La crisis venezolana y el reflejo imperial de Estados Unidos

La crisis venezolana y el reflejo imperial de Estados Unidos
2 diciembre, 2025 por Gonzalo Fiore Viani

Detrás de sanciones, cierres de espacio aéreo y presiones diplomáticas, Washington vuelve a actuar como árbitro del futuro regional. Su estrategia acelera la fragilidad venezolana, pero también revive el riesgo de una intervención que podría desestabilizar a toda Sudamérica.

Estados Unidos vuelve a colocarse en el centro de la crisis venezolana como si la región fuese un tablero secundario donde ensayar su política exterior. La doctrina cambia de nombre —antiterrorismo, lucha contra el narcotráfico, restauración democrática—, pero la lógica es la misma desde hace décadas: imponer condiciones bajo la premisa de que la estabilidad hemisférica solo puede garantizarse desde Washington. 


La aceleración de movimientos diplomáticos, cierres de espacio aéreo y presiones directas confirma que la Casa Blanca no está reaccionando a Venezuela: está moldeando el escenario para decidir unilateralmente qué tipo de transición es aceptable y cuál no, ignorando por completo los costos que estas maniobras pueden tener para el resto de América Latina.


En los últimos días, la política venezolana entró en una fase que ya no puede describirse como ordinaria. Los movimientos diplomáticos y militares se aceleraron, las filtraciones se multiplicaron y el margen de error se redujo a cero. Las piezas empiezan a encajar: el conflicto interno, la presión internacional y las decisiones de Washington convergen hacia un escenario que, si no es terminal, al menos marca un punto de inflexión.

Reuters filtró los supuestos detalles de la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro del 21 de noviembre, una conversación que duró menos de quince minutos, pero dejó expuestos, como pocas veces, los márgenes reales de maniobra del chavismo en esta etapa. Según lo publicado, Maduro pidió lo que, en cualquier manual, solo aparece cuando un régimen sabe que ya no controla todas las variables: amnistía legal completa para él y su familia, el levantamiento total de las sanciones estadounidenses, el cierre de su expediente en la Corte Penal Internacional y la eliminación de las restricciones contra más de cien funcionarios acusados de violaciones de derechos humanos, corrupción y narcotráfico.

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Imagen: Reuters/Anna Rose Layden.

A eso, le sumó una propuesta que, en otro contexto, habría sido impensada: que Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino antes de avanzar hacia nuevas elecciones. Era, en los hechos, el reconocimiento de que el tiempo político del madurismo ya no depende solo de Caracas, sino de su capacidad —cada vez menor— para negociar su salida con Washington.

Trump rechazó casi todo. Pero dejó abierta una única ventana: una semana para que Maduro abandonara Venezuela junto a su familia, con garantías mínimas de seguridad y un destino libremente elegido. El plazo venció el viernes. Que no lo haya utilizado habla de la encrucijada interna, de las tensiones entre facciones y de un sistema que, aunque exhausto, todavía se resiste a aceptar su propio epílogo.

El sábado, Trump declaró el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”, un gesto simbólico, pero también operativo, pensado para limitar cualquier intento de fuga improvisada o maniobra de último minuto. Desde entonces, la administración de Maduro solicitó otra llamada con la Casa Blanca. Washington, según una fuente citada por la agencia, no descarta una salida negociada, pero las diferencias siguen siendo profundas.

Pero la llamada fue apenas el episodio más visible de una estrategia que Estados Unidos ya venía desplegando: endurecimiento progresivo de sanciones, presión diplomática y contactos constantes con aliados regionales. Funcionarios estadounidenses comenzaron a hablar abiertamente de “derisking geopolítico”: el objetivo no es improvisar un cambio de régimen, sino crear condiciones para que Maduro evalúe que quedarse es más peligroso que irse.

La inteligencia estadounidense considera que Caracas ya perdió el control territorial pleno, especialmente en zonas fronterizas dominadas por estructuras armadas irregulares. Describe al régimen como “cada vez más fragmentado”, con facciones compitiendo por garantizar su propia supervivencia ante un posible colapso controlado. En ese marco, Washington busca evitar un vacío de poder que derive en un conflicto interno o en la expansión de actores no estatales. La presencia del ELN, facciones disidentes de las FARC y redes criminales transnacionales está en el centro del cálculo.

De acuerdo con fuentes militares, los ejercicios navales recientes en el Caribe, la mayor vigilancia aérea y la revisión de protocolos sobre interdicción de vuelos sospechosos no buscan “planificar una intervención”, sino impedir que Maduro intente una huida apresurada o que actores armados aprovechen la incertidumbre para desestabilizar aún más la región.

La administración Maduro ya pidió otra llamada con Trump. Lo que esto revela es más importante que la llamada misma: está negociando desde la necesidad. Su apuesta ya no es permanecer indefinidamente, sino administrar la forma de su propia salida.

La historia demuestra que América Latina rara vez sale indemne de operaciones militares impulsadas desde Washington: generan efectos que exceden cualquier objetivo inicial. Una intervención estadounidense en Venezuela no sería un episodio quirúrgico ni un “cambio de régimen” limpio, sino la apertura de un escenario profundamente desestabilizador para toda Sudamérica. El país alberga una de las fuerzas armadas más grandes del continente, milicias paralelas, grupos irregulares en zonas fronterizas y redes criminales transnacionales que hoy funcionan como parte de la economía política del poder.


Cualquier intento de intervención —sea directa, encubierta o bajo la forma de una coalición ad hoc— podría encender un ciclo de violencia regional sin precedentes desde las guerras centroamericanas de los años 80, con desplazamientos masivos, represalias internas y riesgo de que actores no estatales rellenen el vacío de autoridad.


Y el problema no es únicamente militar. Una acción estadounidense tendría un efecto dominó en un espacio sudamericano marcado por gobiernos frágiles, polarización extrema y economías al borde del colapso. Países como Colombia o Brasil quedarían forzados a tomar posición en un conflicto que haría estallar sus propias grietas internas; otros, como Chile o Argentina, enfrentarían olas migratorias imposibles de gestionar si Venezuela se fragmenta.

La intervención podría, además, reactivar rivalidades geopolíticas de gran escala: Rusia e Irán poseen intereses en Venezuela, China mantiene inversiones estratégicas y presencia financiera.


En un mundo ya tensionado, convertir el Caribe en un nuevo tablero de confrontación entre potencias sería la receta perfecta para una crisis prolongada que ninguna capital latinoamericana está en condiciones de absorber.


Si algo enseña la historia reciente es que Estados Unidos nunca paga el precio completo de las crisis que ayuda a detonar. Lo hace la región: con migraciones masivas, con inestabilidad política, con economías fracturadas y sociedades polarizadas hasta el límite. Washington opera bajo la lógica de que sus intervenciones tienen siempre un “costo calculado”, pero ese cálculo nunca incorpora el largo plazo latinoamericano. 

La tentación de volver a intervenir —directa o indirectamente— en Venezuela puede resultar funcional a sus intereses inmediatos, pero para Sudamérica, sería repetir una vieja trampa: permitir que un actor externo decida el futuro del continente y luego se retire, dejando atrás la factura de un caos que no le tocará administrar.

*Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta / Imagen de portada: Reuters.

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Palabras claves: Donald Trump, Estados Unidos, Nicolás Maduro, Venezuela

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