Cinco años de aborto legal: ¿cómo es el acceso en Córdoba?
La Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo cumple cinco años. En un contexto de retroceso en materia de derechos, durante el 2025, FUNDEPS elaboró un informe sobre las condiciones de acceso en el sistema público de la provincia de Córdoba, que compartimos en esta nota.
Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky para La tinta
La Ley n.° 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) acompaña la posibilidad de barajar opciones, imaginar futuros y decidir sin riesgos y en la legalidad. Es una ley que entiende y permite pensar las maternidades como una elección de vida. El 30 de diciembre se cumplen cinco años de su aprobación y décadas de lucha feminista que la antecedieron y construyeron, la hicieron una ley profundamente colectiva, participada y debatida. Fueron largos años de ensayar estrategias, de investigar sobre prácticas seguras, de aprender a acompañarnos, de miles de experiencias dolorosas en la clandestinidad, de persecución y riesgos.
En estos cinco años, lejos de descansar en la aprobación de la Ley, las organizaciones feministas y las personas efectoras de salud comprometidas con garantizar el acceso al aborto trabajaron para que la implementación sea una realidad en todos los territorios. En el contexto actual de ataque sistemático a nuestros derechos y de retroceso en materia de género y salud sexual, las organizaciones generan acciones para frenar los cuestionamientos y amenazas que se reactivan.
Para comprender el estado actual del acceso al aborto en Córdoba, el 9 de diciembre pasado, en el Museo de Antropologías, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) presentó un avance del informe a cargo de Consuelo González Claria, que estará completo y disponible a partir de febrero. Los datos preliminares están acompañados de un recursero digital dirigido a equipos de salud, con guías, publicaciones de referencia y recursos audiovisuales; y una campaña de comunicación dirigida a jóvenes.
Entre los meses de mayo y octubre del 2025, le preguntaron a más de 80 trabajadores y trabajadoras de salud de la provincia de Córdoba sobre los avances y desafíos del acceso al aborto hasta las 14 semanas de gestación. Según los resultados preliminares de la investigación, hay un proceso de expansión y naturalización del aborto, disminuyendo las resistencias institucionales para realizarlo: “A mayor conocimiento y práctica, mayor legitimidad y disminución del conflicto”.
Los principales obstáculos para el acceso provienen mayormente de quienes ocupan las áreas de farmacia, guardia y ginecología. En la ciudad capital, el 75% respondió que recibe bastante o mucho apoyo institucional para realizar interrupciones de embarazo, mientras que, en el interior de la provincia, desciende al 57%, con menos legitimidad en el norte y en el oeste provincial, donde la opción mayoritaria es “poco apoyo” con 42% y 66% respectivamente. “El conocimiento y el valor de los equipos no constituye algo dado, fueron procesos de construcción de años, con estrategias específicas de información, persuasión y trabajo”.
En conversación con La tinta, Romina Pezzelato, coordinadora del Área de Géneros y Diversidad de FUNDEPS, explicó que uno de los desafíos que emergieron del estudio es la necesidad de mayor capacitación y profundización del trabajo con ginecología, ya que hoy el aborto está siendo garantizado, en gran medida, por el personal de medicina general y familiar. Según las encuestas, si bien la mayoría accedió a formaciones a partir del cambio normativo en 2020, el 40% no las recibió en su lugar de trabajo.
Uno de los puntos críticos del estudio es la situación laboral del personal de salud que realiza las interrupciones de embarazo. La mayoría de los equipos entrevistados son acotados, con una o dos personas trabajando, y se evidencia desigualdad y heterogeneidad de las condiciones laborales entre el ámbito municipal de la capital y el interior: las personas de planta permanente se concentran en los centros de salud y hospitales de la ciudad de Córdoba, mientras que las monotributistas son mayoría en los centros de atención primaria de salud del interior provincial.
“Nos sorprendió la cantidad de gestores que son objetores de conciencia en los distintos territorios y que argumentan que no es necesariamente por razones morales o religiosas, sino que tiene que ver con la sobrecarga de tareas diarias que sostienen y que no pueden asumir, además, garantizar el aborto. Esa fue una de las sorpresas de los hallazgos”, refirió Pezzelato.
Al consultar por las prácticas para interrumpir embarazos, predominó el tratamiento farmacológico con misoprostol solo, seguido del combinado con mifepristona. La aspiración manual endouterina (AMEU) se practica en el 20% de los lugares de trabajo y el 62% confirmó que realiza consejería y asesoría para acceder a esta práctica. Sin embargo, la Ley hace énfasis en la necesidad de garantizar el acceso a servicios de aborto por medio de todas las técnicas avaladas científicamente. El 8% de los servicios consultados continúan realizando legrados, una práctica obsoleta a nivel internacional que debe ser reemplazada por la técnica de aspiración. El rechazo de los avances y las innovaciones tecnológicas pone en peligro la calidad de la atención y restringe el ejercicio del derecho.
“Está la necesidad de seguir avanzando sin pausa en formaciones en AMEU en todos los territorios de la provincia y en todos los niveles de atención. Para derribar mitos, prejuicios y miedos que hay en los equipos de salud, y para disminuir los niveles de derivaciones que hay entre los distintos ámbitos para la realización de AMEU”, detalló la coordinadora.
En el estudio, se destacan las barreras para acceder al aborto, que persisten con mayor intensidad en el interior de la provincia. El 52% expresó que el mayor problema se relaciona al transporte y los traslados, mientras que el 41% refirió escasez de personal, principalmente en los hospitales de la capital. Otros puntos fueron las dificultades para sacar turnos (34%) y lo vinculado a lo económico en general. Casi el 35% reconoce que hay malos tratos hacia quienes deciden abortar, como brindar información incorrecta o incompleta, expresar desinterés en la mesa de entrada, realizar comentarios estigmatizantes, dilatar el otorgamiento de turnos, pedir estudios complementarios innecesarios, negarse a atender, practicar violencia durante la ecografía, entre otros.
“A pesar de que hay un clima social regresivo en torno al derecho al aborto, esto no se ha plasmado aún en mayores restricciones en el acceso ni en mayores resistencias en las instituciones en términos concretos”, explica el informe. Sin embargo, la implementación de la Ley en la provincia habría tenido un primer momento de ampliación y, actualmente, un proceso de retracción en el interior, evidenciado por la finalización del Plan de Radicación de Médicos en el Interior de la Provincia de Córdoba, que garantizaba la atención en zonas alejadas de las grandes urbes.
El 20% de las personas encuestadas refirió tener dificultad de acceso a medicamentos, principalmente a la mifepristona, seguido del misoprostol y, muy por debajo, a los analgésicos. Según Pezzelato, uno de los emergentes más valiosos del estudio fue encontrar, al menos en el universo indagado, que el recorte en la distribución de insumos que vienen de nación aún no impactó en términos de acceso. “Por un lado, porque siguen activas políticas públicas a nivel provincial que están garantizando la presencia de insumos en los territorios y, por otro, por todo el circuito y las redes entre los equipos de salud y de acompañantes que garantizan el acceso y que desarrollan las estrategias necesarias para que los insumos estén en donde cuesta que lleguen”, explica.
Las respuestas dan cuenta de un alto porcentaje de buenas prácticas de atención en toda la provincia, como brindar explicaciones a las personas acompañantes, la utilización de dibujos para mejorar la comprensión de las adolescencias, realizar ajustes para que las personas con discapacidad participen de la toma de decisiones, consultar el pronombre con que las personas prefieren ser nombradas, no dar por sentado prácticas sexuales heteronormadas, resguardar la confidencialidad en la atención a niños, niñas y adolescentes, y trabajar de forma interdisciplinaria con esta población.
“Para nosotras, un emergente valioso es la satisfacción de saber que se está garantizando el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en la provincia de Córdoba; que los equipos y las redes continúan activos, pese al contexto nacional”, concluye Pezzelato.
*Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky para La tinta / Imagen de portada: Iván Brailovsky para La tinta.
