El desafío de acompañar infancias y juventudes en tiempos de baja de la edad de punibilidad
En un contexto nacional donde se hace un uso excesivo de la prisión preventiva y de políticas represivas que recaen en los sectores más vulnerabilizados, y dialoga con una Córdoba que encabeza el ranking nacional de encarcelamiento, desde el Programa del Sol sostenemos que la seguridad es otra cosa y que acompañar no es castigar.
Por Keila Omar, Maira Bustos, Eugenia Decca y Paula Boccardi* para La tinta
En un contexto de recortes presupuestarios en salud, recrudecimiento de las violencias y proliferación de discursos de odio, reaparece con fuerza en el debate social y legislativo la baja de edad de punibilidad y, además, se avanza legislativamente. Ante la falta de oportunidades reales para lxs jóvenes, la respuesta estatal profundiza lógicas represivas y se construye desde el castigo. Desde los equipos de salud que trabajamos con niñeces y juventudes atravesadas por procesos de judicialización y/o medidas de protección, tenemos una conversación urgente para revisar los desafíos que advertimos y las estrategias que nos damos para realizar abordajes integrales en salud mental en contextos de creciente criminalización de la pobreza y vulneración de derechos.
El Programa del Sol es una institución que realiza abordajes integrales en salud mental desde hace 30 años en la ciudad de Córdoba, con fuerte experiencia en los consumos problemáticos desde la reducción de riesgos y daños. El viernes 27, desde el Área de Vinculación Socio Comunitaria y de Formación del Programa, llevamos adelante una jornada de reflexión sobre el nuevo código penal juvenil y sus implicancias en el quehacer cotidiano de los equipos. Estuvo presente la abogada y docente, María de los Ángeles Suárez Lobo, para acompañar en la problematización de los paradigmas vigentes, las articulaciones intersectoriales y los abordajes integrales en salud mental.
A nuestros dispositivos llegan muchas niñeces y juventudes que se encuentran en instituciones del sistema de prevención y protección, o en los llamados centros socioeducativos, que funcionan como instituciones de encierro. Muchos de los delitos por los cuales ingresan están vinculados al uso de sustancias, venta, microtráfico. A veces porque se convierten en mano de obra barata para los narcos de sus propios barrios, porque la venta aparece como un modo de subsistencia y, en otros casos, porque el microtráfico se presenta como una manera de acceder a un proyecto ―sumamente precario― de vida.
Lo que muchas veces sucede es que, mientras están en esas instituciones, lxs jóvenes no reciben un tratamiento adecuado de salud mental. Esto es preocupante, ya que ningún joven debería perder sus derechos por estar privado de la libertad, especialmente, cuando esa detención puede ser evitable con políticas públicas que aseguren el acceso a derechos como salud, educación, alimentación, vestimenta, juego, cultura.
Aún con la comisión de un delito y de acuerdo con el principio del interés superior del niño, lo que debiera primar es una lógica que atienda la problemática de salud mental y no una punitiva, de encierro. Acá entra en contradicción el marco legal de protección integral de derechos y la Ley de Salud Mental con el nuevo marco normativo de punibilidad. Bajar la edad de punibilidad no resuelve el problema de la delincuencia, sino que profundiza la criminalización de niñeces y juventudes empobrecidas y excluidas por un sistema que castiga y un Estado que sigue sin garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos.
El consumo circula en prácticas, dinámicas y discursos, configura subjetividades, formas de socialización, funcionamiento barrial y convivencia. Las juventudes de barrios más empobrecidos están atravesadas por el consumo, más allá de que lo hagan o no. Los riesgos sociocomunitarios y las lógicas violentas organizan y estructuran la vida cotidiana, y responden, entre otras cosas, al abandono del Estado, la dinámica depredadora del capitalismo y a una comunidad fragmentada y desgastada.
En los últimos años, los juegos online, apuestas y otros consumos en plataformas digitales aparecen como una de las promesas más escuchadas de ganar plata rápido y fácil para jóvenes. Aunque también la reconocen como una práctica engañosa, en especial, cuando genera deudas impagables o cuando, a partir de dicho consumo por parte de sus pares y el mundo adulto que les rodea, se sienten ignoradxs y sin redes afectivas reales.
La integralidad en los abordajes de salud mental y consumos problemáticos
Los consumos problemáticos de sustancias son un problema social y de salud mental que no se acaba en “el caso” o las situaciones particulares, sino que involucra a familias, grupos y la comunidad. No se define como problema por el tipo o la cantidad de sustancia que se consuma o circula, sino por lo problemático del consumo para esa persona, esa familia, ese territorio particular desde una mirada que pueda abordar cuestiones vinculadas a la salud mental y que atienda la complejidad de esas trayectorias vitales, sus padecimientos, necesidades, posibilidades.
Este posicionamiento es lo que permite ensayar estrategias que acompañen los procesos individuales, pero también nos obliga a pensar en la necesidad de revisar discursos estigmatizantes que vinculan directamente a las niñeces y juventudes empobrecidas con el consumo, la delincuencia y la violencia, lo que termina resultando en prácticas excluyentes incluso dentro de sus propios barrios. La integralidad en el abordaje también propone el trabajo a nivel territorial, la reconstrucción de lazos sociales que vuelvan a armar un entramado vincular que aloje en vez de expulsar. No implica únicamente co-construir estrategias singulares en cada proceso, sino pensar: ¿qué tiene que ocurrir para que esas vidas lleguen a los espacios de tratamiento? Si no se pueden asegurar condiciones mínimas como comida, techo, el derecho a circular por la ciudad, dinero para pagar el transporte, difícilmente puedan acceder al derecho a la salud mental.
Hoy, la mayoría de las respuestas están siendo punitivas, criminalizantes y la deuda es acompañar desde la pedagogía de la ternura, que reivindique el cuidado y no el castigo. ¿A quién querés castigar y por qué? ¿A la pibada que no come y no accede a espacios saludables? ¿Que no tiene el derecho a nutrir sueños?
Lo asistencial y lo penal: asuntos separados
Si bien, en 1990, nuestro país adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en el año 1989, en la actualidad, hay una convivencia del paradigma tutelar (o de situación irregular) con el paradigma de protección integral. Lo mismo ocurre en salud mental donde, a pesar de avances significativos en materia de derechos, estos coexisten con discursos y prácticas que remiten al paradigma tutelar, con eje en el concepto de sujetos incapaces. Vemos con preocupación la promulgación de la Ley 11035 para regular el procedimiento penal juvenil de Córdoba en el año 2025 y de la aún más reciente Ley Nacional 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otras cosas, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Ambas insisten en que el régimen penal está orientado a la educación, resocialización e integración social, y presentan a la privación de la libertad como último recurso. Pero en un contexto de creciente empobrecimiento, profundización de lógicas punitivas, regresivas y de control, se profundizan los efectos regresivos sobre el acceso a derechos. Este nuevo marco legal puede funcionar como barrera, como condicionamiento y no como acompañamiento a procesos vinculados a la salud mental y los consumos problemáticos, y eso es algo que también nos deja trabajando en mayor soledad y con menos posibilidades de acción.
Niñeces y juventudes no punibles (por edad o por delito), que se encontraban dentro del ámbito prevencional, contaban con equipos de acompañamiento y operadores territoriales que, de alguna manera, aseguraban o facilitaban el sostenimiento de los procesos terapéuticos, garantizando algunas condiciones mínimas que permitieran la asistencia. Actualmente, con el cambio en la ley, aún desconocemos si esas mismas niñeces ―ahora consideradas punibles y ya en el marco del ámbito penal juvenil― contarán o no con equipos técnicos y con recursos que faciliten ese sostenimiento.
Se hace necesario insistir en que lo asistencial/terapéutico es una instancia distinta de lo judicial/penal, incluso en aquellas situaciones donde el proceso terapéutico aparece como una exigencia para sostener la libertad o como parte de la pena. Mientras que el sistema suele producir circuitos de institucionalización perversa y compulsiva, desde los abordajes integrales en salud mental se propone habilitar que sucedan otras cosas, que niñeces y juventudes tengan espacio de juego, de diversión, de encuentro.
¿Qué estrategias nos damos?
El tiempo para formarnos, pensar juntes y la coherencia política siguen siendo una gran trinchera para co-construir estrategias integrales en salud mental. Alojar el sufrimiento, la incertidumbre y el malestar subjetivo exige tiempo, condiciones laborales dignas y articulaciones intersectoriales cuidadas que eviten la sobreintervención y resguarden la confidencialidad, aspectos que, en la práctica cotidiana, resultan verdaderamente difíciles.
Es un gran desafío para los equipos de salud no reproducir intervenciones paternalistas, típicas de ese paradigma irregular del que nos sabemos alejadas en la teoría, pero que implica un trabajo sensible de no creer que sabemos qué es mejor para lxs usuarixs en la práctica. Nos movemos entre el mandato normatizador del ámbito jurídico y el normalizador vigente en algunos espacios de salud mental, generando estrategias creativas que nos permitan corrernos de lógicas de control, para habilitar procesos subjetivos desde un paradigma de salud integral y de derechos.
En estas épocas de profundización de marcos normativos regresivos, discursos de odio, empobrecimiento y criminalización de la pobreza, reivindicamos nuestra participación, junto a otras organizaciones, espacios territoriales y de asistencia en el Consejo Municipal de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos, en colectivos organizativos por las Marchas de la Gorra, por la salud mental, en contra del gatillo fácil y de campañas desde las cuales guiamos nuestras prácticas y sostenemos que acompañar no es castigar.
*Por Keila Omar, Maira Bustos, Eugenia Decca y Paula Boccardi para La tinta / Imagen de portada: Fernando Bordón para La tinta.
**Trabajadoras del Programa del Sol: Centro de Abordajes Integrales de Consumos Problemáticos y Salud Mental de la Provincia de Córdoba.
