Condenada a perpetua por parir: el caso de Paola Ortiz y la justicia patriarcal
Comenzó la Campaña Libertad para Paola Ortiz, que está presa hace 13 años con una condena a prisión perpetua por tener un parto en avalancha en condiciones de precariedad y sin saber a quién recurrir. Su bebé nació muerto y la acusaron sin pruebas por homicidio agravado por el vínculo. Es otro de los tantos casos aleccionadores que existen en nuestro país, como Belén en Tucumán y muchas otras más. Hace más de 400 días que esperan la respuesta del TSJ para revisar el caso con la perspectiva de género y derechos humanos que no tuvo.
Desde que se estrenó la película Belén, basada en el libro Somos Belén, de Ana Correa, y dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, que encarna el papel de la abogada tucumana Soledad Deza, se puso en agenda un tema que parecía lejano: las condenas a mujeres que tuvieron emergencias obstétricas en situaciones de violencia, en contextos de precariedad o extrahospitalarios, y que las llevaron a la cárcel. Belén en Tucumán fue una de ellas, pero no es la única. Hay otras Belén que no conocemos.
Parir que, en términos generales, es un acontecimiento trascendente de la vida humana, se vuelve para muchas una condena. En junio de este año, salió la serie documental Presas por parir, realizada por comunicadoras integrantes de la Red Federal de Periodistas y Comunicadoras Feministas de la Argentina. Cuentan la historia de siete mujeres “que pasaron de ser pacientes del sistema de salud a ser tratadas como criminales” y atraviesan procesos penales luego de parir. Desde la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), explicaron que es difícil conocer cuántos casos más hay porque “la información pública solo permite conocer las carátulas judiciales, pero no las circunstancias reales detrás de cada causa. Por eso, la identificación de estos casos muchas veces ocurre por el boca a boca, por el trabajo cotidiano en los territorios y en las cárceles, por escuchar a las mujeres y decidir acompañarlas. Esa es la única manera de visibilizar lo que las estadísticas aún callan”.
Paola
Paola Ortiz es el nombre real; en otros casos, se ponen nombres ficticios, pero a Paola, desde el primer momento, la condenaron los medios, la mostraron, la señalaron y la revictimizaron. Usar su nombre es repararlo, reivindicar su historia. En Villa María, en el año 2012, ella tenía 29 años y tres hijos. No había terminado la primaria y hacía changas en casas particulares porque no conseguía trabajo formal, a veces dormía en la terminal, a veces en la casa de su exsuegro en condiciones de extorsión. Había atravesado muchas violencias y abusos. El padre de sus tres hijos de a poco se los había sacado y llevado con él.
Tuvo lo que se llama una emergencia obstétrica o parto en avalancha en una pieza precaria donde estaba viviendo. Ese tipo de parto ocurre de manera muy rápida, las contracciones y el proceso expulsivo se desarrollan en muy poco tiempo y suele ser de alto riesgo. En el caso de Paola, ese parto ocurrió en condiciones de extrema vulnerabilidad: sin acompañamiento, con movilidad reducida y en una vivienda ubicada en la periferia de la ciudad. Su bebé nació muerto. Es importante entender el contexto: una mujer sola, en una situación de emergencia obstétrica, sin acceso a salud ni asistencia oportuna.
Fue condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo sin que existieran pruebas concluyentes sobre el nacimiento con vida de su hijo. Lleva 13 años presa. Estuvo aislada, maltratada por el sistema legal y penitenciario, y también por sus compañeras.
Desde el 2022, la Guardia de Abogadas feministas de CDD asumió la defensa de Paola con enfoque de género y derechos humanos, y trabajando para que su causa sea revisada urgentemente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Córdoba. Conversé con Rocío García Garro, una de las abogadas que lleva el caso junto con Julia Luna.
Paola estuvo 13 años invisibilizada. “En 2012, fue acusada y privada de su libertad, y en 2015, la condenaron a prisión perpetua. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia rechazó la casación interpuesta por la defensa pública y, en 2018, el mismo tribunal denegó la posibilidad de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Posteriormente, la defensa pública omitió presentar el recurso de queja correspondiente, dejando firme una condena sin revisión federal. Desde el inicio de la investigación penal, Paola estuvo detenida: primero, en la unidad de Villa María y, tras sufrir malos tratos y vejaciones, fue trasladada al Complejo Penitenciario de Bouwer, donde permanece hace más de diez años”, aclara la abogada García Garro.
Católicas por el Derecho a Decidir tomó contacto con ella en 2022, cuando la Defensoría Pública convocó a la organización para presentar un amicus curiae en el marco de un habeas corpus colectivo que buscaba mejorar las condiciones de preparto, parto y postparto de las mujeres privadas de libertad. “Nos llamó la atención por la cantidad y gravedad de las irregularidades procesales, además de la absoluta falta de perspectiva de género en su condena. Al momento de los hechos, Paola era madre de tres niños. Durante su encierro, tuvo dos hijos más. Su primera hija nacida en prisión fue dada en adopción sin su consentimiento y, al día de hoy, no se sabe dónde está. Cuando la conocimos, estaba embarazada nuevamente. Uno de nuestros primeros trabajos fue garantizar que pudiera ejercer su voluntad de maternar y que su hijo permaneciera con su familia de origen, evitando que volviera a repetirse la separación forzada que había vivido”, expresó la abogada.
En abril de 2024, presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que actualmente se encuentra pendiente de resolución. “Durante todos estos años, Paola ha vivido en condiciones de extrema vulnerabilidad: con redes de apoyo muy limitadas, atravesando situaciones de violencia y sin poder concluir su educación primaria. Recién ahora, con el lanzamiento de la campaña pública y la posibilidad de que su historia tenga voz y nombre, Paola empieza a ser escuchada”.
Decir que un juicio no tuvo perspectiva de género significa que los magistrados no integraron el contexto estructural de desigualdad, violencia de género y estereotipos sexistas al momento de valorar pruebas y motivar la sentencia. La defensa, en una acción novedosa para Córdoba, toma la jurisprudencia existente de la Corte Interamericana en el Caso Manuela vs. El Salvador, que llamó la atención sobre la criminalización discriminatoria de mujeres en contextos obstétricos y exigió la consideración de estereotipos de género y la obligación de garantizar estándares de protección y debido proceso. Para la abogada, “aplicarla significa que los tribunales deben integrar estos elementos como obligaciones concretas de interpretación y prueba. La Corte explicita que, para realmente cumplir con los tratados de derechos humanos, se debe analizar el contexto de desigualdad y la discriminación en el proceso penal. En la práctica, pedir perspectiva de género en el caso de Paola es exigir que el TSJ reexamine la condena, analizando correctamente las pruebas, sin prejuicios de género y considerando las condiciones materiales que la rodeaban”.
Mala Madre
“Sin dudas, el elemento común entre el caso de Paola y el de Belén, así como otros similares en Argentina y la región, es la forma sistemática en que la justicia aborda las emergencias obstétricas de mujeres en contextos de vulneración de derechos. En todos ellos, se aplican estereotipos de género profundamente arraigados, como la idea de la “mala madre”, junto con la falta de acompañamiento médico y el uso del sistema penal como respuesta ante situaciones que deberían ser atendidas desde la salud pública».
«Llegan condenadas de antemano, sin garantías y atravesadas por prejuicios morales, sociales y de clase, y con un Estado ausente que las castiga. Estos patrones se repiten y están documentados en la jurisprudencia latinoamericana sobre criminalización de abortos y emergencias obstétricas, que evidencian una misma matriz de discriminación y violencia institucional”, plantea García Garro.
Una campaña de libertad para Paola
La campaña “Libertad para Paola” es una estrategia jurídica, política y comunicacional para visibilizar el caso. Son un equipo interdisciplinario y, además de las abogadas, acompaña la psicóloga Eugenia Altamirano y la perito médica Stella Maris Manzano. «Entre las muchas actividades que van a impulsar, es muy importante la movilización social para que aporte evidencia de la relevancia pública del caso y genere incentivos políticos y mediáticos para que el Poder Judicial reconsidere la causa. Estas campañas operan como precedentes: al visibilizar patrones (criminalización de partos extrahospitalarios, prejuicios de clase y género), ayudan a otros casos similares a salir de la invisibilidad”, explicó la abogada de CDD.
Necesitan del activismo y de la sociedad. ¿Qué podés hacer? Dar apoyo público con la firma de la petición y difusión del caso, dar respaldo desde organizaciones especializadas, el acompañamiento de periodistas para mantener el caso en la agenda hasta obtener respuesta judicial, compartir con tus contactos esta historia y quedarte atenta a las próximas convocatorias, que nos van a necesitar hasta que absuelvan y liberen a Paola. Paola nos necesita, necesita estar libre y con sus cinco hijos, ¿están?
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: campaña «Libertad para Paola Ortiz».
