Justicia, ¿para quién? Entre las condenas y la amenaza del indulto
Ante los constantes rumores de indultos a condenados por delitos de lesa humanidad, las autoras en esta nota revisitan la memoria reciente de lucha contra los retrocesos. La memoria y la justicia insisten a 50 años.
Por Ana Noguera y Melisa Paiaro para La tinta
Entre rumores y amenazas
Primer acto. Octubre de 2023. Falta menos de un mes para las elecciones presidenciales. Ante la pregunta de un periodista de France 24 sobre las implicancias de una victoria de La Libertad Avanza para los derechos humanos, el entonces jefe de Gabinete y candidato, Agustín Rossi, afirma sin titubear: “Milei va a indultar”. Rossi está convencido de que, de llegar a la presidencia, el mandatario condonará las penas de militares y policías juzgados por crímenes de lesa humanidad.
Segundo acto. 20 de marzo de 2024. Haciéndose eco de “altas fuentes de la Casa Rosada”, los diarios difunden un rumor: para el próximo Día de la Memoria, el presidente anunciaría un “beneficio” para los condenados por crímenes de la dictadura. Se describe como una reacción al rechazo y a las movilizaciones de los organismos de derechos humanos. La iniciativa, según trasciende, habría surgido del círculo de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Tercer acto. Domingo 1° de marzo de 2026. A pocos días de cumplirse los 50 años del golpe de Estado, la amenaza recobra vigencia. “Milei analiza indultar a los militares genocidas el 24 de marzo”, titulan los medios. Los organismos de derechos humanos lanzan una carta abierta instando al Ejecutivo a preservar los archivos de la dictadura, reanudar el financiamiento de la CONADI y del Banco Nacional de Datos Genéticos, y —fundamentalmente— abstenerse de otorgar indultos o cualquier medida de clemencia a los condenados.
¿Cómo se llama la obra? “Cuando acecha la maldad”.
En las más de 350 sentencias dictadas desde 2006, la Justicia argentina ha condenado a 1.208 personas por delitos de lesa humanidad. Actualmente, 515 se encuentran privadas de su libertad, de las cuales 434 gozan de arresto domiciliario.
Las amenazas que emanan de las entrañas del gobierno nacional, cada vez que se aproxima un 24 de marzo, generan una lógica preocupación. En la memoria colectiva, persiste, como una marca a fuego, el recuerdo de cuando la amenaza se volvió realidad. Los indultos decretados por Menem, hacia principios de los 90, marcaron un hito, un antes y un después. Vinieron a truncar el avance histórico que había significado el temprano juzgamiento a las cúpulas militares en 1985. Hoy, como entonces, parecen ponerse en jaque logros judiciales que tanto tiempo, que tanta lucha costaron conseguir.
De la condena histórica a las «leyes de impunidad»
Inaugurado el gobierno de Alfonsín, la cuestión de los derechos humanos, en tanto demanda social, se convirtió en un problema de la agenda gubernamental y en una política de Estado que se proponía la revisión del pasado inmediato. Desde el inicio de la etapa democrática, se llevaron adelante una serie de medidas ―como la creación de la CONADEP o la promulgación del decreto de enjuiciamiento a los excomandantes de la dictadura― que culminaron en el histórico Juicio a las Juntas. Iniciado en el mes abril de 1985, este proceso penal sentó precedentes a nivel nacional e internacional. Con más de 800 testimonios, logró probar jurídicamente la existencia de un plan sistemático de represión, tortura y exterminio. Fue la primera vez que un tribunal civil condenó a militares por crímenes masivos contra sus propios ciudadanos.
Sin embargo, poco después de aquella sentencia, sobrevinieron los levantamientos «carapintadas» (1987-1990). Estas sublevaciones forzaron al gobierno a negociar con sectores militares en pos de preservar el orden constitucional. La presión ejercida desde los mandos intermedios, que habían tomado instalaciones castrenses en protesta por el devenir de los juicios por violaciones a los derechos humanos, limitaron y clausuraron los avances en materia de verdad y justicia, dando lugar a las llamadas «leyes de impunidad». Primero fue la ley de Punto Final, que fijaba una fecha límite para la presentación de causas judiciales. Después, la de Obediencia Debida, que eximía de responsabilidades a militares de rango medio y bajo, presumiendo que habían actuado acatando órdenes de sus superiores.
La estocada final llegaría con los indultos de Menem entre 1989 y 1990. Diez decretos beneficiaron a 1.200 personas, incluyendo a condenados y a quienes aún tenían causas abiertas, lo que supuso una flagrante intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. El abogado y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Emilio Mignone, escribió por aquel entonces: “Una cosa es la legalidad de la decisión y otra su admisibilidad ética y política”. Y sentenció: “Sin justicia, no habrá paz”. Sus palabras resuenan hasta hoy.
Durante la década de los noventa, asistimos a la profundización del ciclo iniciado en 1976: la hegemonía de los sectores económicos concentrados reactualizó el modelo neoliberal, intensificando notoriamente el proceso de exclusión social. En aquel contexto, resultaba lógico que el desempleo, la estabilidad económica y la corrupción fueran preocupaciones más urgentes para la sociedad que la agenda de derechos humanos, asociada entonces exclusivamente al pasado dictatorial. Así devino un período que fue caracterizado por Emilio Crenzel como “el eclipse de la memoria”. Un eclipse provocado principalmente por los indultos, cuyo impacto generó una sensación de clausura definitiva de la vía judicial para la punición de las violaciones a los derechos humanos y para los procesos de búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos.
Un paso para atrás, dos para adelante
Tras la sanción de los indultos, hubo que esperar quince largos años para que fuera declarada la inconstitucionalidad de las “leyes del perdón” y pudieran reanudarse los juicios en todo el país. El cúmulo de información producido previamente ―las investigaciones de la CONADEP, el Juicio a las Juntas, las pruebas en los Juicios por la Verdad Histórica, las enormes bases de datos producidas por los organismos― fue determinante para la reapertura y desarrollo de estos procesos judiciales. Luchar en las plazas, en las calles, así como en las catacumbas del Poder Judicial, no había sido en vano.
En Córdoba, el primer juicio oral y público que juzgó el accionar represivo comenzó en mayo de 2008 y sentó, por primera vez, en el banquillo de los acusados al excomandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros siete represores. Allí se investigó el secuestro, tortura y asesinato de Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo, Carlos Lajas y de Hilda Flora Palacios, ocurrido el 15 de diciembre de 1977. Un hito fundamental para este juicio había sido la localización e identificación del cuerpo de Hilda Flora en el cementerio San Vicente, ocurrida en 2004, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Desde principios de los 2000, la búsqueda de los desaparecidos en la provincia había cobrado un nuevo vigor: los restos de las víctimas emergían de la tierra como prueba irrefutable del horror, conmoviendo a una sociedad que seguía las excavaciones por los medios. Algunas familias volvían a reencontrarse con sus muertos. Desde entonces, los procesos judiciales han continuado ininterrumpidamente, alcanzando un total de diecinueve juicios en la provincia.
¿Qué pasa si esta vez se vuelve realidad?
El gobierno de Milei no solo pretende restaurar el modelo económico de Martínez de Hoz —articulando exclusión con represión—, sino que, en su batalla cultural, reactualiza y radicaliza la “teoría de los dos demonios” mediante una síntesis de negacionismo y reivindicación. A las puertas del quincuagésimo aniversario del último golpe de Estado, la amenaza de indultar a condenados por delitos de lesa humanidad adquiere una dimensión alarmante. Esta medida se inscribiría en el actual proceso de desmantelamiento de las instituciones públicas destinadas a garantizar la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Asistimos al fin del ciclo de las “memorias monumentales” —en términos de Da Silva Catela— iniciado a principios de los 2000. Y un interrogante flota en el aire: ¿qué nuevo ciclo se está gestando y qué desafíos nos impondrá? Es probable que debamos reponer la discusión sobre la cifra de desaparecidos que los propios represores, aún hoy, se niegan a revelar. ¿Qué les depara a las nuevas generaciones, tan distantes de aquel pasado? Es inevitable preguntarnos si habremos sido capaces de legarles la posta en esta lucha.
Las preguntas también interpelan a quienes apoyan las políticas libertarias y consideran a los derechos humanos como un “curro”. ¿Estarán dispuestos a cuestionar la premisa de que “el que las hace las paga”? ¿O será, más bien, un caso de “dime quién las hace y te diré quién las paga”? ¿Cómo articularán la consigna de la “memoria completa” frente a la materialidad de los cuerpos que continúan apareciendo en terrenos militares?
El pasado no es solo archivo, sino una lección persistente. En 2017, cuando la Corte Suprema intentó aplicar el beneficio del «2×1» para reducir las penas a represores de la última dictadura, la sociedad civil respondió con una contundencia histórica. Aquellas movilizaciones, que unieron a distintas generaciones en un mismo reclamo de dignidad, no solo frenaron el retroceso judicial, sino que forzaron una nueva ley que blindó los procesos de lesa humanidad. Hoy, ante nuevas señales de retroceso, surge el interrogante: ¿retornaremos a la visibilidad de las movilizaciones, de los escraches o la resistencia encontrará lenguajes inéditos? Más allá de la forma que tome la protesta, el desafío sigue siendo el mismo: habitar la memoria no como un ejercicio de nostalgia, sino como el único cimiento posible para imaginar un futuro donde la justicia no sea negociable y la igualdad sea la norma.
*Por Ana Noguera y Melisa Paiaro para La tinta / Imagen de portada: La tinta.
**Ana Noguera es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC). Melisa Paiaro es docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC). Ambas integran el Programa Estudios sobre Historia Reciente Argentina (CEA-FCS-UNC).
