. Brenda Austin, principal vocera de la UCR que acompañaron con sus votos, pidió específicamente mayor alcance de programas de reinserción sociolaboral.
La modificación comenzará a regir 30 días después de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, mientras que en ese tiempo los municipios deberían tomar las decisiones necesarias para las habilitaciones, controles y propuestas de transición y planes de capacitación de oficios, programas de atención a la salud mental y de reinserción laboral, tal como lo prevee el texto.
Una de las posturas críticas hacia esta normativa ha sido la Pastoral Social del Arzobispado de Córdoba, que en el comunicado «Ciudades para todos» manifestó: “No se pueden abordar las problemáticas en torno a las personas que cobran el estacionamiento en la vía pública sin una visión y comprensión del escenario o marco cultural y económico en el cual se manifiesta o emerge hoy esta realidad”. Y afirmaron con total convicción que “la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución”. También destacaron los marcos legales e institucionales, como las ordenanzas 10425 y 10837 de la ciudad de Córdoba, mediante las cuales el Estado intervino con políticas de inclusión como las cooperativas de trabajadores “que demostraron ser una respuesta a las problemáticas que se pueden generar de convivencia entre quienes realizan el trabajo y quienes reciben el servicio”.
La regulación del espacio público vía prohibición con esta nueva legislación parece correrse del lugar que le han solicitado las cooperativas y la pastoral social para pensar formas de fomento y regulación con un enfoque integral más que con uno punitivo.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Fernando Bordón para La tinta.
