Salir de las llamas: el pueblo de Cholila se recupera de la catástrofe
Esta madrugada se detectaron dos nuevos focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut. Mientras se investiga su origen, más de 30 brigadistas accedieron al sector para contener el fuego. En los últimos días, sin embargo, las poblaciones de la cordillera patagónica transitaron el alivio de las llamas aplacadas después de más de 60 días devastadores. Se estima un total de 50.000 hectáreas afectadas y siguen las guardias en zonas calientes para prevenir reactivaciones. Después de la emergencia, quedan a la vista daños materiales, afectaciones emocionales, fallas en la gestión estatal y experiencias comunitarias que siguen trabajando para reconstruir la vida cotidiana.
Solíamos decir que lo difícil de vivir en la Patagonia era pasar los inviernos. Ya no. Este año confirmó que la estación seca, el verano, en medio del cambio climático a nivel global, se puede convertir en un infierno.
Hasta el mes de enero, Chubut se ubicaba como una de las 10 provincias con más territorios quemados desde 2019: 148.000 hectáreas. La cifra la posicionaba en el noveno lugar del ranking nacional —liderado por Córdoba, con 521.000 hectáreas—, según la información del Servicio Nacional del Manejo del Fuego analizada por Chequeado. Sin embargo, el dato quedó rápidamente desactualizado esta temporada, con más de 50.000 hectáreas quemadas en el bosque andino patagónico.
El primer incendio empezó el 9 de diciembre de 2025, en la margen oeste del lago Menéndez, en una zona intangible dentro del Parque Nacional Los Alerces. Durante más de dos meses, el fuego avanzó sobre 20.000 hectáreas de bosque nativo de alto valor ecológico, social y cultural. Los informes indican que el origen fue un rayo, durante una tormenta con más de 12.000 descargas eléctricas y que científicos de la zona advirtieron a tiempo. A fines de enero, el fuego cruzó la jurisdicción provincial, afectando también a las poblaciones aledañas e involucrando en los operativos a brigadas comunitarias y voluntarios.
El segundo incendio comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, localidad de El Hoyo, dentro de la llamada Comarca Andina. El fuego consumió más de 30.600 hectáreas de tierras, cruzó la Ruta 40, avanzó sobre la localidad de Epuyén, forzó miles de evacuaciones y llegó a afectar 34 viviendas. Cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios de diferentes provincias argentinas dieron combate en la Comarca, salvando casas, animales y porciones de bosque. El origen está siendo investigado en una causa a cargo del fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, quien declaró que se trató de un incendio intencional.
Cholila es una localidad chubutense de 2800 habitantes y el centro del pueblo se encuentra aproximadamente a 45 kilómetros en línea recta del origen de cada uno de los incendios. En el transcurso de dos meses, los dos frentes de fuego se aproximaron entre sí, arrasando con todo a su paso hasta el pequeño pueblo que quedó, a fines de enero, rodeado por las llamas. Leonardo Ocampo es docente y vecino de Lago Blanco, dentro de la jurisdicción de Cholila. En diálogo con La tinta, describe la situación como “un estado de catástrofe del que nadie salió indemne”.
El fuego dejó ver inoperancias gubernamentales y gestiones insuficientes, la acción de organizaciones comunitarias emergentes, el despliegue de operaciones mediáticas para perseguir a comunidades originarias, consecuencias del monocultivo de especies exóticas como el pino y la ausencia total de planes de prevención estatal. Hoy, los pueblos afectados se abocan a la reconstrucción de todo: los daños materiales, la conmoción compartida, la planificación de cara a un futuro que no promete mejores condiciones. ¿Cómo se vuelve a la cotidianeidad después de una tragedia como esta?
Estado de catástrofe
La semana pasada, las lluvias acumuladas rondaron los 30 mm y aplacaron las llamas que rodearon a Cholila por casi quince días. Sin embargo, todavía queda actividad latente en puntos calientes o rescoldos subterráneos que requieren una guardia de cenizas para prevenir reactivaciones. Las consecuencias totales son, todavía, desconocidas e imposibles de cuantificar. En tres de los valles que conforman Cholila —Villa Rivadavia, Villa El Blanco y Valle del Rincón—, se quemaron 15.000 hectáreas de bosques, mallines y matorrales. “En cuanto a daños materiales, se registró la pérdida total de una vivienda familiar en Villa Rivadavia y de otras cuatro viviendas de habitación temporaria en la zona de la ecoaldea, una zona aledaña al centro de Cholila. Hay gran destrucción de lo que es zonas de pasturas, las denominadas veranadas, que afectaron a varias familias de la localidad, extensísimas porciones de bosque de nativos y daños también de construcciones rurales, alambrados, galpones, pérdida de animales, tanto los de crianza como la fauna silvestre”, relata Leonardo. Además de declarar la “emergencia ígnea”, también asumida desde Nación y Provincia, el Concejo Deliberante de Cholila decretó un “estado de catástrofe”, otorgando facultades al Ejecutivo para tomar acciones urgentes de asistencia a las familias y combate contra el fuego.
Tanto en la Comarca Andina como en los poblados cercanos al Parque Nacional Los Alerces, la tragedia despertó una movilización muy fuerte de la comunidad. Cholila no fue la excepción y se conformaron brigadas voluntarias con personas, en su mayoría, primerizas en la tarea: “De modo espontáneo, surgieron organizaciones vecinales que, por un lado, dieron batalla cuerpo a cuerpo con el fuego con las herramientas con las cuales se contaba y con las que se fueron proveyendo a lo largo de los días. Y, a la vez, una apoyatura comunitaria en el plano de la logística”.
Leo destaca que un punto de encuentro entre diferentes actores fue advertir la fragilidad de las estructuras estatales, sobre todo, ante casos de emergencia: “Todos los recursos del Estado, tanto los que proveyó la Nación como los que llegaron de Provincia o los municipales, fueron insuficientes porque no alcanzaron para el tamaño del siniestro e inoportunos porque no llegaron a tiempo”.
“Frente a esa situación, la movilización de la sociedad civil está dejando como una sana consecuencia un incipiente movimiento de organizaciones vecinales en todos los valles, entre los cuales figuran como objetivos la conformación de brigadas estables de combate del fuego, la conformación de juntas vecinales o incluso algunas intenciones secesionistas de independizarse las villas respecto del centro de Cholila”, amplía el docente.
Las escuelas jugaron un papel muy importante para alojar la organización, abriendo sus puertas para recibir a las familias afectadas y establecer bases de logística para recibir donaciones y preparar viandas por centenas cada día para las brigadas voluntarias. “El Estado municipal y el operativo coordinado con Provincia asistió exclusivamente en las brigadas institucionales, es decir, bomberos y brigadas forestales, pero todo el otro movimiento espontáneo, comunitario, voluntario se encontró sin provisión ni de alimento ni de vivienda ni de pertrechos. Entonces, allí sí la comunidad se demostró muy eficaz para la consecución de esos recursos, para la distribución, para la comunicación y es uno de los aspectos interesantes que podemos pensar luego de salir de las llamas”.
En este contexto, algunos reclamos tomaron una dimensión más amplia, englobando otras problemáticas que también afectan a la localidad. Es el caso de Federico Márquez, un joven de 21 años que sostuvo una huelga de hambre de cinco días frente a la Municipalidad de Cholila. La medida se enmarcó en un movimiento reciente surgido en el pueblo que reclama un estado de abandono y falta de gestión del intendente Silvio Boudargham en infraestructuras básicas de funcionamiento del pueblo: el servicio de agua, el funcionamiento de las cloacas y del basurero municipal. “Problemáticas de larga data que recrudecieron en esta última etapa y que en el marco de la crisis de los fuegos, terminaron de fusionarse en un reclamo más general”, detalla Leonardo.
A nivel regional, también hubo expresiones masivas en marchas, concentraciones, cortes de ruta y otras acciones que exigieron al gobernador Ignacio Torres los recursos necesarios para apagar el fuego. Hoy, la gente se sigue reuniendo para actividades diversas: desde cursos de semillas nativas, hasta una página web que recolecta donaciones para familias y movilizaciones contra la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno de Javier Milei. Las asambleas vecinales, nuevas e históricas, trazan el mapa de la defensa del agua y de la vida, insistiendo en que la Patagonia no es zona de sacrificio. Desde lo particular a lo general, van uniendo puntos que denuncian los intereses del poder concentrado: desde el desfinanciamiento de los Servicios de Manejo del Fuego, pasando por los proyectos de megaminería e intereses inmobiliarios, hasta los convenios con la empresa israelí Mekorot para la gestión del agua.
Volver a la normalidad
Atravesar los incendios es también una batalla de emociones colectivas que surgen ante el peligro inminente. Algunas podemos sentirlas incluso quienes no estuvimos ahí: la preocupación constante, el dolor, el enojo, el miedo. Otras son imposibles de imaginar sin el cuerpo en el sitio y el vínculo con el territorio, pero, aún así, lleva tiempo procesarlas y nombrarlas. “Nos encontramos afectados o muy afectados, creo que ninguno ha transitado esto de modo indiferente o ha resultado indemne”, señala Leonardo y agrega: “En uno de los informes que hice para la supervisión escolar, yo hablaba de una vigilia traumática. Porque tratando de buscar una definición de cómo nos encontrábamos era eso: un estado de no descanso con este el trauma de no saber qué iba a pasar”.
La semana pasada se realizó un encuentro convocado por las áreas de salud mental de los hospitales de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, destinado a brigadistas y personas adultas con el objetivo de pensar cómo hablar con las infancias y las adolescencias respecto de esta tragedia: “Un concepto bien interesante que me traje respecto de estos incendios es que, a diferencia de los anteriores que habían sido muy violentos, pero más rápidos, este tuvo la particularidad de ser un incendio extenso que mantuvo en estado de asedio a las poblaciones por varios días, hasta casi dos semanas. Esto puede ser incluso más grave que la destrucción inmediata, porque nos sometió en largas jornadas a una situación de desesperación, de incertidumbre, de angustia y toda una batería de sentimientos en el hecho de encontrarnos, justamente, asediados. Me pareció que la figura es muy elocuente del modo cómo transitamos las últimas semanas por estos lugares”, detalla el docente.
Hoy, muchas personas empiezan a mostrar el deseo por volver a la vida cotidiana: “Vemos que en esos mensajes de ‘cuándo empiezan las mesas de exámenes, cuándo arrancan las clases’ hay un poco de esa intención, inconsciente quizás, de recuperar la normalidad a como dé lugar y dar vuelta de página. El reencuentro en las rutinas del año va a permitir, por un lado, tratar de recuperar la vida previa que teníamos el incendio. Pero también va a ser el espacio donde empiecen a aflorar las consecuencias de todos los órdenes, educativas, comunitarias, sociales, económicas, emocionales, psicológicas, que van a ir apareciendo conforme lo transite cada uno y cada grupo”.
El verano todavía no termina y la sensación de alerta tampoco. La certeza de que un incendio de esta magnitud puede volver a repetirse es insoportable y, a la vez, fundada, ya que los informes científicos advierten que el riesgo extremo va a continuar en los próximos años. La experiencia de la pequeña localidad de Cholila muestra que cada comunidad moviliza sus propias estrategias de protección y que son indispensables las acciones organizadas para preservar, denunciar, prevenir y acompañar antes, durante y después de la catástrofe.
*Por Jazmín Iphar para La tinta / Imagen de portada: Nicolás Palacios.
