Plaguicidas fuera de control: la deriva arrasa la producción hortícola en Pilar, Río Segundo, Río Primero y Costa Sacate
En la llamada Región Alimentaria de Córdoba, la deriva de plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas) es uno de los principales factores de pérdida productiva y de riesgo socioambiental. Ni es un episodio aislado ni de una coyuntura excepcional. Es un problema que se repite año tras año, que se intensifica en los meses de primavera y que ocurre a pesar de la existencia de normativas provinciales que regulan el uso de herbicidas hormonales.
Desde 2020, funciona en la zona la Mesa Agroclimática y Ambiental de Río Segundo y Pilar (MACA), un espacio intersectorial integrado por familias productoras hortícolas, facultades de la Universidad Nacional de Córdoba —Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Ciencias Sociales—, municipios, áreas de salud y ambiente, técnicos del Estado y organizaciones territoriales. En diálogo con La tinta, describen la situación que están viviendo en la zona como grave y sostenida.
Más calor, más volatilización, más deriva. Entre agosto y diciembre, cuando se intensifican las aplicaciones de herbicidas en los sistemas extensivos de soja y maíz, y coinciden con el momento de mayor sensibilidad de los cultivos hortícolas, la situación es peor. La combinación de altas temperaturas, vientos frecuentes e inversiones térmicas favorece la volatilización de productos como el 2,4-D, que se desplazan fuera del área de aplicación y alcanzan zonas periurbanas, quintas productivas, escuelas rurales y viviendas. El resultado es un daño que va más allá del campo donde se aplican los agroquímicos y afecta directamente la producción de alimentos, el ambiente y la salud de las comunidades.
“La deriva de agroquímicos no es un fenómeno nuevo ni excepcional, sino una consecuencia recurrente del modelo de producción agrícola dominante”, señalan desde la Mesa.
Los efectos sobre los cultivos, además de muy visibles, son cada vez mas frecuentes. Pérdidas totales o parciales de cosechas, plantas con deformaciones severas, necrosis, detención del crecimiento, alteraciones en el sabor y pérdida de calidad comercial.
Durante septiembre, octubre y noviembre de este año, ningún productor logró obtener cultivos de hoja comercializables. “Para ilustrar la magnitud del impacto: en la feria de productores de Río Segundo durante la segunda quincena de noviembre, ningún productor pudo llevar lechuga porque no lograron un producto cosechable, es decir, presentó alteraciones en su sabor y calidad, por lo cual no la aceptan en el mercado y en las ferias locales. Cultivos como lechuga, espinaca, rúcula, cebolla de verdeo, tomate, papa, zapallo y plantas aromáticas atraviesan fases clave de crecimiento y floración, en las que las exposiciones a estos productos pueden provocar daños severos, pérdida total de las cosechas y la imposibilidad de venta de los productos”, cuentan a La tinta.
En Río Primero, la deriva provocó fitotoxicidad en cultivos de papa, generando reclamos que tuvieron escasa visibilidad pública, “pese a tratarse de un problema público que compromete el ambiente y la salud de toda la comunidad”, subrayan las familias productoras y las especialistas.
El impacto también afecta a la biodiversidad local, la flora nativa, los cercos vivos y el arbolado urbano, además del potencial impacto sobre suelos y cursos de agua por deposición secundaria de herbicidas. En el plano sanitario, se registra la exposición involuntaria de familias rurales, niños y trabajadores agrícolas, lo que genera preocupación en escuelas rurales y centros de salud por casos compatibles con exposiciones agudas. A nivel social y económico, las pérdidas productivas reducen ingresos, comprometen la continuidad de las unidades productivas y aumentan la dependencia de mercados mayoristas lejanos, encareciendo el acceso a alimentos frescos para las comunidades.
La persistencia del problema también afecta los procesos de investigación y extensión. Los ensayos a campo desarrollados por el Equipo de Periurbanos y Agroecología (EPA) junto a productores y productoras no pudieron completarse, ya que los cultivos bajo estudio no logran desarrollarse por efecto de las derivas. Esto no solo genera pérdidas económicas, sino que limita la producción de evidencia científica orientada al desarrollo de sistemas agroalimentarios más sostenibles.
Normativa vigente, pero control cero
En Córdoba, desde 2017, rige una normativa que prohíbe la formulación éster del herbicida 2,4-D y, en el departamento Colón, se prohibió su uso en primavera mediante la Resolución 341/2025 del Ministerio de Bioagroindustria, debido al impacto sobre la producción de vid. Sin embargo, en las zonas hortícolas de Pilar y Río Segundo, los daños continúan registrándose de manera sistemática.
A comienzos de diciembre, se realizó un taller junto a las y los productores para evaluar el proceso de investigación participativa y abordar la problemática de las derivas.
Durante el encuentro, se mencionaron pérdidas totales de cuatro o cinco cultivos por productor, principalmente de hojas, con la lechuga mantecosa como la más afectada. Las pérdidas por cultivo oscilaron entre 400.000 y 500.000 pesos por la imposibilidad de comercialización, mientras que el daño estimado por hectárea varía entre 5 y 7 millones de pesos, sin considerar la inversión en mano de obra e insumos. El 100% de los productores presentes afirmó haber sido afectado por la deriva en más de un evento durante la primavera, lo que obligó a resembrar varias veces.
Las familias productoras reclamaron controles efectivos, monitoreo en los períodos críticos, acompañamiento institucional para realizar denuncias y peritajes rápidos, y mecanismos de resarcimiento económico. “El mayor daño a los cultivos de hoja fue por la deriva, más que por los insectos, más que por la piedra o el calor”, expresó uno de los productores, una frase que sintetizó el consenso del encuentro.
Como coincidieron los referentes locales, la deriva no se solucionara solo con buenas prácticas individuales responsables. Señalaron que hacen falta normas precisas, controles reales y cambios en la forma en que se aplican las prácticas en los sistemas extensivos. También reclamaron políticas públicas que valoren a las zonas hortícolas como espacios estratégicos, tanto para garantizar la producción de alimentos como para proteger la salud de la población. “Se trata de un problema político y estructural”, afirmaron con énfasis ante este medio.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
