«Yo sí te creo», el grito global contra el abuso sexual a las infancias y adolescencias
Bajo el argumento desaprensivo del “no hay plata”, el gobierno de Javier Milei desmanteló la institucionalidad y recortó el presupuesto de programas fundamentales para prevenir y abordar la violencia de género y las violencias que afectan a infancias y adolescencias. Como cada 19 de noviembre, a las 18 horas en el Patio Olmos, sobrevivientes, madres protectoras, profesionales y cuidadoras militantes feministas alzan sus pañuelos rojos contra el abuso sexual en las infancias y adolescencias.
Por Camila Barey* para La tinta
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual contra las infancias. De acuerdo a los datos del Programa “Las Víctimas Contra Las Violencias”, en el 74,2% de los casos, lxs agresores son del entorno cercano de la víctima: 56,5% familiares y 17,7% conocidos no familiares. Al ser un crimen que generalmente ocurre entre cuatro paredes, la detección de que la infancia fue o está siendo víctima de abuso sexual depende de escucharle para saber qué pasó.
La palabra de las infancias es la descripción más importante, poderosa y, en muchas ocasiones, la única evidencia del abuso cometido en su contra. En Argentina, se estima que, de cada 1000 abusos sexuales, solo se denuncian 100 y apenas uno recibe condena. Esto evidencia el funcionamiento adultocéntrico y patriarcal del sistema judicial, incapaz de brindar una respuesta a quienes son vulneradxs. En los casos en que hay sentencia condenatoria a quien abusa, se reconoce socialmente la verdad de las víctimas y se repone algún tipo de reparación. Cuando el aparato judicial no lo hace, no solo no atiende el daño original, sino que inflige uno nuevo: la indiferencia ante el dolor de las víctimas y el no creer su palabra.
Nadie está exento de que le pueda ocurrir algún episodio de violencia sexual, directamente o en su mundo cercano.
Después de ciertos e históricos avances de derechos a nivel nacional en políticas de género, hoy estamos atravesando una reacción adversa y poderosa ante un movimiento social o político. En los casos de abuso sexual hacia infancias y adolescencias (ASI) en Argentina, el proceso de backlash inició a fines de los 90, cuando se comenzó a cuestionar la protección de las infancias. La reacción negativa y violenta contra profesionales que trabajaban acompañando esas situaciones se dio a través de diferentes campañas por parte de los progenitores que habían sido alejados de sus hijxs por causas judiciales, en algunos casos, por denuncias de incesto paterno filial. Estos hombres, con el apoyo de algunos abogados y supuestos “testigos expertos”, desplegaron una fuerte ofensiva para invalidar las denuncias en su contra, desprestigiar a lxs profesionales que trabajan en la temática y, finalmente, desmantelar los servicios públicos que brindan atención a las víctimas.
Esta reacción continúa vigente. Lo podemos ver en el reciente caso de Constanza Taricco, que si bien no es una causa de ASI, retrata cómo está operando la Justicia. La jueza Sandra Cúneo de Villa Dolores desoyó a las infancias y ordenó la restitución de los dos hijxs para que estén con el progenitor en Alemania. Fue un proceso plagado de irregularidades, sin perspectiva de género y de infancias. En principio, fueron por la madre y, luego, la Fiscalía de Cura Brochero giró antecedentes al Tribunal de Disciplina de las cuatro abogadas que acompañan el caso. Finalmente, el Poder Judicial avaló el secuestro institucional y hoy uno de lxs niñxs está viviendo en Alemania.
Una de las prácticas más habituales y condenables dentro del Poder Judicial es la aplicación del inexistente síndrome de alienación parental (SAP) que se utiliza para negar la veracidad del testimonio de las infancias, afirmar que el niñx está “alienadx” por la madre (o la persona cuidadora que denuncie) y destinarla a la criminalización. Lo que se busca con ese tipo de ataque a cuidadoras y profesionales (médicxs, abogadxs, docentes, psicólogxs) es invertir el sentido de la conducta abusiva, atribuyéndoselo a quien denuncia o protege, y buscando reforzar la impunidad de quien ejerce la violencia.
En Córdoba, está el caso de Flavia Saganías, condenada a 23 años de prisión en noviembre de 2019, acusada de planificar un ataque contra su expareja, a quien había denunciado por abusar sexualmente de su hija. Las agresiones fueron cometidas por los familiares de Flavia y, mientras el acusado de abuso continúa libre e impune, ella carga con una condena infundada y desproporcionada. Y Gilda Morales que, en el año 2014, denunció al progenitor de uno de sus hijxs, luego de que el menor manifestara señales de abuso sexual, con una historia previa de violencias y amenazas. Pese a que la causa por ASI estaba abierta y sin investigar, la jueza Silvia Cristina Morcillo ordenó que el niño fuera entregado a su progenitor a través de una medida cautelar, acusando a Gilda de madre obstructora del vínculo paterno filial. El niño vivió muchos años con el progenitor sobre el que pesaban las denuncias de nueve delitos: dos causas de abuso sexual, abandono de persona y lesiones gravísimas, impedimento de contacto, coerción psicológica y amenazas.
El actual retroceso en políticas de género tiene una magnitud brutal, no solo es un ataque en términos de la “batalla cultural”, sino que se avanza con medidas restrictivas y destructivas concretas. Se cerraron programas clave para abordar la violencia de género, se cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a mediados de 2024, se redujeron las partidas presupuestarias y se eliminó por decreto el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas.
El debilitamiento institucional golpea particularmente a las políticas públicas dirigidas a infancias y adolescencias. Se desarmó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y cesaron las funciones de los Espacios de Primera Infancia (EPI), entre otros centros de contención que brindaban asistencia alimentaria y salud mental. Asimismo, se está instalando en la agenda pública la necesidad de una reforma del régimen penal juvenil que busca bajar la edad de punibilidad a los 13 años, en evidente contradicción con la Ley 26061 y la Convención sobre los Derechos del Niño. La Secretaría de Transporte flexibilizó los controles para que menores de edad puedan viajar sin la necesidad obligatoria de verificar rigurosamente los documentos y los permisos correspondientes, facilitando el traslado y la captación de NNyA (niños, niñas y adolescentes).
Ante el vaciamiento de la asistencia directa de los mecanismos de prevención, protección y contención hacia las víctimas, la indirecta búsqueda de penalización a quienes denuncian y la impunidad de los violentos garantizada por el mismo Estado, es urgente hablar de violencia sexual.
Un grito global
Hoy miércoles 19 de noviembre, a las 18 horas, nos encontramos en el Patio Olmos con nuestros pañuelos rojos bajo la consigna: ¡Yo sí te creo!, en el grito global contra el abuso sexual hacia infancias y adolescencias. El grito de sobrevivientes, madres protectoras, profesionales y cuidadoras militantes feministas se alza con más fuerza que nunca.
Nos movilizan muchas historias concretas. Detrás de cada estadística, hay niñes, adolescentes, familias y madres que están atravesando el daño irreparable que implica el abuso sexual. Pero además, tienen que soportar, mientras están buscando reparación, que la Justicia tome medidas aleccionadoras, desproporcionadas y crueles para adultxs y profesionales protectores, garantizando la impunidad de los violentos y siendo indiferentes ante semejante dolor.
Seguimos organizadas en torno a pilares que creemos fundamentales como: la educación sexual integral como herramienta fundamental de prevención, escucha y garantía de derechos hacia NNyA; la necesidad de una reforma en el sistema de administración de justicia, que no prescriban los delitos de violencia sexual para que las víctimas puedan denunciar en cualquier momento, cuando sientan que están en condiciones de hacerlo; el freno a la criminalización de las madres protectoras y profesionales del campo de la protección y salud (médicxs, abogadxs, psicólogxs, docentes). No pueden ser perseguidxs quienes denuncian y luchan contra un sistema judicial patriarcal y misógino. Es fundamental preservar y alimentar la condición existencial de las infancias como una fuente de creatividad y de potencial político y transformador. Y es responsabilidad de todxs que esta libertad para los violentos no avance.
*Por Camila Barey, de Akelarre Feminismo Popular, para La tinta / Imagen de portada: Akelarre Feminismo Popular.
