Reforma laboral y sufrimiento psíquico
Nuestra salud mental es política: precariedad, tiempo y lazo social en disputa. La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no constituye un ajuste técnico orientado a mejorar la productividad, sino una transformación estructural de las reglas que organizan la vida cotidiana. La ampliación de la inseguridad laboral, la flexibilización del tiempo de descanso y el debilitamiento del lazo sindical configuran un escenario donde la incertidumbre deja de ser excepcional para volverse permanente. Sin estabilidad, no hay proyecto; sin límites claros, no hay recuperación posible y sin respaldo colectivo, el malestar se silencia. Lo que está en juego excede la normativa laboral: son los soportes materiales y simbólicos que hacen viable una vida digna.
Por Jaschele Burijovich del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos para La tinta
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no es una simple “modernización”: es una regresión en derechos laborales con herramientas del siglo XXI. Mientras el oficialismo la presenta en términos de productividad y “costo argentino”, queda fuera de la agenda una pregunta decisiva: ¿qué sucede cuando el trabajo deja de ofrecer estabilidad y comienza a ofrecer incertidumbre permanente?
No estamos ante un ajuste técnico, sino ante una transformación profunda de las reglas que organizan la vida cotidiana. Y cuando esas reglas cambian, cambian también las condiciones en que las personas viven, descansan, se angustian, sostienen vínculos y proyectan ―o dejan de proyectar― su futuro. Lo que está en juego no es solo el salario, sino los soportes materiales y simbólicos que hacen posible una vida con previsibilidad y dignidad.
Nuestra salud mental no es precariedad institucionalizada
La reforma no se limita a modificar artículos: convierte la incertidumbre en norma. Al facilitar el despido, extender el período de prueba y debilitar la estabilidad del vínculo laboral, incluso bajo figuras como la del “colaborador”, transforma la inseguridad en condición estructural del trabajo.
No hablamos de simple «estrés laboral». Hablamos de desestabilización biográfica. Cuando la continuidad del empleo deja de estar garantizada, se erosiona la posibilidad de planificar, sostener decisiones y construir una identidad vinculada al trabajo.
La evidencia sobre el impacto de la precarización es consistente: la inseguridad sostenida se asocia a ansiedad, alteraciones del sueño y desgaste emocional. No por fragilidad individual, sino porque la amenaza constante debilita los anclajes que sostienen la estabilidad subjetiva. Cuando la precariedad se vuelve política pública, se afecta la autonomía y la capacidad de imaginar un horizonte posible.
Nuestra salud mental no es apropiación de nuestro tiempo
El banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones se presentan como “flexibilidad”. En realidad, implican la subordinación del tiempo de vida a la lógica productiva.
El descanso es condición biológica y psíquica de recuperación. Cuando se fragmenta o queda sujeto a la demanda empresarial, se pierde la posibilidad real de desconexión. Sin pausas prolongadas y límites claros entre trabajo y vida, el cansancio se vuelve acumulativo. El desgaste emocional es el resultado de organizar el empleo sobre la base de la disponibilidad constante.
Nuestra salud mental no es soledad obligatoria
La reforma también impacta en el tejido colectivo. Las restricciones al derecho de huelga y a la acción sindical no solo modifican relaciones laborales: debilitan redes de apoyo que funcionan como sostén frente al abuso y la sobreexigencia.
El respaldo entre pares amortigua el estrés y permite que el conflicto se comparta. Cuando ese lazo se erosiona y se promueve la competencia individual, cada persona queda más expuesta frente a relaciones de poder asimétricas.
La soledad, en contextos de precarización, incrementa la vulnerabilidad psíquica y empuja el malestar hacia el silencio.
Nuestra salud mental no es culpa individual
La reforma también instala un relato: el del mérito como solución universal. Si te esforzás lo suficiente, vas a prosperar. Pero cuando el esfuerzo no alcanza, la explicación se desplaza hacia el individuo. El fracaso comienza a sentirse personal. La desigualdad se transforma en culpa.
Así, el conflicto político se privatiza. Se erosionan propósito, sentido y pertenencia: sin estabilidad, no hay proyecto; sin límites temporales, no hay organización del sentido; sin lazo colectivo, no hay experiencia compartida.
La salud mental no depende de la “resiliencia” individual, sino de condiciones sociales que habilitan estabilidad, vínculos y horizonte.
Nuestra salud mental no es abandono estatal
El retroceso laboral ocurre en un contexto de reducción de políticas sociales y de un sistema público de salud mental ya tensionado. Cuando el trabajo se vuelve inestable y el Estado se retira, el mensaje es claro: cada quien debe arreglárselas solo.
El sufrimiento comienza a naturalizarse. Pero el desamparo no es una sensación aislada. Es el efecto estructural de decisiones políticas que reducen la responsabilidad colectiva frente al malestar.
Nuestra salud mental requiere redes, condiciones materiales y un Estado que garantice derechos.
Nuestra salud mental es política
No hay macroeconomía “sana” con trabajadores/as agotados/as, aislados/as y culpabilizado/as. La salud mental no es un asunto privado: es un derecho. La reforma laboral no puede leerse aisladamente de sus efectos sobre la subjetividad y las condiciones de vida.
Al reducir protecciones, fragmentar el tiempo, debilitar la acción colectiva y promover la responsabilización individual, moldea la forma en que las personas experimentan su seguridad, su identidad y su futuro.
Cuando una política instala miedo como clima y privatiza el fracaso, estamos ante una forma de organizar la vida social que incrementa el sufrimiento psíquico. Desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado no es un actor neutral: tiene la obligación de sostener condiciones que hagan posible una vida digna y psíquicamente sostenible.
Avanzar en reformas que erosionan esos soportes amplía desigualdades y produce sufrimiento evitable. La salud mental no es una variable de ajuste. Es un derecho humano fundamental. Una economía que se sostiene sobre la inestabilidad, la fragmentación del tiempo y el aislamiento colectivo produce inevitablemente vulnerabilidad psíquica. La salud mental es el resultado de cómo se organizan el trabajo, el tiempo y los derechos. Y esas formas de organización son decisiones políticas.
*Por Jaschele Burijovich del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos para La tinta / Imagen de portada: Eze Luque para La tinta.
