«Los delitos se producen donde no trabajamos las cooperativas de naranjitas»
El gobernador Llaryora anunció la presentación de un proyecto para prohibir los naranjitas ilegales y los limpiavidrios en toda la provincia. Desde la Libertad Avanza quieren que se prohíba toda la actividad, pero el oficialismo sostiene la idea de una regulación con enfoque social, que permita la tarea de trabajadores identificados, registrados y controlados. Dialogamos con la Cooperativa Tosco Vive, que defiende sus puestos de trabajo y remarca que son los principales interesados en que se regularice la situación.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció esta semana que presentarán un proyecto de ley para prohibir la actividad de cuidacoches ilegales y trapitos en el territorio provincial. A través de la red social X, el mandatario indicó que buscan «ordenar el uso del espacio público con reglas precisas, fortalecer el rol de los municipios y acompañar este proceso con alternativas de inclusión laboral».
Si bien aún no están los detalles terminados, el proyecto que presentará el legislador Juan Manuel Llamosas propone regularizar parte de la actividad, y que cada Municipio decida si habilita que cuidadores desarrollen su trabajo bajo un sistema formal de registro, identificación y control.
Desde la UCR, FIT y PRO acompañan la idea de regulación con enfoque social (Dante Rossi y Oscar Agost Carreño presentaron proyectos propios), pero otros sectores presionan para que se elimine la actividad directamente. Tal es el caso del libertario Gregorio Hernández Maqueda, que considera que cuidar coches no es un trabajo legítimo: «Es innegociable la prohibición de naranjitas legales de cooperativas, como de los que ya son ilegales».
Si se concreta el deseo de Hernández Maqueda, cerca de 2 mil personas que hace años realizan sin inconvenientes su trabajo en las calles de Córdoba, se quedarían sin su fuente de ingresos. De esas, 1.500 funcionan por fuera del sistema y 500 están organizadas en seis cooperativas.
Noel Quinteros es una de esas personas. Es presidente de «Tosco Vive», una de las cooperativas habilitadas por la Municipalidad de Córdoba para ser permisionarias de estacionamiento controlado. Funciona en la zona de Güemes, en el cuadrilátero formado entre Bv. San Juan, La Cañada, Pueyrredón y Mariano Moreno, aunque aclara que hay varias cuadras en las que no pueden hacer posesión del servicio porque la Subsecretaría Municipal de Tránsito no intercede para hacer cumplir los permisos.
Se trata de una zona donde tienen que convivir con cuidacoches no autorizados y donde en los últimos meses se han desarrollado varios hechos de violencia e inseguridad. «Muchas veces se culpa a los naranjitas y no se aclara que en realidad hay bandas de delincuentes que compran los chalecos en cualquier ferretería y los utilizan para delinquir».
«A nosotros como trabajadores también nos interesa que se regule la situación (…) Los hechos de violencia, que los hay; los abusos y los autos robados, que los hay; tienen que ver con el servicio que brinda el Estado Municipal. En Nueva Córdoba, por ejemplo, no hay una cooperativa concesionada. Ahí presta servicio el Estado Municipal. Y, ¿dónde se producen los delitos? En donde no trabajan las cooperativas. Las cooperativas somos un impedimento para que se cometan estos hechos».
Las personas que trabajan para cooperativas de naranjitas están identificadas con chalecos y credenciales con el logo de la Municipalidad y de la Cooperativa. Tienen un valor prefijado -que hoy está en 500 pesos pero lleva casi dos años sin actualizarse- y cada uno de sus trabajadores tiene que presentar un apto físico, certificado de buena conducta, de domicilio y negativo de ANSES.
Quinteros remarca que la grave situación que atraviesa la ciudad se debe a la no regularización del servicio por parte de Tránsito de la Municipalidad, que es el área responsable. Y agrega que desde hace casi dos años se dejó sin funciones la Mesa Municipal de Estacionamiento, que era una instancia de encuentro entre funcionarios, trabajadores, cooperativas e instituciones barriales para intentar resolver los problemas cotidianos y definir políticas públicas.
Durante las últimas décadas, las intenciones de privatizar el servicio han sido un fracaso tras otro, tanto los parquímetros, como los modelos mixtos, y sobre todo el caso reciente de la aplicación Mobypark, que fue denunciada por vender los datos de los usuarios.
«Este problema se resuelve con un sistema donde cada parte se lleve su cuota correspondiente: el Estado por un lado y las cooperativas por otro. Con reglas claras para los usuarios y la incorporación de una tecnología que funcione, el problema se resuelve (…) Acá en el sistema hay trabajo para 2 o 3 mil personas y lo que está en juego es si esa plata se la llevan dos o tres vivos o generamos los puestos de trabajo«.
* Por Ezequiel Luque para La tinta / Imagen de tapa: Santiago Rocchietti para La tinta.
