La universidad pública no se rinde y el conflicto se profundiza
La UNC y el sistema universitario argentino afrontan un 2026 atravesado por la tensión de dos años de conflicto ininterrumpido, donde las federaciones docentes y no docentes decidieron que el ciclo lectivo arranque con medidas de fuerza. En ese contexto, Leticia Medina, secretaria general de ADIUC, alerta que el gobierno “está decidido a incumplir la ley” y enfatiza que el esfuerzo unificado del sector es clave para sostener la universidad pública. A la vez, reconoce logros concretos: “Lo más importante es que logramos una ley de financiamiento universitario que fue nuevamente apoyada luego del intento de veto”, y subraya que la universidad sigue siendo un horizonte de esperanza que unifica voluntades y define un espacio de disputa que trasciende las aulas.
¿Qué dejó la lucha sostenida de los últimos dos años en defensa del financiamiento, el salario y el sistema científico? ¿Cómo comienza el 2026 para la Universidad Nacional de Córdoba y para el sistema universitario argentino en su conjunto? ¿Qué escenario se abre frente al gobierno de Javier Milei, que desconoce una ley vigente y fuerza nuevas instancias de negociación? En este contexto, La tinta conversó con Leticia Medina, secretaria general de la CTA de los Trabajadores de Córdoba y de ADIUC, doctora en Ciencias Sociales y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, para trazar un mapa del presente universitario.
El año arranca atravesado por una tensión que no se resolvió con la sanción de la ley de financiamiento universitario. Aunque la norma fue ratificada por el Congreso y logró revertir el veto presidencial, el conflicto sigue.
«Estamos frente a un gobierno que está decidido a incumplir la ley”, advierte Medina y señala que las negociaciones en curso buscan, una vez más, “ir por fuera del marco legal” para evitar dar respuesta a una crisis que ya desbordó el ámbito universitario.
Después de dos años de conflicto ininterrumpido, el diagnóstico dentro del sistema es compartido. Para la secretaria del gremio de docentes universitarios de Córdoba, hay una claridad de que “a esta lucha hay que seguir dándola de manera unificada, a nivel nacional y federal, con todos los actores universitarios dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de la universidad pública y de la dignidad salarial”.
Esa definición se expresa en la antesala del ciclo lectivo. Las federaciones docentes y no docentes, junto con el resto de los actores, resolvieron que el inicio de clases estará marcado por medidas de fuerza. Y esto ―sabemos― no es una decisión aislada, sino de la continuidad de un proceso que ya advirtió que, en las condiciones actuales, las universidades no pueden sostener su funcionamiento con normalidad.
El conflicto nacional tiene, además, expresiones concretas en cada casa de estudios. “Así como nuestro frente sindical y nuestras federaciones dialogan con el Consejo de Rectores (CIN) como institución, en cada universidad los gremios de base también sostenemos diálogos con nuestros rectores. Ellos no solo tienen un rol político dentro del CIN, sino también capacidad de resolver y abordar situaciones de orden local, que impactan directamente en la calidad del trabajo y de la enseñanza”, explica la dirigente.
En el caso de la UNC, Medina señala que persisten deudas estructurales con sus trabajadores. Casi un tercio de los cargos se encuentra en condición de interinos con cinco o más años de antigüedad, a lo que se suma una tensión creciente entre las transformaciones académicas y la realidad laboral: mientras los salarios se derrumban, la universidad avanza en la apertura de carreras a distancia y en cambios educativos necesarios, “pero sin contemplar la organización del trabajo ni la situación crítica que atraviesa hoy la docencia”, remarca.
Aun así, propone no leer el presente solo desde el desgaste. Frente a la sensación de que la pelea no arroja resultados inmediatos, plantea la necesidad de reconocer lo conquistado. “Pareciera que nada de lo que hemos hecho ha dado resultado. Sin embargo, la primera tarea es reconocer lo que sí logramos gracias a una pelea histórica, por su duración, su intensidad y su extensión”, afirma. Y subraya: “Lo más importante es que logramos una ley de financiamiento universitario que fue nuevamente apoyada luego del intento de veto”.
Ese proceso dejó, además, una señal política que excede al ámbito universitario. Las movilizaciones masivas y el respaldo social que acompañaron el conflicto mostraron un nivel de consenso poco frecuente. Para Medina, ese apoyo indica “qué cosas le importan al pueblo argentino”. Y agrega: “Y es una buena señal que la universidad, la ciencia y la técnica sigan siendo un horizonte de esperanza, y que unifiquen voluntades, deseos y consensos”.
Esto no ha sido espontáneo. “Eso se logró gracias a la capacidad de dejar de lado diferencias coyunturales o tácticas para concentrarnos en cuestiones estratégicas comunes entre todos los sectores universitarios y también con otros sectores que, sin pertenecer a la universidad, entienden que la universidad es parte de de una salida para los problemas de nuestro país y para este presente tan tan ominoso, tan oscuro”, afirma.
Desde esa experiencia, se proyecta la etapa que comienza. La apuesta, tanto desde el frente sindical como desde las federaciones y las mesas de negociación en cada universidad, es fortalecer el carácter nacional, federal y unificado del sistema universitario argentino. El 2026 se anuncia complejo y la universidad pública vuelve a pararse como un territorio de disputa, pero también como un espacio donde todavía se juegan otras posibilidades para el futuro.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: Fernando Bordón para La tinta.
