Familiares de víctimas de gatillo se suman a las acusaciones contra la fiscal Gutiez: «Hace más de diez años que denunciamos su accionar»
La Justicia provincial inició una investigación interna a la fiscal Jorgelina Gutiez y a tres ayudantes por «ejercicio negligente de sus deberes funcionales y carentes de responsabilidad laboral», en el marco del doble femicidio cometido por Pablo Laurta. Desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, emitieron un comunicado para recordar todos los casos donde Gutiez benefició a policías acusados de homicidio o demoró las causas.
La Secretaría de Sumarios Administrativos que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba abrió un sumario interno a la fiscal Jorgelina Gutiez y a tres ayudantes de fiscal por mal desempeño en el caso del femicida Pablo Laurta.
Le atribuyen a la fiscal y a los otros funcionarios un «ejercicio negligente de sus deberes funcionales y carentes de responsabilidad laboral». El reproche institucional apunta a que Gutiez y su equipo no habrían tomado las medidas necesarias para prevenir el accionar homicida de Laurta.
Vale recordar que el uruguayo que asesinó a Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50) el mes pasado ya había sido arrestado en enero de 2024 por violar una orden de restricción. En ese entonces, la Fiscalía del Distrito 4 Turno 6 lo dejó en libertad porque supuestamente no representaba riesgo cierto e inminente “para sí ni para terceros”.
Marina Romano, abogada de la familia de las víctimas, expresó en diálogo con Canal 10: «Hubo denuncias durante largo tiempo, desde 2023 hasta un tiempo antes de su muerte (…) Ahora se investiga si hubo inactividad en las instrucciones de las denuncias; falta de comunicación y acumulación de denuncias. Esperemos que el sumario tenga una resolución y que podamos saber por qué Luna no pudo tener la protección del Estado, como corresponde (…) Los indicios de altísima peligrosidad que revelaba Laurta demostraban a la fiscal que estaba ante una persona capaz de cometer este hecho».
A pesar de que desde el entorno de Tribunales II acusan que es «una caza de brujas», no es la primera vez que la fiscal Jorgelina Gutiez queda en el centro de la polémica.
Quienes la conocen bien son las personas que integran la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, que hace años denuncian que la funcionaria judicial actúa en complicidad con el Gobierno de Córdoba en casos de violencia estatal.
En un comunicado junto a la Marcha de la Gorra, las organizaciones recordaron las reiteradas veces que Gutiez intervino con cajoneo de causas o decisiones de sobreseimiento a favor de policías acusados de gatillo fácil.
El más reciente es el caso de Ezequiel Castro, que en 2022 fue detenido y llevado al Centro Psicoasistencial (CPA) donde sufrió tortura seguida de asesinato. El caso estuvo durante casi tres años en manos de Gutiez: lejos de avanzar en la investigación, la familia acusa que se perdieron pruebas claves.
Guillermo Castro, papá de Eze, cuenta a La tinta que, recién al año de iniciada la causa, fueron recibidos por la fiscal señalada. «Gutiez perdió las pruebas y las cámaras de filmación. Tampoco había llamado a testimonio a los médicos. A los dos años, ya ni nos recibía, así que pedimos reunirnos con el fiscal general Juan Manuel Delgado y solicitamos el cambio de fiscalía. Le comentamos la situación y trasladaron la causa al fiscal Garzón».
«En tres meses con el nuevo fiscal, la causa avanzó lo que no había avanzado en tres años con la fiscal Gutiez», relata sobre el caso.
La causa aún no fue elevada a juicio, pero tiene 31 personas imputadas entre efectivos policiales y personal médico.
En 2018, el policía Erik Chamorro fue detenido tras matar de un disparo en el pecho a Sergio David Menseguez, de 24 años. Días después, Gutiez confirmó que el efectivo policial recuperó su libertad, estando imputado por homicidio.
Un año antes, en 2017, Gutiez solicitó el sobreseimiento del policía Lucas Carranza por el asesinato de Rodrigo Sánchez sin una investigación sólida. El efectivo policial disparó cinco tiros por la espalda al cuerpo de Rodrigo, que estaba desarmado. Pero la fiscal alegó legítima defensa y cumplimiento del deber como funcionario público.
«Gutiez fue la fiscal designada en la causa de Rodrigo y es allí cuando comienza mi calvario. Ella intentó sobreseer a Carranza, a pesar de que toda la prueba indicaba que había actuado de manera antirreglamentaria y excesiva disparando por la espalda, drogado», recuerda Gabriela Sanso, mamá de Rodrigo, a este medio.
El primer intento de sobreseimiento no prosperó, pero tampoco lo hizo la investigación. Desde junio de 2018 hasta octubre de 2022, la causa estuvo cajoneada sin moverse. Desesperada, Gabriela decidió encadenarse en Tribunales para visibilizar su caso. El fiscal general designó a Gerardo Reyes como nuevo fiscal interviniente, que revisó el expediente e hizo cambios claves para la causa: el joven de 17 años no portaba arma, no se cumplieron los protocolos y el policía disparó por la espalda con su pistola reglamentaria. Finalmente, Carranza fue condenado por homicidio en exceso en el cumplimiento del deber.
«Si de Gutiez dependiera, yo todavía estaría luchando por la causa. Lo vemos en casos de gatillo fácil y lo estamos viendo en el caso de Luna y su mamá. Ella no cumple con su trabajo, no investiga, cajonea y criminaliza a las víctimas. Hoy lamentamos dos femicidios más por culpa de su incompetencia», lamenta Sanso.
La Coordinadora de Familiares recuerda también que, ya en 2014, Gutiez había omitido acusados en el asesinato de Güere Pellico y que ese mismo año había cerrado la causa de Cristian Guevara, cuyo deceso en una celda de la Comisaría 19 fue presentado como un suicidio, aunque testigos afirman que se había desmayado tras los golpes propinados por la Policía.
«Hace más de diez años denunciamos su accionar. ¿Cuántos crímenes podría evitar el Poder Judicial si escuchara nuestros reclamos?«, concluye la proclama de los familiares.
*Por Ezequiel Luque para La tinta / Imagen de portada: Ezequiel Luque.
