Eso que nos dejan hacer acá: el caso de la argentina detenida en Brasil por racismo
El episodio, en apariencia, es pequeño: una turista argentina en Río de Janeiro, un gesto en un bar, una discusión con un mozo. Sin embargo, en pocas horas, la escena deja de ser un intercambio incómodo entre desconocidos y se transforma en otra cosa. Se vuelve racismo, escándalo público y, finalmente, un asunto judicial. Más allá de la opinión que cada quien pueda tener sobre el caso —y dejando en claro que no se trata aquí de desear castigos ni celebrarlos—, hay algo particularmente interesante en lo que ocurrió: la fuerza que adquiere un hecho cuando es judicializado.
Por Fernanda Caminos para La tinta
Judicializar algo no es simplemente castigarlo. Es convertir una acción en un problema público, inscribirla en otro registro, dotarla de una gravedad específica. Un gesto, una palabra o una conducta dejan de ser apenas un incidente social para convertirse en un posible delito. Y en ese pasaje, inevitablemente, algo cambia. Si en Brasil no fuese ilegal realizar gestos racistas, con certeza nunca nos habríamos enterado de que una argentina discriminó a un brasileño en su propio país. El episodio habría quedado reducido a una escena desagradable más, perdida en la rutina de conflictos cotidianos que rara vez trascienden.
Pero la existencia de una ley produce efectos. Hace visible lo que, de otro modo, podría diluirse. Amplifica. Convoca miradas. Activa debates. Y, en este caso, incluso logró algo poco frecuente: interpelar a ciertos sectores de la sociedad argentina. La reacción fue inmediata. Para algunos, el episodio confirmó viejas incomodidades: los argentinos como maleducados en el país vecino o, sencillamente, como discriminadores, soberbios y racistas. Para otros, en cambio, el problema parece residir menos en el gesto y más en la respuesta brasileña, percibida como exagerada o desproporcionada.
Lo interesante es que, de un modo u otro, el acontecimiento cruzó la frontera. Para mí —como antropóloga y por haber vivido un tiempo en Brasil—, el caso resulta particularmente sugerente. No solo por el episodio en sí, sino por lo que permite pensar acerca de la siempre tensa relación entre derecho y moral que, lejos de ser esferas separadas, se encuentran constantemente imbricados. Las leyes no emergen en el vacío: condensan valores, jerarquías, umbrales de tolerancia, definiciones sobre lo aceptable y lo intolerable. Nombran problemas que una sociedad considera dignos de sanción. El caso funciona como un espejo incómodo. No solo habla de Brasil y de su régimen legal en torno al racismo. También nos devuelve preguntas menos tranquilizadoras sobre Argentina: ¿por qué un sector de la sociedad argentina parece sentirse más interpelado por la intervención judicial que por el racismo en sí? ¿Qué incomoda más: el gesto o su penalización? ¿La conducta individual o el dispositivo legal que la vuelve intolerable?
Durante décadas, el país sostuvo —con notable persistencia— la fantasía de su excepcionalidad: “En Argentina no hay racismo”, “acá no hay negros”, “ese es un problema de otros países”. Una narrativa eficaz, aunque cada vez más difícil de sostener. Lo que viajó de Brasil a Argentina no fue el gesto. Fue su judicialización. Brasil, con todas sus tensiones, desigualdades y violencias, ha construido un régimen legal donde el racismo ocupa un lugar explícito y central. No como una cuestión difusa de mala educación o exabruptos individuales, sino como un problema público susceptible de intervención penal. Ese marco jurídico no elimina el racismo, por supuesto. Pero lo sitúa en otro plano. Lo hace visible. Lo convierte en objeto de disputa social permanente.
En el país vecino, el racismo está en agenda. Se nombra, se discute, se legisla, se judicializa. No porque sea un problema resuelto —muy lejos de eso—, sino porque constituye una dimensión estructural imposible de invisibilizar. El contraste con Argentina es revelador. Aquí, el racismo rara vez ocupa un lugar central en la agenda pública y, cuando aparece, suele hacerlo bajo formas más tranquilizadoras: como anomalía individual, como exceso aislado, como problema de otros países. La narrativa nacional ha sostenido durante décadas una imagen extraordinariamente persistente, la de un país imaginariamente blanco, homogéneo, ajeno a los conflictos raciales que marcaron otras historias latinoamericanas.
“En Argentina no somos racistas”. “Acá no hay negros”. “Ese es un problema de Brasil, de Estados Unidos, de Europa”. En contraste con Brasil —país que recibió la mayor cantidad de personas esclavizadas del continente y donde hoy una porción sustantiva de la población se reconoce afrodescendiente—, la historia argentina estuvo atravesada por un proceso demográfico y político muy distinto. Durante el período colonial y buena parte del siglo XIX, la presencia africana en el Río de la Plata fue significativa, especialmente en los centros urbanos. Sin embargo, guerras, epidemias, altas tasas de mortalidad y procesos de mestizaje no alcanzan, por sí solos, para explicar la drástica reducción de la población negra. A esos factores, se sumó una política estatal sostenida, promovida por las elites, que hizo del “blanqueamiento” un horizonte explícito de nación: inmigración europea masiva, jerarquización racial silenciosa, invisibilización estadística y cultural de las poblaciones afro e indígenas. Más que un simple efecto del tiempo, se trató de un proyecto de país.
En Argentina, se hizo un esfuerzo por borrar la negritud y, a partir de allí, fue poco reconocida en las narrativas nacionales. La eficacia de esa narrativa es difícil de subestimar. El mito de la Argentina blanca no solo organizó imaginarios culturales. También estructuró formas de percepción social. Invisibilizó presencias históricas, diluyó conflictos, desplazó discusiones incómodas. No se trató únicamente de borrar raíces afro —aunque ese borramiento fue decisivo—, sino también de negar, durante generaciones, las indígenas, las mestizas, las que desordenan cualquier relato de pretendida homogeneidad blanca. En ese contexto, el racismo se vuelve un objeto difícil de nombrar. No porque no exista, sino porque resulta incómodo para una autoimagen nacional cuidadosamente construida.
Reconocer el racismo implicaría revisar algo más profundo que conductas individuales: implicaría interrogar las condiciones históricas, culturales y políticas que hicieron posible esa ficción de excepcionalidad. Tal vez allí resida uno de los efectos más interesantes de este episodio. No en la suerte judicial de una persona concreta, sino en la posibilidad de que ciertos hechos, al ser judicializados en otros contextos, desordenan nuestras propias certezas. Por eso, el caso incomoda tanto. No porque nos resulte ajeno, sino porque interrumpe una narrativa nacional extraordinariamente persistente: la de un país que aprendió a pensarse sin racismo porque aprendió, antes, a pensarse sin negros. No pretendo señalar a la figura individual que protagonizó el episodio. No hay aquí una investigación sobre su persona ni un interés en construir culpables ejemplares.
Lo verdaderamente relevante no es la biografía de una turista ni la moralidad de un gesto aislado, sino el modo en que ciertos hechos funcionan como catalizadores de incomodidades colectivas. Lo que el episodio activa en Argentina es otra cosa: una conversación incómoda que rara vez ocupa un lugar central en nuestras agendas públicas. La cuestión racial, históricamente desplazada, minimizada o directamente negada, reaparece entonces no como un problema ajeno, sino como una fisura en nuestra propia autoimagen.
En Argentina, se insulta diciendo “negro de mierda” y se aclara casi automáticamente: “De alma, no de piel”. Se insiste en que se trata de una condición moral, no de un color. Es un movimiento curioso (más volviendo a esta relación entre la ley y la moral, ¿no?). Es como si al insulto “culo roto” se le negara su origen homofóbico. Nadie lo hace porque es insostenible. Entonces, ¿por qué esta otra fórmula —tan extendida, tan naturalizada— sí parece resistir toda problematización? La operación es conocida: separar el racismo del color, vaciarlo de su historia, convertirlo en una metáfora social aparentemente inocente. Pero las palabras no se desprenden tan fácilmente de las jerarquías que las producen. En Argentina, las personas de piel oscura son minoría. Y es precisamente allí donde la discusión se vuelve más urgente. No porque el racismo dependa de cantidades, sino porque la persistencia del mito de homogeneidad blanca ha permitido invisibilizar experiencias, cuerpos y trayectorias históricas que nunca desaparecieron del todo.
Si en Brasil se habla de negros, pardos y marrones, en Argentina, la categoría parece diluirse en un término ambiguo: “Marrones”. Una palabra que nombra y, al mismo tiempo, desdibuja. Tal vez por eso resulte tan difícil traer el racismo a la agenda pública: porque hacerlo implicaría revisar no solo prácticas discriminatorias, sino la propia narrativa nacional que durante décadas sostuvo la ficción de una Argentina sin conflicto racial.
*Por Fernanda Caminos para La tinta.
