Es urgente hablar de Cuba: el cerco energético de EE. UU. y el riesgo de una crisis humanitaria
Donald Trump endureció el bloqueo contra Cuba en enero con un nuevo asedio energético que amenaza con paralizar la isla. La estrategia norteamericana impide el suministro de petróleo mediante sanciones a terceros países y expone de forma directa a la población civil a un deterioro previsible de sus condiciones de vida.
El 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que califica a Cuba como una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense y habilita sanciones contra países o empresas que vendan “directa o indirectamente” petróleo a la isla. La medida profundiza el carácter extraterritorial del bloqueo y busca cerrar uno de los pocos canales que aún permiten sostener el funcionamiento mínimo de la economía cubana.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel informó que el último envío de crudo proveniente de Venezuela y México ingresó en diciembre pasado, y que el país se prepara para un «desabastecimiento agudo». En conferencia de prensa, el mandatario anunció medidas de emergencia para racionar el combustible y priorizar su uso en servicios esenciales. Además, reiteró la disposición del gobierno cubano a entablar un diálogo con Estados Unidos, siempre que sea sin presiones y en el marco del derecho internacional.
Trump afirmó públicamente que su administración mantiene negociaciones con “las figuras más importantes” del gobierno cubano. Sin embargo, funcionarios de alto nivel de ambos países negaron que existan conversaciones en curso. «Dice eso porque eso es lo que Marco Rubio le dice», revelaron fuentes al medio Drop Site.
Según la investigación realizada por periodistas de La Habana, México DF y Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ―hijo de padres cubanos― es el principal interesado en que las conversaciones fracasen, para que se caigan las vías diplomáticas y forzar un cambio de régimen.
El bloqueo criminal de EE. UU. a Cuba
El bloqueo a Cuba no es una medida nueva, es una política sostenida por Estados Unidos desde 1962. A lo largo de más de seis décadas, se consolidó un entramado de sanciones comerciales, financieras y diplomáticas que afectan de manera directa la vida cotidiana de la población. Según estimaciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), el impacto económico acumulado del bloqueo asciende a 2,1 billones de dólares.
Entre los principales instrumentos del bloqueo norteamericano se destacan:
🚫 Prohibiciones comerciales: las Cuban Assets Control Regulations (CACR, 1963) sancionan a empresas o gobiernos que exporten a Cuba bienes que contengan al menos un 10% de componentes estadounidenses.
🚫 Restricciones a las inversiones: las CACR impiden a personas o entidades bajo jurisdicción estadounidense realizar transacciones con propiedades cubanas.
🚫 Bloqueo financiero: se prohíben pagos, transferencias y operaciones en las que Cuba tenga algún interés, incluso cuando intervienen terceros países.
🚫 Bloqueo turístico: la Ley Torricelli (Cuban Democracy Act) establece que los barcos que atraquen en puertos cubanos no pueden ingresar a puertos de Estados Unidos durante los 180 días posteriores, medida que afectó directamente a la industria turística.
Además, el gobierno estadounidense condiciona la posibilidad de obtener un visado a quienes hayan visitado Cuba a partir del 12 de enero de 2021, cuando EE.UU. volvió a designar a Cuba como State Sponsor of Terrorism (Estado patrocinador de terrorismo).
🚫 Carácter extraterritorial: la misma ley prohíbe a filiales de empresas estadounidenses en el extranjero comerciar con Cuba y habilita sanciones contra gobiernos que brinden asistencia a la isla.
🚫 Blindaje legal del bloqueo: la Ley Helms-Burton (Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) convirtió este entramado de sanciones en legislación federal, lo que limita severamente la capacidad del Poder Ejecutivo para revertirlo sin intervención del Congreso.
🚫 Cerco energético: la fase más reciente y crítica, orientada a impedir definitivamente el acceso de Cuba al petróleo importado mediante amenazas a terceros países.
A pesar de que muchos detractores del gobierno cubano pretenden negar el bloqueo, el propio presidente Trump admitió en enero de este año: “No creo que se pueda ejercer mucha más presión en Cuba, salvo entrar y destrozar el lugar sin piedad”.
La crisis energética como castigo colectivo
Cuba no produce petróleo suficiente para cubrir su demanda interna. Eso no es un problema puntual de la isla, si se tiene en cuenta que menos del 5% de los países son totalmente autosuficientes energéticamente. La mayoría depende de importaciones y aproximadamente el 80% de la población mundial vive en países importadores netos de combustibles fósiles.
Dicho esto, durante años, Cuba dependió demasiado del suministro venezolano, que comenzó a reducirse incluso antes de la actual escalada de sanciones. A esto se suma la caída del turismo —producto tanto del endurecimiento del bloqueo como de las consecuencias de la pandemia—, que redujo el ingreso de divisas y limitó la capacidad del país para acceder a mercados alternativos. Y la situación se agrava aún más por el deterioro de gran parte de la infraestructura termoeléctrica —que requiere inversiones y mantenimiento constantes— que la gestión actual no ha solucionado en tiempo y forma, ni ha sabido suplir con el despliegue de energías alternativas.
En este contexto, Trump endurece aún más el asedio a Cuba con el objetivo de acelerar una crisis interna y mejorar la posición negociadora de Washington, usando como moneda de negociación la calidad de vida de casi 10 millones de cubanos y cubanas.
Si Cuba se queda sin petróleo, las centrales termoeléctricas ―que queman petróleo para generar electricidad― quedan fuera de servicio y se multiplican los cortes de energía. La falta de electricidad y combustible afecta la distribución de agua potable; la producción y conservación de alimentos; el funcionamiento de hospitales, escuelas y universidades; el transporte público, privado y la recolección de residuos; y la principal fuente de ingresos de la isla, que es el turismo.
El uso del desabastecimiento de bienes esenciales como herramienta de presión política contra una población civil constituye una forma de castigo colectivo prohibida por el derecho internacional. No se trata de defender a un gobierno, sino de denunciar una política abusiva que expone a millones de personas a condiciones de vida cada vez más precarias como parte de una disputa geopolítica y una lógica imperialista.
Que una superpotencia como Estados Unidos utilice el hambre y la energía como arma contra un país que, de ninguna manera, representa una amenaza para su seguridad es un acto criminal que merece el repudio y la reacción concreta de la comunidad internacional.
*Por Ezequiel Luque para La tinta / Imágenes: Eze Luque.
